La posible comparecencia de funcionarios federales por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México aún no tiene fecha definida y dependerá de los acuerdos que alcancen los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados. Así lo informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien precisó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no tomará parte en esa decisión.

El legislador explicó que la determinación será analizada dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde los grupos parlamentarios votarán si procede o no la comparecencia. Señaló que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se limita únicamente a la coordinación de fechas, en caso de que se apruebe la solicitud.

También aclaró que, una vez que se defina la comparecencia, se buscará acordar la disponibilidad de los funcionarios, “para efecto de la agenda que tenga con el funcionario buscar los días y ponernos de acuerdo en la fecha, una vez que se decida la comparecencia”, añadió.

El coordinador de Morena indicó que no existe un plazo para resolver el tema y reiteró que será la Jucopo quien determine el curso de acción. Además, expresó su confianza en que la Comisión Interinstitucional designada por la presidenta de la República acelere la investigación y ofrezca resultados a la población afectada.

La discusión surge luego de que legisladores de oposición solicitaron la comparecencia de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, y del director de Pemex, Víctor Rodríguez, para explicar el derrame.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, reiteró la petición tras la confirmación de un incendio en una bodega de la refinería Olmeca, en Dos Bocas. “Es un mar de fallas, una obra patito de un régimen patito. México merece explicaciones”, afirmó.

La renovación de tres espacios en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene calendario definido, criterios de selección y un mecanismo alterno en caso de bloqueo político. La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria que regirá todo el proceso para cubrir las vacantes que dejarán Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera a partir del 4 de abril.

El documento establece que el registro de aspirantes se realizará del 23 al 27 de marzo, previo al inicio del periodo de Semana Santa. Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos deberán presentar un examen programado para el lunes 6 de abril a las 10:00 horas, dentro de las instalaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

La evaluación estará a cargo del Comité Técnico de Evaluación (CTE), que tendrá la responsabilidad de filtrar perfiles y seleccionar a los mejor calificados. De ese proceso surgirán tres listas con cinco aspirantes por cada cargo disponible, incluyendo al menos una conformada exclusivamente por mujeres. Dichas propuestas deberán entregarse a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a más tardar el 20 de abril.

El siguiente paso será la votación en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se requerirá el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes para designar a los nuevos consejeros. La fecha límite para concretar estos nombramientos es el 22 de abril.

En caso de que no se alcance el consenso necesario entre los grupos parlamentarios, el proceso contempla una insaculación en el propio recinto legislativo. Si las diferencias persisten, el CTE enviará las listas de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros realizarán la selección mediante un sorteo a partir del 29 de abril.

La integración del Comité Técnico también quedó definida en la convocatoria. La Jucopo enviará un oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que designe a dos de sus integrantes, mientras que los otros tres serán elegidos por consenso entre las fuerzas políticas bajo criterios como imparcialidad, independencia, legalidad y profesionalismo.

Durante la discusión previa, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, planteó condiciones sobre la conformación del comité. “que los integrantes del comité sean apartidistas, que no hayan sido candidatos, que no partidicen en el proceso, por lo menos desde el día uno”. Más adelante, señaló: “Eso ya se aceptó, viene una convocatoria sana en términos de quienes deben de integrar al comité”.

La aprobación de la convocatoria alcanzó 408 votos a favor, 35 en contra y ninguna abstención. La única bancada que votó en contra fue la del PRI, encabezada por Rubén Moreira, con excepción de Jericó Abramo y Marcela Guerra, quienes no estuvieron presentes durante la votación.

La propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal abrió un nuevo frente de confrontación política en la San Lázaro, donde legisladores de oposición advirtieron cambios en la elección de diputados, el acceso a resultados preliminares y las reglas de representación política en el Congreso.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, afirmó que la iniciativa podría propiciar el uso de “acordeones” para influir en la elección de legisladores. Señaló que el nuevo modelo contempla la designación de 100 diputados mediante circunscripciones plurinominales, lo que, aseguró, facilitaría la imposición de perfiles y el fortalecimiento de estructuras políticas locales.

El planteamiento establece que cada partido presentará listas de 40 candidaturas, de las cuales los electores podrán elegir a un hombre y una mujer. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este mecanismo busca ampliar la participación ciudadana en la selección de representantes. Sin embargo, Moreira sostuvo que este esquema podría debilitar a la oposición y consolidar grupos de poder regionales.

