Etiqueta: reforma judicial

A pesar de que un Tribunal Colegiado había ordenado la suspensión de la publicación de la reforma judicial, el Diario Oficial de la Federación (DOF) incluyó el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su edición vespertina del domingo. Esto implica que la reforma entrará en vigor a partir del lunes 16 de septiembre.

Esta controversial enmienda introduce cambios profundos en el sistema judicial mexicano. Entre ellos, destaca la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de 2025. Además, se reducirán las dos salas del máximo tribunal y el número de ministros pasará de 11 a 9, con un mandato de 12 años en lugar de 15.

El proceso de selección de los nuevos ministros incluirá candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados. Los aspirantes deberán tener al menos 10 años de experiencia en Derecho y no haber sido funcionarios federales. Las campañas se realizarán en medios, sin financiamiento público ni privado, bajo la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral.

El presidente López Obrador, acompañado por Claudia Sheinbaum, presidenta electa, firmó el decreto en pleno contexto de las fiestas patrias, destacando que la reforma busca acabar con la simulación y garantizar un verdadero estado de derecho. “Ahora sí, el pueblo es el que manda”, aseguró el mandatario, reiterando su compromiso de erradicar la corrupción en el Poder Judicial. Sheinbaum también celebró el acontecimiento, subrayando la importancia histórica de esta transición.

Empleados del Poder Judicial de la Federación han decidido desconocer al secretario general del Sindicato del PJF, Jesús Gilberto González Pimentel, y han anunciado la creación de una nueva coalición llamada “32 Circuitos Unidos”. Este grupo tiene como objetivo defender la independencia judicial, la división de poderes y los derechos laborales de sus integrantes, en respuesta a la reciente aprobación de la reforma judicial.

La coalición está conformada por empleados de base y de confianza, quienes aseguran tener representación en los 32 circuitos judiciales del país, según se detalla en un documento que ha circulado entre el personal.

En dicho comunicado, los trabajadores disidentes solicitan al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que dialogue directamente con “32 Circuitos Unidos” en lo referente a sus condiciones laborales y derechos, ignorando a los dirigentes nacionales de los sindicatos oficiales.

El documento enfatiza que cualquier decisión o mesa de trabajo sobre la revisión de sus derechos y condiciones laborales debe incluir a esta nueva coalición y no a los líderes sindicales reconocidos por el oficialismo. Los miembros de “32 Circuitos Unidos” consideran que González Pimentel, al frente del sindicato mayoritario, ha fallado en representar sus intereses, apoyando la Reforma Judicial sin tener en cuenta las preocupaciones de sus agremiados.

Esta inconformidad ha sido expresada a través de múltiples declaraciones públicas y escritos, en los que los trabajadores del Poder Judicial denuncian que González Pimentel ha adoptado una postura cercana al gobierno, lo que ha generado descontento dentro del sindicato.

El Congreso de Jalisco, con mayoría de Movimiento Ciudadano, decidió no apoyar la reforma judicial durante una sesión extraordinaria que comenzó a las 21:00 horas del jueves 12 de septiembre y concluyó pasada la medianoche.

Con 26 votos a favor y 10 en contra, los diputados de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI respaldaron el dictamen que rechaza las modificaciones propuestas. A pesar de esta decisión, la reforma ya ha sido aprobada por 21 congresos locales, lo que es suficiente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Los principales argumentos en contra de la reforma judicial giraron en torno a la supuesta violación de la separación de poderes, la metodología en la selección de jueces y la falta de garantías para erradicar el nepotismo y la corrupción, según los legisladores opositores.

Estados que han aprobado la reforma judicial

Hasta ahora, 21 congresos locales han dado su visto bueno a la reforma constitucional, tras sesiones en las que se analizó, discutió y votó la iniciativa. El Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobarla, convocando una sesión extraordinaria en la que, por unanimidad, los legisladores de Morena y la oposición votaron a favor de la reforma.

¿Qué plantea la reforma judicial?

Entre las medidas clave de la reforma judicial se encuentra la renovación completa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del 50% de los jueces, quienes serían elegidos mediante voto popular. La primera elección está programada para el primer domingo de junio de 2025, con una segunda elección ordinaria en 2027, coincidiendo con los comicios federales.

Suspensión de la discusión en Chihuahua

En contraste, el Congreso del Estado de Chihuahua suspendió el debate sobre la reforma judicial después de recibir una orden judicial. El coordinador del PAN, Alfredo Chávez Madrid, informó que el dictamen fue retirado del orden del día para cumplir con la resolución.

Durante una manifestación de trabajadores del Poder Judicial y abogados, Chávez reafirmó que su partido no permitirá que la justicia sea controlada por intereses políticos. Diputados del PRI y Movimiento Ciudadano también apoyaron la postura de no aprobar la reforma en Chihuahua, argumentando que el procedimiento seguido por Morena es irregular y carece de sustento legal.

A pesar de la oposición en Chihuahua, la reforma ha obtenido el respaldo necesario a nivel nacional para ser promulgada.

