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El Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en una sesión que se desarrolló en menos de tres horas y en la que legisladores de oposición señalaron que el proceso fue “simulado”. Tras recibir 97 votos a favor, 11 nulos y 19 en contra, la exconsejera jurídica de la Presidencia rindió protesta y ocupará el cargo hasta 2034.

Durante la votación se distribuyeron 127 cédulas, con la única ausencia del panista Gustavo Sánchez. Para alcanzar la mayoría calificada se requerían 85 votos. En el pleno, algunos legisladores mostraron públicamente sus boletas: la panista Lilly Téllez exhibió su cédula con la leyenda “no a la mafiocracia”, mientras que los 13 senadores del PRI marcaron “en contra”. También mostraron su voto el panista Marko Cortés y los morenistas Félix Salgado, Nora Ruvalcaba y Mariela Gutiérrez. En contraste, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, emitió su voto de manera cerrada.

El escrutinio confirmó que Godoy superó ampliamente la cifra necesaria para presidir la FGR, dejando sin votos a las otras dos integrantes de la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum: Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, formalizó el nombramiento y ordenó comunicarlo a la titular del Ejecutivo federal, al presidente de la Suprema Corte, a la Cámara de Diputados, a los gobiernos estatales y a las fiscalías de todo el país.

Previo a la votación, Godoy compareció ante el pleno. Ahí afirmó que durante su gestión “no se fabricarán culpables ni habrá perseguidos políticos” y aseguró que la institución aplicará “cero tolerancia a la tortura y tratos crueles”. Añadió que cualquier servidor público que incurra en violaciones a derechos humanos será investigado y sancionado “con la misma severidad”.

La trayectoria de Ernestina Godoy incluye más de cuatro décadas en el servicio público y en organizaciones civiles. Es licenciada en Derecho por la UNAM y fundadora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). También creó la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga en 2015.

En el gobierno capitalino fue directora jurídica, coordinadora de asuntos legales y titular de áreas delegacionales entre 2000 y 2012. En el ámbito legislativo se desempeñó como diputada local y federal, presidenta de comisiones, integrante de la Mesa Directiva y coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

En materia de procuración de justicia, encabezó la transición de Procuraduría a Fiscalía en la capital, primero como procuradora (2018-2020) y luego como fiscal general de la CDMX (2020-2024). Ha recibido reconocimientos como la Medalla Emilio Krieger (2023), la Presea Benito Juárez (2019) y la Presea Tepantlato (2019).

Su llegada a la FGR ocurre después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien comunicó al Senado que dejaría el cargo tras recibir la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para convertirse en embajador de México. Más tarde se confirmó que el país destino será Alemania.

Con la toma de protesta de Ernestina Godoy, la Fiscalía General inicia un nuevo periodo que se extenderá durante la próxima década, enmarcado por su promesa de fortalecer protocolos, combatir la impunidad y garantizar apego a los derechos humanos.

El Partido Acción Nacional (PAN) llevó a cabo este sábado su asamblea ordinaria, un encuentro centrado en la renovación de su Consejo Nacional para los próximos tres años y en la discusión sobre posibles reformas a sus estatutos internos. El evento estuvo acompañado por un mensaje directo de exigencia de paz al gobierno federal, así como por señalamientos sobre los hechos de violencia registrados en la marcha de la llamada “Generación Z” del pasado 15 de noviembre.

Durante su intervención, el presidente del PAN, Jorge Romero, destacó que la militancia se reunió con el fin de “alzar la voz por México”, al referirse al panorama de inseguridad que enfrenta el país. En su mensaje subrayó que recuperar la tranquilidad es una demanda urgente. “México se merece y, por tanto, exige recuperar la paz, algo tan simple como que nos den paz en México”, expresó ante los asistentes. Añadió que la violencia actual no solo está asociada a enfrentamientos entre grupos delictivos, sino que impacta de forma amplia en la vida cotidiana.

Romero señaló que la renovación del Consejo Nacional representa una etapa clave para la organización del partido, encaminada a los próximos tres años de trabajo político y estratégico. También indicó que la asamblea servirá para debatir si se modifican los estatutos internos, con el propósito de fortalecer la operación interna del PAN. En ese contexto, afirmó: “México es mucho más que su gobierno o que sus gobiernos de todos los colores”, al insistir en que el país debe aspirar a superar el clima de violencia.

