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En el marco de la reforma judicial, el proceso de selección de ministros, jueces y magistrados en México ha generado gran expectativa entre la ciudadanía. Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno, dio a conocer a los aspirantes, destacando 11 perfiles de un total de 484 registrados, muchos de ellos vinculados a Morena o con experiencia en la administración pública.

Los aspirantes destacados

• Lenia Batres
  Actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es licenciada en Derecho con especialización en derecho penal, administración pública y urbanismo. Su trayectoria incluye roles legislativos y asesorías en el Congreso. Busca ser reelecta como ministra.
• Paula María García Villegas Sánchez Cordero
  Magistrada de Circuito e hija de la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Con estudios en derecho y economía por la UNAM y la London School of Economics, aspira a formar parte de la SCJN.
• Rafael Guerra Álvarez
  Exlíder del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y abogado por la UNAM, posee una destacada carrera judicial. También busca un lugar como ministro en la SCJN.
• Bernardo Bátiz Vázquez
  Consejero de la Judicatura Federal y experto en Derecho Parlamentario, ha ocupado diversos cargos legislativos y judiciales. Es otro aspirante al máximo tribunal.
• Roberto Gil Zuarth
  Exfuncionario durante el gobierno de Felipe Calderón y especialista en derecho constitucional. Figura clave del PAN, busca integrarse a la SCJN.
• Eduardo Santillán Pérez
  Representante de Morena ante el INE y exlegislador del PRD, con experiencia en derecho electoral y política. Aspira a ser parte del máximo tribunal.
• Guillermo Valls Esponda
  Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, experto en derecho fiscal y administrativo. También compite por un lugar como ministro.
• Plácido Humberto Morales Vázquez
  Titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y con amplia trayectoria política en Chiapas, busca aportar su experiencia a la SCJN.
• Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco
  Abogado cercano a Morena y defensor del obradorismo. Ha trabajado como representante del partido ante el INE y aspira a ser ministro.
• Ricardo Peralta Saucedo
  Exsubsecretario de Gobierno, experto en seguridad y anticorrupción. Cuenta con una destacada experiencia en instituciones públicas y busca integrarse al máximo tribunal.
• Marisela Morales Ibáñez
  Exprocuradora General de la República y maestra en Ciencias Penales. Ha dedicado su carrera a la justicia y aspira a un lugar en la SCJN.

El proceso de selección avanza con un enfoque en evaluar la trayectoria y capacidades de los candidatos para ocupar los importantes puestos del Poder Judicial.

La magistrada Ana María Ibarra considera que la reciente reforma al Poder Judicial abre nuevas oportunidades para que jueces, magistrados y ministros mejoren su relación con la ciudadanía. Además, ve en esta reforma una posibilidad para que más mujeres se integren a cargos judiciales, e invita a aquellas interesadas en buscar la justicia a postularse para estos puestos de elección popular.

“Como mujeres, sabemos que nada nos ha sido fácil. Llegar a nuestras posiciones ha requerido esfuerzo y trabajo constante. Mi mensaje es claro: no abandonemos el país ni la justicia”, afirmó en una entrevista para EL UNIVERSAL.

Ibarra, quien preside el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, destacó la importancia de que las mujeres trabajadoras del Poder Judicial participen en el proceso de convocatoria y no cedan espacio en la discusión pública, especialmente en una reforma que impactará a las posiciones titulares del sistema judicial. Para ella, este cambio representa una oportunidad para que quienes hoy son secretarios y oficiales también puedan aspirar a cargos más altos.

“He hablado con mis secretarios y me encantaría verlos llegar a ser magistrados. Quiero que los perfiles más sólidos aprovechen esta elección, abriendo camino a quienes, por diversas razones, no habían podido alcanzar esos espacios”, dijo.

La magistrada resaltó que este nuevo sistema de selección, aunque implica una adaptación, es una oportunidad para que trabajadores del sistema judicial progresen en su carrera. La reforma, además, pretende integrar a voces que tradicionalmente han estado excluidas de la Judicatura Federal y promover que las mujeres ocupen al menos el 50% de los puestos, en contraste con el 20% o 30% de representación femenina en tribunales y juzgados hasta ahora.

