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Durante los primeros meses de 2026, la organización civil Letra Ese ha registrado al menos 24 asesinatos de personas de la diversidad sexogenérica en México, de los cuales 17 habrían sido contra mujeres transgénero, de acuerdo con su Observatorio de Crímenes de Odio.

El monitoreo de estos casos ocurre en un contexto en el que el país no cuenta con un sistema oficial para clasificar y registrar crímenes de odio contra personas LGBT+, una ausencia señalada por organizaciones civiles en el marco del Día Internacional contra la LGBTfobia. Esta carencia, advierten, impide dimensionar con precisión la magnitud de la violencia y se suma a problemas de subregistro, impunidad y deficiencias en las investigaciones.

La organización Letra Ese sostiene su registro a partir de notas de prensa, redes sociales y observatorios locales. En ese marco, su coordinador de investigación, Samuel Jair Martínez, explicó que las variaciones recientes en las cifras deben analizarse con cautela. En 2025 se documentaron 60 asesinatos de personas LGTBI+, frente a 80 en 2024, aunque esa reducción no necesariamente implica una tendencia estable.

“Esto significa que el aparente descenso está sujeto a diferentes dinámicas que podrían aumentar los casos sin aviso previo”, indicó.

El observatorio también ha identificado que las mujeres trans continúan siendo el grupo más afectado por la violencia letal asociada a prejuicios, al concentrar 35 de los 60 homicidios de personas LGBT+ registrados en 2025. En paralelo, Martínez alertó sobre agresiones dirigidas a personas defensoras de derechos humanos LGBT+, con al menos 20 casos documentados en los últimos tres años.

Desde otra perspectiva, Amy Salazar, oficial de Emancipación y Comunicación del programa Identidad Sexual en la organización Balance, subrayó que la violencia no se limita a los asesinatos y suele comenzar en etapas previas que no siempre ingresan en las estadísticas oficiales.

“Las violencias que más nos aquejan son las que vivimos en nuestros espacios más cotidianos”, señaló, al advertir efectos directos en la salud mental. En ese sentido, citó un diagnóstico de la UNAM de 2023 que reporta que casi 80% de hombres trans y personas no binarias presentó ideación suicida, así como 60.7% de mujeres bisexuales y 57.4% de mujeres lesbianas.

“Son violencias que nos llevan a ocultar nuestras identidades, a evitar expresarnos, a modificar nuestra expresión de género”, alertó.

Salazar también señaló prácticas institucionales que afectan el registro de los casos, como la clasificación de transfeminicidios como homicidios o el uso de nombres y pronombres incorrectos en investigaciones. A ello se suman cambios recientes en metodologías federales que dificultan la comparación de datos en el tiempo.

En este contexto, los activistas sostienen que la visibilización de los casos responde a esfuerzos colectivos ante la falta de reconocimiento institucional. “No existen políticas públicas u otros esfuerzos de gran escala en contra de los prejuicios y la prevención de la violencia”, zanjó Martínez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este lunes su “Informe Temático sobre Desaparición de Personas en México”, un diagnóstico en el que documenta una crisis nacional marcada por desapariciones masivas y por presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores del Estado.

Durante la entrega del informe, la relatora para México de la CIDH, Andrea Viviana Pochak, afirmó que las medidas implementadas por las autoridades mexicanas no han logrado contener el problema. Como parte del documento, el organismo emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer las labores de búsqueda, garantizar acceso a la justicia y atender a las víctimas.

“La impunidad de los casos de desaparición en México es aberrante, es la regla la impunidad y esto es lo que hay que revertir”, sostuvo la comisionada. También señaló que la desaparición forzada continúa vigente y describió el fenómeno como “masivo, generalizado, indiscriminado”, impulsado principalmente por el crimen organizado y favorecido por políticas de seguridad “absolutamente ineficaces”.

El informe también coloca el foco en la posible participación u omisión de autoridades. María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que el aumento de desapariciones en los últimos siete años refleja fallas y posibles actos de complicidad de instituciones de los tres niveles de gobierno.

“Es posible afirmar que en varios de estos casos es imposible que las autoridades del estado no conocieran las operaciones de estas redes macrocriminales”, afirmó.

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles aprovecharon la presentación para cuestionar la respuesta gubernamental. Bibiana Efigenia Mendoza acusó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias buscadoras han enfrentado indiferencia institucional y recortes presupuestales en fiscalías y comisiones de búsqueda.

