El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó ante el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un proyecto en el que propone confirmar la multa de 16 mil 857 pesos impuesta a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, por haber recibido aportaciones prohibidas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) durante el inicio de su campaña. La discusión de este caso está programada para la próxima semana en la Sala Superior.

La sanción fue originalmente establecida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el 28 de julio, al resolver que Esquivel incurrió en una falta al no rechazar aportaciones en especie provenientes de un ente no autorizado por la ley. El señalamiento se derivó de su participación el 30 de marzo en un evento realizado en Ecatepec, Estado de México, al que acudieron maestros de la sección 36 del SNTE y que fue identificado como el arranque de su campaña bajo el título “Diálogos por la Transformación de la Justicia en México”.

El INE concluyó que Esquivel utilizó mamparas, pantallas y un podio provistos por el sindicato, elementos que fueron considerados aportaciones en especie prohibidas al constituir recursos propagandísticos accesorios al evento. Con base en ello, el órgano electoral fijó una sanción económica que, en su opinión, corresponde a la gravedad de la falta.

La entonces candidata interpuso un recurso de apelación el 8 de agosto, en el que argumentó que la sanción era desproporcionada y que el INE debió esperar la resolución de otro procedimiento sancionador antes de imponer la multa. Sin embargo, el proyecto elaborado por el magistrado Rodríguez Mondragón sostuvo que no era necesario posponer el análisis de la queja, pues la conducta imputada ya se encontraba claramente tipificada en la normativa electoral.

“El proyecto señala que la aportación de un ente no permitido se encuentra debidamente contemplada en la legislación y que, en este caso, la utilización de los recursos aportados por el SNTE sí constituyó una infracción”, indica el documento presentado al pleno. Bajo esta argumentación, Rodríguez Mondragón planteó que la multa debe ser confirmada al no considerarse excesiva ni desproporcionada frente a la conducta cometida.

La resolución definitiva sobre la apelación de Yasmín Esquivel se discutirá en una próxima sesión pública del TEPJF, donde los magistrados deberán pronunciarse sobre la propuesta de confirmar la sanción administrativa establecida por el Instituto Nacional Electoral.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un proyecto en el que propone declarar válida la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina de Justicia Federal, a pesar de una impugnación que cuestionaba la legalidad del proceso por presuntas irregularidades. La propuesta será discutida y votada en los próximos días por la Sala Superior.

La impugnación fue interpuesta por una ciudadana que también participó en la contienda. En su recurso, señaló que la elección violó principios electorales, acusando que el partido Morena habría repartido “acordeones” para influir en el voto. Además, denunció que se vulneró la representatividad democrática debido a una división arbitraria de los circuitos judiciales, y que existió incertidumbre en las reglas del proceso a causa de contradicciones normativas.

El recurso incluyó como pruebas 87 acordeones en formato físico, 225 en versión digital, así como publicaciones en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, en su proyecto, De la Mata consideró que los señalamientos eran infundados y que los documentos presentados no demostraban la comisión de faltas graves.

“Las pruebas privadas que fueron aportadas por la actora no acreditan las presuntas violaciones graves y no demuestran los hechos que manifiesta la actora”, se lee en el documento.

El magistrado precisó que no existe constancia de que los acordeones se hubieran distribuido durante la jornada electoral ni de que los votantes tuvieran acceso a ellos. Tampoco se acreditó la manera en que fueron obtenidos, lo que impide comprobar su uso real.

“De estos documentos no hay forma de saber si se distribuyeron, si el electorado contaba con un ejemplar el día de la elección, además no se prueba cómo se obtuvieron y no hay certeza de si se trata de una prueba constituida”, sostiene el proyecto.

Ante la falta de elementos que comprueben las acusaciones, De la Mata plantea declarar inoperantes los señalamientos y validar la elección, lo que permitiría que los magistrados electos asuman sus cargos.

El Tribunal de Disciplina de Justicia Federal estará conformado por Celia Maya García, Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves, Rufino León Tovar e Indira Isabel García, quienes fueron designados en este proceso electoral interno.

De aprobarse el proyecto, la Sala Superior confirmará oficialmente la integración del nuevo órgano disciplinario, que tendrá la responsabilidad de vigilar el desempeño de jueces y magistrados federales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que había declarado vacantes 45 cargos de magistraturas de circuito y juzgados de distrito, al considerar que esta determinación invadió competencias exclusivas de los Comités de Evaluación.

