El Instituto Nacional Electoral (INE) ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en respuesta a las suspensiones dictadas por diversos juzgados de distrito, que buscan detener el proceso electoral del Poder Judicial previsto para 2025. El expediente, identificado como SUP-AG-209/2024, fue asignado al Magistrado Felipe de la Mata para su análisis.

El INE sostiene que las suspensiones otorgadas por los jueces interfieren con sus funciones, ya que considera que “los jueces no tienen competencia para frenar actos de naturaleza electoral y estas suspensiones están obstaculizando su labor”. La demanda fue firmada por Claudia Suárez, encargada de despacho de la Secretaría General Ejecutiva del INE, quien acudió a la Sala Superior del TEPJF para presentar el recurso en nombre del Consejo General del organismo electoral.

Suárez manifestó que los jueces de distrito han emitido un total de 70 suspensiones, en las que señalan al INE con apercibimientos que, según el organismo, invaden las atribuciones de las autoridades autónomas y dificultan el ejercicio de sus funciones constitucionales. Hasta el pasado viernes, el INE había recibido 25 notificaciones de estas suspensiones, en las que se les otorga un plazo de entre 24 y 48 horas para detener la organización de las elecciones programadas para el 1 de junio de 2025.

El INE enfatiza que solo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la facultad de revocar las decisiones del Consejo General, incluyendo aquellas relacionadas con el inicio de la organización del proceso para la elección de jueces en 2025.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ha invalidado la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, citando violencia política de género como motivo principal. Esta decisión se tomó con una votación de dos magistrados a favor, dos en contra, y el voto decisivo de Armando Ambriz. Como resultado, la constancia de mayoría otorgada a Alessandra Rojo de la Vega ha quedado sin efecto.

En la sesión pública del 31 de agosto, el Tribunal resolvió, en los juicios electorales 203, 228, 247 y 248, que “se revoca la declaración de validez de la elección y se deja sin efectos la constancia de mayoría a favor de Alessandra Rojo de la Vega”. Además, se anuló la planilla de Concejales de la coalición PAN, PRI, PRD, así como la asignación de concejales por el principio de representación proporcional.

Frente a esta resolución, Alessandra Rojo de la Vega expresó su desacuerdo en su cuenta de X, afirmando que el Tribunal Electoral “atropella la libertad y democracia de las y los ciudadanos”. En sus redes sociales, criticó duramente al Tribunal y al sistema, acusándolos de “robarse una elección que se ganó con mucho corazón contra ese sistema corrupto”.

Si decide impugnar la decisión, el caso será revisado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha designado a Claudia Valle Aguilasocho, de la Sala Monterrey, como la sexta magistrada encargada de la calificación de la elección presidencial. La decisión, tomada en una sesión privada que se extendió por más de una hora, se basó en la antigüedad de Valle tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación.

Esta resolución provocó reacciones encontradas entre los senadores. Damián Zepeda, senador del PAN, criticó al TEPJF por no llenar las dos vacantes existentes, situación que, según él, impide abordar adecuadamente asuntos urgentes como impugnaciones y la sobrerrepresentación. En entrevista con EL UNIVERSAL, Zepeda resaltó que la ley exige seis magistrados para la calificación presidencial, pero también establece que en ausencia de nombramientos por parte del Senado, se debe recurrir a los magistrados con mayor antigüedad. Zepeda lamentó que el Tribunal solo cumpla parcialmente con sus obligaciones y sugirió que esto podría ser una estrategia para mantener una mayoría favorable. Además, pidió transparencia en los votos disidentes y destacó la preparación y experiencia de Valle Aguilasocho.

Por otro lado, César Cravioto, vocero de Morena en el Senado, celebró el nombramiento, afirmando que Valle Aguilasocho tiene el perfil y la experiencia necesarios para concluir el proceso electoral. Cravioto espera que este nombramiento permita al TEPJF avanzar sin demoras causadas por la oposición.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, también apoyó la designación, subrayando que Valle Aguilasocho cumple con los requisitos de antigüedad y tiene amplia experiencia en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que refuerza su sólida carrera judicial.

La Sala Superior, con una votación de tres a favor y dos en contra, ha confirmado la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) de desechar la queja presentada por Xóchitl Gálvez contra el reciente libro publicado por el presidente de la República. La UTCE fundamentó su decisión en el principio de no censurar publicaciones, evocando la comparación con prácticas de censura como las de la Alemania Nazi.

El magistrado Reyes Rodríguez propuso revocar esta decisión argumentando que la UTCE no había tenido acceso al libro para fundamentar su desecho. Sin embargo, el magistrado Felipe de la Mata señaló que la historia nos enseña que la censura de libros, como en el caso de la Alemania del siglo pasado, es una práctica que debe evitarse.

Por su parte, la presidenta Mónica Soto consideró que no se evidenció falta de exhaustividad por parte de la UTCE, aunque señaló que no pudo acceder al libro ya que la editorial no lo proporcionó digitalmente. Además, advirtió que revisar el contenido del libro podría interpretarse como “censura previa”.

En un veredicto histórico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que la reconocida periodista Denise Dresser no incurrió en violencia política de género contra la diputada morenista Andrea Chávez. La resolución revocó una multa de 20 mil pesos y otras medidas impuestas a Dresser, argumentando que sus expresiones estaban amparadas en la libertad de expresión y en su labor periodística.

La controversia surgió a raíz de comentarios emitidos por Denise Dresser durante el programa “Mesa de Análisis con Loret”, transmitido por Latinus el 15 de agosto de 2023. En dichas declaraciones, Dresser utilizó expresiones como “es un tema de faldas”, “tener una novia en la campaña” y “no sabemos si era novia o no”, referenciando a Andrea Chávez y sus aspiraciones políticas. La diputada presentó una denuncia por violencia simbólica y psicológica.

La magistrada Mónica Soto, al presentar el proyecto, propuso la revocación de la multa y otras medidas de reparación impuestas a Denise Dresser. Argumentó que las expresiones de la periodista estaban respaldadas por la libertad de expresión y la actividad periodística. La Sala Superior respaldó esta postura, considerando que el propósito de Dresser era evidenciar un posible uso de recursos públicos y la disminución de las posibilidades de éxito de Andrea Chávez en su aspiración a la coordinación.

El magistrado Felipe de la Mata subrayó que la libertad de expresión no debe ser coartada por la violencia política de género. Declaró que este tipo de violencia no puede convertirse en un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre del periodismo. Además, enfatizó que las expresiones de Dresser se enmarcan en la crítica y exposición de información de relevancia pública.

La respuesta de la diputada Chávez tras conocer la decisión del TEPJF fue contundente. En un comunicado, manifestó que Denise Dresser cometió violencia política de género en su contra, según la determinación unánime del tribunal. Chávez destacó que las palabras de Dresser estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal, basadas en estereotipos de género, vulnerando sus derechos político-electorales.

Por su parte, Denise Dresser celebró el fallo del tribunal como un triunfo para la libertad de expresión. En sus declaraciones, la periodista consideró que esta decisión histórica demuestra que no cometió violencia política de género y que, con ello, se preserva el derecho a cuestionar actos de influyentismo, corrupción y desvío de recursos públicos.

La polémica alrededor de este caso resalta la importancia de mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra la violencia política de género. El TEPJF, al absolver a Denise Dresser, envía un mensaje claro sobre la necesidad de abordar estas situaciones con un análisis amplio y contextual, evitando que la libertad de expresión sea restringida injustamente. La sentencia sienta un precedente significativo en el debate sobre la libertad de expresión y el respeto a los derechos político-electorales en el contexto de la actualidad política mexicana.