Por su parte, Silvia Ortiz criticó que existan prioridades distintas a la atención de las desapariciones y reclamó falta de compromiso hacia las madres y padres buscadores.

La CIDH advirtió además sobre el incremento de desapariciones relacionadas con reclutamiento forzado, trata y explotación laboral de menores de edad. El reporte contabiliza 18 mil 192 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre cero y 17 años; de ellos, 9 mil 342 corresponden a mujeres y adolescentes y 8 mil 817 a niños y adolescentes varones.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez afirmó que la falta de acción del Estado ha dejado a jóvenes y menores como el grupo más expuesto al reclutamiento forzado y exigió medidas concretas frente a las más de 133 mil personas desaparecidas registradas en el país.

La discusión de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que también contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para regular derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes, provocó advertencias en la Cámara de Diputados sobre posibles efectos en la libertad de expresión y la industria creativa.

El diputado del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, expresó preocupación por el alcance de la iniciativa y cuestionó si los cambios podrían afectar negociaciones internacionales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard.

Desde tribuna, señaló: “¿no está estropeando el trabajo de Marcelo Ebrard para ratificar el T-MEC y obtener una buena negociación, sobre todo en este mundo tan delicado como es el digital? ¿Ya se le preguntó a su nuevo compañero, el canciller?”.

El legislador también advirtió sobre posibles riesgos para la libertad de expresión. “Ayudemos sin falsos nacionalismos. Es complicado porque puede atacar la libertad de expresión”, afirmó durante la discusión.

Martínez sostuvo además que la regulación podría contravenir estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “no es lo mismo regular la transformación, modificación e imitación, que violar estándares internacionales desarrollados concretamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la información”, declaró.

Asimismo, recordó que la organización Artículo 19 ha advertido que un exceso regulatorio podría generar efectos inhibitorios en la creación cultural y la crítica pública. También consideró que legislar sobre inteligencia artificial resulta complejo e incluso podría ser inútil ante la falta de infraestructura tecnológica nacional.

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ruiz, afirmó que la reforma genera duplicidades entre la legislación laboral y la de derechos de autor, lo que podría provocar interpretaciones contradictorias. Además, señaló que la iniciativa no considera la diversidad de la industria cultural mexicana, donde muchos artistas carecen de condiciones equitativas de negociación.

La legisladora advirtió que el aumento de costos y la complejidad jurídica podrían reducir proyectos, inversión y empleo, afectando a actores, músicos, técnicos y creativos que forman parte de la cadena productiva del sector cultural.

La lucha contra el feminicidio en México dio un nuevo paso institucional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con la que se pretende crear una ley general aplicable en todo el país para combatir este delito. La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación que establezca sanciones y criterios penales homogéneos.

El proyecto plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para permitir que el Congreso federal legisle de manera integral sobre feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación del delito y los procesos de investigación en todas las entidades federativas. La propuesta surge, según la exposición de motivos, en un contexto de violencia estructural contra las mujeres que, de acuerdo con la mandataria, se agrava desde etapas tempranas de interacción social hasta escalar a su manifestación más extrema.

Como parte del sustento, la presidenta recordó los pronunciamientos internacionales dirigidos al Estado mexicano en materia de violencia de género, particularmente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Campo Algodonero. En dicha resolución se determinó la responsabilidad internacional de México por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada en los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez.

La iniciativa también se apoya en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que hasta 2021 siete de cada diez mujeres, es decir, el 70.1%, han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación. “Cifras que dan cuenta de la dimensión estructural del problema en nuestro país”, sostuvo la mandataria.

De acuerdo con el planteamiento, la futura Ley General en materia de Feminicidio contemplaría la articulación de derechos para víctimas y familiares, incluyendo acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, así como seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. También establece la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación, además de prohibir la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales.

La propuesta incorpora medidas preventivas como refugios, evaluaciones oportunas y apoyo institucional mediante los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia y la línea Mujeres al 079, opción 1.

Asimismo, prevé la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, además de un registro nacional de casos y un padrón de menores en orfandad por feminicidio en coordinación con el DIF.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del documento y señaló que la propuesta será analizada por el Poder Legislativo. Se prevé que el pleno del Senado turne la iniciativa a comisiones durante la sesión programada para el próximo 7 de abril, donde comenzará su análisis legislativo.

