Layda Sansores cuestiona acceso a candidaturas y respalda recorte presupuestal con “plan B”

En medio del debate sobre el financiamiento público a la política en México, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, colocó en el centro de la discusión el acceso a las candidaturas, al afirmar que competir por un cargo de elección popular se ha convertido en un proceso condicionado por recursos económicos y redes de respaldo.

Durante su programa semanal “Martes del Jaguar”, transmitido a través de redes sociales, la mandataria expuso su postura sobre el funcionamiento del sistema electoral y lo vinculó directamente con la propuesta de reforma conocida como “plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Según explicó, la iniciativa busca reducir el presupuesto destinado a partidos políticos y congresos, con el objetivo de modificar las condiciones actuales de competencia.

En ese contexto, Sansores expresó: “Ahora pues casi que tienes que ser narco, tener muchos padrinos, ¿no? Si quieres competir, la piensan, sufren. El que quiere ser candidato ya no cualquiera, no puede ser el más popular porque tienes que tener mucho dinero o muy buenos padrinos”. La declaración formó parte de un planteamiento más amplio en el que señaló que el sistema vigente limita la participación de ciudadanos sin respaldo económico o político.

De acuerdo con lo señalado por la gobernadora, las condiciones actuales favorecen a perfiles con acceso a financiamiento significativo o con vínculos dentro de estructuras de poder, lo que, afirmó, reduce las posibilidades de que aspirantes sin esos recursos puedan competir en igualdad de condiciones. En su intervención, vinculó esta situación con la necesidad de replantear el gasto público destinado a la política.

La mandataria también cuestionó las diferencias presupuestales entre congresos locales, al considerar desproporcionado que algunos operen con montos de hasta 39 millones de pesos por diputado, mientras otros lo hacen con cinco millones. Desde su perspectiva, estas variaciones reflejan un uso desigual de los recursos públicos y forman parte de los problemas estructurales del sistema político.

En su mensaje, Sansores dirigió críticas hacia los partidos de oposición, a los que comparó con “franquicias familiares”que, según dijo, han convertido la actividad política en un negocio. Estas declaraciones se producen en un contexto nacional marcado por señalamientos sobre la posible infiltración de grupos delictivos en distintas regiones del país, así como por un aumento en los niveles de violencia.

Al mismo tiempo, medios locales han reportado que al menos 20 presuntos familiares de la gobernadora ocupan cargos públicos, entre ellos su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, quien funge como asesor. Este señalamiento ha sido parte del entorno en el que se desarrollan sus declaraciones.

Las afirmaciones de Sansores se integran así al debate sobre la estructura del sistema electoral mexicano y el financiamiento de la política, en un momento en que se discuten cambios orientados a modificar las reglas de acceso al poder público.

Está por concretarse un acuerdo: 4T perfila votar el Plan B de reforma electoral en el Congreso

El denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en su proceso político y legislativo, luego de que Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) alcanzaran acuerdos para encaminar su discusión en el Congreso de la Unión entre el 24 y 25 de marzo.

El proyecto se encuentra actualmente en revisión del Ejecutivo federal a través de la consejera jurídica Esthela Damián. Se prevé que durante su gira de fin de semana la presidenta adelante algunos de los acuerdos alcanzados con los partidos de la coalición oficialista antes de que la iniciativa sea enviada formalmente a alguna de las cámaras legislativas en los primeros días de la próxima semana.

Las negociaciones que permitieron destrabar el proyecto se llevaron a cabo en una reunión encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde participaron dirigentes del PVEM y del PT. En ese encuentro se resolvieron los principales puntos de desacuerdo que mantenían los partidos aliados respecto a la propuesta de reforma.

Uno de los temas abordados fue el mecanismo de revocación de mandato. El documento contempla dos posibles momentos para realizar este ejercicio: el tercer o el cuarto año del gobierno. De acuerdo con el dirigente del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, esta definición aún deberá resolverse en el proceso legislativo. El dirigente señaló que el ejercicio no es obligatorio, ya que requiere una convocatoria previa, y consideró que podría realizarse en 2028 si se decide llevarlo a cabo.

