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El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial llegó a su fin este viernes, tras varios días de tensión que paralizaron parcialmente las actividades en distintas sedes del país. De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), 16 edificios fueron reabiertos después de que se alcanzara un acuerdo con los empleados inconformes, quienes protestaban por el despido de miles de trabajadores y la falta de insumos básicos para desempeñar sus labores.

El movimiento comenzó la madrugada del 31 de octubre, cuando el Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Juan Prado, convocó a una suspensión de actividades. Los trabajadores cerraron inmuebles en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo, afectando aproximadamente el 5.3% de los edificios judiciales en el país. Aunque el paro fue notorio, el OAJ precisó que el 95% de las sedes continuó con sus operaciones normales.

El epicentro de las protestas se concentró en el edificio sede de San Lázaro, donde alrededor de cinco mil trabajadores y doce tribunales colegiados suspendieron actividades desde las primeras horas del día. También se cerró el edificio Prisma, ubicado en la capital, donde operan varios juzgados de distrito. Las manifestaciones surgieron luego de que el OAJ negara la solicitud de día libre para el 31 de octubre, planteada por el sindicato en el contexto de los días festivos de muertos.

Durante la jornada, las autoridades judiciales y los representantes sindicales mantuvieron comunicación directa hasta llegar a un acuerdo para reabrir las sedes y establecer una mesa de diálogo. El encuentro formal quedó programado para el lunes 3 de noviembre a las 5:00 p.m. en el edificio del Poder Judicial Federal, ubicado en Avenida Revolución 1508, donde se abordarán temas clave como el aumento salarial pendiente y la falta de insumos en los juzgados.

Los trabajadores exigieron soluciones ante la escasez de materiales básicos como papel, tóner, agua y equipo de impresión, además de manifestar preocupación por los más de cinco mil despidos recientes en diversas áreas del Poder Judicial. Pese a las diferencias, ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto para evitar futuras interrupciones de las labores.

Tras la firma del acuerdo, los edificios comenzaron a reabrir al mediodía, permitiendo el restablecimiento de actividades en todas las sedes afectadas. El sindicato confirmó que ningún trabajador participante enfrentará sanciones administrativas, como parte de los compromisos alcanzados con el OAJ.

Con el levantamiento del paro, el Poder Judicial recuperó su ritmo habitual en casi todo el país, en espera de que la reunión del lunes permita avanzar en la negociación de mejoras laborales. El cierre de esta jornada marca un respiro para el sistema judicial, tras una de las movilizaciones internas más significativas del año, y deja abierta la puerta a un proceso de diálogo que busca equilibrar las demandas sindicales con la continuidad institucional.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley de Amparo, asegurando que el dictamen avalado es “prácticamente la misma propuesta” que ella envió al Congreso. La iniciativa fue aprobada durante la madrugada del miércoles, tras más de 15 horas de discusión en el recinto legislativo de San Lázaro, donde se realizaron algunos ajustes al texto original.

Pese a las modificaciones, la mandataria subrayó que los cambios no alteran el sentido principal de la propuesta y destacó que podrían realizarse ajustes adicionales ahora que el proyecto regrese al Senado de la República para su revisión. “Es prácticamente la misma propuesta que presentó aquí el ministro Zaldívar”, declaró Sheinbaum, al referirse a la participación del actual coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, quien fue impulsor inicial de esta iniciativa.

Durante su intervención, Sheinbaum explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con jurisprudencia que delimita los casos en los que pueden aplicarse nuevas leyes procesales. En ese sentido, detalló que el artículo transitorio aprobado en la Cámara baja se basó en esos criterios de la Corte, para definir “a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, y qué casos se aplica la ley anterior”.

La presidenta enfatizó además que las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados se centraron en mantener la posibilidad de la suspensión provisional, con el objetivo de conservar la estructura vigente de la ley en ese aspecto. “Se hicieron cambios para que se quedara como está actualmente”, señaló, al tiempo que descartó la aplicación retroactiva de la reforma, una preocupación que había generado debate en días anteriores.

El pasado 3 de octubre, Arturo Zaldívar participó en la conferencia matutina del Gobierno federal, donde instó a los legisladores a clarificar el artículo transitorio para evitar interpretaciones erróneas. “El precepto no tiene la suficiente claridad y ha dado lugar a un debate innecesario y a ciertas críticas, descalificaciones y también preocupaciones legítimas”, advirtió en ese momento.

