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El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 19 constitucional, ampliando el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, conocida también como “encarcelamiento automático”. Entre las nuevas conductas incluidas destacan la extorsión, el contrabando y los actos relacionados con el fentanilo y los comprobantes fiscales falsos. Esta medida cautelar, aplicada automáticamente por un juez, se utiliza en casos considerados graves.

Con 94 votos a favor de Morena y 34 en contra de la oposición, la reforma fue avalada y deberá ser ratificada por los congresos locales. Al tratarse de un cambio constitucional, se requiere la aprobación de al menos 17 estados.

Durante la discusión, los partidos de oposición manifestaron su preocupación por posibles violaciones a los derechos humanos. Marko Cortés, dirigente del PAN, subrayó que 70% de las personas encarceladas bajo esta medida resultaron inocentes, según sus datos: “El Estado destruyó sus vidas y las de sus familias. Si realmente quisieran combatir al crimen organizado, trabajarían en colaboración internacional para enfrentar a los delincuentes. Sin embargo, se han negado a tipificar el narcoterrorismo”, señaló.

Por otro lado, Andrea Chávez, legisladora de Morena, defendió la reforma al argumentar que busca garantizar el castigo de delitos que generan grandes beneficios económicos para los delincuentes y prevenir su fuga. “La prisión preventiva oficiosa protege a las víctimas, asegura el esclarecimiento de los hechos y evita la impunidad de los responsables”, afirmó.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal 2023, realizado por el INEGI, 44.3% de las personas privadas de su libertad sin sentencia en México se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa. Este grupo representa 38,533 personas de un total de 86,822 reclusos sin condena.

La modificación establece que la prisión preventiva oficiosa aplicará en delitos como:

• Abuso o violencia sexual contra menores.
• Delincuencia organizada.
• Extorsión.
• Actos relacionados con drogas sintéticas, fentanilo y precursores químicos.
• Contrabando.
• Uso de comprobantes fiscales falsos.

Además, se aclara que la interpretación de estas normas debe ser literal, prohibiéndose cualquier interpretación que modifique su aplicación.

Los congresos locales disponen de 65 días para adecuar sus normativas, mientras que el Congreso de la Unión tiene hasta 180 días para armonizar el marco jurídico con estas reformas. Esta modificación forma parte de las 20 propuestas presentadas en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la versión final fue ajustada en la Cámara de Diputados.

Con 87 votos a favor, Rosario Piedra Ibarra fue reelecta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029. En la votación, Nashieli Ramírez obtuvo 36 votos y Paulina Hernández solo uno. La elección se llevó a cabo mediante un proceso en el que los senadores tuvieron que recoger su boleta, firmar una lista y, finalmente, emitir su voto por una de las tres candidatas propuestas.

Para asegurar el triunfo de Piedra Ibarra, senadores de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM) mostraron previamente su voto antes de depositarlo en la urna. De esta manera, aquellos que se oponían a la reelección de la actual presidenta de la CNDH quedaron imposibilitados para manifestar su desacuerdo. Por otro lado, miembros del PAN y PRI aprovecharon la mampara dispuesta por los senadores panistas para votar en privado.

A pesar de la polémica que rodeó su nombramiento y de las críticas que recibió tanto por su baja calificación como por haber presentado una carta falsa de apoyo del obispo emérito Raúl Vera, Piedra Ibarra parecía encaminarse hacia su reelección. Este proceso, que recuerda la división generada hace cinco años, ha vuelto a generar controversia, esta vez dentro de la bancada oficialista, donde varios senadores de Morena, PT y PVEM expresaron su desacuerdo con mantenerla en el cargo. Sin embargo, la operación política encabezada por el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, fue clave para asegurar que incluso aquellos opositores votaran a favor de la reelección.