Otro punto discutido fue la posibilidad de realizar consultas populares en materia electoral. El articulado plantea permitir consultas en temas específicos vinculados con la participación ciudadana o la modernización del sistema electoral, como la reducción de la edad para votar o la implementación del voto electrónico. Sin embargo, el documento establece límites para evitar que ciertos aspectos del sistema electoral sean sometidos a consulta.

Entre los temas que no podrán ser consultados se encuentran el financiamiento público a los partidos políticos, las prerrogativas en radio y televisión, la estructura del Instituto Nacional Electoral y la integración de las cámaras legislativas, conforme a lo establecido en la Constitución.

En paralelo, el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente Salas, informó a su bancada que “está por concretarse un acuerdo con el gobierno federal” para avanzar en la aprobación del Plan B. El legislador señaló que las negociaciones recientes permitieron construir una alternativa que facilitaría el respaldo conjunto de los partidos de la coalición oficialista.

Alerta en el Senado: Movimiento Ciudadano advierte posible estrategia electoral rumbo 2027

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió sobre la posibilidad de que el partido gobernante Morena y el gobierno federal estén detrás de la formación de nuevos partidos políticos con miras a las elecciones federales y locales de 2027. De acuerdo con el legislador, esta estrategia podría buscar fragmentar el voto durante los próximos comicios.

Castañeda señaló que el proceso de creación de nuevas fuerzas políticas que actualmente se desarrolla ante el Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser observado con atención. El senador subrayó la importancia de identificar quién impulsa a las asociaciones que buscan convertirse en partidos políticos y cuál es el objetivo de su participación en el escenario electoral.

“Hay que estar muy atentos de lo que sucede con la creación de partidos políticos. Porque me parece que ahí el régimen lo que intenta hacer desde el poder es fragmentar justamente la votación”, afirmó el legislador al referirse al proceso de registro que se encuentra en marcha.

El coordinador parlamentario insistió en que también es necesario revisar si las agrupaciones que buscan su registro cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, planteó analizar con qué propósito se conforman estas organizaciones y cuáles son las expectativas electorales que podrían tener rumbo a los próximos comicios.

Castañeda llamó a “sacar la antena” sobre este tema, al considerar que el oficialismo podría enfrentar una contienda electoral compleja en 2027. En ese contexto, señaló que el comportamiento político actual se asemeja a prácticas observadas en el pasado.

“Como este oficialismo se comporta de forma muy similar a como se comportaba el régimen priista, no hace falta tener una bola de cristal para tratar de prever que mucho de los nuevos partidos políticos será parte de la construcción de la estrategia electoral del oficialismo”, expresó.

Mientras se desarrolla el proceso de registro, diversas organizaciones avanzan en los requisitos necesarios para convertirse en partidos políticos nacionales. Entre ellas se encuentra Somos México, agrupación vinculada al movimiento ciudadano conocido como Marea Rosa. También figura Construyendo Sociedades de Paz, organización que surge tras la desaparición del partido Encuentro Social, así como México tiene Vida, proyecto político relacionado con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Datos del INE indican que actualmente 65 organizaciones buscan obtener el registro como partido político nacional. Sin embargo, hasta ahora solo tres han logrado avanzar en uno de los requisitos clave del proceso: reunir al menos 256 mil afiliaciones válidas.

El proceso de revisión continuará dentro del organismo electoral mientras las agrupaciones interesadas completan las etapas establecidas por la legislación para poder participar formalmente en el sistema de partidos políticos de México rumbo a las elecciones de 2027.

