Plaza Izazaga 89, símbolo del comercio ilegal, será sujeta a extinción de dominio

En un esfuerzo por combatir el contrabando en la Ciudad de México, las autoridades anunciaron que Plaza Izazaga 89, un conocido punto de comercio irregular, será sometida al proceso de extinción de dominio. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, informó que la medida sigue a un operativo en el que se incautaron miles de productos ilegales, buscando frenar el impacto del comercio ilícito en la industria nacional.

El operativo, liderado por la Secretaría de Economía, contó con la colaboración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Marina y autoridades locales. Durante la intervención, se decomisaron 88 mil piezas de contrabando, mayormente de origen chino. Según Ebrard, los productos carecían de documentación que acreditara su legalidad, lo que llevó a las autoridades a aplicar la extinción de dominio como un recurso definitivo para erradicar estas actividades.

Ebrard detalló que este no es el primer operativo en esta plaza, conocida también como México Mart, la cual ha sido clausurada en repetidas ocasiones por irregularidades. “Ya son tres o cuatro intervenciones sin resultados duraderos; por eso hemos decidido proceder con firmeza”, explicó.

La extinción de dominio permitirá al Estado tomar control del inmueble, ya que se ha demostrado su uso reiterado para actividades ilegales. Esta acción no solo busca desmantelar redes de comercio ilícito, sino también enviar un mensaje a propietarios que toleran estas prácticas.

Plaza Izazaga 89 ha sido señalada como un centro de distribución de mercancías ilegales que afectan sectores como el calzado, el textil y los juguetes, impactando tanto la economía nacional como las relaciones comerciales con Estados Unidos.

El operativo fue respaldado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó la importancia de combatir el comercio ilegal en la capital. “Hemos iniciado una operación de limpieza en el Centro Histórico con el apoyo de la Marina y la Policía de la Ciudad de México”, afirmó Ebrard a través de su cuenta de X.

La intervención marcó la primera participación de la Secretaría de Marina en este tipo de operativos bajo la actual administración. Con 32 elementos de Infantería, el despliegue reflejó la seriedad del compromiso gubernamental.

El IMPI señaló graves violaciones a las normas de etiquetado y propiedad intelectual, mientras que el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) había clausurado previamente la plaza por operar sin permisos. Sin embargo, algunos locatarios ignoraron la clausura y continuaron sus actividades, lo que motivó medidas más severas.

Ebrard destacó que la problemática trasciende la evasión fiscal, ya que este tipo de comercio representa una competencia desleal para las empresas mexicanas y pone en riesgo la soberanía económica. Asimismo, la investigación apunta a identificar cómo esta mercancía logra ingresar al país y llegar al centro de la capital, con puertos como Manzanillo bajo escrutinio.

Con esta acción, las autoridades buscan establecer un precedente que desincentive el uso de inmuebles para actividades ilegales. Según el Secretario de Economía, este es solo el inicio de una estrategia más amplia que incluirá otros inmuebles en situaciones similares, reafirmando el compromiso del gobierno con la legalidad y la protección de la industria nacional.

Claudia Arlett Espino, nueva Secretaria Ejecutiva del INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves, con mayoría de votos, la designación de Claudia Arlett Espino como Secretaria Ejecutiva del organismo. La propuesta fue presentada por Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del consejo, tras un análisis minucioso de la trayectoria profesional y académica de Espino, así como de su cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

El dictamen resalta que Espino cumple con las disposiciones del artículo 38 de la LGIPE, que exige requisitos como la nacionalidad mexicana por nacimiento, tener más de 30 años, contar con un título en Derecho con más de cinco años de antigüedad y no haber sido condenada por delitos graves.

Claudia Arlett Espino posee un amplio perfil académico, entre el que destacan:

  • Maestría en Derecho Financiero y un Doctorado por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
  • Especialización en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid.
  • Investigación doctoral en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, en la misma universidad.

En el ámbito profesional, Espino ha desempeñado roles clave en el sector público y académico, como representante legal de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). También fue consejera y presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Su experiencia como litigante, asesora y consultora complementa su capacidad para liderar la Secretaría Ejecutiva del INE, un puesto fundamental para la planeación y organización de los procesos electorales.