El presidente panista también hizo referencia a los hechos ocurridos durante la marcha del movimiento conocido como “Generación Z”, realizada el 15 de noviembre. En esa movilización se registraron enfrentamientos entre personas encapuchadas y elementos de la policía, que derivaron en la detención de 29 personas y dejaron un saldo de 84 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lesionados. Romero señaló la importancia de dar seguimiento puntual a estos acontecimientos y reiteró que el partido mantiene firme su postura frente a actos de violencia.

Además, recordó que el PAN presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la apertura de una investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la marcha. De acuerdo con el documento promovido por el partido, la petición busca denunciar irregularidades cometidas contra manifestantes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

La asamblea ordinaria concluyó con la reafirmación del PAN de continuar impulsando acciones que, desde su perspectiva, contribuyan a fortalecer la vida democrática y a exigir condiciones de seguridad para la ciudadanía en todo el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, despidió este martes a la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, tras una visita oficial que consolidó la relación bilateral entre ambos países. El encuentro se desarrolló en un momento clave para Honduras, a menos de una semana de sus elecciones presidenciales, y destacó por el reconocimiento que Sheinbaum hizo al liderazgo y compromiso de su homóloga centroamericana.

La reunión se llevó a cabo en Palacio Nacional poco antes del mediodía. Sheinbaum salió a recibir personalmente a Castro y la recibió con un abrazo previo al ingreso conjunto al recinto. Como parte del protocolo, se entonaron los himnos nacionales de México y Honduras antes de iniciar una serie de encuentros privados y ampliados entre ambas delegaciones. Los equipos de trabajo revisaron proyectos conjuntos, mecanismos de cooperación ya establecidos y nuevas áreas de colaboración.

En redes sociales, Sheinbaum destacó el trabajo de Castro y agradeció públicamente la amistad entre ambas mandatarias y la buena relación entre los dos países. La presidenta mexicana señaló que la agenda se centró en temas actuales de América Latina y el Caribe, y reiteró que con Castro se ha construido una relación cercana. “Gracias por la amistad y la buena relación bilateral”, escribió, al tiempo que reconoció el compromiso de la mandataria hondureña con su nación.

El lunes, Sheinbaum había adelantado que esperaba abordar temas regionales relevantes durante la reunión, además de subrayar que “hay mucha relación” con Honduras en distintos ámbitos. Reafirmó que el objetivo es continuar fortaleciendo estos vínculos incluso mientras Castro se prepara para concluir su mandato el próximo 27 de enero, luego de cuatro años al frente del gobierno hondureño. Más de seis millones de ciudadanos están convocados a votar el próximo domingo para elegir a quien ocupará la Presidencia.

La visita de Castro se dio en un contexto de coordinación creciente entre México y Honduras. Ambos gobiernos mantienen una colaboración activa en temas como migración, desarrollo regional, derechos humanos y programas de cooperación orientados al bienestar. En los últimos años, México ha impulsado el Plan de Desarrollo Integral para atender las causas estructurales de la migración en Centroamérica, una iniciativa en la que Honduras ha sido un socio clave.

Además, el encuentro permitió reforzar los lazos políticos entre ambas naciones, que han mostrado posturas coincidentes en foros regionales y multilaterales. Su colaboración se ha centrado de manera especial en la integración latinoamericana, una agenda que los dos gobiernos han impulsado desde sus respectivas administraciones.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció la agenda legislativa que la Cámara de Diputados abordará la próxima semana, en la que destacan los debates sobre la Miscelánea Fiscal, la Ley General de Aguas, la Ley de la Armada y las reformas a la Ley General de Salud.

En conferencia de prensa, Monreal informó que el miércoles llegó a la Cámara Baja la iniciativa presidencial referente a la Ley de la Armada, mientras que este jueves se recibieron dos propuestas en materia de aguas. “Es una Ley General de Aguas, quiere decir que es una nueva ley, según lo descrito en el oficio, y reformas que derogan y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales. Se trata, pues, de dos instrumentos jurídicos distintos”, precisó.

