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Mientras cientos de elementos de seguridad resguardaban los alrededores del estadio Ciudad de México, recinto que albergará la inauguración de la Copa del Mundo, familiares de personas desaparecidas avanzaban por Calzada de Tlalpan con una exigencia distinta: que la protección desplegada para el torneo también llegue a quienes buscan a sus seres queridos.

La noche del miércoles, colectivos de búsqueda y familiares convocados a través de WhatsApp realizaron la llamada “marcha de las antorchas”, una movilización que partió desde la estación Registro Federal del Tren Ligero con dirección al estadio.

Minutos antes de la hora acordada, autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cerraron la circulación hacia el inmueble deportivo. Frente al dispositivo policial se concentraron cientos de personas que iniciaron la caminata entre fotografías de desaparecidos, pancartas y consignas.

“¡Si la pelota vuelve a casa, ¿nuestros hijos cuándo?” y “¡México!… ¡Campeón en desaparición!” fueron algunas de las frases que acompañaron el recorrido. A cada paso, familiares colocaban imágenes de sus seres queridos en postes y estructuras del Tren Ligero.

Entre la multitud, Alejandro portaba una camiseta de la Selección Mexicana con una cifra que sustituyó cualquier nombre de jugador: más de 133 mil personas desaparecidas en el país. Debajo del número aparecía una pregunta que se repitió durante toda la manifestación: “¿Dónde están?”.

La protesta ocurrió en un contexto marcado por los preparativos mundialistas. Mientras en el Zócalo se impulsaba una convocatoria para formar “la ola humana más grande del mundo”, las familias insistían en visibilizar otra realidad. Recordaron que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han señalado a México como el país con más solicitudes de medidas urgentes de búsqueda.

A 2.5 kilómetros del estadio, resguardado por numerosos policías, los manifestantes encontraron una barrera que les impidió seguir avanzando. En la estación Textitlán los esperaba el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto. “Se les va a respetar su expresión de aquí hasta allá”, declaró inicialmente. Más tarde reiteró: “Se les va a respetar, pero ya no pueden avanzar más”.

Entre quienes participaron estuvo Yadira, quien busca a su hermano desde hace casi dos décadas. “Este 16 de junio cumple 20 años de haber desaparecido”, señaló al denunciar irregularidades en la investigación de su caso.

También acudió Rocío Rico, quien lleva tres meses buscando a su hija. “Así como están ahorita protegiendo el Mundial, que así protejan a nuestros familiares, a todo el país y que cierren carreteras cuando sea necesario buscar a alguien”, expresó.

Tras el bloqueo de los accesos, las madres buscadoras decidieron permanecer en el lugar para continuar visibilizando su demanda durante los actos relacionados con la inauguración mundialista.

Las veladoras encendidas y las cartulinas colocadas frente al Palacio de Gobierno marcaron el final de una jornada de protesta que reunió a cientos de personas en Morelia. Familiares, amigos, colectivos y ciudadanos llegaron hasta la sede del gobierno estatal para exigir justicia por Valeria, la adolescente de 15 años asesinada tras ser privada de la libertad.

La movilización recorrió el corazón de la capital michoacana. Desde la fuente de Las Tarascas, los participantes avanzaron por la Avenida Madero hasta alcanzar el edificio gubernamental, que permaneció protegido con vallas metálicas y bajo resguardo de elementos de la Guardia Civil.

Durante el trayecto, las consignas se concentraron en la demanda de justicia para la menor y en los reclamos por las condiciones de inseguridad que, señalaron los manifestantes, afectan a Morelia y al resto de Michoacán. La marcha contó además con el acompañamiento de observadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, organismo que también ha brindado apoyo a la familia de la víctima.

El caso que detonó la protesta comenzó el 25 de mayo. De acuerdo con las investigaciones, Valeria fue vista por última vez alrededor de las 11:30 horas en la colonia 3 de Agosto, cercana a la zona conocida como La Aldea. Al día siguiente, su cuerpo fue localizado en una zona de alta marginación ubicada al oriente de Morelia.

Las autoridades informaron que la adolescente presentaba severas huellas de violencia. También señalaron que fue encontrada con el rostro cubierto y las manos atadas con cinta adhesiva.

Mientras la exigencia de justicia crecía en las calles, la Fiscalía de Michoacán informó sobre la detención de Alexandr “N”, de 18 años, señalado como presunto responsable del asesinato. Su captura se realizó el jueves en el municipio de Tacámbaro, a unos 130 kilómetros de Morelia.