Minutos después de la medianoche, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció la aprobación en lo general de la Reforma Judicial, obteniendo la mayoría calificada con 86 votos a favor y 41 en contra. La bancada de Morena, junto con sus aliados, alcanzó los dos tercios necesarios para avanzar con la reforma, tras días de controversia y senadores que cambiaron su postura en el último momento. La jornada estuvo marcada por intensas manifestaciones que llegaron a interrumpir la sesión en una sede alterna.

A las 12:03 am, las redes sociales y el canal del Congreso confirmaron la aprobación de la reforma. Uno de los momentos más destacados fue el regreso de Miguel Ángel Yunes, cuyo voto a favor, pese a las críticas de su propio partido, completó el número necesario de votos. Este giro provocó fuertes reacciones, y Yunes fue tildado de “Judas” y “traidor a la patria” por algunos.

Las sospechas sobre presiones de Morena y el Gobierno Federal a senadores de la oposición para cambiar su voto se sumaron a las tensiones. Afuera del Senado, cientos de ciudadanos se manifestaron en contra de la reforma, y algunos llegaron a irrumpir en el recinto, lo que obligó al Senado a trasladarse a la Casona de Xicoténcatl.

A pesar de la aprobación en el Senado, la reforma aún debe ser ratificada por al menos 17 de los 32 congresos estatales. Morena controla 22 de ellos, lo que prácticamente asegura que la reforma será ley. Todo el proceso debe completarse antes del 1 de octubre, cuando concluye el mandato del presidente López Obrador. Una vez ratificada, Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, será la encargada de implementar la reestructuración del Poder Judicial y organizar las elecciones de jueces.

Este martes 10 de septiembre de 2024, el Senado de la República llevará a cabo la primera lectura del dictamen de la reforma judicial, iniciando así formalmente la discusión en el pleno. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un intenso debate sobre cuántos votos necesita Morena para aprobar la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, garantizó una amplia discusión en el pleno, asegurando que todas las voces presentes en la Cámara serán escuchadas y que el resultado de la votación será respetado.

La reforma judicial busca democratizar la elección de más de 1,600 puestos judiciales, incluyendo jueces, magistrados y ministros, a través de elecciones populares escalonadas. En 2025 se elegiría a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la mitad de los jueces y magistrados de distrito, mientras que la otra mitad sería elegida en 2027.

Entre los puntos clave de la reforma se encuentra la reducción de los ministros de la SCJN de 11 a 9, con una presidencia rotatoria cada dos años, determinada por el porcentaje de votos obtenidos en un sistema de representación proporcional. La duración de los cargos variaría: 14 años para los más votados, 11 y 8 años para los que reciban menos votos.

Además, la reforma propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo encargado de vigilar la conducta del personal judicial y de aplicar sanciones cuando corresponda. Los magistrados de este tribunal también serían elegidos en las urnas en 2025.

Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, necesita una mayoría calificada para que la reforma sea aprobada en el Senado, ya que se trata de una reforma constitucional. La mayoría calificada implica obtener al menos dos tercios de los votos de los legisladores presentes en el pleno, según la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado.

Si los 128 senadores están presentes durante la votación, serían necesarios 86 votos a favor. No obstante, algunos senadores, como Adán Augusto López, han sugerido que solo se necesitan 85 votos debido a un cálculo matemático que considera el “resto mayor o menor” al determinar la mayoría calificada.

Adán Augusto López explicó que, según algunos cálculos, la mayoría calificada sería de 85 votos, basándose en que cuando el “resto mayor” es mayor a 50, el número se ajusta hacia abajo. Según sus palabras, “la ley dice que son 85.36, si las matemáticas no fallan”.

Este criterio ha sido debatido previamente. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un decreto del Congreso de Morelos al no alcanzar el número suficiente de votos, aplicando el principio de aproximación por exceso. Según este enfoque, las dos terceras partes de los 128 senadores representan un 66.666% de los votos, lo que solo se alcanza con 86 votos, no con 85.

Incluso en 2022, el entonces senador Ricardo Monreal reconoció que se requerían 86 votos para la mayoría calificada en una sesión en la que participaran todos los senadores.

Este domingo, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dio a conocer una contrapropuesta de reforma judicial que ha comenzado a ser discutida en el Senado de la República. Uno de los puntos más destacados de esta iniciativa es la propuesta de elegir a los jueces mediante voto popular.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Piña detalló la publicación de dos propuestas relacionadas con la justicia: una representa la visión del Poder Judicial, mientras que la otra recoge las opiniones de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes y víctimas de violencia. Esta iniciativa surge tras un extenso diálogo con diversos actores del sistema de justicia, tanto a nivel federal como local.

Entre los principales puntos de la propuesta se incluyen la promoción de la desmilitarización y el fortalecimiento de las autoridades en tareas de seguridad, así como el impulso de la justicia penal y los derechos humanos. Además, se destaca la creación de la Ley General de Defensorías Públicas y el acceso equitativo a la justicia para enfrentar la desigualdad.