El legislador adelantó que estas dos leyes, consideradas “muy importantes para el país”, serán objeto de análisis durante la última semana de octubre, junto con las modificaciones a la Ley de Salud, con el objetivo de revisar de forma integral su impacto social y administrativo.

Monreal detalló que la Miscelánea Fiscal ocupará el centro de la discusión legislativa en los próximos días, con sesiones programadas para miércoles, jueves, viernes y posiblemente sábado, con el propósito de debatir los cuatro dictámenes que la integran: la Ley Federal de Derechos, la Ley del IEPS, el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos.

El coordinador subrayó que, pese a la carga de trabajo, no se busca acelerar los procesos. “No vamos a precipitar nada, no vamos a atropellar nada, que haya una gran discusión el tiempo que sea indispensable”,afirmó.

Entre los temas de carácter social incluidos en la agenda legislativa, el grupo parlamentario de Morena expresó su preocupación por los vacíos legales en torno a los procedimientos estéticos tras la muerte de una menor de edad durante una cirugía. Monreal señaló que se impulsarán reformas para tipificar como delito este tipo de prácticas, ante la falta de regulación y supervisión en el sector.

Asimismo, el diputado reconoció que el grupo ha abierto la discusión sobre la eutanasia, un tema que consideró necesario atender. “Es un asunto que debería abordarse, debido a los múltiples casos que demandan su legislación”, declaró, dejando entrever que la bancada buscará promover un debate plural y responsable sobre el derecho a una muerte digna.

Con esta agenda, la Cámara de Diputados se prepara para una intensa jornada legislativa en la que convergerán temas fiscales, de salud pública y derechos humanos, marcando una de las semanas más relevantes del actual periodo ordinario de sesiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México que redefine las funciones de esta institución naval, incorporando nuevas tareas vinculadas con la persecución en altamar, la ciberseguridad y el uso de inteligencia artificial frente a amenazas a la seguridad nacional.

La propuesta establece que la Armada tendrá la facultad de garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en las zonas marinas mexicanas, actuando por sí o en coordinación con otras autoridades en el combate al terrorismo, contrabando, piratería, robo de embarcaciones, pesca ilegal, tráfico de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos.

Entre los puntos centrales del documento destaca la eliminación del párrafo contenido en el inciso II del artículo 2 de la actual ley, en el que se indica que la Armada deberá “cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano, con estricto respeto y protección de los derechos humanos”. El proyecto sustituye esa referencia por un enfoque operativo centrado en la defensa nacional y en la ejecución de políticas de seguridad marítima.

De acuerdo con la iniciativa, la Armada participará en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, con el propósito de conducir operaciones militares dentro del ciberespacio, en colaboración con otras instituciones del Estado. También se contempla el uso de herramientas de inteligencia artificial para reforzar la capacidad de respuesta ante incidentes que puedan comprometer la integridad y estabilidad del país.

El texto enviado por el Ejecutivo precisa que la institución conducirá el control naval del tráfico marítimo, protegerá las zonas marítimas mexicanas y podrá actuar en otras áreas cuando así lo ordene el mando supremo. Además, se le otorgará la atribución de regular y vigilar las áreas restringidas a la navegación, incluidos los espacios aéreos correspondientes.

La reforma también establece que la Armada ejercerá funciones de guardia costera, con capacidad para realizar acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por México en materia de combate a actos ilícitos en el mar. En caso de detectar delitos, el personal naval deberá poner a disposición de las autoridades competentes a las personas, objetos o productos relacionados, siguiendo el Protocolo de Actuación del Personal Nacional en Funciones de Guardia Costera.

Asimismo, se le encomienda proteger instalaciones estratégicas y prioritarias del país, tanto por sí misma como en coordinación con otras dependencias, cuando así lo disponga el mando supremo. La propuesta también faculta a la institución para elaborar e implementar políticas de defensa derivadas de las instrucciones presidenciales y disponer del poder naval ante escenarios que amenacen la seguridad nacional.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca actualizar el marco jurídico de la Armada de México para adecuarlo a los nuevos contextos de seguridad marítima, tecnológica y territorial que enfrenta el país.

