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El “plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en el Senado tras ser aprobado en comisiones unidas con 24 votos a favor de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 11 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en una sesión marcada por la ausencia del Partido del Trabajo (PT).

Los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, no asistieron a la reunión, mientras que hasta el momento no existe un respaldo público del PT a la propuesta. El dictamen será discutido en el pleno del Senado este miércoles alrededor de las 6:00 de la tarde.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los principales cambios destaca que la consulta de revocación de mandato de la persona titular del Ejecutivo federal pueda realizarse el primer domingo de junio de 2027 o 2028, coincidiendo con la elección federal y con la segunda elección de jueces y magistrados.

El proyecto establece que “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”. También prohíbe el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la contratación de propaganda para la promoción de la consulta.

Morena defendió la reforma al señalar que busca reducir privilegios en ayuntamientos y en el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la oposición concentró sus críticas en la coincidencia de la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027, al advertir que podría favorecer políticamente a Morena.

El senador panista Ricardo Anaya calificó la iniciativa como un “bodrio” y afirmó: “Quieren ir a la revocación, vamos. Pero reconozcan que es una trampa por todos lados… No le tenemos miedo a la revocación, no más que con piso parejo”.

Desde Morena, el senador Pavel Jarero rechazó que se utilicen recursos públicos y defendió el proceso. “Y yo diría por el tema de la mañanera que se preocupan tanto, quien ve la mañanera lo hace por amor”, señaló.

Durante la discusión, el morenista Manuel Huerta mostró una estampilla denominada “detente” con imágenes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo a legisladores opositores: “Se zurran de miedo”.

El dictamen también contempla reducir el número de regidores y síndicos en ayuntamientos y establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto estatal. La senadora priista Claudia Anaya advirtió que estas medidas afectan el pacto federal, mientras que Carolina Viggiano aseguró que la reducción de regidores impactaría únicamente a 191 de los 17 mil existentes.

Tras la sesión, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, publicó una fotografía con legisladores del PVEM y PT y escribió: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, pese a que el respaldo del PT al proyecto aún no se ha formalizado.

Una iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea modificar las reglas de la revocación de mandato para la persona titular del Ejecutivo federal. Entre los cambios propuestos se incluye permitir que el propio mandatario pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, además de abrir la posibilidad de que la consulta se realice en 2027 junto con otras elecciones.

La propuesta forma parte del llamado “plan B” de la reforma electoral que la mandataria envió al Congreso. En el proyecto se plantea modificar el artículo 35 de la Constitución para redefinir la forma en que se organiza y desarrolla este mecanismo de participación ciudadana.

El documento establece que la revocación de mandato podrá solicitarse una sola vez durante el periodo presidencial y únicamente dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o del tercer año del mandato. Bajo ese esquema, el proceso podría realizarse en 2026 o en 2027.

De concretarse en 2027, la consulta coincidiría con el proceso electoral federal en el que se elegirán diputaciones federales, además de cargos locales. También se empalmaría con la segunda etapa del proceso de elección de jueces y magistrados.

Uno de los cambios centrales de la iniciativa se refiere a la participación directa del titular del Ejecutivo durante el proceso. El proyecto propone que la persona sujeta a revocación pueda intervenir públicamente en la difusión del mecanismo y llamar al voto. El texto de la iniciativa señala: “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.

En caso de aprobarse la reforma, la presidenta podría promover el voto durante eventos públicos o incluso en sus conferencias matutinas realizadas en Palacio Nacional. La propuesta implicaría modificar el esquema vigente que limita la promoción institucional en este tipo de procesos. Actualmente, el artículo 134 de la Constitución establece que la propaganda gubernamental no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Además, el artículo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la promoción de la participación ciudadana en procesos electorales corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales, así como a los partidos políticos y sus candidatos.

El tema de la intervención del Ejecutivo en procesos de revocación ya había generado controversia en el pasado. Durante el ejercicio realizado en 2021, la participación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador provocó desacuerdos con el Instituto Nacional Electoral, que en ese momento emitió medidas cautelares por el uso indebido de recursos públicos relacionado con la promoción del proceso.

La iniciativa presentada por Sheinbaum busca establecer nuevas reglas constitucionales para la revocación de mandato y definir el momento en que podría realizarse durante el sexenio.

Morena prepara un nuevo movimiento político rumbo a 2027. El partido guinda impulsa una propuesta para que la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se realice el mismo día que las elecciones de jueces, diputaciones federales y 17 gubernaturas. La iniciativa, encabezada por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, se discutirá el próximo lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a partir de las seis de la tarde.

El objetivo del proyecto es sincronizar ambos procesos electorales para hacerlos coincidir en una sola jornada nacional en junio de 2027. Actualmente, la Constitución establece que las consultas populares deben realizarse el primer domingo de agosto, pero con la reforma propuesta, se adelantarían al primer domingo de junio, fecha que coincide con las elecciones intermedias federales.

De aprobarse por el Congreso de la Unión, la medida modificaría el artículo 5 de la Constitución y redefiniría la manera en que los ciudadanos participan en los ejercicios de democracia directa. Según Ramírez Cuéllar, esto permitiría aprovechar la movilización electoral de las elecciones intermedias, evitando duplicar procesos y costos logísticos.

La propuesta, contenida en un documento de 34 páginas, plantea que la revocación de mandato solo pueda solicitarse una vez durante el periodo presidencial, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre posteriores al segundo año de gobierno. El ejercicio se realizaría mediante voto libre, directo y secreto, el mismo día que se eligen diputados federales.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es el ahorro económico. De acuerdo con las estimaciones del legislador, unificar la consulta con la elección intermedia permitiría reducir el gasto público en al menos mil 500 millones de pesos, cifra similar a la que costó la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022.