La falta de acceso al agua potable en el asentamiento irregular Los Kilómetros, ubicado en la periferia de Ciudad Juárez, llevó a sus habitantes a recurrir a la vía legal para exigir el respeto a uno de los derechos humanos fundamentales: el acceso al agua.

Este asentamiento, establecido de manera irregular a lo largo de la carretera que conecta Ciudad Juárez con Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, carece de infraestructura urbana y de servicios básicos. Entre las carencias más críticas se encuentra la ausencia total de un sistema de suministro de agua potable, situación que ha afectado de manera directa a las familias que viven en la zona.

Ante estas condiciones, en mayo de 2025 un grupo de residentes del asentamiento promovió un juicio de amparo contra autoridades municipales al considerar que la falta de este servicio vulneraba su derecho humano al agua. El caso avanzó en el sistema judicial luego de que un juzgado de Distrito determinara inicialmente que los habitantes no contaban con interés legítimo para interponer el recurso, lo que dejó sin efecto la solicitud en una primera instancia.

El asunto llegó entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue revisado por el pleno del máximo tribunal del país. Por unanimidad de votos, las ministras y ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se revocó la sentencia del juzgado de Distrito y se concedió el amparo a los habitantes de Los Kilómetros.

La resolución establece que las autoridades municipales deberán garantizar el suministro de agua potable de forma diaria mediante pipas. El servicio deberá cumplir con condiciones específicas definidas por la Corte: ser suficiente, continuo, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para los habitantes del asentamiento.

Además del suministro inmediato, la sentencia también contempla acciones para asegurar el acceso al recurso en el mediano plazo. El máximo tribunal ordenó la construcción de depósitos de almacenamiento masivo de agua para abastecer a la comunidad. Para concretar esa infraestructura, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua deberá destinar los recursos necesarios.

Durante la discusión del caso, el ministro Guerrero García planteó a sus colegas la importancia de reconocer plenamente el derecho humano al agua y pidió “no escatimar” en su protección. El debate incluyó posturas de algunos ministros que expresaron reservas respecto a ordenar la creación de infraestructura específica; sin embargo, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Con esta resolución, la SCJN determinó que las autoridades locales deberán implementar medidas inmediatas y garantizar recursos para asegurar el suministro de agua potable a los habitantes del asentamiento Los Kilómetros, quienes llevaron su demanda ante la justicia federal tras vivir sin acceso a este servicio básico.

En medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este domingo que el país mantiene su postura histórica en favor de la paz internacional, al tiempo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó medidas de protección para mexicanos que se encuentran en la región afectada por el conflicto.

Durante un evento público realizado en el municipio de Comondú, Baja California Sur, la mandataria se refirió al contexto internacional sin mencionar directamente el enfrentamiento armado, que comenzó 48 horas antes. Desde ese escenario, enfatizó que México sostiene una política exterior basada en la resolución pacífica de las controversias. “En estos momentos difíciles para el mundo. México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, expresó ante simpatizantes.

Como parte de su intervención, Sheinbaum recordó que la Constitución mexicana establece lineamientos claros en materia de política exterior. Citó el artículo 89, que señala principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica entre Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y la promoción de la paz y la seguridad internacionales.

La presidenta también vinculó estos principios con antecedentes históricos, al mencionar el papel de Venustiano Carranza frente a intervenciones extranjeras. Recordó la invasión estadounidense al puerto de Veracruz en 1914 y la oposición que el líder constitucionalista encabezó en defensa de la soberanía nacional. En su mensaje final, aseguró que existe unidad entre la población y el gobierno, y reiteró el compromiso de su administración con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó una reunión virtual con el personal diplomático mexicano desplegado en Medio Oriente para coordinar acciones de protección consular. La dependencia confirmó que cuenta con un registro actualizado de mexicanos residentes en los países de la región, donde el conflicto ha provocado cierres del espacio aéreo y cancelaciones de vuelos, dejando a decenas de connacionales sin posibilidad inmediata de salir.

Ante estas condiciones, la Cancillería detalló que los protocolos contemplan rutas de evacuación terrestre seguras para quienes decidan salir, siempre que las condiciones lo permitan. Hasta el momento, las autoridades reportaron que todas las solicitudes de asistencia consular han sido atendidas y no se tiene registro de personas mexicanas lesionadas o cuya integridad física haya sido afectada.