Según fuentes cercanas al oficialismo, López les había informado a los senadores que, en caso de no garantizarse los votos a favor de la actual titular, las boletas serían entregadas previamente marcadas. Aunque esta medida finalmente no se implementó, la estrategia política resultó eficaz para lograr la reelección de Piedra Ibarra.

En cuanto al proceso, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Asencio, aclaró las críticas sobre la carta falsa entregada por Rosario Piedra Ibarra, en la que se supuestamente se incluía el apoyo del obispo Raúl Vera. Asencio destacó que dicho documento “no formó parte del proceso”, ya que fue recibido fuera del plazo establecido.

Por otro lado, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y crítico abierto de la reelección de Piedra Ibarra, no subió a presentar el dictamen correspondiente, pese a que le correspondía. En la discusión del dictamen, el senador panista Ricardo Anaya recordó que, de las 3,500 quejas presentadas contra la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el 99% de los casos, Piedra Ibarra se alineó con el poder y dejó de lado a las víctimas. Asimismo, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, lamentó que Piedra Ibarra, la peor evaluada entre los más de 40 aspirantes, fuera reelegida, excluyendo así a otros perfiles más capacitados para el cargo.

Durante una manifestación pacífica en el Zócalo de la Ciudad de México en contra de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), autoridades gubernamentales habrían censurado y reprimido a grupos de la sociedad civil, informó Damaris Espinosa, coordinadora de incidencia en la plataforma Accionario, en una entrevista con Aristegui en Vivo.

Espinosa explicó que diversas organizaciones especializadas en transparencia y derechos humanos intentaron proyectar mensajes en la fachada de Palacio Nacional, dirigidos al Congreso y a la Presidencia, expresando su preocupación sobre la desaparición de órganos autónomos como el INAI. Según la coordinadora, la protesta buscaba ser una expresión pacífica y propositiva para mantener activa la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sin embargo, la manifestación se interrumpió cuando más de veinte representantes del gobierno acudieron al lugar y les prohibieron continuar, lo que Espinosa calificó como un acto de “represión y censura”. Además, denunció que el personal gubernamental bloqueó la actividad, les lanzó empujones e incluso amenazó con monitorearlos a través de cámaras de seguridad del C5.

La coordinadora agregó que el mensaje buscaba alertar a los legisladores sobre las consecuencias de eliminar organismos como el INAI, lo que podría implicar un retroceso en el acceso a la información. “Era un mensaje propositivo, pidiendo a los legisladores que reflexionen sobre el impacto de esta desaparición en los derechos de acceso a la información”, comentó.

Espinosa también refirió que la protesta fue detenida bajo el pretexto de “protección civil”, aunque, según ella, se trató de una excusa para censurar la actividad. “Nos dijeron que era por protección civil, pero solo cuando identificaron el tema de nuestra protesta decidieron detenernos”, concluyó.

Existen múltiples razones por las cuales el Senado, bajo la mayoría de Morena, podría desistir de ratificar a Rosario Piedra Ibarra para un segundo periodo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La actuación de Piedra al frente de esta institución, creada en 1990 para proteger a los ciudadanos comunes de abusos gubernamentales, ha sido fuertemente cuestionada. Sus críticos señalan que en lugar de cumplir con esta misión, la CNDH se ha convertido en una oficina subordinada a la agenda del gobierno federal, perdiendo su autonomía y capacidad de respuesta.

Durante su gestión, Piedra Ibarra ha sido criticada por su falta de compromiso en la defensa de los derechos humanos y su escasa preparación en el tema. Sus detractores afirman que, en cinco años, ha beneficiado únicamente al gobierno mientras que las necesidades de los ciudadanos han sido ignoradas. Además, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, mencionó que Piedra no se encontraba entre los cinco perfiles mejor evaluados para el cargo, lo que refuerza la idea de que el Senado podría buscar un reemplazo que recupere la credibilidad de la CNDH.

