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El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha designado a Claudia Valle Aguilasocho, de la Sala Monterrey, como la sexta magistrada encargada de la calificación de la elección presidencial. La decisión, tomada en una sesión privada que se extendió por más de una hora, se basó en la antigüedad de Valle tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación.

Esta resolución provocó reacciones encontradas entre los senadores. Damián Zepeda, senador del PAN, criticó al TEPJF por no llenar las dos vacantes existentes, situación que, según él, impide abordar adecuadamente asuntos urgentes como impugnaciones y la sobrerrepresentación. En entrevista con EL UNIVERSAL, Zepeda resaltó que la ley exige seis magistrados para la calificación presidencial, pero también establece que en ausencia de nombramientos por parte del Senado, se debe recurrir a los magistrados con mayor antigüedad. Zepeda lamentó que el Tribunal solo cumpla parcialmente con sus obligaciones y sugirió que esto podría ser una estrategia para mantener una mayoría favorable. Además, pidió transparencia en los votos disidentes y destacó la preparación y experiencia de Valle Aguilasocho.

Por otro lado, César Cravioto, vocero de Morena en el Senado, celebró el nombramiento, afirmando que Valle Aguilasocho tiene el perfil y la experiencia necesarios para concluir el proceso electoral. Cravioto espera que este nombramiento permita al TEPJF avanzar sin demoras causadas por la oposición.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, también apoyó la designación, subrayando que Valle Aguilasocho cumple con los requisitos de antigüedad y tiene amplia experiencia en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que refuerza su sólida carrera judicial.

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, expresó su satisfacción por el reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que confirmó la indebida intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

En sus redes sociales, la senadora panista lamentó que el presidente no enfrente consecuencias por sus acciones y urgió a los legisladores de Morena a aprobar su iniciativa para tipificar como traición a la patria la injerencia del Ejecutivo en los comicios, permitiendo así su sanción.

“Es oficial: la última instancia del @TEPJF_informa confirma que el Presidente intervino en el proceso electoral. Sí fue una elección de Estado. Lamentablemente, @lopezobrador_ no será castigado. Para que no se repita, invito a legisladores de Morena a que aprueben la reforma que propuse para que si el titular del Ejecutivo viola la ley electoral sea sancionado con traición a la patria. ¡Basta de abuso de poder!”, escribió Gálvez en su cuenta de X.

El TEPJF determinó que en varias conferencias mañaneras, el mandatario violó los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad, además de hacer un uso indebido de recursos públicos al difundir propaganda gubernamental durante el periodo prohibido.

El Observatorio Ciudadano del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) ha emitido un pronunciamiento instando a las autoridades electorales a hacer cumplir las normas constitucionales que limitan la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Esta solicitud surge en un contexto donde Morena podría obtener una mayoría calificada que le permita impulsar reformas constitucionales.

Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran figuras destacadas como Jorge Alcocer Villanueva, especialista electoral, y José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte. También firman el jurista Diego Valadés, la exconsejera del IFE y excomisionada del INAI María Marván Laborde, el exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Jaime Cárdenas y el exgobernador de Tabasco Arturo Núñez.

El comunicado solicita una audiencia con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar sus argumentos. Mencionan un precedente de 1988, cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente opositor, interpuso un recurso contra la sobrerrepresentación en la ley electoral de Quintana Roo, el cual fue resuelto a su favor por la Corte, con una tesis expuesta por la ministra Olga Sánchez Cordero.

La preocupación del Observatorio se intensifica en el contexto de la reforma propuesta por López Obrador para la designación de jueces mediante voto popular, la cual ha generado críticas, como la del magistrado federal Mauricio Barajas, quien señaló que Morena y sus aliados podrían obtener más del 70% de las curules con solo el 52% de los votos.

El Observatorio destaca que desde 1996, el artículo 54 de la Constitución establece reglas para evitar la sobrerrepresentación, limitando la diferencia entre el porcentaje de votos y el de curules a un máximo de 8 puntos porcentuales. Citan también una sentencia de la Suprema Corte de 1998, derivada de un recurso interpuesto por López Obrador, que reafirma este principio.