Kenia López Rabadán recibe reforma electoral con recorte de gasto y regulación de IA tras tensiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral, luego de dos días de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista y tras una serie de ajustes derivados de negociaciones con sus aliados legislativos del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

La iniciativa fue recibida formalmente en el Palacio Legislativo de San Lázaro por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien informó que el documento será turnado a comisiones para su análisis y dictaminación. También adelantó que el proyecto será publicado en la Gaceta Parlamentaria, al tratarse de un tema que ha concentrado la conversación pública en los últimos días.

Aunque el Ejecutivo tenía previsto remitir el proyecto el lunes, la propia mandataria explicó que decidió revisarlo nuevamente y realizar modificaciones adicionales antes de enviarlo al Congreso. El ajuste final ocurrió después de intercambios con legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo, fuerzas que forman parte de la coalición gobernante.

Horas antes de la entrega formal, Sheinbaum expuso en su conferencia matutina los ejes centrales de la iniciativa, a la que denominó “decálogo por la democracia”. Entre los puntos planteados se encuentran cambios en el modelo de representación proporcional, una reducción del gasto en el sistema electoral, la regulación del uso de inteligencia artificial en procesos comiciales y modificaciones a los cómputos distritales.

La propuesta busca redefinir aspectos operativos y financieros del sistema electoral, así como actualizar su marco normativo frente a nuevas tecnologías. De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, el objetivo es fortalecer el funcionamiento democrático mediante ajustes estructurales en la organización y supervisión de las elecciones.

Tras su recepción en San Lázaro, el contenido específico de los artículos a modificar será dado a conocer una vez que se publique oficialmente el documento legislativo. A partir de ese momento iniciará el proceso formal de discusión en comisiones y, posteriormente, en el pleno.

En caso de que la reforma no obtenga la aprobación del Congreso, la presidenta señaló que contempla un “plan B”, aunque no detalló las acciones que incluiría esa alternativa. Con la entrega de la iniciativa, el proceso legislativo entra en una etapa clave para definir el alcance de los cambios propuestos al sistema electoral mexicano.

INE mantiene al aire spot de Morena “Por el Bien” tras descartar hechos falsos

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que no procede retirar el promocional de televisión de Morena titulado “Por el Bien”, en el que aparecen imágenes del expresidente Enrique Peña Nieto, exgobernadores del PRI, PAN y PRD, así como del empresario Ricardo Salinas Pliego.

La resolución se dio luego de que se presentara una queja ante la autoridad electoral, en la que se solicitó la suspensión de la transmisión del spot bajo el argumento de que contenía la imputación de hechos falsos. El recurso fue turnado a la Comisión de Quejas y Denuncias para su análisis.

Tras revisar el contenido del promocional, las consejerías concluyeron que no se advierte la atribución directa de un hecho o delito falso en contra del denunciante. En consecuencia, declararon improcedente ordenar su retiro del pautado en televisión.

El material cuestionado incluye la participación de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien en el mensaje expresa: “hay quienes ven a México como un botín que se puede entregar (…) ¿Y tú de qué lado estás?”, mientras se proyectan imágenes de figuras políticas vinculadas a los partidos PRI, PAN y PRD, además del empresario mencionado.

De acuerdo con la determinación de la Comisión, las expresiones contenidas en el promocional forman parte de la opinión del emisor respecto de asuntos de interés general. Los consejeros consideraron que no existen elementos que permitan establecer que la frase esté dirigida de manera inequívoca y directa al denunciante, ni que se configure una imputación concreta de hechos falsos.

No obstante, la Comisión precisó que esta resolución no implica una autorización amplia para que los partidos políticos utilicen la imagen de cualquier persona en su propaganda. Subrayó que el criterio se limita a casos en los que se trate de personas privadas con proyección pública, en el contexto del debate político.

Con esta decisión, el spot “Por el Bien” continuará su transmisión conforme a la pauta vigente, al no actualizarse, según el análisis preliminar de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, elementos suficientes para ordenar su suspensión cautelar.