Otro de los puntos señalados es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), herramienta que permite conocer tendencias la noche de la elección. El legislador advirtió que su desaparición limitaría el acceso inmediato a la información electoral. También cuestionó la intención de eliminar la lista de senadores de representación proporcional, mecanismo que permitió ampliar la pluralidad política desde su creación.

Moreira recordó que este modelo fue impulsado por Porfirio Muñoz Ledo y afirmó que su eliminación modificaría la integración del Senado. Además, señaló que su bancada no participará en el debate bajo las condiciones actuales, al considerar que la mayoría legislativa pretende modificar reglas fundamentales del sistema electoral.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, condicionó cualquier respaldo a la inclusión de medidas contra el financiamiento ilícito. Entre ellas, propuso rastrear recursos en campañas, anular elecciones con intervención criminal, retirar el registro a partidos involucrados y sancionar a dirigentes responsables.

El legislador también cuestionó el origen de la iniciativa presentada por Pablo Gómez, al señalar que no refleja un ejercicio amplio de consulta. La reforma continúa en discusión y plantea cambios en la integración del Congreso y el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

Con 61 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen que plantea reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas de manera gradual hasta el año 2030. El proyecto recibió respaldo unánime, aunque la oposición adelantó que presentará reservas para modificar puntos clave antes de su eventual discusión en el Pleno.

La propuesta establece una disminución progresiva de la jornada, con el objetivo de permitir que sectores productivos y centros de trabajo se adapten de forma escalonada. Durante el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en apoyar la reducción, pero marcaron diferencias respecto a su implementación y alcances.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, respaldó el dictamen en lo general, pero exigió que se incorpore expresamente el esquema de “cinco días de trabajo por dos de descanso”. Recordó que desde marzo de 2023 existe una minuta sobre el artículo 123 constitucional que señala que “por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”. Subrayó que esa iniciativa, impulsada por la entonces diputada Susana Prieto, fue apoyada por todas las fuerzas políticas y que, conforme al artículo 288, “no ha precluido, está viva”. También cuestionó por qué no se ha desahogado primero esa propuesta.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Iraís Reyes afirmó que la reducción a 40 horas debe implicar dos días de descanso obligatorios, no opcionales ni diferidos hasta 2030. Señaló que omitir ese punto dejaría a más de 20 millones de trabajadores sin certeza plena sobre su derecho al descanso y la desconexión.

En la misma línea, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, precisó que su bancada no se opone a disminuir la jornada, sino a la forma planteada. Indicó que, como está redactado, se mantienen seis días laborales con un solo día de descanso y se amplían las horas extras de nueve a 12 por semana, lo que —dijo— impediría que la reforma funcione adecuadamente.

Por Morena, la diputada Mirna Rubio defendió el carácter gradual de la iniciativa. Argumentó que la transición escalonada permitirá ajustes ordenados sin afectar la estabilidad laboral ni económica. Aclaró que el dictamen no modifica salarios ni prestaciones y aseguró que se trabajará menos tiempo con el mismo ingreso.

Aunque la votación en comisiones fue unánime en lo general, los grupos de oposición confirmaron que buscarán cambios para garantizar dos días de descanso por cada cinco laborados y para que la reducción a 40 horas entre en vigor de manera inmediata.

El Congreso mexicano actuó con contundencia. Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para exigir al gobierno de Estados Unidos la liberación inmediata de 14 mexicanos recluidos en el polémico centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”.

El documento aprobado advierte que esta reclusión viola los derechos humanos más elementales. El acuerdo parlamentario califica como inaceptable que se envíe a migrantes a una prisión que impone el terror, vulnera la dignidad humana y funciona al margen de las leyes y la Constitución de Estados Unidos.

De acuerdo con legisladores de distintos partidos, las condiciones dentro del centro son alarmantes y representan un peligro para la vida de quienes ahí se encuentran. La Comisión Permanente remarcó que este tipo de instalaciones han sido proscritas desde la Segunda Guerra Mundial, y exigió no sólo la liberación de los mexicanos detenidos, sino de todos los migrantes privados de su libertad en ese centro. También demandó el cierre definitivo de “Alligator Alcatraz”, al que calificaron como una cárcel infamante.