Guadalupe Taddei Zavala subrayó que la elección de Espino fortalece al INE como un órgano autónomo dedicado a la democracia. “La experiencia y el conocimiento de Claudia Arlett Espino serán clave para potenciar las capacidades operativas y estratégicas del instituto”, señaló.

Espino asumirá el cargo el 1 de diciembre de 2024, en un periodo crucial previo a las elecciones intermedias de 2025. Entre sus principales retos estarán fomentar la participación ciudadana, garantizar la transparencia en los procesos y enfrentar los desafíos tecnológicos en materia electoral.

Al rendir protesta, Espino reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ámbito electoral, enfatizando su dedicación a fortalecer los principios democráticos del país.

 

Debate en el equipo de Trump sobre acciones militares en México contra cárteles de droga

El gabinete de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa posibles estrategias militares contra los cárteles de la droga en México, según un reportaje publicado en Rolling Stone. La discusión abarca desde ataques aéreos y uso de drones hasta el despliegue de fuerzas especiales y operaciones encubiertas.

El artículo, titulado “El equipo de Trump debate ‘¿Hasta qué punto debemos invadir México?’”, firmado por Asawin Suebsaeng y Andrew Pérez, expone que altos funcionarios republicanos apoyan la idea de presionar militarmente al gobierno mexicano si no detiene el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

Entre las medidas que se contemplan están:

  • Ataques con drones o bombardeos a infraestructura controlada por cárteles.
  • “Invasión suave”: envío de fuerzas especiales para ejecutar operativos selectivos contra líderes del narcotráfico.
  • Acciones encubiertas con “equipos de exterminio” y operaciones cibernéticas.

Un miembro del equipo de Trump afirmó que, aunque no se han definido los alcances de este plan, Trump insiste en tomar medidas contundentes si el gobierno mexicano no responde a las demandas estadounidenses.

El próximo secretario de Estado, Marco Rubio, respalda la intervención, pero con la participación del gobierno de México y sus fuerzas armadas, lideradas por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Rubio ha defendido la cooperación bilateral para enfrentar a los cárteles, postura que comparten otros futuros funcionarios clave como Mike Waltz, quien presentó una iniciativa que autorizaría el uso de fuerza militar contra estas organizaciones.

Lindsey Graham, senador republicano, impulsa la idea de clasificar a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, lo que facilitaría acciones militares directas.

En el escenario público, los principales miembros del futuro gabinete de Trump han mostrado su apoyo a estas propuestas, resaltando la urgencia de enfrentar la crisis del fentanilo y otras actividades ilícitas.

Senado amplía prisión preventiva oficiosa a nuevos delitos graves

El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 19 constitucional, ampliando el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, conocida también como “encarcelamiento automático”. Entre las nuevas conductas incluidas destacan la extorsión, el contrabando y los actos relacionados con el fentanilo y los comprobantes fiscales falsos. Esta medida cautelar, aplicada automáticamente por un juez, se utiliza en casos considerados graves.

Con 94 votos a favor de Morena y 34 en contra de la oposición, la reforma fue avalada y deberá ser ratificada por los congresos locales. Al tratarse de un cambio constitucional, se requiere la aprobación de al menos 17 estados.

Durante la discusión, los partidos de oposición manifestaron su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos. Marko Cortés, dirigente del PAN, subrayó que 70% de las personas encarceladas bajo esta medida resultaron inocentes, según sus datos: “El Estado destruyó sus vidas y las de sus familias. Si realmente quisieran combatir al crimen organizado, trabajarían en colaboración internacional para enfrentar a los delincuentes. Sin embargo, se han negado a tipificar el narcoterrorismo”, señaló.

Por otro lado, Andrea Chávez, legisladora de Morena, defendió la reforma al argumentar que busca garantizar el castigo de delitos que generan grandes beneficios económicos para los delincuentes y prevenir su fuga. “La prisión preventiva oficiosa protege a las víctimas, asegura el esclarecimiento de los hechos y evita la impunidad de los responsables”, afirmó.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal 2023, realizado por el INEGI, 44.3% de las personas privadas de su libertad sin sentencia en México se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa. Este grupo representa 38,533 personas de un total de 86,822 reclusos sin condena.