La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo marca un nuevo paso en el proceso legislativo impulsado por el Ejecutivo, en busca de ajustar los alcances de este instrumento jurídico. Ahora, el proyecto volverá al Senado para su análisis final, donde se podrían incorporar precisiones adicionales antes de su eventual promulgación.

El Paquete Económico 2026 llegó a la Cámara de Diputados con más de cuatro horas de retraso. El encargado de llevarlo fue el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, quien arribó al recinto legislativo a las 10:30 de la noche, pese a que la entrega estaba programada desde la tarde. Tras cumplir con esta primera parada, el funcionario se dirigirá al Senado.

En su intervención, Amador Zamora subrayó que el documento llega en un escenario internacional complicado. “Este paquete se presenta en un entorno internacional complejo marcado por tensiones comerciales y geopolíticas que han puesto a prueba todas las economías y que, sin embargo, ha mostrado fortaleza”, afirmó.

Antes de ingresar al Salón Verde, el secretario sostuvo un breve encuentro con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con quien conversó unos minutos.

El retraso, sin embargo, no pasó desapercibido. Desde Acción Nacional, el coordinador parlamentario José Elías Lixa criticó con dureza la tardanza, a la que calificó como un hecho inusual: “Estamos ante una insólita informalidad de Hacienda ante la Cámara de Diputados que comenzó con retrasos y que genera graves y severas especulaciones sobre el contenido del propio documento”.

El legislador panista insistió en que estas especulaciones “poco le sirven al país, que necesita y requiere de certezas de los funcionarios de su estado”.

En contraste, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, adoptó un tono más relajado y minimizó la demora. Recordó que “en estricto sentido la ley prevé que se entregue el 8 de septiembre y esto podría haber ocurrido antes de la media noche”.

El Paquete Económico 2026 es uno de los ejercicios más relevantes del año legislativo, pues define la ruta financiera del país. El documento está integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal.

Con la entrega ya consumada en San Lázaro, los legisladores disponen ahora del documento que marcará el debate político y económico de los próximos meses.

Con 435 votos a favor y apenas 4 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados eligió a la panista Kenia López Rabadán como presidenta de la Mesa Directiva para el segundo año de la LXVI Legislatura. La legisladora de Acción Nacional rindió protesta en medio de aplausos y gritos de “¡presidenta, presidenta!” por parte de su bancada.

La elección de López pone fin a dos días de incertidumbre legislativa, luego de que Morena retirara el veto que había sostenido en su contra y aceptara respaldar su nombramiento. Con ello, se disipó el riesgo de una crisis constitucional en San Lázaro.

En su primer mensaje desde la tribuna, la nueva presidenta agradeció el apoyo de los seis grupos parlamentarios y adelantó que su gestión estará basada en la “institucionalidad republicana”. Aseguró que respetará las mayorías y las minorías, y que representará la unidad en la pluralidad.

La Mesa Directiva quedó integrada de la siguiente manera:

• Presidencia: Kenia López Rabadán (PAN)
• Primera Vicepresidencia: Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena)
• Segunda Vicepresidencia: Paulina Rubio Fernández (PAN)
• Tercera Vicepresidencia: Raúl Bolaños Cacho Cué (PVEM)
• Como secretarios fueron designados Julieta Villalpando (Morena), Alan Sahir Márquez (PAN), Nayeli Arlen Fernández (PVEM), Magdalena Núñez Monreal (PT), Fuensanta Guerrero (PRI) y Laura Ballesteros (MC).

El nombramiento se dio tras un acuerdo alcanzado en la Junta de Coordinación Política, donde los líderes de todas las bancadas celebraron la decisión unánime. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, destacó que se trató de un ejercicio político que envía un mensaje de unidad al país.

La legisladora encabezará los trabajos de la Cámara de Diputados del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, en línea con la rotación anual de la presidencia que marca el reglamento. Durante este periodo tendrá la responsabilidad de conducir las sesiones del pleno, coordinar comisiones, representar a la Cámara ante otros poderes y supervisar el funcionamiento del recinto legislativo.

La panista Kenia López Rabadán, nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dejó en claro que ella representará con institucionalidad su nuevo encargo en San Lázaro.