PVEM fija postura en la reforma electoral: Frena voto para consejeros del INE y plantea recorte

En el marco de las negociaciones para la reforma electoral, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) definió una postura clara sobre los principales ejes de discusión. Su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, adelantó que su partido no respaldará la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante voto popular y, en contraste, se mostró dispuesto a debatir un ajuste a la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos con el objetivo de reducir los recursos que reciben.

Velasco informó que dirigentes del PVEM han sostenido al menos tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con el presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, Pablo Gómez. En estos encuentros, explicó, se han analizado anteproyectos de iniciativa que forman parte del proceso de construcción de la propuesta de reforma.

Durante estas conversaciones, el senador subrayó que uno de los principios centrales para el PVEM es la defensa de la autonomía del INE. De acuerdo con Velasco, el instituto ha sido un factor clave para garantizar la estabilidad política del país en los procesos electorales recientes, además de haber operado bajo las reglas que permitieron el triunfo electoral de 2024, en el que resultó electa la presidenta de México con una votación histórica.

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el coordinador del Verde señaló que existe apertura para revisar el esquema vigente, que actualmente distribuye el presupuesto en una proporción de 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior. Según explicó, una de las propuestas sobre la mesa es modificar esa fórmula para establecer un reparto de 60 por ciento de forma paritaria y 40 por ciento conforme a los resultados electorales más recientes.

Velasco precisó que uno de los puntos donde se ha intensificado el diálogo es precisamente la reducción de los recursos destinados a los partidos, así como la búsqueda de mecanismos que permitan abaratar los procesos electorales. No obstante, aclaró que cualquier ajuste debe considerar cuidadosamente el impacto del cambio en la asignación de la fórmula de financiamiento.

Otro de los temas abordados en las discusiones es el de los legisladores plurinominales. El senador indicó que existe una propuesta para que estos ya no sean electos mediante listas nacionales, sino a través de votaciones en cada entidad federativa. En este contexto, destacó la importancia de conservar la cláusula de gobernabilidad, con el fin de evitar que algún partido político supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Finalmente, Manuel Velasco afirmó que en los planteamientos presentados por el PVEM ante la Secretaría de Gobernación se ha dejado en claro que el objetivo es impulsar una reforma electoral que contribuya al fortalecimiento de la democracia y represente un beneficio para México.

Morena, PT y PVEM sellan pacto de unidad rumbo a 2027 y 2030 tras tensiones por la reforma electoral

Las dirigencias nacionales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) formalizaron un acuerdo público de unidad con miras a los procesos electorales de 2027 y 2030, luego de varios meses marcados por diferencias políticas derivadas de la propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal.

El pacto fue presentado en un acto protocolario encabezado por Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, quien dio lectura al documento que establece las bases del entendimiento entre las tres fuerzas políticas. El evento tuvo una duración aproximada de 20 minutos y se realizó frente a medios de comunicación, aunque no se abrió espacio para preguntas.

Durante su intervención, Alcalde afirmó que el acuerdo refrenda la cohesión de la alianza con el objetivo de dar continuidad al proyecto de transformación del país. Señaló que las fuerzas firmantes priorizan una agenda orientada a un México más justo, democrático, igualitario, incluyente e independiente, sustentado en la voluntad libre y soberana de la ciudadanía. También destacó que el compromiso incluye respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las políticas asociadas a su administración.

En el mismo acto, los dirigentes del PT y del PVEM expresaron su adhesión al acuerdo. Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde, subrayó que el respaldo de su instituto político es de carácter institucional y responsable, enfocado en el interés nacional. Añadió que su partido mantiene disposición permanente al diálogo para encontrar coincidencias y construir soluciones que prioricen el bienestar social y la estabilidad política del país.

Por su parte, Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, precisó que el compromiso firmado abarca los procesos electorales de 2027 y se extiende hasta 2030, consolidando una ruta compartida entre los tres partidos.