Finalmente, los firmantes exhortan a las autoridades del INE y del TEPJF a respetar y hacer cumplir las normas constitucionales para limitar la sobrerrepresentación y solicitan una audiencia pública para discutir sus preocupaciones.

Xóchitl Gálvez, ex candidata de Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), ha presentado una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei. Gálvez acusa a Taddei de actuar de manera “parcial, constante y reiterada” en perjuicio de la oposición, según documentos obtenidos por Animal Político.

Gálvez, quien perdió las elecciones ante Claudia Sheinbaum de Morena por más de 30 puntos, sostiene que tanto el Gobierno como las instituciones electorales influenciaron significativamente en los resultados. Esta es la primera demanda contra el INE desde las elecciones de 2006.

Entre las acusaciones, Gálvez señala que Taddei realizó “diversas intervenciones y amenazas” contra las fuerzas políticas opositoras y sus simpatizantes. En mayo, Taddei pidió a los partidos no usar el color rosa, asociado con las protestas de la Marea Rosa, argumentando que es el mismo color del INE. Además, Gálvez acusa a Taddei de instar a los manifestantes a “ser prudentes”, supuestamente a petición de Morena, lo cual considera una coacción del derecho de reunión y una actitud negativa hacia la coalición PAN-PRI-PRD.

La denuncia de 1,764 páginas alega que las acciones del INE representaron “una intromisión directa en las elecciones” y un sesgo a favor de Morena. También critica a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE por atender solo el 15% de las quejas presentadas por la coalición opositora, calificando su actuación como deficiente y negligente.

El documento, presentado el 13 de junio, detalla otras acusaciones de Gálvez, como la supuesta intervención del crimen organizado en el proceso electoral, el uso de programas sociales por parte del Gobierno para ganar votos, y la injerencia de sindicatos. También señala que la Sala Superior del TEPJF no funcionaba plenamente debido a la falta de nombramientos de dos magistrados desde octubre de 2023, lo que generó incertidumbre jurídica.

El TEPJF deberá determinar la veracidad de las acusaciones. El tribunal ya había dictaminado el 13 de junio que el presidente López Obrador ejerció violencia política de género contra Gálvez en sus conferencias matutinas de 2023. Aunque Gálvez perdió las elecciones, busca que se reconozca en los tribunales que fue una “elección de Estado” debido a la “intervención” del Gobierno y del INE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “mentirosos” y “sin fundamento” a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras la sanción impuesta por violencia política de género contra la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.

Durante su conferencia matutina, el mandatario rechazó las acusaciones, afirmando que no existen pruebas en su contra. “No pueden castigarme por violencia de género, porque sencillamente están mintiendo,” declaró López Obrador.

El presidente argumentó que los magistrados actúan con sesgo conservador, señalando que estos organismos estaban anteriormente manejados por conservadores y reaccionarios, o por personas recomendadas. “Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, reaccionarios o gente que llegaba ahí recomendada,” indicó.

López Obrador cuestionó la base de las acusaciones: “No hay pruebas de nada, tan es así que a ustedes les consta y les consta a todos los que ven la mañanera,” y preguntó retóricamente, “¿qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé. Se atrevieron a manipular lo que expresé.”

El presidente concluyó su declaración criticando a los magistrados por presuntas manipulaciones y corrupción, y negó haber presionado a la gente para que votaran a favor de la presidenta electa. “Ahora estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votaran en favor de la presidenta electa, ¿dónde están las pruebas?” dijo López Obrador.

Hasta el momento, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no han sido invitados a participar en los diálogos sobre la reforma al Poder Judicial, organizados por la Cámara de Diputados desde hace dos semanas. No obstante, Mónica Soto, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, confía en que eventualmente serán convocados para expresar sus opiniones.

En el Tercer Foro Nacional: El Abogado y el Legislador, organizado por el Senado, Soto fue cuestionada sobre la posible participación de los magistrados en estos diálogos nacionales, que se han desarrollado en varias entidades del país. “Por el momento no nos han convocado, estamos en línea de espera, supongo que sí estaremos por ahí presentes y esperaremos sobre ese momento para opinar al respecto”, indicó Soto. Al ser preguntada sobre la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, prefirió no emitir su opinión.