Según las investigaciones, el joven fue detenido en posesión del teléfono celular de Valeria. Las autoridades indicaron que desde ese dispositivo se solicitaba a los familiares el pago de un rescate. La fiscalía mantiene abiertas las indagatorias y continúa la búsqueda de al menos otro posible cómplice relacionado con el crimen.

Durante los primeros meses de 2026, la organización civil Letra Ese ha registrado al menos 24 asesinatos de personas de la diversidad sexogenérica en México, de los cuales 17 habrían sido contra mujeres transgénero, de acuerdo con su Observatorio de Crímenes de Odio.

El monitoreo de estos casos ocurre en un contexto en el que el país no cuenta con un sistema oficial para clasificar y registrar crímenes de odio contra personas LGBT+, una ausencia señalada por organizaciones civiles en el marco del Día Internacional contra la LGBTfobia. Esta carencia, advierten, impide dimensionar con precisión la magnitud de la violencia y se suma a problemas de subregistro, impunidad y deficiencias en las investigaciones.

La organización Letra Ese sostiene su registro a partir de notas de prensa, redes sociales y observatorios locales. En ese marco, su coordinador de investigación, Samuel Jair Martínez, explicó que las variaciones recientes en las cifras deben analizarse con cautela. En 2025 se documentaron 60 asesinatos de personas LGTBI+, frente a 80 en 2024, aunque esa reducción no necesariamente implica una tendencia estable.

“Esto significa que el aparente descenso está sujeto a diferentes dinámicas que podrían aumentar los casos sin aviso previo”, indicó.

El observatorio también ha identificado que las mujeres trans continúan siendo el grupo más afectado por la violencia letal asociada a prejuicios, al concentrar 35 de los 60 homicidios de personas LGBT+ registrados en 2025. En paralelo, Martínez alertó sobre agresiones dirigidas a personas defensoras de derechos humanos LGBT+, con al menos 20 casos documentados en los últimos tres años.

Desde otra perspectiva, Amy Salazar, oficial de Emancipación y Comunicación del programa Identidad Sexual en la organización Balance, subrayó que la violencia no se limita a los asesinatos y suele comenzar en etapas previas que no siempre ingresan en las estadísticas oficiales.

“Las violencias que más nos aquejan son las que vivimos en nuestros espacios más cotidianos”, señaló, al advertir efectos directos en la salud mental. En ese sentido, citó un diagnóstico de la UNAM de 2023 que reporta que casi 80% de hombres trans y personas no binarias presentó ideación suicida, así como 60.7% de mujeres bisexuales y 57.4% de mujeres lesbianas.

“Son violencias que nos llevan a ocultar nuestras identidades, a evitar expresarnos, a modificar nuestra expresión de género”, alertó.

Salazar también señaló prácticas institucionales que afectan el registro de los casos, como la clasificación de transfeminicidios como homicidios o el uso de nombres y pronombres incorrectos en investigaciones. A ello se suman cambios recientes en metodologías federales que dificultan la comparación de datos en el tiempo.

En este contexto, los activistas sostienen que la visibilización de los casos responde a esfuerzos colectivos ante la falta de reconocimiento institucional. “No existen políticas públicas u otros esfuerzos de gran escala en contra de los prejuicios y la prevención de la violencia”, zanjó Martínez.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este lunes su “Informe Temático sobre Desaparición de Personas en México”, un diagnóstico en el que documenta una crisis nacional marcada por desapariciones masivas y por presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores del Estado.

Durante la entrega del informe, la relatora para México de la CIDH, Andrea Viviana Pochak, afirmó que las medidas implementadas por las autoridades mexicanas no han logrado contener el problema. Como parte del documento, el organismo emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano para fortalecer las labores de búsqueda, garantizar acceso a la justicia y atender a las víctimas.

“La impunidad de los casos de desaparición en México es aberrante, es la regla la impunidad y esto es lo que hay que revertir”, sostuvo la comisionada. También señaló que la desaparición forzada continúa vigente y describió el fenómeno como “masivo, generalizado, indiscriminado”, impulsado principalmente por el crimen organizado y favorecido por políticas de seguridad “absolutamente ineficaces”.

El informe también coloca el foco en la posible participación u omisión de autoridades. María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que el aumento de desapariciones en los últimos siete años refleja fallas y posibles actos de complicidad de instituciones de los tres niveles de gobierno.

“Es posible afirmar que en varios de estos casos es imposible que las autoridades del estado no conocieran las operaciones de estas redes macrocriminales”, afirmó.

Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles aprovecharon la presentación para cuestionar la respuesta gubernamental. Bibiana Efigenia Mendoza acusó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias buscadoras han enfrentado indiferencia institucional y recortes presupuestales en fiscalías y comisiones de búsqueda.

Por su parte, Silvia Ortiz criticó que existan prioridades distintas a la atención de las desapariciones y reclamó falta de compromiso hacia las madres y padres buscadores.

La CIDH advirtió además sobre el incremento de desapariciones relacionadas con reclutamiento forzado, trata y explotación laboral de menores de edad. El reporte contabiliza 18 mil 192 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre cero y 17 años; de ellos, 9 mil 342 corresponden a mujeres y adolescentes y 8 mil 817 a niños y adolescentes varones.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez afirmó que la falta de acción del Estado ha dejado a jóvenes y menores como el grupo más expuesto al reclutamiento forzado y exigió medidas concretas frente a las más de 133 mil personas desaparecidas registradas en el país.

La discusión de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que también contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para regular derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes, provocó advertencias en la Cámara de Diputados sobre posibles efectos en la libertad de expresión y la industria creativa.

El diputado del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, expresó preocupación por el alcance de la iniciativa y cuestionó si los cambios podrían afectar negociaciones internacionales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard.

Desde tribuna, señaló: “¿no está estropeando el trabajo de Marcelo Ebrard para ratificar el T-MEC y obtener una buena negociación, sobre todo en este mundo tan delicado como es el digital? ¿Ya se le preguntó a su nuevo compañero, el canciller?”.

El legislador también advirtió sobre posibles riesgos para la libertad de expresión. “Ayudemos sin falsos nacionalismos. Es complicado porque puede atacar la libertad de expresión”, afirmó durante la discusión.

Martínez sostuvo además que la regulación podría contravenir estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “no es lo mismo regular la transformación, modificación e imitación, que violar estándares internacionales desarrollados concretamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la información”, declaró.

Asimismo, recordó que la organización Artículo 19 ha advertido que un exceso regulatorio podría generar efectos inhibitorios en la creación cultural y la crítica pública. También consideró que legislar sobre inteligencia artificial resulta complejo e incluso podría ser inútil ante la falta de infraestructura tecnológica nacional.

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ruiz, afirmó que la reforma genera duplicidades entre la legislación laboral y la de derechos de autor, lo que podría provocar interpretaciones contradictorias. Además, señaló que la iniciativa no considera la diversidad de la industria cultural mexicana, donde muchos artistas carecen de condiciones equitativas de negociación.

La legisladora advirtió que el aumento de costos y la complejidad jurídica podrían reducir proyectos, inversión y empleo, afectando a actores, músicos, técnicos y creativos que forman parte de la cadena productiva del sector cultural.

La lucha contra el feminicidio en México dio un nuevo paso institucional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional con la que se pretende crear una ley general aplicable en todo el país para combatir este delito. La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para emitir una legislación que establezca sanciones y criterios penales homogéneos.

El proyecto plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para permitir que el Congreso federal legisle de manera integral sobre feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación del delito y los procesos de investigación en todas las entidades federativas. La propuesta surge, según la exposición de motivos, en un contexto de violencia estructural contra las mujeres que, de acuerdo con la mandataria, se agrava desde etapas tempranas de interacción social hasta escalar a su manifestación más extrema.

Como parte del sustento, la presidenta recordó los pronunciamientos internacionales dirigidos al Estado mexicano en materia de violencia de género, particularmente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y Campo Algodonero. En dicha resolución se determinó la responsabilidad internacional de México por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada en los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez.

La iniciativa también se apoya en datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reporta que hasta 2021 siete de cada diez mujeres, es decir, el 70.1%, han experimentado algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación. “Cifras que dan cuenta de la dimensión estructural del problema en nuestro país”, sostuvo la mandataria.

De acuerdo con el planteamiento, la futura Ley General en materia de Feminicidio contemplaría la articulación de derechos para víctimas y familiares, incluyendo acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica gratuita, así como seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. También establece la restitución digna de los cuerpos y servicios de traducción e interpretación, además de prohibir la difusión de imágenes de víctimas en plataformas digitales.

La propuesta incorpora medidas preventivas como refugios, evaluaciones oportunas y apoyo institucional mediante los Centros LIBRE, las abogadas de las mujeres, los centros de justicia y la línea Mujeres al 079, opción 1.