Otro tema que empaña la reputación de Piedra Ibarra es la reciente acusación sobre una carta falsa que presentó ante el Senado. Este documento, supuestamente firmado por el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, como respaldo a su candidatura, resultó ser falsificado, algo que el propio obispo denunció públicamente. La polémica ha generado dudas sobre la ética de la presidenta de la CNDH, quien ahora enfrenta cuestionamientos no solo por su desempeño, sino también por la transparencia de sus acciones.

Entre las alternativas para el cargo destaca Paulina Hernández Diz, una abogada joven, originaria de Jalisco, con formación sólida en derechos humanos y experiencia en el área. Hernández Diz es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Guadalajara. Su perfil académico incluye diplomados en derechos humanos, políticas públicas y perspectiva de género, y se le considera libre de vínculos políticos, lo cual la posiciona como una candidata idónea.

Sin embargo, el Senado, controlado por Morena, parece inclinarse por Nashieli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuya afinidad política con el partido guinda y falta de especialización en derechos humanos generan inquietud en diversos sectores. Al igual que Piedra, Ramírez Hernández es considerada una figura cercana a Morena, lo que plantea dudas sobre si la CNDH podría recuperar su independencia.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado a la comunidad internacional para que observe y tome medidas ante lo que califica como abusos del gobierno de Morena, la obstrucción a la oposición y el rumbo autoritario que, asegura, impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, Cortés informó que Acción Nacional, junto con sus legisladores, interpondrá denuncias ante organismos internacionales, como instancias en Estados Unidos y el Parlamento Europeo, con el objetivo de exponer la supuesta subordinación de los poderes en México y la imposición de leyes mediante una mayoría cooptada, que Morena, según él, no obtuvo legítimamente en las urnas.

“México se encuentra en un estado crítico, con una violencia incontrolada y actos de narcoterrorismo en gran parte del territorio. Sin embargo, el gobierno lo niega, mientras la presidenta continúa con prácticas autoritarias heredadas de López Obrador, coartando los derechos humanos a través de decisiones unilaterales en el Congreso”, denunció Cortés.

El dirigente panista advirtió sobre el peligro de que México se convierta en otra Cuba o Venezuela, señalando que el régimen actual busca perpetuarse sin ganar en las urnas, mediante la compra y amenaza de legisladores, y reprimiendo a quienes se oponen. “No podemos permitir la arrogancia de algunos miembros de Morena que aseguran haber llegado para quedarse más de 50 años. Si no hay alternancia, la democracia se degrada y corrompe, y este gobierno es una prueba de ello. Esto debe conocerlo el mundo”, añadió Cortés.

Además, señaló que lo sucedido en el Senado la semana pasada es un ejemplo de autoritarismo, al imponer la mayoría sin construir acuerdos ni dar espacio al debate. “Negaron a la ciudadanía el derecho a defenderse ante decisiones de la autoridad, aumentaron los costos de elección de Ministros y Jueces en un 46% para 2024 y presionaron a los empleados del Poder Judicial para retornar a sus puestos”, afirmó.

Cortés sostuvo que quienes alguna vez lucharon por la democracia desde la oposición, ahora buscan imponer una dictadura desde Morena. Por ello, instó a la comunidad y organismos internacionales a intervenir antes de que, según él, México experimente las consecuencias de un régimen autoritario.

A pocas semanas de que finalice el periodo de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exintegrantes del Consejo Consultivo, organizaciones civiles y expertos advierten que el Senado podría respaldar a la actual ombudsperson para que continúe al frente de la institución o, en su defecto, designar a alguien cercano al partido mayoritario.

Luis de la Barreda Solórzano, exlíder de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, afirma que la posible reelección de Piedra es “previsible”, dado el modo en que se manejó su designación inicial. “La mayoría de senadores la eligieron sin que lograra el número de votos necesario y, pese a su gestión cuestionada, podrían reelegirla. Piedra ha actuado de forma omisa y sumisa en el cargo”, subraya De la Barreda.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) enfatiza la necesidad de que el próximo nombramiento en la CNDH se realice de manera adecuada, transparente y participativa, alineado con los Principios de París que exigen independencia y autonomía. Eduardo Guerrero, abogado del Centro Prodh, subraya que es crucial evaluar los planes de trabajo presentados por los candidatos, considerando la militarización, la crisis de desapariciones y otros problemas en derechos humanos.