Asimismo, el canciller reconoció el trabajo del cuerpo diplomático en la zona y subrayó la importancia de proteger también al personal consular y sus familias, además de mantener la coordinación con autoridades locales. La SRE reiteró su recomendación de evitar viajes a los países involucrados en el conflicto. Para quienes ya se encuentran en esas zonas, pidió permanecer en resguardo dentro de lugares seguros, limitar desplazamientos y seguir las indicaciones oficiales.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó la fuga de 23 personas privadas de la libertad del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) en Puerto Vallarta, durante los disturbios registrados el domingo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El incidente dejó como saldo la muerte de un elemento de la policía penitenciaria.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, informó en conferencia de prensa que la evasión ocurrió luego de un ataque directo a las instalaciones penitenciarias. De acuerdo con el funcionario, un vehículo impactó uno de los portones de acceso al penal mientras se registraban disparos en el lugar.

Durante la agresión, el personal de custodia respondió para contener la situación. “Los compañeros repelieron la agresión, pero lamentablemente falleció uno de nuestros compañeros de la policía penitenciaria que estaban haciéndole frente a la situación”, explicó el titular de Seguridad.

Tras confirmarse la fuga, las autoridades activaron protocolos de búsqueda y coordinación interinstitucional. Hernández señaló que se emitieron alertamientos a distintas entidades federativas con el objetivo de localizar y recapturar a los internos evadidos. Estas acciones forman parte del despliegue de seguridad implementado en respuesta a los hechos violentos ocurridos en la región.

El funcionario detalló que el gobierno estatal reforzó la presencia de elementos de seguridad en el Ceinjure y sus alrededores para restablecer el control. Indicó que la situación se encuentra bajo supervisión y que personal de derechos humanos permanece en el sitio para dar seguimiento a lo ocurrido.

“Ya está bajo control la situación. Aún sigue personal de derechos humanos en el lugar. Y ya se hizo el pase de lista y ya prácticamente está restablecida la seguridad”, afirmó Hernández al ofrecer el balance preliminar del incidente.

La fuga se produjo en el contexto de una jornada marcada por bloqueos y actos violentos en distintos puntos de Jalisco, derivados del operativo federal en el que fue abatido Oseguera Cervantes. Estos acontecimientos generaron una respuesta inmediata de las autoridades estatales, que desplegaron operativos adicionales y activaron mecanismos de coordinación para contener los disturbios y reforzar la vigilancia en instalaciones estratégicas.

Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda para ubicar a los 23 reos fugados y continúan con las labores de seguridad en la zona, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes sobre el ataque al penal y las circunstancias que permitieron la evasión.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó la presencia militar en Sinaloa con el arribo de mil 600 elementos del Ejército mexicano, como parte de una estrategia para atender el incremento de hechos de violencia registrado en la entidad. Con este nuevo despliegue, el número total de efectivos militares en el estado asciende a aproximadamente tres mil, entre los que se incluyen alrededor de 200 integrantes de Fuerzas Especiales.

El envío de los nuevos contingentes se concretó a menos de 24 horas de un ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ambos pertenecientes a ese instituto político. Este contexto marcó la urgencia del refuerzo de seguridad en puntos estratégicos del territorio sinaloense.

De acuerdo con la Sedena, entre los elementos movilizados se encuentran 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes fueron trasladados desde distintos estados del país. El despliegue se realizó por vía aérea mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, las cuales arribaron a los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados zonas clave dentro del esquema de seguridad estatal.

La institución castrense informó que estos efectivos se integran al operativo permanente que ya mantienen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en Sinaloa, enfocado en el combate a las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región. El objetivo central del refuerzo es fortalecer las capacidades operativas de la III Región Militar y de la Novena Zona Militar, responsables de la seguridad en la entidad.

Según lo detallado por la Sedena, la misión específica del personal desplegado consiste en actuar de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las tareas asignadas incluyen acciones de disuasión, prevención del delito y patrullajes en diferentes zonas del estado, con la finalidad de generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

La dependencia subrayó que las operaciones se realizan conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los derechos humanos. El despliegue busca beneficiar directamente a la población sinaloense mediante un entorno de mayor seguridad, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia que han impactado tanto a actores políticos como a la sociedad en general.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este martes un encuentro oficial en Palacio Nacional con Mary Simon, gobernadora general de Canadá y jefa de Estado de ese país, como parte de una visita diplomática que refuerza la relación bilateral entre ambas naciones. La reunión incluyó temas vinculados a los derechos humanos de los pueblos indígenas y a la cooperación política entre México y Canadá.