Tribunal Electoral a la expectativa de impugnaciones contra el PRI

Mónica Soto también informó que el TEPJF está en espera de las impugnaciones contra la reforma de los estatutos del PRI, que permitirían a su dirigente, Alejandro Moreno, reelegirse hasta en dos ocasiones más, extendiendo su mandato hasta 2032. Soto subrayó que no pueden pronunciarse sobre casos susceptibles de llegar al tribunal hasta que las impugnaciones sean presentadas. “Hasta ahorita  p lazo máximo para esta tarea es el 6 de septiembre,  no tenemos ninguna impugnación”, aseguró.

En cuanto a la calificación de la elección presidencial, Soto recordó que el plazo máximo para esta tarea es el 6 de septiembre, aunque se está considerando que la resolución se realice antes. Esta decisión está siendo evaluada por una comisión especial encargada de sustanciar el expediente principal y la impugnación madre.

La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha decidido suspender el recuento de votos de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. Los magistrados determinaron por unanimidad que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) no justificó adecuadamente el recuento total de las boletas, por lo que tiene hasta el viernes 12 de julio para emitir una nueva resolución.

La alcaldía Cuauhtémoc está en disputa judicial entre Morena, representado por Caty Monreal, y la coalición opositora (PAN, PRI, PRD) con Alessandra Rojo de la Vega como candidata, quien fue declarada ganadora con una ventaja de aproximadamente 12,000 votos. Si se ordena un nuevo recuento, el TECDMX deberá comenzar el proceso alrededor del 20 de julio.

Rojo de la Vega celebró la decisión de la Sala Regional en sus redes sociales: “Vecinas y vecinos, tenemos muy buenas noticias. La Sala Regional ha señalado que la decisión de ir al recuento en Cuauhtémoc no tiene fundamentos legales. La ley ha derrotado a la corrupción, sigamos avanzando juntos hacia el mejor gobierno en la historia”, escribió en X.

Rojo de la Vega criticó a Clara Brugada, jefa de Gobierno electa, por no reconocer los resultados en Cuauhtémoc: “Es lamentable. Clara Brugada es jefa de Gobierno para todos, no solo para Morena. No se puede ser parcial cuando tengo mi constancia de mayoría desde hace un mes”, declaró a los medios.

Rojo de la Vega también mencionó que ha intentado comunicarse con Brugada sin éxito, buscando una relación de coordinación más allá de las diferencias políticas. “Tal vez no le dijeron que todo esto lo están haciendo con corrupción la familia Monreal”, agregó.

El domingo, Rojo de la Vega encabezó una manifestación en apoyo a su victoria, afirmando que los habitantes de Cuauhtémoc votaron por el cambio y la esperanza el 2 de junio. Al conocer la revocación del recuento, exclamó: “¡El tribunal regional revocó la resolución! No vamos a descansar hasta tomar protesta el 1 de octubre”.

La ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, ha presentado un recurso legal contra los resultados de la última elección presidencial ante el Tribunal Electoral federal. Esta mañana, sin la presencia de Gálvez, la Comisión Sustanciadora de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evaluó y validó las pruebas del expediente, incluyendo enlaces de internet presentados para corroborar su autenticidad y contenido.

La sesión, presidida por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, avanzó a pesar de la ausencia de la ex candidata. Fuentes Barrera informó que todos los actores del juicio fueron notificados adecuadamente sobre el lugar y la hora de la sesión.

En un comunicado, el TEPJF indicó que los secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior dieron fe de las documentales entregadas por Gálvez, partidos políticos y terceros interesados. Asimismo, los magistrados anunciaron que se ha habilitado un micrositio en la página principal del TEPJF para consultar los documentos relacionados al caso.

Xóchitl Gálvez, a través de su cuenta en X, denunció que no se cumplió con el acuerdo de que el desahogo de pruebas se realizaría 20 días después de habilitar el micrositio. “El @TEPJF_informa viola sus propios acuerdos para calificar la elección presidencial. Fui citada de un día para otro sin que se cumpliera el acuerdo”, expresó Gálvez Ruiz.