El gobierno de México mantiene comunicación permanente con los seis connacionales retenidos en Israel cuando se trasladaban en la Flotilla Global Sumud, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La dependencia destacó que se brinda asistencia para garantizar sus derechos humanos, incluyendo acceso a comida y agua, mientras se gestiona su salida del país.

A través de la red social X, la Cancillería informó que la Embajada de México en Israel se mantiene en contacto con las autoridades israelíes para asegurar la salud e integridad física de los mexicanos, así como su acceso a alimentos, agua y medicamentos mientras permanecen en Ktziot.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que la Embajada de México en Israel se mantiene en contacto con las autoridades israelíes con el fin de asegurar la salud e integridad física, así como el acceso a comida, agua, medicamentos, de las y los connacionales que se encuentran en Ktziot”, señaló la dependencia.

La SRE indicó que continúan las gestiones para lograr la salida de Israel de los seis mexicanos en el menor tiempo posible. “De igual forma, la Cancillería realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y garanticen un retorno seguro”, detalló en su comunicado.

La Secretaría recordó que el pasado 1 de octubre el gobierno israelí interceptó embarcaciones que formaban parte de la Flotilla Global Sumud, que había zarpado desde Barcelona, España, en agosto. La misión transportaba víveres y medicamentos con destino a la Franja de Gaza, en respuesta al bloqueo humanitario impuesto por el gobierno de Benjamín Netanyahu en esa zona.

De acuerdo con la información oficial, México trabaja de manera bilateral y con otros países para encontrar las rutas más seguras y viables que permitan el retorno de sus ciudadanos. La Cancillería ha reiterado que mantiene todas las acciones necesarias para garantizar su salud, integridad y derechos humanos mientras se concretan las negociaciones.

Las gestiones de la SRE incluyen la coordinación con autoridades israelíes y actores internacionales para agilizar los procesos diplomáticos, en un contexto de tensión y restricciones en la región. Con estas acciones, México busca asegurar que los seis connacionales, quienes participaban en una misión humanitaria, puedan regresar al país con seguridad y en condiciones dignas.

Un total de 27 aspirantes cumplen con los requisitos para contender por la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), luego de que se registraran 33 de los 75 perfiles propuestos por colectivos y familias de personas desaparecidas en México. La Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que estas candidaturas forman parte de la consulta pública que definirá a quien encabece la institución.

En conferencia de prensa, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó que la lista completa se publicará en el micrositio de la Base de Consulta Pública, aunque de momento se encuentra en mantenimiento. Detalló que entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios y cuestionamientos de colectivos y organizaciones de familias de desaparecidos sobre cada uno de los perfiles presentados.

El proceso continuará con entrevistas y evaluaciones de idoneidad programadas entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre. Quienes superen estos filtros integrarán una lista final que será entregada por la Secretaría de Gobernación a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de que tenga a la vista los perfiles considerados idóneos.

“Hoy vivimos un proceso para encontrar el mejor perfil propuesto por las propias organizaciones y especialistas que cuente con el respaldo de quienes están involucrados en el tema de búsqueda”, declaró Rodríguez.

El relevo en la CNBP ocurre tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien dejará el cargo el próximo 31 de agosto. Reyes Sahagún asumió la titularidad en octubre de 2023 tras la salida de Karla Quintana, pero colectivos de búsqueda cuestionaron su designación al señalar falta de experiencia en materia de desapariciones, además de acusaciones de incapacidad e ineficiencia.

Paralelamente, la Segob informó que se mantiene a la espera de que el Senado designe a las personas que integrarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. El listado deberá ser entregado a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 15 de septiembre, para que se presente ante el Pleno la propuesta de los 13 integrantes que conformarán el órgano.

El Consejo estará integrado por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas en derechos humanos, búsqueda de personas y desapariciones forzadas o cometidas por particulares, además de expertos en investigación y persecución de delitos. Uno de los miembros deberá contar con perfil forense. “Las comisiones dictaminadoras remitirán a la Junta de Coordinación Política el listado de las y los candidatos que, cumpliendo con los requisitos, acrediten condiciones de elegibilidad”, puntualizó la titular de Segob.

Hasta que concluya la actualización, el micrositio oficial permanecerá en mantenimiento para integrar los nombres de los aspirantes.

