La magistrada presidenta Mónica Soto enfatizó que el Tribunal Electoral tomará decisiones sobre la asignación de plurinominales con base en la democracia y el Estado de Derecho, sin dejarse influenciar por amenazas o presiones recibidas a nivel personal, institucional y familiar.

A pesar de las críticas, presiones externas y amenazas, tanto directas como indirectas, hacia ella, su entorno institucional y familiar, Soto subrayó que el Tribunal continuará juzgando con libertad y apego a la ley, defendiendo la imposición del derecho sobre cualquier otra expectativa. Enfatizó que el Estado de Derecho debe prevalecer y la democracia prosperar.

Antes de iniciar la sesión en la que se decidirá la asignación de escaños en el Congreso de la Unión, Soto destacó que en las elecciones del pasado 2 de junio, la ciudadanía expresó su voluntad en las urnas, y es deber de la Sala Superior respetar esa decisión, actuando conforme a las leyes vigentes.

La magistrada reiteró que el Tribunal tiene la responsabilidad de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, asegurando que las decisiones del pleno se alineen con las reglas y normas previamente establecidas para la competencia electoral. Señaló que la decisión del Tribunal debe basarse estrictamente en la ley, dejando de lado cualquier influencia política o social.

Soto también recalcó que el Tribunal Electoral es la única autoridad con la facultad de resolver de manera definitiva la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Recordó que la Constitución Política establece al Tribunal como el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad en materia electoral, por lo que sus decisiones son estrictamente jurisdiccionales, independientemente de cualquier consideración política, económica o cultural.

Los primeros proyectos que se debatieron fueron los encabezados por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, los cuales incluyen impugnaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Estos proyectos respaldan la decisión del INE, que otorgó a la coalición Morena-PT-PVEM una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, quedando a tres escaños de alcanzar la misma situación en el Senado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrían revisar sus criterios actuales sobre la sobrerrepresentación de diputados plurinominales, según Jorge Alcocer Villanueva, director de la revista Voz y Voto. Alcocer sostiene que los organismos electorales podrían reinterpretar las normativas a la luz del principio pro-persona, que prioriza los derechos humanos, y ajustarse a los principios de la reforma electoral de 1996, que buscó reflejar la pluralidad política en el Congreso.

El debate gira en torno a la interpretación del artículo 54 de la Constitución, que establece la asignación de sobrerrepresentación por partido. El gobierno federal y el partido Morena han abogado por esta interpretación literal para asegurar una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mientras que otros argumentan que la asignación debería considerar las coaliciones, como lo estipula la fracción IV del artículo.

Alcocer recordó que en 2015, Morena criticó la interpretación literal de la ley que favoreció a la coalición PRI-Partido Verde. En contraste, ahora, al ser la fuerza política mayoritaria, debería adoptar una posición coherente y rechazar la interpretación que buscan imponer.

Además, Alcocer destacó que la asignación de senadurías de primera minoría ha sido históricamente basada en coaliciones, no en partidos individuales, según el artículo 56 de la Constitución. Por tanto, sería lógico aplicar un principio similar al establecer límites de sobrerrepresentación legislativa.

El exasesor de la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000 advirtió que la intención de Morena de alcanzar el 75% de las curules sería una alteración significativa del equilibrio político, y argumentó que ninguna fuerza política debería superar los 300 diputados para preservar la pluralidad.

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado ha intervenido en el debate sobre la sobrerrepresentación, subrayando que existen diversos criterios administrativos y jurisdiccionales establecidos en diferentes periodos electorales para proteger los derechos de las minorías en el ámbito parlamentario.

Un análisis del IBD resalta que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han dictado resoluciones clave, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido acuerdos para asegurar que todas las fuerzas políticas que superen el umbral mínimo de votos cuenten con representación adecuada. Estas acciones buscan equilibrar la toma de decisiones y fortalecer el trabajo legislativo.

El estudio del IBD señala que estas medidas se implementan para prevenir que la sobrerrepresentación de un partido o coalición perjudique la representación de las minorías y el pluralismo en la Cámara de Diputados. La falta de equilibrio podría llevar a que las voces minoritarias queden marginadas en debates y votaciones sobre nuevas leyes.

El documento también menciona que, a lo largo del tiempo, se han presentado diversos recursos legales y reformas para asegurar la participación de las minorías en la democracia mexicana. La reforma constitucional de 1996, por ejemplo, buscó garantizar la representación equitativa mediante el voto y la representación política.

Además, las resoluciones de la SCJN de 1998 y la más reciente del TEPJF en 2021 han sido cruciales para mantener el mandato constitucional, limitando la sobrerrepresentación. La Corte ha afirmado que la representación proporcional es esencial para reflejar el pluralismo político y asegurar que todas las corrientes políticas, incluso las minoritarias, tengan voz en el legislativo.

