En una movida sin precedentes, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han presentado una demanda de juicio político contra el exministro Arturo Zaldívar, por una serie de acusaciones que van desde presiones a jueces hasta encubrimiento de colaboradores ante denuncias de acoso sexual. Este impactante desarrollo político ha sacudido los cimientos del sistema judicial mexicano y ha generado un intenso debate sobre la independencia del poder judicial. 

La solicitud, dirigida a Graciela Báez, secretaria general de la Cámara de Diputados, fue entregada esta mañana en el Palacio de San Lázaro por destacados legisladores de la oposición. Entre los firmantes se encuentran nombres prominentes como Kenia López, Lilly Téllez, Gina Cruz y Alejandra Reynoso del PAN, así como Manuel Añorve, Claudia Anaya y Mario Zamora del PRI, entre otros.

Los senadores argumentan que durante su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Zaldívar habría ejercido presiones indebidas sobre jueces y magistrados para resolver casos en favor del gobierno federal. Además, se le acusa de desvío de recursos y de encubrir a colaboradores implicados en denuncias de acoso sexual. Estas acciones, según los legisladores, constituyen graves violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En el documento presentado, se solicita que se admita a trámite la demanda y que se formule acusación contra Zaldívar, con el objetivo de que sea sancionado con la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro. Los senadores subrayan la importancia de proteger los intereses públicos fundamentales de los mexicanos y de garantizar la integridad del sistema judicial del país.

El respaldo a esta acción por parte de senadores de distintas corrientes políticas refleja la preocupación generalizada por la conducta de Zaldívar durante su mandato. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido públicamente la necesidad de intervenir en casos judiciales durante la gestión de Zaldívar, lo que ha alimentado aún más las críticas hacia el exministro.

En declaraciones recientes, el presidente López Obrador destacó que durante el mandato de Zaldívar, había un mayor control sobre ciertos casos judiciales, lo que sugiere una interferencia indebida en el poder judicial por parte del ejecutivo. Estas afirmaciones han avivado el debate sobre la independencia judicial y han puesto en tela de juicio la imparcialidad de Zaldívar durante su tiempo en el cargo.

La demanda de juicio político contra Arturo Zaldívar representa un importante paso hacia la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema judicial mexicano. Los senadores del PAN y del PRI están firmemente comprometidos con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con la defensa del estado de derecho en México. La respuesta de las autoridades competentes a esta demanda será crucial para restaurar la confianza en el sistema judicial y para asegurar que ningún funcionario esté por encima de la ley.

En un movimiento que ha generado debates intensos y opiniones encontradas, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha aprobado por mayoría las minutas que proponen reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía. Con un voto de 19 a favor, 14 en contra y ninguna abstención, las minutas fueron aprobadas sin modificaciones y enviadas a la Mesa Directiva, con la expectativa de ser discutidas en el pleno de San Lázaro mañana miércoles.

La aprobación de estas reformas ha sido objeto de críticas y propuestas dentro de la misma Comisión de Justicia. La diputada del PRI, Sue Bernal, expresó su preocupación por el proceso legislativo acelerado, solicitando un debate más profundo y la apertura a parlamentos abiertos para discutir temas tan sensibles como los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Por otro lado, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, defendió las reformas como parte de una reforma judicial más amplia que busca fortalecer la división de poderes y otorgar una mayor supremacía al tribunal constitucional. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, especialmente desde la oposición.

El diputado del PAN, Enrique Gerardo Sosa, destacó su preocupación por el impacto de las reformas, señalando que se está otorgando demasiado poder al presidente de la República, lo que podría debilitar el sistema jurídico y vulnerar los derechos de los ciudadanos. En particular, criticó la ampliación de la capacidad de amnistía del presidente, advirtiendo sobre posibles abusos y consecuencias a largo plazo.

En cuanto a la reforma a la Ley de Amparo, se ha planteado que podría ser interpretada como una respuesta del gobierno a las suspensiones judiciales relacionadas con proyectos controvertidos, como el Tren Maya. La diputada del PAN, Paulina Rubio, sugirió que esta reforma representa una “venganza” del presidente por las suspensiones judiciales que ha enfrentado en el pasado.

La preocupación sobre la reforma a la Ley de Amnistía se centra en la amplia discrecionalidad que se otorga al presidente para concederla, incluso sin pruebas sólidas. Esto ha generado inquietudes sobre la garantía de la verdad y la posibilidad de que se utilice para fines políticos o personales.

Las reformas a la Ley de Amparo y Amnistía han pasado el primer filtro en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pero su futuro sigue siendo incierto. Mañana, estas propuestas serán sometidas a debate en el pleno de San Lázaro, donde se espera una discusión profunda y una evaluación cuidadosa de su impacto en el sistema judicial y los derechos de los ciudadanos.