“Me toca a mi hoy representar a la Cámara de Diputados y lo haré de manera legal institucional y por supuesto honorable”, expresó López Rabadán.

La nueva presidencia llega en un momento clave para la agenda legislativa. En la próxima sesión ordinaria se discutirá la declaratoria de publicidad de la reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca facultar al Congreso para expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión. Esta legislación homologaría el tipo penal en todo el país y endurecería las sanciones contra modalidades como el “cobro de piso”.

La elección también garantiza la continuidad de los trabajos legislativos tras el cierre del periodo encabezado por Sergio Gutiérrez Luna. La alternancia en la Mesa Directiva permite que distintas fuerzas políticas conduzcan la Cámara, lo que fortalece la pluralidad democrática y promueve acuerdos en un escenario de diversidad parlamentaria.

Kenia López Rabadán inició su trayectoria política en el PAN en 1996, después de haber trabajado como capacitadora electoral en el entonces Instituto Federal Electoral. A los 17 años tuvo su primera experiencia laboral vendiendo aspiradoras, empleo en el que pronto destacó por su desempeño. Dentro de Acción Nacional ha sido consejera nacional y miembro del Consejo Técnico de Cultura del CEN.

La diputada tendrá la misión de conducir la LXVI Legislatura en un año con una agenda intensa en materia política, económica y social, asegurando la coordinación entre los distintos grupos parlamentarios y la representación institucional de la Cámara de Diputados frente al país y al exterior.

Morena aprobó este domingo la creación de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, un nuevo órgano que tendrá la tarea de revisar cuidadosamente quiénes pueden sumarse a las filas del partido sin poner en riesgo su cohesión interna. Esta decisión fue tomada durante la reunión del Consejo Nacional, con el objetivo de evitar divisiones que puedan surgir de la incorporación de figuras políticas con trayectorias controvertidas o ajenas al proyecto de la 4T.

La comisión no revisará candidaturas de “cualquier nivel”, sino que se enfocará en personajes con visibilidad nacional o peso político relevante, cuyas trayectorias podrían representar un beneficio o una amenaza para la unidad del movimiento. Se trata de blindar la estructura interna frente a perfiles que no compartan los principios fundamentales del partido.

El órgano estará integrado por Luisa María Alcalde, presidenta del partido; Carolina Rangel, secretaria general; Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional; el académico Armando Bartra, y el productor Epigmenio Ibarra.

Bartra explicó que la comisión tiene la facultad de recomendar o rechazar el ingreso de personajes según su historial y el momento político. La evaluación no será automática: “Nosotros simplemente decidiremos si recomendamos o no que la persona que lo solicitó pueda ingresar en este momento o hasta otro”, precisó.

Desde otro frente, Epigmenio Ibarra aclaró que este nuevo filtro no implica una purga interna, sino un ejercicio de contención estratégica.

El vocero morenista en San Lázaro, Arturo Ávila, señaló que esta medida responde a casos recientes, como el del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue considerado brevemente para respaldar la reforma judicial, pero rechazado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por su filiación con otro partido. También mencionó el caso de Luis Enrique Benítez Ojeda, exmilitante priista.

Además de este nuevo órgano, el Consejo Nacional aprobó otros tres lineamientos fundamentales: el Plan Organizativo de Comités Seccionales, el Plan Municipalista, y la reactivación del Consejo Consultivo Nacional.

Los Comités Seccionales constituirán la base territorial de Morena en las 71,541 secciones electorales del país, con la misión de movilizar y organizar a la militancia. Según el senador Emmanuel Reyes Carmona, cada actor político morenista tendrá la responsabilidad de crear al menos 10 comités, que deberán movilizar a unas 100 personas por base estructural.

El Plan Municipalista buscará fortalecer la presencia de Morena en los municipios que ya gobierna, alineando políticas públicas y reforzando la identidad del partido a nivel local.

Por último, la reactivación del Consejo Consultivo Nacional aportará una nueva capa de análisis y propuesta al interior del partido. Estará integrado por perfiles destacados del ámbito intelectual, científico, académico, cultural y empresarial, con la intención de enriquecer la toma de decisiones desde una perspectiva multidisciplinaria.

Con estas decisiones, Morena afina su engranaje político y organizativo, de cara a sus próximos retos electorales, mientras establece nuevos candados para mantener la identidad y coherencia de su movimiento.