El INE también ha jugado un papel importante con acuerdos del Consejo General en 2021, delimitando aspectos relacionados con coaliciones y afiliaciones para proteger la participación de las minorías en la Legislatura LXV.

En conclusión, el análisis del IBD enfatiza que el sistema de representación proporcional busca atribuir a cada partido el número de cargos en proporción a los votos obtenidos, asegurando una representación justa de todas las corrientes políticas relevantes y evitando distorsiones de la voluntad popular. La SCJN ha introducido este principio para promover el pluralismo político y garantizar la participación equitativa de todas las corrientes políticas en el proceso legislativo.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que impugnarán la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió propaganda gubernamental durante las campañas pasadas, afectando los principios de imparcialidad y equidad en tres de sus conferencias matutinas.

Durante una reunión del gabinete de seguridad, que por primera vez fue abierta a los medios de comunicación, Alcalde informó que junto con la Consejería Jurídica están preparando la impugnación. La funcionaria explicó que la Sala Especializada del TEPJF resolvió que el presidente, el titular del Cepropie y otros servidores públicos de Comunicación Social de Presidencia vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en las mañaneras del 20, 21 y 24 de mayo, al referirse a temas de infraestructura en salud, minería y reducción de la pobreza, exaltando logros de la actual administración en un periodo inapropiado para la difusión de estos temas.

Alcalde señaló que, según la autoridad electoral, no hubo beneficio indebido para la entonces candidata Claudia Sheinbaum ni para los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM).

En otro asunto, la secretaria informó que el jueves, en comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobaron las primeras cuatro reformas del paquete de 20 presentadas por el Ejecutivo el 5 de febrero. Entre estas reformas están la relacionada con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mejoras en materia de vivienda, incrementos salariales por encima de la inflación y la elevación a rango constitucional del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La consejera jurídica, María Estela Ríos, destacó la importancia del avance en comisiones de la reforma que eleva a rango constitucional el derecho de los trabajadores a recibir una pensión igual a su último salario. Ríos recordó que una minoría de legisladores había interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, pero al elevarse a categoría constitucional, dicha acción quedaría sin efecto.

Alcalde mencionó que el 9 de agosto se discutirán las iniciativas sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como el acceso prioritario al agua para consumo humano y doméstico. El 13 de agosto están programadas las iniciativas sobre prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, extorsión y fentanilo. Para el 14 de agosto, se discutirán las relacionadas con la industria eléctrica, internet y empresas estratégicas del Estado; el 15 de agosto, la de la Guardia Nacional; y finalmente, el 22 de agosto, la del Poder Judicial.

Se espera que estas iniciativas sean aprobadas por el pleno de la próxima Legislatura y, de ser así, pasen al Senado.

En el próximo proceso electoral, la inteligencia artificial hará su debut en los juicios electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implementará este servicio, permitiendo que cualquier persona, actor político, partido o candidatura pueda ser asesorado por tecnología inteligente para defender sus derechos.

Se espera que este mes el servicio esté disponible. Solo será necesario tener una computadora con acceso a internet para utilizar una especie de ‘abogado’ virtual en el sitio oficial del Tribunal Electoral, ofreciendo asesoría gratuita.

El magistrado Felipe Fuentes destacó que el Tribunal ha estado trabajando en la adaptación a nuevas tecnologías para simplificar los procesos, hacer el lenguaje técnico más accesible a los ciudadanos y, ahora, hacer la justicia electoral más accesible.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha designado a Claudia Valle Aguilasocho, de la Sala Monterrey, como la sexta magistrada encargada de la calificación de la elección presidencial. La decisión, tomada en una sesión privada que se extendió por más de una hora, se basó en la antigüedad de Valle tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación.

Esta resolución provocó reacciones encontradas entre los senadores. Damián Zepeda, senador del PAN, criticó al TEPJF por no llenar las dos vacantes existentes, situación que, según él, impide abordar adecuadamente asuntos urgentes como impugnaciones y la sobrerrepresentación. En entrevista con EL UNIVERSAL, Zepeda resaltó que la ley exige seis magistrados para la calificación presidencial, pero también establece que en ausencia de nombramientos por parte del Senado, se debe recurrir a los magistrados con mayor antigüedad. Zepeda lamentó que el Tribunal solo cumpla parcialmente con sus obligaciones y sugirió que esto podría ser una estrategia para mantener una mayoría favorable. Además, pidió transparencia en los votos disidentes y destacó la preparación y experiencia de Valle Aguilasocho.

Por otro lado, César Cravioto, vocero de Morena en el Senado, celebró el nombramiento, afirmando que Valle Aguilasocho tiene el perfil y la experiencia necesarios para concluir el proceso electoral. Cravioto espera que este nombramiento permita al TEPJF avanzar sin demoras causadas por la oposición.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, también apoyó la designación, subrayando que Valle Aguilasocho cumple con los requisitos de antigüedad y tiene amplia experiencia en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que refuerza su sólida carrera judicial.