La siguiente etapa del proceso incluye los “alegatos de oreja”, que se realizan públicamente y en presencia de los cinco magistrados de la Sala Superior. Posteriormente, se procederá al cierre de instrucción, la formulación del proyecto y su publicidad, “los cuales también serán por primera vez de cara a toda la ciudadanía”, indicó el TEPJF.

Las principales bancadas en el Congreso de Nuevo León están a la espera de la notificación de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar al gobernador Samuel García Sepúlveda, advirtiendo que la sanción podría llegar hasta su separación del cargo.

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, recordó en entrevista que esta sería la segunda ocasión en que un tribunal electoral ordena sancionar al gobernador, la primera fue durante su precandidatura presidencial por irregularidades. Al ser cuestionado sobre un posible periodo extraordinario para atender el caso, De la Fuente señaló que la legislatura concluye el 30 de agosto y buscarán completar la agenda legislativa.

“Nuevamente, el tribunal electoral solicita sancionar al gobernador por desvío de recursos públicos, primero en su precampaña presidencial y ahora por apoyar abiertamente a su candidato Álvarez Máynez en la campaña presidencial. Primero necesitamos la notificación del tribunal para evaluar y sancionar conforme a derecho. Las sanciones podrían ser severas, incluso la separación del cargo”, afirmó De la Fuente.

Por su parte, Lorena de la Garza, de la bancada del PRI, adelantó que, tras la notificación, el caso será tratado por la Comisión Anticorrupción y luego presentado en una posible sesión extraordinaria para votar la sanción. De la Garza mencionó que las sanciones podrían variar desde una amonestación hasta la separación del cargo, dependiendo del análisis de la sentencia, y que se requeriría una mayoría simple de 22 votos para la sanción.

“Estamos esperando la notificación para corroborar los alcances de la sentencia. Luego se turnará a la Comisión Anticorrupción para una determinación urgente. Las sanciones pueden variar, pero debemos esperar el análisis del engrose para ver los escenarios”, explicó De la Garza.

En contraste, Eduardo Gaona, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, comentó que aún no hay nada definitivo y que el equipo jurídico del gobernador planea impugnar la resolución ante la Sala Superior. Además, señaló que el Congreso está paralizado hasta el 31 de julio debido a las vacaciones de los diputados del PAN y PRI.

“El equipo del gobernador aún puede impugnar esta sentencia, y confiamos en que se revertirá. Debemos esperar a que los diputados regresen de sus vacaciones, pues el Congreso está inactivo hasta el 31 de julio. Seguiremos defendiendo la legalidad de los actos del gobernador”, declaró Gaona.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en 36 conferencias mañaneras, favoreciendo a la candidata Claudia Sheinbaum y al partido Morena. La Sala Especializada del TEPJF determinó que Sheinbaum y Morena obtuvieron un beneficio indebido, sancionándolos con multas de 10,374 y 20,748 pesos, respectivamente.

Además, se informó que al menos cinco funcionarios de la Presidencia fueron responsables de estas mismas conductas, por lo que se notificó al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que tome las acciones correspondientes. También se remitió el caso del secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, al Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo.

La Sala detalló que López Obrador utilizó expresiones de carácter electoral en 32 conferencias entre mayo y octubre de 2023, apoyando a una opción política y rechazando a otra. Asimismo, se le acusó junto con el secretario del Trabajo de utilizar recursos públicos de manera indebida al emitir declaraciones de apoyo en conferencias realizadas el 6, 7, 8 y 9 de febrero.

En un comunicado, la Sala Especializada explicó que el mandatario emitió comentarios contrastando los procesos internos de los partidos y apoyando a los Coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación. También se acreditó el uso indebido de recursos públicos, ya que las conferencias incluyeron expresiones electorales y emplearon recursos materiales y humanos.

Aunque la Constitución impide sancionar al presidente por infracciones electorales, la Sala Superior del tribunal estableció criterios de responsabilidad. También se responsabilizó a otros funcionarios como Sigfrido Barjau de la Rosa, Jesús Ramírez Cuevas, Jessica Ramírez González, Pedro Daniel Ramírez Pérez y Carlos Emiliano Calderón Mercado por su participación en estos hechos.