La modificación establece que la prisión preventiva oficiosa aplicará en delitos como:

  • Abuso o violencia sexual contra menores.
  • Delincuencia organizada.
  • Extorsión.
  • Actos relacionados con drogas sintéticas, fentanilo y precursores químicos.
  • Contrabando.
  • Uso de comprobantes fiscales falsos.

Además, se aclara que la interpretación de estas normas debe ser literal, prohibiéndose cualquier interpretación que modifique su aplicación.

Los congresos locales disponen de 65 días para adecuar sus normativas, mientras que el Congreso de la Unión tiene hasta 180 días para armonizar el marco jurídico con estas reformas. Esta modificación forma parte de las 20 propuestas presentadas en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la versión final fue ajustada en la Cámara de Diputados.

Avanza el proceso de selección para ministros del Poder Judicial en México

En el marco de la reforma judicial, el proceso de selección de ministros, jueces y magistrados en México ha generado gran expectativa entre la ciudadanía. Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno, dio a conocer a los aspirantes, destacando 11 perfiles de un total de 484 registrados, muchos de ellos vinculados a Morena o con experiencia en la administración pública.

Los aspirantes destacados

  • Lenia Batres
    Actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es licenciada en Derecho con especialización en derecho penal, administración pública y urbanismo. Su trayectoria incluye roles legislativos y asesorías en el Congreso. Busca ser reelecta como ministra.
  • Paula María García Villegas Sánchez Cordero
    Magistrada de Circuito e hija de la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Con estudios en derecho y economía por la UNAM y la London School of Economics, aspira a formar parte de la SCJN.
  • Rafael Guerra Álvarez
    Exlíder del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y abogado por la UNAM, posee una destacada carrera judicial. También busca un lugar como ministro en la SCJN.
  • Bernardo Bátiz Vázquez
    Consejero de la Judicatura Federal y experto en Derecho Parlamentario, ha ocupado diversos cargos legislativos y judiciales. Es otro aspirante al máximo tribunal.
  • Roberto Gil Zuarth
    Exfuncionario durante el gobierno de Felipe Calderón y especialista en derecho constitucional. Figura clave del PAN, busca integrarse a la SCJN.
  • Eduardo Santillán Pérez
    Representante de Morena ante el INE y exlegislador del PRD, con experiencia en derecho electoral y política. Aspira a ser parte del máximo tribunal.
  • Guillermo Valls Esponda
    Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, experto en derecho fiscal y administrativo. También compite por un lugar como ministro.
  • Plácido Humberto Morales Vázquez
    Titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y con amplia trayectoria política en Chiapas, busca aportar su experiencia a la SCJN.
  • Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco
    Abogado cercano a Morena y defensor del obradorismo. Ha trabajado como representante del partido ante el INE y aspira a ser ministro.
  • Ricardo Peralta Saucedo
    Exsubsecretario de Gobierno, experto en seguridad y anticorrupción. Cuenta con una destacada experiencia en instituciones públicas y busca integrarse al máximo tribunal.
  • Marisela Morales Ibáñez
    Exprocuradora General de la República y maestra en Ciencias Penales. Ha dedicado su carrera a la justicia y aspira a un lugar en la SCJN.

El proceso de selección avanza con un enfoque en evaluar la trayectoria y capacidades de los candidatos para ocupar los importantes puestos del Poder Judicial.

China responde a México: politización comercial no beneficia a nadie

Este martes, China señaló que la politización de temas económicos y comerciales resulta perjudicial para todos los países. La declaración se dio en respuesta a las afirmaciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a las acusaciones sobre el ingreso de productos chinos a Estados Unidos y Canadá a través del territorio mexicano.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, aseguró en conferencia de prensa que la relación comercial de su país con otras naciones se fundamenta en principios de mercado y normas internacionales. “Politizar las cuestiones económicas y comerciales no sirve a los intereses de ninguna parte”, afirmó Mao.

China destacó su relación bilateral con México, describiéndola como una asociación de confianza y desarrollo compartido. Según Mao, las importaciones de productos chinos han fortalecido el sector manufacturero de México, incrementado su competitividad y beneficiado a su población. Pekín reiteró su intención de mantener una cooperación positiva que impulse el desarrollo mutuo.

La semana pasada, Sheinbaum rechazó los señalamientos de que México sea un canal para que productos chinos lleguen a Norteamérica. Esta respuesta respondió a las inquietudes del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quienes expresaron preocupación por la influencia china en la región.