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, expresó su satisfacción por el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que confirmó la indebida intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

En sus redes sociales, la senadora panista lamentó que el presidente no enfrente consecuencias por sus acciones y urgió a los legisladores de Morena a aprobar su iniciativa para tipificar como traición a la patria la injerencia del Ejecutivo en los comicios, permitiendo así su sanción.

“Es oficial: la última instancia del @TEPJF_informa confirma que el Presidente intervino en el proceso electoral. Sí fue una elección de Estado. Lamentablemente, @lopezobrador_ no será castigado. Para que no se repita, invito a legisladores de Morena a que aprueben la reforma que propuse para que si el titular del Ejecutivo viola la ley electoral sea sancionado con traición a la patria. ¡Basta de abuso de poder!”, escribió Gálvez en su cuenta de X.

El TEPJF determinó que en varias conferencias mañaneras, el mandatario violó los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad, además de hacer un uso indebido de recursos públicos al difundir propaganda gubernamental durante el periodo prohibido.

El Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) ha emitido un pronunciamiento instando a las autoridades electorales a hacer cumplir las normas constitucionales que limitan la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Esta solicitud surge en un contexto donde Morena podría obtener una mayoría calificada que le permita impulsar reformas constitucionales.

Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran figuras destacadas como Jorge Alcocer Villanueva, especialista electoral, y José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte. También firman el jurista Diego Valadés, la exconsejera del IFE y excomisionada del INAI María Marván Laborde, el exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Jaime Cárdenas y el exgobernador de Tabasco Arturo Núñez.

El comunicado solicita una audiencia con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar sus argumentos. Mencionan un precedente de 1988, cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente opositor, interpuso un recurso contra la sobrerrepresentación en la ley electoral de Quintana Roo, el cual fue resuelto a su favor por la Corte, con una tesis expuesta por la ministra Olga Sánchez Cordero.

La preocupación del Observatorio se intensifica en el contexto de la reforma propuesta por López Obrador para la designación de jueces mediante voto popular, la cual ha generado críticas, como la del magistrado federal Mauricio Barajas, quien señaló que Morena y sus aliados podrían obtener más del 70% de las curules con solo el 52% de los votos.

El Observatorio destaca que desde 1996, el artículo 54 de la Constitución establece reglas para evitar la sobrerrepresentación, limitando la diferencia entre el porcentaje de votos y el de curules a un máximo de 8 puntos porcentuales. Citan también una sentencia de la Suprema Corte de 1998, derivada de un recurso interpuesto por López Obrador, que reafirma este principio.

Finalmente, los firmantes exhortan a las autoridades del INE y del TEPJF a respetar y hacer cumplir las normas constitucionales para limitar la sobrerrepresentación y solicitan una audiencia pública para discutir sus preocupaciones.

Xóchitl Gálvez, ex candidata de Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), ha presentado una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei. Gálvez acusa a Taddei de actuar de manera “parcial, constante y reiterada” en perjuicio de la oposición, según documentos obtenidos por Animal Político.

Gálvez, quien perdió las elecciones ante Claudia Sheinbaum de Morena por más de 30 puntos, sostiene que tanto el Gobierno como las instituciones electorales influenciaron significativamente en los resultados. Esta es la primera demanda contra el INE desde las elecciones de 2006.

Entre las acusaciones, Gálvez señala que Taddei realizó “diversas intervenciones y amenazas” contra las fuerzas políticas opositoras y sus simpatizantes. En mayo, Taddei pidió a los partidos no usar el color rosa, asociado con las protestas de la Marea Rosa, argumentando que es el mismo color del INE. Además, Gálvez acusa a Taddei de instar a los manifestantes a “ser prudentes”, supuestamente a petición de Morena, lo cual considera una coacción del derecho de reunión y una actitud negativa hacia la coalición PAN-PRI-PRD.

La denuncia de 1,764 páginas alega que las acciones del INE representaron “una intromisión directa en las elecciones” y un sesgo a favor de Morena. También critica a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE por atender solo el 15% de las quejas presentadas por la coalición opositora, calificando su actuación como deficiente y negligente.

El documento, presentado el 13 de junio, detalla otras acusaciones de Gálvez, como la supuesta intervención del crimen organizado en el proceso electoral, el uso de programas sociales por parte del Gobierno para ganar votos, y la injerencia de sindicatos. También señala que la Sala Superior del TEPJF no funcionaba plenamente debido a la falta de nombramientos de dos magistrados desde octubre de 2023, lo que generó incertidumbre jurídica.

El TEPJF deberá determinar la veracidad de las acusaciones. El tribunal ya había dictaminado el 13 de junio que el presidente López Obrador ejerció violencia política de género contra Gálvez en sus conferencias matutinas de 2023. Aunque Gálvez perdió las elecciones, busca que se reconozca en los tribunales que fue una “elección de Estado” debido a la “intervención” del Gobierno y del INE.