Durante la sesión pública de este miércoles, el TEPJF resolvió los primeros 18 juicios de inconformidad relacionados con la inelegibilidad de candidaturas y determinó que, en la mayoría de los casos, el INE debe entregar las constancias de mayoría a quienes ganaron en las urnas. En 15 casos se restituyeron triunfos, en dos se desestimaron impugnaciones contra candidaturas que sí recibieron constancia, y en un caso se ordenó entregar el cargo al segundo lugar más votado por género.

El criterio adoptado por los magistrados ponentes Mónica Soto y Felipe Fuentes establece que el promedio de nueve en especialidad es un requisito de idoneidad y no de elegibilidad, por lo tanto, solo los Comités de Evaluación tienen la facultad de juzgarlo, no el INE. En contraste, el promedio de ocho en licenciatura sí constituye un criterio objetivo y legal de elegibilidad.

El magistrado Fuentes señaló que el INE aplicó una metodología arbitraria al revisar promedios académicos, imponiendo criterios no previstos en la Constitución ni en la convocatoria. “La actuación del INE no fue un simple cotejo, sino una revaloración con elementos nuevos y excluyentes, lo que implica invalidar el actuar de la autoridad responsable”, afirmó.

La presidenta de la Sala, Mónica Soto, agregó que el instituto “anuló el trabajo de los Comités sin razón lógica o precisa”, al modificar las reglas del proceso electoral una vez que la ciudadanía ya había votado. Felipe de la Mata, quien completó la mayoría, indicó que esta controversia revela las contradicciones en la redacción de la reforma judicial, que propició criterios dispares entre autoridades.

Por otra parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso declarar la nulidad total de las elecciones afectadas y convocar a comicios extraordinarios, pero su propuesta no fue respaldada. Janine Otálora votó en contra de todos los proyectos, aunque coincidió en que el INE se excedió en la forma, al utilizar una metodología no reconocida por los Comités.

Un caso emblemático resuelto fue el de la magistratura en materia mixta del noveno circuito en San Luis Potosí, donde se comprobó que la candidata ganadora, María Concepción Castro Martínez, no cumplía con el promedio mínimo en licenciatura y no impugnó la decisión del INE. En consecuencia, se ordenó otorgar la constancia a la segunda más votada del mismo género, Sheila Taideth Díaz Colín.

Los criterios aprobados este miércoles se aplicarán al resto de los casos pendientes, que se discutirán en próximas sesiones, bajo el principio de respeto al voto ciudadano y a las competencias de los Comités de Evaluación. El INE deberá entregar las constancias de mayoría correspondientes de forma inmediata, una vez notificado y concluido el engrose de los proyectos.

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Arturo Castillo pidió no declarar la validez de la reciente elección judicial, tras advertir que el uso de “acordeones” influyó de forma significativa en los resultados. La propuesta se sustentó en lo que definió como “dudas razonables” sobre la legalidad del proceso, sin que ello impidiera entregar constancias de mayoría a quienes resultaron ganadores.

El consejero señaló que se identificaron 818 casillas con irregularidades, incluyendo boletas sin extraer de las urnas, resultados con 100 por ciento de apoyo para ciertas candidaturas y una “inducción evidente” al voto mediante los llamados acordeones. Aunque este conjunto representa apenas el 0.97 por ciento de las casillas instaladas a nivel nacional, el funcionario lo calificó como “sumamente grave”.

En un momento clave del proceso electoral, Castillo fue el primero en exponer estas anomalías en la sesión dedicada a validar el cómputo nacional y entregar constancias de mayoría a los 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, electos por voto popular por primera vez.

Durante su intervención, afirmó: “Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones, porque las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones. 22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de tercero y por lo tanto, prohibidos”.

Castillo detalló que al menos 37 modelos distintos de acordeones fueron distribuidos en 15 estados del país y a nivel nacional. Estos documentos coincidieron hasta en un 80 por ciento con las candidaturas ganadoras a nivel de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para las Salas Regionales, el porcentaje de coincidencia alcanzó el 85 por ciento.

El consejero sostuvo que se trató de una “estrategia propagandística intencionada para beneficiar a las mismas candidaturas”, lo cual, a su juicio, generó un entorno de inequidad. Agregó que el INE no puede pasar por alto los indicios, aunque aclaró que estos no constituyen prueba plena.

Su propuesta consistió en no declarar la validez —que no implica declarar la invalidez— de las elecciones para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales, salvo la de Toluca. También planteó entregar las constancias correspondientes y dar vista a las autoridades competentes.