Con 15 años de experiencia en el ámbito judicial, los últimos cuatro como magistrada, Ibarra explicó que su rol implica resolver disputas personales y técnicas con imparcialidad. A su juicio, la reforma responde a una demanda social, ya que la Judicatura se había distanciado de la realidad de la sociedad y había perdido empatía con sus necesidades.

“Es fundamental que la selección de jueces sea cuidadosa, pero también necesitamos leyes que garanticen la disciplina, independencia e imparcialidad. La solución no es sencilla; se requiere de un esfuerzo legislativo y social”, afirmó.

Según Ibarra, el sistema judicial ha cometido errores estructurales que arrastra desde hace tiempo, como el enfoque excesivo en reglas procesales y un lenguaje complejo que aleja al ciudadano. “Tenemos una justicia lenta y un lenguaje demasiado formalista. La reforma busca cambiar esto y permitir que la ciudadanía participe en el proceso”, concluyó.

Tras casi tres meses de huelga, el personal del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro regresará a sus actividades el próximo 11 de noviembre, siendo esta la última sede judicial que se mantenía en paro en oposición a la Reforma Judicial. Con esta decisión, el Poder Judicial podrá retomar sus funciones de manera completa.

Este miércoles, un diálogo entre magistrados, jueces y autoridades de los órganos jurisdiccionales que operan en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro concluyó con el acuerdo de reactivar las actividades. “Se reanudará la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales, para preparar adecuadamente el regreso a las labores jurisdiccionales, lo que implica la reanudación de los plazos y términos procesales a partir de esa fecha”, se lee en el comunicado emitido este 6 de noviembre.

Los titulares y trabajadores reiteraron su compromiso de ofrecer “un servicio público que consagre los principios de independencia judicial y división de poderes”. Este acuerdo fue firmado por el Magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, la Magistrada Iliana Fabricia Contreras Perales y los jueces Edgar Martín Gasca de la Peña, Virginia Gutiérrez Cisneros, Luis Antonio Hernández Berrios y Esperanza Arias Vázquez.

Esta reanudación de actividades también fue respaldada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que desde el pasado 23 de octubre había ordenado el fin del paro en los Tribunales de Distrito y de Circuito, además de sancionar con descuentos salariales a quienes no regresaran a laborar al día siguiente. La decisión del CJF fue aprobada con cuatro votos a favor de los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyves Zárate, Celia Maya García y Sergio Javier Molina, mientras que los consejeros Norma Piña Hernández, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez votaron en contra.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia, encabezada por la Ministra Presidenta Norma Piña Hernández, descartó el proyecto que pretendía frenar la Reforma Judicial, la cual ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y se encuentra en proceso de implementación.

Encuesta revela respaldo a la elección de ministros por voto popular

Según una encuesta nacional realizada entre el 1 y el 3 de noviembre por Mendoza Blanco & Asociados, el 64 por ciento de los mexicanos apoya la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Además, el 68 por ciento de los entrevistados afirmó conocer la Reforma Judicial impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, promulgada el 15 de septiembre pasado.

Respecto al paro de labores en el Poder Judicial, el 60 por ciento de los encuestados lo desaprueba, mientras que el 30 por ciento lo respalda. Asimismo, un 69 por ciento se opone a la posibilidad de destitución de la Ministra Presidenta si no se suspende la Reforma Judicial. Finalmente, el 83 por ciento de los encuestados rechazó la idea de una pensión vitalicia de 200 mil pesos mensuales para los ministros en retiro, mientras que sólo el 12 por ciento aprueba esta medida.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado múltiples investigaciones en contra de jueces y magistrados, a raíz de las denuncias presentadas por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo por presunto abuso de autoridad relacionado con las suspensiones otorgadas contra la reforma judicial.

De acuerdo con fuentes judiciales que prefirieron mantenerse en el anonimato, la FGR solicitó a los jueces copias de los expedientes correspondientes a las suspensiones a través de correos electrónicos que notifican sobre la investigación en curso. Los magistrados han expresado que estas acciones son tácticas para coaccionar y amedrentar, comparándolas con prácticas utilizadas en regímenes autoritarios.

Para que un juez sea procesado penalmente, se requiere primero que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lo desafore, dado que cuentan con fuero orgánico. Aunque se pueden iniciar carpetas de investigación, la consignación ante un juez penal solo es posible si se ha declarado responsabilidad administrativa y se ha levantado dicho fuero.