Guerrero también critica que Piedra dejará una CNDH debilitada, sin respuestas claras ante temas relevantes como la militarización y la reforma judicial. Además, señala que el proyecto de convertir a la CNDH en una Defensoría del Pueblo, promovido por Piedra, no aborda los problemas esenciales que enfrenta el organismo.

Ante la posibilidad de que Piedra o un simpatizante del partido en el poder retomen el liderazgo de la CNDH, Guerrero considera que esto reflejaría un desinterés de la Cuarta Transformación por los derechos humanos. “Si el Senado la reelige o designa a alguien afín al partido dominante, el mensaje es que no hay un compromiso serio para garantizar la autonomía de la CNDH en este contexto de debilitamiento de organismos autónomos”, señala.

Adalberto Méndez López, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH, sostiene que aunque Piedra tiene derecho a buscar la reelección, esto debería basarse en una gestión efectiva, lo cual, asegura, no ha sido el caso. “Su administración ha sido cómplice del oficialismo, careciendo de la capacidad técnica que caracterizó al organismo en el pasado”, concluye.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, alertó sobre los peligros que enfrentan los derechos humanos cuando no existen límites claros para el poder, sin importar su origen. Estas declaraciones se dieron en el marco de la discusión sobre las posibles consecuencias de la reforma judicial en México.

Durante la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, la ministra Piña defendió la importancia de la independencia del Poder Judicial. Apoyándose en un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), expresó su preocupación ante la creciente politización de la justicia.

“La justicia imparcial en México está en peligro, y con ella, el respeto a los derechos humanos. La desaparición de la carrera judicial y la falta de certeza jurídica no solo impactan a los ciudadanos, sino que minan la confianza en el sistema judicial, algo fundamental para el desarrollo social y económico del país”, afirmó la ministra.

El discurso de Piña coincidió con una inédita conferencia de prensa realizada por jueces y magistrados federales. Este evento marcó la primera ocasión en que los miembros del Poder Judicial Federal hicieron uso del derecho de réplica para abordar los ataques recibidos en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha defendido la reforma judicial como un mandato de la ciudadanía tras las elecciones del 2 de junio de 2024.

Por la mañana, Sheinbaum reafirmó que los amparos en contra de la reforma constitucional son ilegítimos, sosteniendo que ningún juez o magistrado tiene autoridad por encima de la voluntad popular. Frente a estas declaraciones, la ministra Piña enfatizó que el fortalecimiento del Estado de derecho debe ser un proceso de reflexión, discusión y mejora constante, y que es vital atender las múltiples advertencias que surgen en ese sentido.

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá, confirmó que el pleno del organismo sostendrá una reunión este miércoles con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para discutir la propuesta legislativa que busca la desaparición de los organismos autónomos, la cual ya fue presentada en la Cámara de Diputados.

“He recibido con agrado la confirmación de la oficina de la Secretaría de Gobernación de que este miércoles 16 de octubre tendremos una reunión de trabajo. Celebro esta apertura para establecer un diálogo respetuoso”, publicó Alcalá en sus redes sociales.

En una entrevista con Imagen Radio, Alcalá adelantó que, durante la reunión con la funcionaria federal, insistirán en la necesidad de que los derechos de acceso a la información y protección de datos sean garantizados por una institución autónoma, aunque reconoció que podrían considerarse algunos ajustes.

Por otra parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, señaló que antes de diciembre se espera que desaparezcan siete organismos autónomos contemplados en la iniciativa que ya fue votada en comisiones, entre ellos se encuentran el INAI.