El Consejo General continúa deliberando sobre cómo validar los resultados, mientras se mantiene en análisis un cambio respecto al proyecto inicial, que solo consideraba excluir 11 casillas de Michoacán, Guerrero y Chiapas. El nuevo enfoque contempla omitir las más de 800 casillas señaladas, sin que eso altere el resultado general.

A pesar del debate, esta misma tarde el INE entregará las constancias de mayoría a cinco ministras y cuatro ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, actuales ministras y candidatas para continuar en el Poder Judicial, se deslindaron formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de cualquier relación con los llamados “acordeones” que circularon en redes y calles para orientar el voto ciudadano hacia perfiles afines al oficialismo.

El deslinde fue presentado por escrito, en línea con lo que también hicieron alrededor de cien aspirantes más. La acción busca evitar que esos materiales sean considerados como parte de sus gastos de campaña, en el marco de la fiscalización que el INE ya realiza tras las elecciones judiciales celebradas recientemente.

Entre quienes también presentaron su deslinde se encuentran Claudia Valle Aguilasocho y Dolores Ruvalcaba, aspirantes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Luis Ibarra Navarrete, candidato a juez de distrito en la Ciudad de México, así como otros dos aspirantes a magistrado regional en materia electoral y al Tribunal de Disciplina Judicial.

La consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que estos escritos buscan deslindar a los candidatos de una posible vinculación con el financiamiento, producción y distribución de los acordeones. Aclaró que la Unidad Técnica de Fiscalización ya indaga el origen de los recursos destinados a ese material propagandístico.

En caso de que la investigación detecte una relación directa entre los materiales y alguna candidatura, el costo será sumado al tope de gastos correspondiente. Si dicho límite es rebasado, se aplicará la sanción correspondiente, conforme a la normativa vigente.

La fiscalización en curso se centra en los más de 3 mil 300 aspirantes que compitieron por 881 cargos dentro del Poder Judicial. De acuerdo con Humphrey, la mayoría ya entregó sus informes de gastos, y será el próximo 18 de julio cuando la Comisión de Fiscalización resuelva si existen anomalías. Posteriormente, el Consejo General del INE aprobará los informes definitivos el 28 de julio.

La consejera aclaró que estos procedimientos no afectan la entrega de constancias de mayoría, prevista para el 15 de junio, ni el proceso de toma de posesión de los cargos, programada para el 1 de septiembre. Añadió que, durante ese periodo, podrán presentarse impugnaciones que serán atendidas conforme al marco legal.

Sin emitir juicios, el INE mantiene en marcha la revisión del ejercicio electoral que marcó un precedente al abrir a votación popular la integración de instancias clave del sistema judicial. Mientras tanto, el proceso continúa, con la lupa puesta en los gastos, la legalidad y la legitimidad de los resultados.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó los montos diferenciados que podrán gastar las personas aspirantes a un cargo en la renovación del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dependiendo de la posición en contienda, los recursos para actos proselitistas variarán desde 220 mil hasta más de un millón 400 mil pesos.

La determinación se dio en cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que invalidó el acuerdo anterior del INE, el cual establecía un monto genérico de 220 mil 326 pesos para todas las candidaturas. Con esta modificación, los límites de gasto quedan de la siguiente manera:

•       Aspirantes a jueces de Distrito: hasta 220 mil 326.20 pesos.
  
•        Magistratura de Circuito: hasta 413 mil 111.63 pesos.
•        Candidatos a las salas regionales del TEPJF: hasta 881 mil 304.80 pesos.

Candidatos a los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del TEPJF: hasta un millón 468 mil 841.33 pesos. 

Las campañas darán inicio el 30 de marzo y finalizarán el 28 de abril, permitiendo a los aspirantes llevar a cabo sus estrategias de difusión y acercamiento con la ciudadanía dentro de los límites establecidos.

En Hidalgo, se renovarán 30 cargos nacionales, ya que la elección del Poder Judicial local se llevará a cabo hasta 2027. Entre los puestos en disputa se encuentran nueve ministros de la SCJN, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, tres magistraturas de la Sala Regional Ciudad de México (CDMX), cinco magistraturas por Competencia del Circuito Judicial 29 y seis Juzgados por competencia del mismo circuito.

Con esta resolución, el INE garantiza equidad en la contienda electoral, permitiendo una distribución más justa de recursos para cada aspirante según el cargo al que buscan acceder. La implementación de estos nuevos montos busca dar mayor claridad y equilibrio en el proceso rumbo a la elección del primero de junio.