Lista de los 27 aspirantes a la CNBP:

Alan Eduardo Herrera Valadez; Ana Bertha Vázquez Reyna; Arturo Saúl Vargas Rivas; Carlos Treviño Vives; Claudia Téllez Bonilla; Diana Laura Cano Tapia; Everardo Noé Ramírez García; Gonzalo Morales Hernández; Hermilio de Jesús Lares Contreras; Janeth Martínez Mondragón; Javier Ignacio Díaz Ballesteros; José Luis González Olavarría; José Manuel Guzmán Amador; Juan Enrique Rivera Reyes; Leobardo Aguilar Orihuela; Leonardo René Trujillo Díaz; Lizbeth Eugenia Rosas Montero; Luis Javier Cervantes Gómez; María del Carmen Carabarín Trujillo; María Mercedes Pascual Guzmán; María Sol Berenice Salgado Ambrosio; Martha Lidia Pérez Gumercindo; Osvaldo Antonio Chávez Wiarco; Raúl Alberto Molina Pereira; Sonia Perea Trejo; Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez.

El Congreso mexicano actuó con contundencia. Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exigir al gobierno de Estados Unidos la liberación inmediata de 14 mexicanos recluidos en el polémico centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”.

El documento aprobado advierte que esta reclusión viola los derechos humanos más elementales. El acuerdo parlamentario califica como inaceptable que se envíe a migrantes a una prisión que impone el terror, vulnera la dignidad humana y funciona al margen de las leyes y la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo con legisladores de distintos partidos, las condiciones dentro del centro son alarmantes y representan un peligro para la vida de quienes ahí se encuentran. La Comisión Permanente remarcó que este tipo de instalaciones han sido proscritas desde la Segunda Guerra Mundial, y exigió no sólo la liberación de los mexicanos detenidos, sino de todos los migrantes privados de su libertad en ese centro. También demandó el cierre definitivo de “Alligator Alcatraz”, al que calificaron como una cárcel infamante.

El senador Homero Davis Castro, del partido Morena, hizo énfasis en los múltiples testimonios y reportes emitidos por organismos de derechos humanos que denuncian las pésimas condiciones de vida en el lugar. Los informes hablan de alimentos en mal estado, baños sin funcionar, escasez de agua potable, falta de atención médica, detenciones prolongadas y ausencia de procesos legales claros.

Desde la tribuna, el diputado del PRI, Rubén Moreira, urgió a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir activamente para lograr la liberación de los connacionales. Además, alertó sobre el debilitamiento presupuestal del Fondo de Atención, Protección, Servicio y Asistencia Consular. Recordó que en 2018 este fondo contaba con 836 millones de pesos, mientras que para 2025 se contempla apenas una asignación de 524 millones.

Por su parte, Margarita Zavala, diputada del PAN, denunció las condiciones en las que Estados Unidos deporta a migrantes mexicanos. Relató que aviones los trasladan por la noche a Tabasco y que, ya en territorio nacional, son transportados en autobuses hasta la Ciudad de México, abandonados con apenas unos pesos o un bono.

Pablo Vázquez Ahued, diputado de Movimiento Ciudadano, recordó que el tema del centro de detención es conocido desde junio. Lamentó que la Comisión Permanente lo esté abordando apenas ahora y advirtió sobre el riesgo de que este asunto sea utilizado como distractor ante otros temas graves, como la penetración de la delincuencia organizada en instituciones públicas.

El Congreso mexicano dejó clara su postura: no más omisiones ni silencio frente al trato indigno de los migrantes.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un tema que podría marcar un precedente crucial en el sistema penal mexicano: un amparo contra la prisión preventiva oficiosa (PPO). El proyecto, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, propone proteger al quejoso sin ordenar su libertad, pero sí exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) justifique la necesidad de mantenerlo bajo esta medida cautelar.

El caso específico se centra en Adrián Alegre Hernández, detenido tras una riña domiciliaria en la que se le encontraron narcóticos, un arma de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Un juez de control en Michoacán le impuso la PPO por considerar que uno de los delitos encajaba en el artículo 19 de la Constitución, que lista los delitos que ameritan esta medida.