Los magistrados también han presentado quejas administrativas ante el CJF a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que evalúa posibles responsabilidades. En caso de ser consideradas faltas graves, esto podría resultar en destituciones.

Algunos jueces han solicitado medidas cautelares a las Relatorías de Naciones Unidas, exigiendo que el Estado mexicano cese las persecuciones y respete la independencia judicial. En una conferencia de prensa, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, indicó que el gobierno presentará denuncias contra aquellos jueces que otorgaron amparos en contra de la reforma.

Según fuentes judiciales, hay más de 170 suspensiones otorgadas, y podría haber entre 20 y 30 jueces involucrados. A medida que se acerca el 2025, se prevé que la situación se complique, ya que un nuevo Tribunal de Disciplina tomará el relevo del CJF, lo que podría llevar a un aumento en las persecuciones políticas contra los jueces.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, ha anunciado su renuncia y su decisión de no participar en la elección extraordinaria prevista para 2025.

A través de una carta enviada al Senado de la República, el ministro explicó que, aunque su periodo oficial culmina el 9 de febrero de 2026, prefiere retirarse anticipadamente para no tomar parte en el proceso electoral, una condición establecida por la reciente reforma judicial. En sus propias palabras, Pardo Rebolledo expresó: “Declino participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la designación de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

En la misiva, el ministro también destacó su trayectoria de más de 40 años en el Poder Judicial, la cual definió como un “expediente limpio”, caracterizado siempre por la independencia, honestidad e imparcialidad en su labor. Además, agregó: “Presento mi renuncia al cargo que desempeño, conforme al artículo séptimo transitorio, segundo párrafo, de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.”

Pardo Rebolledo aprovechó la ocasión para rechazar las descalificaciones y ofensas recibidas como parte de su función en la SCJN. Enfatizó que su renuncia responde a un acto de “congruencia personal” y no a razones de conveniencia.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en su conferencia matutina que algunos ministros de la SCJN estarían renunciando para conservar sus beneficios económicos de retiro. “Si no presentan su renuncia ahora, ya no tendrían los haberes de retiro, que es todo lo que reciben los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, y es una suma considerable,” subrayó Sheinbaum.

Durante los últimos días, se ha especulado sobre la renuncia de varios integrantes del Poder Judicial Federal (PJF), incluidos ministros de la SCJN. Entre ellos, figura el nombre de Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien es maestro en Derecho de Amparo y doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Desde el 10 de febrero de 2011, Pardo Rebolledo ha sido ministro en la SCJN, presidiendo además la Primera Sala de la Corte entre octubre de 2012 y 2014.

Un grupo de jueces y expertos internacionales no pudo contener la risa al escuchar los detalles sobre la reforma del Poder Judicial mexicano, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los hechos ocurrieron el 10 de octubre, cuando Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), participó en un foro en la Universidad de Harvard.

Durante su intervención en la prestigiosa escuela de leyes, Gutiérrez Ortiz Mena explicó que, con la reforma, todos los jueces y magistrados federales en México serían electos por votación popular. Entre los requisitos, destacó que los aspirantes deberían tener un promedio académico de 8 y presentar cinco cartas de recomendación de sus vecinos. “Si cumples con esos requisitos, puedes ser postulado hasta la Suprema Corte”, añadió el ministro.

A pesar de la seriedad del tema, la propuesta generó carcajadas entre los asistentes, entre los que se encontraban reconocidos penalistas internacionales como Laurence H. Tribe, profesor de Derecho Constitucional en Harvard; Raul C. Pangalangan, juez de la Corte Penal Internacional; Zha Hyoung Rhee, miembro de un tribunal internacional; y Mary Arden, ex jueza del Tribunal Supremo del Reino Unido.

Gutiérrez Ortiz Mena concluyó su participación sin emitir comentarios sobre la constitucionalidad de la reforma, señalando que no tenía certeza sobre el futuro de la misma. “No sé qué va a pasar y no voy a opinar sobre su constitucionalidad. Muchas gracias”, dijo al despedirse.

El foro se tornó en un escenario de risas e incredulidad ante lo que sería una de las propuestas más controvertidas para la elección de jueces, magistrados y ministros en México.