Las fricciones entre Morena, PT y PVEM se hicieron visibles desde el 5 de febrero, cuando se presentó la iniciativa de reforma electoral propuesta originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y retomada por la administración de Claudia Sheinbaum. La iniciativa contemplaba, entre otros puntos, la eliminación de 200 diputaciones plurinominales y 32 senadurías de representación proporcional, así como una reducción del 50 por ciento en las prerrogativas a los partidos políticos.

Estas propuestas fueron consideradas inaceptables por el PT y el PVEM en su planteamiento original, al argumentar que la reforma no era necesaria en un contexto donde Morena ya tenía control de los tres poderes de la Unión. Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, había cuestionado previamente la urgencia de modificar las reglas electorales. No obstante, tras la firma del acuerdo, señaló que el pacto de unidad no estuvo vinculado con la reforma electoral.

Senado impulsa revisión nacional de leyes para castigar el acoso y la violencia contra mujeres

Tras el reciente incidente de acoso físico a la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladoras de diferentes partidos políticos anunciaron un trabajo conjunto para revisar los códigos penales de todo el país. 

El objetivo es homologar las sanciones por acoso, abuso y violencia sexual, y garantizar que estos delitos se castiguen de la misma manera en todas las entidades federativas. La iniciativa busca cerrar brechas legales y asegurar que ninguna agresión quede impune por diferencias en las leyes estatales.

El anuncio se realizó en el Senado de la República, encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher. Junto a ellas participaron legisladoras de Morena, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y PRI, en una muestra de respaldo multipartidista ante un problema que atraviesa todos los sectores sociales. 

La propuesta se centrará en actualizar las definiciones de acoso y abuso sexual, así como en armonizar las penas para quienes cometan este tipo de agresiones.

El proyecto contempla una revisión exhaustiva del Código Penal Federal y de las legislaciones locales. Con ello, se pretende establecer criterios claros para determinar cuándo una conducta constituye acoso, violencia o abuso, y asegurar que las autoridades de todos los estados actúen con la misma firmeza al sancionar. Además, se buscará que el acoso físico y sexual sea considerado delito grave en todo el territorio nacional.

Las senadoras plantearon que este proceso legislativo no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también requiere revisar las políticas públicas, la educación institucional y los comportamientos sociales que siguen normalizando la violencia de género. La meta es fortalecer el marco legal y al mismo tiempo impulsar una transformación cultural que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Como parte del plan de acción, el Senado convocará a las comisiones de igualdad de los congresos estatales para revisar sus agendas legislativas y coordinar esfuerzos que permitan prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Asimismo, se promoverán campañas de información sobre los derechos de las mujeres y programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de género.

Esta revisión nacional busca establecer un sistema de justicia más equitativo y con reglas uniformes, donde las víctimas de acoso o violencia encuentren protección efectiva sin importar el estado en el que se encuentren. Con ello, el Senado refuerza el compromiso de avanzar hacia un país donde la seguridad y la integridad de las mujeres sean prioridad en todas las instituciones.

Senado aprueba reforma contra la extorsión y el cobro de piso; va a legislaturas estatales

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de combate a la extorsión y al cobro de piso. Con 106 votos a favor de todos los partidos políticos, se avaló la modificación al artículo 73 de la Constitución y el proyecto fue turnado a las legislaturas locales, donde al menos 17 congresos estatales deberán ratificarlo para que pueda entrar en vigor.

Durante la discusión en tribuna, legisladores de diferentes bancadas coincidieron en la gravedad del delito de extorsión y en la urgencia de dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentarlo. La senadora María del Rocío Corona, del Partido Verde Ecologista de México, advirtió que se trata de un fenómeno criminal que afecta de manera indiscriminada a negocios de todos tamaños. “Una herida que no distingue desde la tortillería hasta la tiendita de la esquina o los negocios más grandes y vistosos. Todos absolutamente pueden ser víctimas”, señaló.