La ministra señaló que la iniciativa es fruto de un proceso de reflexión y autocrítica por parte de jueces y magistrados federales, así como del personal de los órganos jurisdiccionales y de 11 sistemas de justicia locales. El propósito, indicó, es contribuir al debate de la reforma judicial desde la experiencia de quienes imparten justicia.

Durante su mensaje, Piña hizo un llamado a los legisladores y autoridades para que se escuchen mutuamente y atiendan las demandas de las víctimas de la violencia y de los defensores de derechos humanos. También instó a prestar atención a los reclamos de estudiantes y jóvenes que buscan un futuro pacífico y justo.

Finalmente, subrayó que la demolición del Poder Judicial no es la solución, sino que se deben tomar acciones valientes y decididas para lograr los cambios profundos que México necesita en términos de justicia, paz y reparación.

Esta contrapropuesta de la ministra Piña llega en un contexto de alta tensión, con el Senado mexicano en pleno debate de una polémica reforma judicial, en medio de protestas de trabajadores judiciales, estudiantes y miembros de la oposición. La reforma ha generado manifestaciones en México, incluyendo un paro en la SCJN y advertencias de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, y de entidades económicas que alertan sobre los posibles riesgos a la inversión privada y los tratados comerciales.

Con la participación de 37 de los 38 senadores que conforman las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se llevó a cabo una sesión clave en la Cámara Alta para debatir y votar el dictamen de la reforma judicial.

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos Ricardo Anaya, Marko Cortés, Gustavo Sánchez Vázquez y Mayuli Latifa Martínez, mostraron cautela durante la sesión. Manifestaron su preocupación debido a la existencia de órdenes judiciales que, según señalaron, podrían detener el avance del proceso legislativo de la reforma.

El desarrollo de la sesión siguió un programa previamente acordado: primero, se realizó la lectura o presentación del dictamen. Posteriormente, los grupos parlamentarios fijaron su postura en un lapso de 10 minutos por partido, en el siguiente orden: Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Verde, PRI, PAN y Morena.

Después de estas exposiciones, inició la discusión en lo general, con un mínimo de tres rondas de debate. Cada ronda contó con intervenciones de hasta cinco minutos, en las que participaron tres senadores a favor y tres en contra de la reforma.

Los miembros de las comisiones dictaminadoras tuvieron la oportunidad de presentar reservas al dictamen durante la discusión en lo general. Estas propuestas debían entregarse por escrito, respetando las prácticas parlamentarias habituales.

Al concluir las intervenciones, la presidencia de las comisiones consultó si el debate había sido suficiente. Si la mayoría consideraba que no, se abriría una nueva ronda de intervenciones bajo los mismos términos. Si la mayoría afirmaba que el debate había sido exhaustivo, se informaría a los integrantes sobre el siguiente paso.

Finalmente, tras agotar las discusiones, se procedió a votar en lo general el dictamen, junto con los artículos no reservados.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) informó que los manifestantes en los accesos del Senado de la República se han replegado para permitir el libre tránsito de los legisladores. A través de un comunicado, JUFED desmintió las versiones que señalaban que las protestas impedían el acceso, negando cualquier intención de obstruir el trabajo legislativo, pese a su oposición a la reforma judicial.

La asociación destacó que mantienen un diálogo constante con el personal de custodia del Senado para garantizar el acceso y aseguraron que un notario público certificará, una vez concluidas las protestas, que los accesos estén despejados. Además, invitaron a los medios de comunicación a presenciar la verificación.

Por último, JUFED hizo un llamado a los legisladores a votar en contra de la reforma judicial, y exhortó al bloque oficialista a permitir que sus miembros voten libremente, tras recibir apoyo de algunos parlamentarios que se oponen a la medida.

Este domingo 8 de septiembre se ha convocado a una marcha en defensa de la justicia mexicana y en contra de la reforma judicial, con un llamado a que el evento se realice “sin partidos políticos”. La manifestación está enmarcada en el contexto de la discusión que se llevará a cabo la próxima semana en el Senado sobre la reforma del Poder Judicial.

La convocatoria, que ha sido difundida a través de redes sociales, invita a la ciudadanía a participar en la marcha que comenzará a las 16:00 horas. El recorrido partirá desde el Senado, ubicado en avenida Paseo de la Reforma, y culminará en el Zócalo de la Ciudad de México.

El llamado se dirige a un amplio sector de la sociedad, incluyendo estudiantes, docentes, empleados del Poder Judicial de la Federación, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México y, en general, al “pueblo de México”. Uno de los aspectos clave de la invitación es la insistencia en mantener la marcha sin la participación de partidos políticos.

Por su parte, el Frente Cívico Nacional también se ha sumado a la convocatoria, organizando otra marcha el mismo día 8 de septiembre. Esta movilización partirá del Ángel de la Independencia con destino al Senado, reiterando el rechazo a la reforma judicial.