Sin embargo, Alegre promovió un amparo argumentando que esa decisión automática violaba estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El juez de Distrito le concedió la razón, dejando sin efectos la medida y ordenando un debate para definir si la PPO era, en su caso, realmente necesaria.

La FGR apeló la resolución, y el caso llegó hasta la SCJN gracias a la solicitud de un Tribunal Colegiado para que el máximo tribunal atrajera el asunto. La ministra Ríos Farjat propone ahora reinterpretar el alcance de la PPO sin declararla inconstitucional, pero sí limitando su aplicación automática.

En su proyecto —que se discutirá el próximo 13 de agosto—, la ministra plantea que la frase “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” del artículo 19 debe leerse de forma compatible con los derechos humanos. Es decir, el juez no estaría obligado a imponerla de forma inmediata, sino que se abriría un debate judicial para analizar si la medida es indispensable para asegurar la comparecencia del imputado, proteger a víctimas o testigos, o evitar obstrucciones en la investigación.

Además, en caso de aprobarse este criterio, la sentencia ordenará dejar sin efectos la PPO impuesta al quejoso, abriendo una audiencia en la que la FGR deberá argumentar si la medida debe mantenerse, con base en principios de subsidiariedad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

Este caso también marca una oportunidad para conocer la postura de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien repetirá en la Corte con su nueva conformación a partir del 1 de septiembre, y que probablemente participará en la discusión de la acción de inconstitucionalidad 49/2021, que también busca revisar la PPO desde una óptica convencional.

La decisión podría representar un paso hacia un sistema penal más equilibrado, que armonice con los criterios internacionales y respete derechos fundamentales como la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia. La sentencia también llama a los jueces a interpretar la PPO de manera conforme y apartarse de criterios que la apliquen automáticamente, abriendo así la puerta a un nuevo paradigma en la justicia penal mexicana.

Tras medio año de espera desde el término del periodo de sus anteriores integrantes, el Senado de la República abrió finalmente la convocatoria para elegir a las 13 personas que conformarán el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Este Consejo se compone por cinco familiares de personas desaparecidas, cuatro especialistas reconocidos en derechos humanos, búsqueda de personas o persecución de delitos, y cuatro representantes de organizaciones civiles enfocadas en la defensa de los derechos humanos. Esta distribución está respaldada por el artículo 60 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Desde diciembre del año pasado, concluyeron sus funciones Juan Bautista Andalón, Juan Carlos Lozada Delgadillo, Maribel Enciso Olguín, Virginia Garay Cázares, Martín Villalobos Valencia, Álvaro Hartos, Liliana Candelario Cardoso, Roxana Enríquez Parias, Zoraida García Castillo, Rafael Heredia Aguilar, Sonia Josefina Torres Hernández, Brayan Alberto Jove Vázquez y Valentina Peralta Puga, dejando vacantes los espacios en este órgano clave.

En respuesta, el Senado lanzó un llamado a organizaciones de familiares, colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos, activistas, instituciones académicas y ciudadanía en general para proponer a quienes podrían integrar este Consejo Nacional. El proceso busca reunir perfiles con experiencia, compromiso y solvencia moral para enfrentar una de las problemáticas más sensibles del país.

La recepción de postulaciones se realizará del lunes 21 al viernes 25 de julio, a través de un micrositio en la página oficial del Senado. Los documentos requeridos incluyen currículum, carta de petición, carta de idoneidad, acta de nacimiento, identificación oficial y constancia de no haber sido sancionado ni estar en proceso administrativo o penal.

Las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos serán responsables de publicar las versiones públicas de los documentos de cada candidatura en la Gaceta del Senado, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.

El 30 de julio se definirá el formato y la metodología para la evaluación de las candidaturas, y el viernes 15 de agosto se presentará el dictamen correspondiente ante la Junta de Coordinación Política. Este dictamen incluirá a quienes cumplan con los requisitos y sean considerados elegibles para integrar el Consejo.

Posteriormente, la Junta de Coordinación Política elaborará un acuerdo que será enviado a la Mesa Directiva, para que la propuesta final sea sometida a votación nominal en el pleno del Senado. La designación requerirá mayoría absoluta de los senadores presentes.