El Gobierno de México está evaluando la implementación de créditos fiscales como incentivo para atraer a empresas extranjeras a invertir y producir en el país, en sectores clave como vehículos eléctricos, semiconductores, minerales raros, baterías y electrónica. Así lo informó el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Gutiérrez, en declaraciones a la agencia Reuters.

Gutiérrez señaló que la propuesta se inspira en los programas de incentivos de Estados Unidos y Canadá, lo que podría resultar en una mayor inversión de empresas internacionales en México. “Estamos considerando seriamente la posibilidad de ofrecer programas de créditos fiscales similares a los de nuestros vecinos del norte, lo cual creemos que nos permitiría atraer a muchas empresas”, indicó.

Los incentivos fiscales estarían disponibles para empresas de cualquier país, incluida China, aunque Gutiérrez subrayó que México no funcionaría como un “puente” para que China acceda al mercado estadounidense.

De acuerdo con un documento interno del gobierno, México ya ha comenzado a trabajar con empresas como Foxconn, Intel, General Motors, Stellantis y DHL para identificar productos que puedan ser manufacturados localmente, en lugar de ser importados desde Asia. El objetivo es reducir la dependencia de importaciones provenientes de países como China, Malasia, Vietnam y Taiwán.

Aunque Gutiérrez no comentó sobre las compañías mencionadas en el documento, sí reconoció que la postura hacia las empresas automotrices chinas refleja un cambio respecto a la administración anterior. En abril, Reuters informó que México no tenía planes de ofrecer incentivos a fabricantes de vehículos chinos debido a la presión de Estados Unidos.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está revisando las políticas comerciales de Washington y Ottawa hacia China, con miras a alinear su enfoque ante las prácticas comerciales que podrían ser consideradas desleales, como parte de una evaluación próxima del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Uno de los temas bajo análisis son las importaciones de acero, donde se busca evitar que productos chinos evadan los aranceles estadounidenses utilizando a México como intermediario. A pesar de estas tensiones, Gutiérrez aseguró que México seguirá priorizando su relación con Estados Unidos y Canadá, sin que ello implique un distanciamiento o rechazo a la inversión china en el país.

Estas declaraciones llegan en medio de advertencias del candidato presidencial estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con imponer nuevos aranceles para evitar que fabricantes chinos de automóviles exporten vehículos desde México a Estados Unidos. No obstante, Gutiérrez afirmó que México está preparado para trabajar con cualquiera de los candidatos estadounidenses, ya sea Trump o Kamala Harris, en caso de que gane las elecciones presidenciales de noviembre.

A pesar de la incertidumbre económica provocada por la reforma judicial reciente, Gutiérrez afirmó que ninguna empresa ha retirado sus inversiones del país debido al nerviosismo en los mercados. “No hemos tenido conocimiento de ninguna empresa que decida irse por temor a invertir aquí”, concluyó.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, alertó sobre los peligros que enfrentan los derechos humanos cuando no existen límites claros para el poder, sin importar su origen. Estas declaraciones se dieron en el marco de la discusión sobre las posibles consecuencias de la reforma judicial en México.

Durante la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, la ministra Piña defendió la importancia de la independencia del Poder Judicial. Apoyándose en un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), expresó su preocupación ante la creciente politización de la justicia.

“La justicia imparcial en México está en peligro, y con ella, el respeto a los derechos humanos. La desaparición de la carrera judicial y la falta de certeza jurídica no solo impactan a los ciudadanos, sino que minan la confianza en el sistema judicial, algo fundamental para el desarrollo social y económico del país”, afirmó la ministra.

El discurso de Piña coincidió con una inédita conferencia de prensa realizada por jueces y magistrados federales. Este evento marcó la primera ocasión en que los miembros del Poder Judicial Federal hicieron uso del derecho de réplica para abordar los ataques recibidos en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la reforma judicial como un mandato de la ciudadanía tras las elecciones del 2 de junio de 2024.

Por la mañana, Sheinbaum reafirmó que los amparos en contra de la reforma constitucional son ilegítimos, sosteniendo que ningún juez o magistrado tiene autoridad por encima de la voluntad popular. Frente a estas declaraciones, la ministra Piña enfatizó que el fortalecimiento del Estado de derecho debe ser un proceso de reflexión, discusión y mejora constante, y que es vital atender las múltiples advertencias que surgen en ese sentido.