La presidenta mexicana aseguró que su gobierno presentará pruebas a Washington y Ottawa para desmentir estas acusaciones. Además, subrayó que su administración prioriza el desarrollo de las industrias nacionales, fomenta el uso de componentes locales y busca reducir la dependencia de importaciones provenientes de China.

El comercio bilateral entre México y China ha adquirido una relevancia clave en medio de tensiones comerciales entre Asia y Norteamérica. Estas declaraciones coinciden con el anuncio de Donald Trump sobre la imposición de un arancel adicional del 10 % a productos chinos y nuevas medidas contra bienes mexicanos, vinculadas a preocupaciones migratorias y al tráfico de fentanilo.

Ante este anuncio, Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Estados Unidos, aseguró que “nadie gana en una guerra comercial o arancelaria”. Pekín también rechazó las acusaciones de permitir deliberadamente el flujo de precursores químicos de fentanilo hacia Estados Unidos, calificándolas de infundadas y ajenas a la realidad.

Legislatura del Edomex despenaliza el aborto en un histórico avance por los derechos reproductivos

La Legislatura del Estado de México aprobó este lunes la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, un hito que cierra 15 años de lucha por este derecho. El cambio, reportado por La Jornada, contó con una mayoría de votos a favor.

Morena, PT, PVEM, MC y algunos legisladores del PRI respaldaron la reforma que modificó artículos clave del Código Penal estatal. La aprobación coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reforzando su significado simbólico.

El debate no estuvo exento de tensiones. Frente al Congreso, colectivos provida, convocados por la Diócesis de Toluca, alzaron su voz en protesta, mientras que integrantes de la Ola Verde celebraron el cambio como un triunfo histórico. La sede legislativa y áreas aledañas permanecieron protegidas por vallas metálicas y una fuerte presencia policial, reflejando las divisiones sociales en torno al tema.

El camino hacia esta reforma inició en 2009, cuando el PRD presentó la primera iniciativa para despenalizar el aborto. Sin embargo, fue hasta la LXII Legislatura, de mayoría femenina y liderada por diputadas de Morena, PT y PVEM, que se materializó el compromiso de aprobarla antes del 25 de noviembre.

La reforma modifica los artículos 148 y 151 del Código Penal estatal y deroga los artículos 149 y 150. Ahora, el aborto será considerado delito únicamente si se practica después de las 12 semanas de gestación, salvo las excepciones legales previamente establecidas. Este avance asegura mayor protección a los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.

El resultado de la votación fue contundente: 65 votos a favor, 7 en contra –todos provenientes del PAN– y cuatro abstenciones de integrantes del PRI. La decisión coloca al Estado de México entre las entidades que han optado por garantizar el acceso legal al aborto, marcando un paso significativo en la defensa de los derechos de las mujeres en el país.

Claudia Sheinbaum promete aumentar el salario mínimo para cubrir 2.5 canastas básicas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su compromiso de incrementar significativamente el salario mínimo durante su administración. En un evento celebrado el 1 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum explicó que su objetivo es que al final de su sexenio el ingreso mínimo alcance para cubrir 2.5 canastas básicas, frente a las 1.6 que actualmente se pueden costear.

“Continuaremos con el aumento progresivo al salario mínimo, en consenso con todas y todos. La meta es llegar a 2.5 canastas básicas, lo que implicará incrementos anuales sostenidos”, expresó durante la presentación de los 100 compromisos de su gobierno.

Para lograr este objetivo, el salario mínimo deberá incrementarse alrededor del 12 % cada año, un enfoque que cuenta con el respaldo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El próximo jueves 28 de noviembre, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consanami) llevará a cabo su decimoprimera sesión ordinaria, donde se instalará una sesión permanente para iniciar las deliberaciones sobre los ajustes salariales que aplicarán tanto en la zona libre de la frontera norte como en el resto del país.

El 1 de diciembre, Consanami retomará la sesión para votar una propuesta consensuada que será aplicable a partir del 1 de enero de 2025. Una vez aprobada, la resolución se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Según la reforma recientemente aprobada, el aumento al salario mínimo no podrá ser menor al promedio anual de inflación, estimado en 3.5 % para 2025, de acuerdo con el Paquete Económico presentado a la Cámara de Diputados. No obstante, la meta del 12 % anual propuesta por el gobierno de Sheinbaum busca acercarse a la promesa de las 2.5 canastas básicas.