El INAI ha alertado en diversas ocasiones que la reforma constitucional que propone eliminar este instituto representa un retroceso significativo para la transparencia y afectará de manera grave el ejercicio de los derechos humanos en el país.

En un llamado urgente, el organismo invitó a los legisladores y a la ciudadanía a dialogar y reconsiderar esta iniciativa, ya que pone en riesgo la calidad de la vida pública y la confianza en las instituciones.

“Eliminar al INAI no es un asunto técnico o administrativo, sino que impacta directamente a cada ciudadano. El derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos, exigir rendición de cuentas y proteger nuestra privacidad son logros que hemos alcanzado como sociedad”, afirmó el INAI.

El instituto también advirtió que la propuesta de transferir sus funciones a otras entidades gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, podría comprometer la imparcialidad y aumentar el riesgo de que los derechos humanos queden desprotegidos al ser evaluados por quienes ejercen el poder.

La reunión, que se realizará por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, será de carácter privado y se llevará a cabo en la Secretaría de Gobernación.

En una emotiva conferencia de prensa, Marina Martínez, madre de la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez, solicitó apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para encontrar a su hija, quien desapareció junto con su esposo, Alexander Hernández Hernández, el pasado 4 de octubre. Sandra fue vista por última vez en la comunidad de Marca Lombardo del Caso, ubicada en San Juan Cotzocón, cerca de los límites entre Oaxaca y Veracruz. A una semana de su desaparición, los familiares se dirigieron a los medios para pedir al gobierno local y federal que intensifiquen los esfuerzos en su búsqueda.

“Le pido al gobierno que realice una investigación a fondo para saber dónde está mi hija. Presidenta Sheinbaum, ayúdeme a encontrarla, ¡La quiero viva!, eso es lo único que pido, por favor”, expresó Martínez a medios de comunicación en Oaxaca. Durante la conferencia, la hermana de la activista, Kenia Josefa Domínguez Martínez, hizo públicas dos cartas dirigidas tanto al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, como a Claudia Sheinbaum, en las que solicita que se amplíen los operativos de búsqueda, incluso más allá de Oaxaca.

“Nos sentimos desesperados y vulnerables como familia. Apelamos a la sensibilidad y compromiso con los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos. Pedimos apoyo para que se intensifiquen las búsquedas y se destinen recursos adicionales para este caso. La intervención de las autoridades podría ser crucial en la localización de mi hermana y en la atención a casos de personas desaparecidas en México”, se lee en una de las cartas.

Un dato que preocupa a la familia y que ha motivado su llamado urgente a las autoridades es el hallazgo del vehículo de Sandra y Alexander en la frontera entre Oaxaca y Veracruz días después de la desaparición. Pese a este descubrimiento, no se han reportado avances en la investigación.

El 9 de octubre, Araceli Cruz, diputada federal del Partido del Trabajo, denunció públicamente la desaparición de la activista durante una sesión en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Además, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación a través de redes sociales, exhortando a las autoridades locales y federales a coordinar esfuerzos para esclarecer el caso y localizar a Sandra con vida.

Sandra Estefana Domínguez Martínez es la primera defensora de derechos humanos reportada como desaparecida en el recién iniciado gobierno de Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Sandra Estefana Domínguez Martínez?

Originaria de la región Mixe en Oaxaca, Sandra Estefana Domínguez Martínez es una abogada y activista en defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Había denunciado casos de violencia de género en el estado y señalado a Donato Vargas Jiménez por formar parte de un grupo de WhatsApp en el que se compartía contenido íntimo de mujeres indígenas. Fue militante del Partido Revolucionario Institucional y candidata a diputada local por la coalición PAN-PRI-PRD. A sus 38 años, enfrentó amenazas de muerte tras denunciar la existencia de grupos de chat, como ‘Sierra XXX’ y ‘Mepa Peda’, en los que participaban funcionarios estatales y federales.