El senador Homero Davis Castro, del partido Morena, hizo énfasis en los múltiples testimonios y reportes emitidos por organismos de derechos humanos que denuncian las pésimas condiciones de vida en el lugar. Los informes hablan de alimentos en mal estado, baños sin funcionar, escasez de agua potable, falta de atención médica, detenciones prolongadas y ausencia de procesos legales claros.

Desde la tribuna, el diputado del PRI, Rubén Moreira, urgió a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intervenir activamente para lograr la liberación de los connacionales. Además, alertó sobre el debilitamiento presupuestal del Fondo de Atención, Protección, Servicio y Asistencia Consular. Recordó que en 2018 este fondo contaba con 836 millones de pesos, mientras que para 2025 se contempla apenas una asignación de 524 millones.

Por su parte, Margarita Zavala, diputada del PAN, denunció las condiciones en las que Estados Unidos deporta a migrantes mexicanos. Relató que aviones los trasladan por la noche a Tabasco y que, ya en territorio nacional, son transportados en autobuses hasta la Ciudad de México, abandonados con apenas unos pesos o un bono.

Pablo Vázquez Ahued, diputado de Movimiento Ciudadano, recordó que el tema del centro de detención es conocido desde junio. Lamentó que la Comisión Permanente lo esté abordando apenas ahora y advirtió sobre el riesgo de que este asunto sea utilizado como distractor ante otros temas graves, como la penetración de la delincuencia organizada en instituciones públicas.

El Congreso mexicano dejó clara su postura: no más omisiones ni silencio frente al trato indigno de los migrantes.

El ambiente político en México se encendió tras la reciente difusión de mensajes considerados discriminatorios hacia la comunidad migrante, contratados por el gobierno de Estados Unidos para su transmisión en medios mexicanos. Las reacciones no se hicieron esperar, y desde el Congreso surgió un pronunciamiento claro y contundente.

Las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su rechazo absoluto a la intervención extranjera en territorio nacional mediante propaganda. En un comunicado conjunto, calificaron la acción como “inaceptable” y señalaron que constituye tanto una injerencia política como una falta de respeto hacia la población migrante y hacia México como país soberano.

“Es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos contrate propaganda en nuestro territorio para discriminar a los connacionales”, sentenció Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, al encabezar el pronunciamiento.

La controversia se intensificó luego de que un mensaje emitido por la secretaria de Seguridad de Estados Unidos fuera difundido en medios nacionales. En el contenido, se hizo referencia a personas migrantes como “criminales”, lo que desató una ola de indignación entre los legisladores y diversos sectores sociales.

“Rechazo esta injerencia y esta discriminación a nuestros paisanos”, puntualizó Gutiérrez Luna. El llamado desde el Legislativo fue directo: evitar la difusión de cualquier contenido que fomente el odio o la estigmatización, especialmente cuando proviene de actores extranjeros.

El exhorto se dirigió específicamente a televisoras y plataformas digitales mexicanas, instándolas a no servir como canal para transmitir mensajes que atenten contra los derechos y la dignidad de las personas migrantes. “Quienes tenemos conciencia social y entendemos las dificultades que día a día viven las personas migrantes, nos manifestamos profundamente indignados”, señalaron los legisladores.

En contraste, las bancadas del PAN y PRI optaron por deslindarse del manifiesto. Sin embargo, Rubén Moreira, coordinador del PRI, también ofreció una postura crítica. Subrayó que la diplomacia mexicana ha sido insuficiente para responder a este tipo de provocaciones y lamentó que la reacción del gobierno federal se centrara en atacar a los medios nacionales en lugar de emitir una nota de protesta formal hacia el gobierno estadounidense.

“Otro gobierno viene acá y hace lo que quiere”, dijo Moreira al cuestionar la aparente pasividad de la Cancillería. Las tensiones políticas continúan escalando mientras se exige una respuesta más firme y clara desde el Ejecutivo mexicano. La controversia no solo revela un conflicto diplomático en potencia, sino que también enciende el debate sobre los límites de la soberanía mediática en tiempos de migración y campañas transfronterizas.