Corona subrayó que el mensaje que envían los grupos delincuenciales es brutal: “No me pagas, te quemo tu negocio”. Aseguró que el cobro de piso se realiza “a plena luz del día” y que en muchos lugares es un secreto a voces. “Aquí no caben tibiezas, México necesita mano dura”, expresó.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya, del Partido Revolucionario Institucional, destacó que una legislación específica en la materia permitirá una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, advirtió que será indispensable que estados y municipios cuenten con presupuestos adecuados para cumplir con las nuevas responsabilidades que la reforma implicará.

El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, presentó datos que muestran el crecimiento sostenido de este delito en los últimos años. Recordó que en 2015 se registraban entre 400 y 500 carpetas de investigación por extorsión, mientras que para 2025 la cifra supera las 850.

Agregó que el problema es aún más grave si se toma en cuenta la llamada “cifra negra”, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, menos del 1% de los casos se denuncian formalmente.

Con esta aprobación, la reforma avanza hacia su discusión en los congresos estatales. De obtener el respaldo de al menos 17 de ellos, se dará un paso más en la ruta de establecer un marco legal uniforme a nivel nacional para enfrentar un delito que impacta directamente en la seguridad, la economía y la vida cotidiana de millones de personas en México.

Consulta nacional pondrá a debate plurinominales y financiamiento a partidos en reforma electoral

La comisión presidencial encargada de la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, anunció que lanzará una consulta nacional para conocer la postura de la ciudadanía sobre dos temas clave: la posible eliminación de senadores y diputados plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. El resultado de este ejercicio servirá para alimentar la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso.

Durante la más reciente sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el representante de Morena ante ese organismo, Guillermo Santiago, explicó que la consulta será abierta y tendrá como propósito recoger directamente la opinión de la gente. 

“Gran parte de los planteamientos y de los temas centrales que se van a encuestar es, por un lado, si debe reducirse el financiamiento público a los partidos políticos y, por otro, si es pertinente eliminar o reducir las diputaciones plurinominales. Estas preguntas no se van a contestar desde las élites, sino desde el pueblo”, afirmó.

Santiago también rechazó que revisar el presupuesto del INE sea un intento por debilitar a la institución. Agregó que la comisión presidida por Gómez escuchará “todas las voces”, desde ciudadanos y legisladores hasta expertos, académicos y organizaciones sociales.

“Queremos una democracia eficiente, queremos una democracia austera y una democracia verdaderamente representativa y legítima, no queremos que se eternicen en el poder estos viejos lobos de mar, que lo único que quieren es seguir destruyendo este país”, declaró.

La propuesta, sin embargo, ya ha provocado reacciones de la oposición. Juan Ignacio Zavala, representante legislativo de Movimiento Ciudadano, criticó el regreso de las comisiones presidenciales y señaló que el simple hecho de anticipar los temas de la encuesta sin esperar los resultados refleja que el ejercicio será “pura simulación”.

Desde el PRI, Emilio Suárez advirtió que esta sería la primera vez en la historia de México que se intenta impulsar una reforma electoral sin la participación de los partidos políticos. El legislador calificó como sorprendente que, en medio de acusaciones desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado, lo primero que se plantee sea eliminar el financiamiento público. Según dijo, esa decisión abriría la puerta a que recursos ilícitos ingresen con mayor facilidad a las campañas.

Por su parte, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, alertó que, si la propuesta presidencial llega al Congreso y se aprueba sin modificaciones, el país correría el riesgo de un retroceso democrático. “Eso sería un golpe directo a la democracia mexicana, un golpe de Estado, porque eliminaría el debate público, la participación de partidos políticos y de la sociedad civil, y convertiría las reglas electorales en un decreto unilateral de un poder del Estado”, sostuvo.

La consulta nacional se perfila como un ejercicio que no solo medirá la opinión ciudadana, sino que también marcará el rumbo de una de las discusiones políticas más relevantes del sexenio: cómo construir una democracia que sea, al mismo tiempo, representativa, legítima y austera.