Actualmente, el salario mínimo diario es de 248.93 pesos, equivalente a 7,568 pesos mensuales, mientras que en la zona libre de la frontera norte asciende a 374.89 pesos diarios o 11,246.7 pesos mensuales. De aprobarse un aumento del 12 % en 2025, los salarios diarios serían de 278.80 pesos en el resto del país y 419.87 pesos en la frontera norte.

Procesan a dos exfuncionarios del SAT por presunta corrupción de 172 millones de pesos

Un juez dictó vinculación a proceso contra dos exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por su presunta participación en actos de corrupción que habrían afectado al erario público por aproximadamente 172 millones de pesos.

Se trata de Leopoldo “N”, exadministrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén “N”, exadministrador Central de Análisis Técnico Fiscal. Ambos son señalados de haber cometido los delitos de uso de documentos falsos, ejercicio indebido del servicio público y actos contra la administración pública mientras desempeñaban altos cargos en el SAT.

Leopoldo Carrillo Werring trabajó en el SAT desde 2002 hasta diciembre de 2018, abarcando las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para dejar el cargo al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Rubén Durán Miranda tuvo una amplia carrera en el sector público entre 2002 y 2019, con labores en el SAT y otras dependencias como la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con el SAT, detectó las irregularidades que presuntamente involucraban a los exfuncionarios. Según el comunicado emitido por la FGR, estas acciones reafirman su política de “cero tolerancia a la corrupción” y su compromiso con fortalecer la recaudación fiscal como parte del proyecto de transformación del país.

“La lucha contra la corrupción es esencial para construir cimientos sólidos en beneficio de los mexicanos y demostrar que las instituciones están combatiendo este flagelo”, destacó la FGR en su declaración.

La vinculación a proceso de ambos exfuncionarios representa un paso significativo en los esfuerzos por garantizar la transparencia en la administración pública y proteger los recursos fiscales del país.

HR Ratings y Moody’s ajustan perspectiva de México: alertan sobre crecimiento débil y déficit fiscal

HR Ratings se unió recientemente a Moody’s en la decisión de modificar la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa. La calificadora mantuvo la nota de largo plazo en HR BBB+ (G) y la de corto plazo en HR3 (G), pero justificó su decisión en un desempeño económico que proyecta ser más débil.

Según HR Ratings, la modificación responde a una revisión a la baja en sus estimaciones de crecimiento económico para 2024 y 2025, además de anticipar una reducción más lenta del déficit fiscal para 2025 en comparación con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda. “El deterioro en nuestras expectativas de crecimiento y déficit fiscal podría incrementar la deuda neta como proporción del PIB”, indicó la calificadora.

Se espera que el crecimiento económico de México alcance solo el 1.4% en 2024 y el 1.1% en 2025, cifras significativamente menores a las previstas por Hacienda en los Criterios Generales de la Política Económica 2025 (CGPE25), que estiman 2.1% y 2.3%, respectivamente. HR Ratings atribuye esta reducción a la baja actividad industrial durante los últimos meses, particularmente por el bajo desempeño en construcción, la desaceleración en manufacturas y una menor demanda externa.

La calificadora también señaló que, aunque se proyecta una disminución en el déficit de los Requerimientos Financieros del Sector Público para 2025, el endeudamiento y el comportamiento histórico del tipo de cambio podrían elevar la deuda neta a PIB al 54%, superando tanto las proyecciones anteriores como las estimaciones oficiales de Hacienda.

Además, HR Ratings advierte sobre los posibles efectos negativos del cambio de administración en Estados Unidos a partir de enero de 2025, lo que podría afectar la relación comercial con México, su principal socio bajo el marco del T-MEC.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda afirmó que el panorama económico de México es optimista, apoyado en una mayor demanda interna, la fortaleza de programas sociales y la inversión en sectores estratégicos. Según la dependencia, el Paquete Económico 2025 fue diseñado con un enfoque prudente que garantiza una consolidación fiscal responsable.

Finalmente, Hacienda destacó que México cuenta con mecanismos sólidos para enfrentar la volatilidad global, manteniendo un perfil de deuda atractivo y resiliente en los mercados internacionales.