Asimismo, prevé la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, además de un registro nacional de casos y un padrón de menores en orfandad por feminicidio en coordinación con el DIF.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del documento y señaló que la propuesta será analizada por el Poder Legislativo. Se prevé que el pleno del Senado turne la iniciativa a comisiones durante la sesión programada para el próximo 7 de abril, donde comenzará su análisis legislativo.

La falta de acceso al agua potable en el asentamiento irregular Los Kilómetros, ubicado en la periferia de Ciudad Juárez, llevó a sus habitantes a recurrir a la vía legal para exigir el respeto a uno de los derechos humanos fundamentales: el acceso al agua.

Este asentamiento, establecido de manera irregular a lo largo de la carretera que conecta Ciudad Juárez con Nuevo Casas Grandes, en el estado de Chihuahua, carece de infraestructura urbana y de servicios básicos. Entre las carencias más críticas se encuentra la ausencia total de un sistema de suministro de agua potable, situación que ha afectado de manera directa a las familias que viven en la zona.

Ante estas condiciones, en mayo de 2025 un grupo de residentes del asentamiento promovió un juicio de amparo contra autoridades municipales al considerar que la falta de este servicio vulneraba su derecho humano al agua. El caso avanzó en el sistema judicial luego de que un juzgado de Distrito determinara inicialmente que los habitantes no contaban con interés legítimo para interponer el recurso, lo que dejó sin efecto la solicitud en una primera instancia.

El asunto llegó entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue revisado por el pleno del máximo tribunal del país. Por unanimidad de votos, las ministras y ministros aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se revocó la sentencia del juzgado de Distrito y se concedió el amparo a los habitantes de Los Kilómetros.

La resolución establece que las autoridades municipales deberán garantizar el suministro de agua potable de forma diaria mediante pipas. El servicio deberá cumplir con condiciones específicas definidas por la Corte: ser suficiente, continuo, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para los habitantes del asentamiento.

Además del suministro inmediato, la sentencia también contempla acciones para asegurar el acceso al recurso en el mediano plazo. El máximo tribunal ordenó la construcción de depósitos de almacenamiento masivo de agua para abastecer a la comunidad. Para concretar esa infraestructura, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua deberá destinar los recursos necesarios.

Durante la discusión del caso, el ministro Guerrero García planteó a sus colegas la importancia de reconocer plenamente el derecho humano al agua y pidió “no escatimar” en su protección. El debate incluyó posturas de algunos ministros que expresaron reservas respecto a ordenar la creación de infraestructura específica; sin embargo, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Con esta resolución, la SCJN determinó que las autoridades locales deberán implementar medidas inmediatas y garantizar recursos para asegurar el suministro de agua potable a los habitantes del asentamiento Los Kilómetros, quienes llevaron su demanda ante la justicia federal tras vivir sin acceso a este servicio básico.

En medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este domingo que el país mantiene su postura histórica en favor de la paz internacional, al tiempo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó medidas de protección para mexicanos que se encuentran en la región afectada por el conflicto.

Durante un evento público realizado en el municipio de Comondú, Baja California Sur, la mandataria se refirió al contexto internacional sin mencionar directamente el enfrentamiento armado, que comenzó 48 horas antes. Desde ese escenario, enfatizó que México sostiene una política exterior basada en la resolución pacífica de las controversias. “En estos momentos difíciles para el mundo. México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos”, expresó ante simpatizantes.

Como parte de su intervención, Sheinbaum recordó que la Constitución mexicana establece lineamientos claros en materia de política exterior. Citó el artículo 89, que señala principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de los conflictos, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica entre Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y la promoción de la paz y la seguridad internacionales.

La presidenta también vinculó estos principios con antecedentes históricos, al mencionar el papel de Venustiano Carranza frente a intervenciones extranjeras. Recordó la invasión estadounidense al puerto de Veracruz en 1914 y la oposición que el líder constitucionalista encabezó en defensa de la soberanía nacional. En su mensaje final, aseguró que existe unidad entre la población y el gobierno, y reiteró el compromiso de su administración con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó una reunión virtual con el personal diplomático mexicano desplegado en Medio Oriente para coordinar acciones de protección consular. La dependencia confirmó que cuenta con un registro actualizado de mexicanos residentes en los países de la región, donde el conflicto ha provocado cierres del espacio aéreo y cancelaciones de vuelos, dejando a decenas de connacionales sin posibilidad inmediata de salir.