El próximo lunes inicia un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados que estará enfocado en desahogar una intensa agenda legislativa encabezada por cinco reformas prioritarias, según lo confirmó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, a los 253 integrantes de su bancada. El periodo se desarrollará del 23 de junio al 2 de julio, en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Las reformas prioritarias identificadas por el legislador son: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, la transferencia de funciones del Coneval al Inegi, la nueva Ley de la Guardia Nacional y la reforma a la Ley del Seguro Social en materia de retiro.

Estas iniciativas no incluyen cambios a la Ley de Telecomunicaciones, aunque Monreal reconoció que podrían añadirse otros temas si la Comisión Permanente lo autoriza mediante la modificación del decreto de convocatoria original.

El mensaje, compartido a través de WhatsApp por Pedro Haces Barba, encargado de operación política del grupo parlamentario, también informó sobre la logística de la jornada: se prevé una reunión previa a las 14:00 horas del mismo lunes en el auditorio Aurora Jiménez, antes de la instalación oficial del periodo extraordinario a las 16:00 horas.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este jueves, Monreal explicó que entre 22 y 27 dictámenes serán puestos a discusión y votación. De estos, 12 estarían directamente ligados a las cinco reformas prioritarias, ya que la nueva Ley de la Guardia Nacional incluye ocho dictámenes por separado.

Además, en la lista que también abarca iniciativas del Senado, destacan otras reformas enfocadas en diversos temas. Algunas de estas son: eliminación de trámites burocráticos, reconocimiento de derechos de las mujeres, regulación en el sector ferroviario, protección de la totoaba y delfines, y conservación de vida silvestre.

Otros dictámenes pendientes abordan áreas como operaciones con recursos de procedencia ilícita, desaparición forzada de personas, competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, y acuerdos internacionales.

De concretarse la inclusión de todas las iniciativas mencionadas, el número total de dictámenes a tratar podría alcanzar hasta 37. Monreal subrayó que la Comisión Permanente, que sesiona este viernes, tendría la facultad de modificar la convocatoria inicial para dar cabida a esos temas adicionales dentro del periodo extraordinario.

La Cámara de Diputados ha tomado una decisión clave en torno al desafuero del exgobernador de Morelos y actual legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco. Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, el Pleno determinó desechar la solicitud promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), garantizando así que Blanco conserve su fuero constitucional. 

La Sección Instructora ya había declarado improcedente la petición presentada por la fiscalía estatal, alegando inconsistencias en la carpeta de investigación. La acusación contra Blanco, por tentativa de violación en agravio de su media hermana Nidia Fabiola, quedó sin efecto al no cumplir con los requisitos legales para proceder.

El debate en el Pleno no estuvo exento de tensiones. Legisladoras de distintos partidos arremetieron contra la decisión, denunciando que la negativa al desafuero representa un obstáculo en la lucha contra la violencia de género. “Ese techo de cristal que dicen que se rompió no se rompió”, gritaron diputadas en San Lázaro, en un reclamo directo al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por su respaldo a Blanco.

En respuesta a la controversia, Cuauhtémoc Blanco subió a la tribuna para defenderse. “No tengo miedo, aquí estoy, parado frente a ustedes. La denuncia fue presentada seis meses después y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía porque mi conciencia está muy tranquila”, declaró el exfutbolista y político.

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados también expresó su inconformidad, reiterando la necesidad de eliminar el fuero para servidores públicos involucrados en casos de violencia de género. Anais Miriam Burgos, presidenta de la comisión, enfatizó que la protección de las víctimas debe prevalecer sobre los privilegios legislativos y adelantó la presentación de una iniciativa para reformar el sistema de desafuero.

Mientras tanto, la FGE de Morelos anunció que revisará el caso tras la decisión de la Sección Instructora. Edgar Maldonado Ceballos, fiscal estatal, defendió el trabajo de su dependencia y ordenó una investigación interna para determinar posibles irregularidades en la integración del expediente.

Aunque el desafuero ha sido rechazado, el caso sigue en el centro del debate público y político. Organizaciones y legisladores insisten en la necesidad de garantizar justicia y transparencia, mientras Cuauhtémoc Blanco mantiene su protección legal dentro del Congreso.