En un movimiento que ha generado debates intensos y opiniones encontradas, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha aprobado por mayoría las minutas que proponen reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía. Con un voto de 19 a favor, 14 en contra y ninguna abstención, las minutas fueron aprobadas sin modificaciones y enviadas a la Mesa Directiva, con la expectativa de ser discutidas en el pleno de San Lázaro mañana miércoles.

La aprobación de estas reformas ha sido objeto de críticas y propuestas dentro de la misma Comisión de Justicia. La diputada del PRI, Sue Bernal, expresó su preocupación por el proceso legislativo acelerado, solicitando un debate más profundo y la apertura a parlamentos abiertos para discutir temas tan sensibles como los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Por otro lado, el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, defendió las reformas como parte de una reforma judicial más amplia que busca fortalecer la división de poderes y otorgar una mayor supremacía al tribunal constitucional. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, especialmente desde la oposición.

El diputado del PAN, Enrique Gerardo Sosa, destacó su preocupación por el impacto de las reformas, señalando que se está otorgando demasiado poder al presidente de la República, lo que podría debilitar el sistema jurídico y vulnerar los derechos de los ciudadanos. En particular, criticó la ampliación de la capacidad de amnistía del presidente, advirtiendo sobre posibles abusos y consecuencias a largo plazo.

En cuanto a la reforma a la Ley de Amparo, se ha planteado que podría ser interpretada como una respuesta del gobierno a las suspensiones judiciales relacionadas con proyectos controvertidos, como el Tren Maya. La diputada del PAN, Paulina Rubio, sugirió que esta reforma representa una “venganza” del presidente por las suspensiones judiciales que ha enfrentado en el pasado.

La preocupación sobre la reforma a la Ley de Amnistía se centra en la amplia discrecionalidad que se otorga al presidente para concederla, incluso sin pruebas sólidas. Esto ha generado inquietudes sobre la garantía de la verdad y la posibilidad de que se utilice para fines políticos o personales.

Las reformas a la Ley de Amparo y Amnistía han pasado el primer filtro en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pero su futuro sigue siendo incierto. Mañana, estas propuestas serán sometidas a debate en el pleno de San Lázaro, donde se espera una discusión profunda y una evaluación cuidadosa de su impacto en el sistema judicial y los derechos de los ciudadanos.

En un acontecimiento que marca un hito en el ámbito judicial de Guerrero, el coronel Zipacná Jesús Torres ha sido designado como el nuevo fiscal general de Justicia del Estado. La decisión fue tomada tras un proceso exhaustivo en el que Torres Ojeda logró superar con creces la mayoría calificada necesaria en el Congreso local, obteniendo el apoyo de 43 diputados.

El proceso de selección y designación del fiscal general de Justicia del Estado contó con la participación de 33 aspirantes, cuyos nombres fueron dados a conocer por la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero. Entre ellos figuraban destacados profesionales del ámbito jurídico como Jesús Zamora Muñoz, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, y Armando Ramírez Martínez, entre otros.

Tras un riguroso proceso de evaluación, se espera que antes de la próxima semana el Congreso presente una lista de 10 candidatos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Esta lista será el punto de partida para la selección final del nuevo fiscal del estado.

El coronel Zipacná Jesús Torres, oriundo del puerto de Acapulco, cuenta con una sólida formación académica en derecho penal, respaldada por maestrías en Derecho Penal y Derechos Humanos de instituciones universitarias de renombre. Además, ha demostrado su compromiso con la justicia al no haber ocupado cargos políticos ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme.

En su amplia trayectoria de 36 años en la administración pública, Torres Ojeda ha desempeñado roles clave, incluyendo agente del Ministerio Público Militar, Juez de Control y jefe de grupo de quejas y recomendaciones del Sistema de Justicia Militar. Su experiencia y dedicación son pilares fundamentales en su nombramiento como nuevo titular de la fiscalía estatal.

Durante la sesión en el Congreso, el coronel Torres Ojeda recibió un amplio respaldo, obteniendo 43 votos a favor, mientras que su oponente más cercano apenas logró uno. Este contundente apoyo refleja la confianza depositada en su capacidad para liderar el sistema judicial del estado.

Con su nombramiento, el coronel Zipacná Jesús Torres se convierte en una voz influyente en la búsqueda de la justicia y la seguridad en Guerrero. Su compromiso con el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos promete marcar un nuevo capítulo en la historia del sistema judicial del estado.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, en un encuentro con motivo del Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de las Juezas, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), compartió su testimonio sobre la violencia mediática que enfrentó, sin abordar directamente las acusaciones de plagio de su tesis de derecho a fines de 2022.

“Se me negó el derecho más básico, el de ser escuchada… fui juzgada y condenada sin ningún respeto”, expresó la ministra Esquivel durante el evento.

Además, alertó sobre la persistencia de la violencia contra las juezas, destacando que esta va más allá de la afectación de sus derechos humanos, pudiendo influir en su función y en la integridad de la institución a la que pertenecen.

Asimismo, hizo hincapié en que la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo facilita la participación efectiva en la vida pública y promueve la progresión de los derechos de las mujeres.

En su intervención, la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto, respaldó las palabras de la ministra Esquivel, enfatizando que ninguna jueza debe temer al emitir resoluciones justas y alineadas con la paz, la democracia y la igualdad sustantiva.

“Estamos aquí para denunciar y no tolerar más la violencia hacia las mujeres”, afirmó la magistrada Soto, instando a detener cualquier forma de violencia hacia las juezas y rechazando la idea de tolerar incluso un mínimo porcentaje de violencia.

En este sentido, subrayó la importancia de poner fin a la violencia hacia las juezas, asegurando que ninguna jueza debería ser víctima de discriminación o estereotipos de género.