Ante estas condiciones, la Cancillería detalló que los protocolos contemplan rutas de evacuación terrestre seguras para quienes decidan salir, siempre que las condiciones lo permitan. Hasta el momento, las autoridades reportaron que todas las solicitudes de asistencia consular han sido atendidas y no se tiene registro de personas mexicanas lesionadas o cuya integridad física haya sido afectada.

Asimismo, el canciller reconoció el trabajo del cuerpo diplomático en la zona y subrayó la importancia de proteger también al personal consular y sus familias, además de mantener la coordinación con autoridades locales. La SRE reiteró su recomendación de evitar viajes a los países involucrados en el conflicto. Para quienes ya se encuentran en esas zonas, pidió permanecer en resguardo dentro de lugares seguros, limitar desplazamientos y seguir las indicaciones oficiales.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó la fuga de 23 personas privadas de la libertad del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) en Puerto Vallarta, durante los disturbios registrados el domingo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El incidente dejó como saldo la muerte de un elemento de la policía penitenciaria.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, informó en conferencia de prensa que la evasión ocurrió luego de un ataque directo a las instalaciones penitenciarias. De acuerdo con el funcionario, un vehículo impactó uno de los portones de acceso al penal mientras se registraban disparos en el lugar.

Durante la agresión, el personal de custodia respondió para contener la situación. “Los compañeros repelieron la agresión, pero lamentablemente falleció uno de nuestros compañeros de la policía penitenciaria que estaban haciéndole frente a la situación”, explicó el titular de Seguridad.

Tras confirmarse la fuga, las autoridades activaron protocolos de búsqueda y coordinación interinstitucional. Hernández señaló que se emitieron alertamientos a distintas entidades federativas con el objetivo de localizar y recapturar a los internos evadidos. Estas acciones forman parte del despliegue de seguridad implementado en respuesta a los hechos violentos ocurridos en la región.

El funcionario detalló que el gobierno estatal reforzó la presencia de elementos de seguridad en el Ceinjure y sus alrededores para restablecer el control. Indicó que la situación se encuentra bajo supervisión y que personal de derechos humanos permanece en el sitio para dar seguimiento a lo ocurrido.

“Ya está bajo control la situación. Aún sigue personal de derechos humanos en el lugar. Y ya se hizo el pase de lista y ya prácticamente está restablecida la seguridad”, afirmó Hernández al ofrecer el balance preliminar del incidente.

La fuga se produjo en el contexto de una jornada marcada por bloqueos y actos violentos en distintos puntos de Jalisco, derivados del operativo federal en el que fue abatido Oseguera Cervantes. Estos acontecimientos generaron una respuesta inmediata de las autoridades estatales, que desplegaron operativos adicionales y activaron mecanismos de coordinación para contener los disturbios y reforzar la vigilancia en instalaciones estratégicas.

Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda para ubicar a los 23 reos fugados y continúan con las labores de seguridad en la zona, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes sobre el ataque al penal y las circunstancias que permitieron la evasión.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó la presencia militar en Sinaloa con el arribo de mil 600 elementos del Ejército mexicano, como parte de una estrategia para atender el incremento de hechos de violencia registrado en la entidad. Con este nuevo despliegue, el número total de efectivos militares en el estado asciende a aproximadamente tres mil, entre los que se incluyen alrededor de 200 integrantes de Fuerzas Especiales.

El envío de los nuevos contingentes se concretó a menos de 24 horas de un ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ambos pertenecientes a ese instituto político. Este contexto marcó la urgencia del refuerzo de seguridad en puntos estratégicos del territorio sinaloense.

De acuerdo con la Sedena, entre los elementos movilizados se encuentran 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes fueron trasladados desde distintos estados del país. El despliegue se realizó por vía aérea mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, las cuales arribaron a los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados zonas clave dentro del esquema de seguridad estatal.

La institución castrense informó que estos efectivos se integran al operativo permanente que ya mantienen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en Sinaloa, enfocado en el combate a las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región. El objetivo central del refuerzo es fortalecer las capacidades operativas de la III Región Militar y de la Novena Zona Militar, responsables de la seguridad en la entidad.

Según lo detallado por la Sedena, la misión específica del personal desplegado consiste en actuar de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las tareas asignadas incluyen acciones de disuasión, prevención del delito y patrullajes en diferentes zonas del estado, con la finalidad de generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

La dependencia subrayó que las operaciones se realizan conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los derechos humanos. El despliegue busca beneficiar directamente a la población sinaloense mediante un entorno de mayor seguridad, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia que han impactado tanto a actores políticos como a la sociedad en general.