La mandataria mexicana recibió a Mary Simon en la entrada principal destinada a jefes de Estado y la condujo al patio central de Palacio Nacional, donde se realizó la ceremonia oficial de bienvenida. El acto protocolario incluyó la interpretación de los himnos nacionales de México y Canadá, conforme al protocolo diplomático.

Horas antes del encuentro, durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum subrayó la relevancia histórica de la visita al destacar que Mary Simon es la primera gobernadora general indígena de Canadá. “Es la primera gobernadora general indígena en Canadá. Y le vamos a dar la recepción como jefa de Estado. Viene a platicar, sobre todo, sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señaló la presidenta.

Tras la ceremonia, ambas líderes se trasladaron a las oficinas presidenciales, donde sostuvieron una reunión privada como parte de la agenda oficial. El diálogo se dio en un contexto de estrecha relación bilateral, en el que México y Canadá mantienen una colaboración constante como socios estratégicos, tanto en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como en distintos foros multilaterales y mecanismos de cooperación política, social y económica.

La visita de Mary Simon se suma a otros encuentros de alto nivel entre ambos países. En septiembre pasado, Claudia Sheinbaum recibió también en Palacio Nacional al primer ministro canadiense, Mark Carney, como parte del fortalecimiento del diálogo entre los dos gobiernos.

El encuentro ocurre mientras México, Estados Unidos y Canadá comienzan a perfilar los temas que podrían abordarse en la revisión del T-MEC prevista para 2026. Este proceso se desarrolla en un entorno marcado por tensiones comerciales, debates sobre medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas, conocidas como nearshoring.

En este contexto, el martes pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró durante una visita a una planta automotriz de Ford en Detroit que “ni siquiera pensaba” en el tratado comercial con México y Canadá, al considerarlo “irrelevante”. El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo que el entonces presidente estadounidense había criticado por considerarlo desfavorable para su país.

Pese a las posturas expresadas desde Washington, México y Canadá mantienen un respaldo activo al acuerdo comercial, en paralelo a los encuentros diplomáticos que buscan consolidar la cooperación bilateral y regional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó públicamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar con claridad la detención del periodista Rafael León Segovia, así como los motivos por los que se le imputó el delito de terrorismo, una figura penal que, de acuerdo con la mandataria, no cuenta con antecedentes de uso en casos relacionados con el ejercicio periodístico en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó de manera directa la decisión de la autoridad estatal de recurrir a ese tipo penal. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, señaló ante medios de comunicación. En ese mismo espacio, reiteró su rechazo al uso de dicho término para acusar a un comunicador, al subrayar que “nunca” se han presentado señalamientos de esa naturaleza en contextos similares.

La presidenta insistió en que corresponde exclusivamente a la fiscalía estatal detallar los fundamentos jurídicos del caso. “Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, expresó, al tiempo que remarcó que la libertad de expresión debe prevalecer como un principio fundamental, especialmente en un entorno donde la labor periodística enfrenta riesgos constantes. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y a nivel mundial, lo que ha generado preocupación recurrente entre organizaciones y defensores de derechos humanos.

Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de diferenciar con precisión cualquier conducta ilícita del trabajo informativo. Señaló que, si existiera un delito comprobado, este debe ser plenamente acreditado y no guardar relación alguna con el ejercicio del periodismo. “Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, afirmó.

En su posicionamiento, la mandataria enumeró tres puntos que, a su juicio, deben ser aclarados por la autoridad de Veracruz: primero, el motivo por el cual se recurre a un delito que, dijo, no se ha utilizado previamente en México; segundo, la obligación de garantizar la libertad de expresión por encima de cualquier otra consideración; y tercero, la explicación puntual de los cargos en caso de que el comunicador esté detenido por algún delito ajeno a su labor periodística.

Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La detención generó una reacción inmediata por parte de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, la cual condenó enérgicamente el caso. En un pronunciamiento público, la organización advirtió que situaciones como esta producen un efecto inhibidor para el periodismo, sobre todo en contextos marcados por altos niveles de violencia y la presencia de redes de macrocriminalidad. Asimismo, señaló que el uso del sistema penal como represalia por la labor periodística constituye un abuso incompatible con los principios de una democracia.