Además del factor económico, Morena considera que esta sincronización fomentaría una mayor participación ciudadana. Al concentrar en un solo día tanto la elección de representantes como el ejercicio de consulta sobre la continuidad presidencial, se busca incentivar la asistencia a las urnas y fortalecer los mecanismos de democracia directa.

La propuesta será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Leonel Godoy, también integrante de la bancada guinda. Si logra avanzar en esa instancia, el proyecto podría escalar al pleno de la Cámara de Diputados para su eventual aprobación y envío al Senado.

Con este planteamiento, Morena busca consolidar un nuevo esquema electoral que combine eficiencia administrativa, ahorro presupuestal y una mayor implicación ciudadana en las decisiones políticas del país, en una jornada que marcaría el rumbo electoral de 2027.

Norma Lucía Piña Hernández presentó su último informe como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cerrando así una etapa de dos años y ocho meses al frente del máximo tribunal del país. En su mensaje final destacó que, durante su gestión, la Corte ejerció los recursos públicos con estricto apego a la ley, priorizando la disciplina presupuestaria, la transparencia, la eficiencia y la austeridad, lo que permitió generar ahorros anuales al operar con un gasto menor al autorizado.

Uno de los ejes centrales de su informe fue la transferencia de recursos derivada de la reforma judicial de 2024, que establece la entrada en funciones de nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación a partir del 1 de septiembre de 2025.

Piña subrayó que el grupo de trabajo encargado de la transición mantuvo informado al Tribunal Pleno y a la Comisión de Transición en cinco momentos clave, asegurando un proceso ordenado en lo material, humano, presupuestal y financiero.

La ministra también resaltó avances inéditos en el levantamiento de inventarios de bienes muebles bajo metodologías actualizadas, conciliados con la contabilidad institucional. Este ejercicio, dijo, aportará certeza y precisión en el proceso de entrega de recursos previsto en la reforma, además de constituir un ejemplo de administración eficiente apoyada en personal capacitado y tecnologías avanzadas.

En una sesión solemne marcada por ausencias significativas —como las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, así como el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena— Piña sostuvo que, pese al asedio, las calumnias y la desinformación, la Corte respondió siempre con sentencias y no con estridencias. “No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho”, afirmó, al tiempo que recalcó que la Judicatura trabajó sin descanso en un entorno de adversidad sin precedentes.

El informe también estuvo acompañado de las intervenciones de los presidentes de la Primera y Segunda Sala. Loretta Ortiz Ahfl enfatizó que “la historia se escribe con cada decisión que tomamos, aquí y ahora”, mientras que Javier Laynez Potisek presentó cifras de productividad, señalando que solo quedaron 47 asuntos pendientes de resolución, la mayoría en la ponencia de la ministra Lenia Batres.

Entre los asistentes destacaron ex presidentes de la Corte como Guillermo Ortiz Mayagoitia y Luis María Aguilar Morales, así como la ministra en retiro Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. También estuvieron presentes consejeros de la Judicatura Federal cercanos a Piña y representantes de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, organización que se opuso a la reforma judicial.

El acto representó el cierre de una era de 30 años iniciada con la reforma de 1995 impulsada por Ernesto Zedillo, y el inicio de una nueva etapa en la que, por primera vez, los jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular, tras la reforma aprobada en septiembre de 2024.

Más allá del balance administrativo, la trayectoria de Piña en la Corte ha estado marcada por un compromiso con los derechos humanos, la equidad de género y la defensa del Estado laico. Formó parte de la mayoría que en 2021 declaró inconstitucional la penalización absoluta del aborto, destacando que obligar a una mujer a continuar un embarazo vulnera sus derechos fundamentales. En ese mismo fallo enfatizó la necesidad de reconocer la pluralidad de creencias y garantizar condiciones dignas para la interrupción legal del embarazo.

Su independencia también se reflejó en su voto contra la Ley de la Industria Eléctrica, por considerarla contraria a los principios constitucionales, y en proyectos pioneros como el que permitió la explotación legal de la fibra de cannabis con fines industriales, sentando un precedente económico y regulatorio.

En casos mediáticos, defendió la igualdad de género, como en el amparo relacionado con expresiones discriminatorias contra la periodista Flor Rubio.

Otro episodio destacado fue su negativa a otorgar un amparo al juez Efraín Cázares López, involucrado en el “Michoacanazo”, reafirmando su postura de fortalecer la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

Al concluir su gestión, Piña enfatizó que la misión de la Suprema Corte y los derechos que protege la Constitución permanecen vigentes, y que el rumbo del país debe construirse con trabajo conjunto y con apego al proyecto nacional plasmado en la Carta Magna. Con su salida, inicia un capítulo inédito en la vida judicial mexicana bajo el esquema de elección popular de sus integrantes.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un proyecto en el que propone declarar válida la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina de Justicia Federal, a pesar de una impugnación que cuestionaba la legalidad del proceso por presuntas irregularidades. La propuesta será discutida y votada en los próximos días por la Sala Superior.

La impugnación fue interpuesta por una ciudadana que también participó en la contienda. En su recurso, señaló que la elección violó principios electorales, acusando que el partido Morena habría repartido “acordeones” para influir en el voto. Además, denunció que se vulneró la representatividad democrática debido a una división arbitraria de los circuitos judiciales, y que existió incertidumbre en las reglas del proceso a causa de contradicciones normativas.

El recurso incluyó como pruebas 87 acordeones en formato físico, 225 en versión digital, así como publicaciones en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, en su proyecto, De la Mata consideró que los señalamientos eran infundados y que los documentos presentados no demostraban la comisión de faltas graves.

“Las pruebas privadas que fueron aportadas por la actora no acreditan las presuntas violaciones graves y no demuestran los hechos que manifiesta la actora”, se lee en el documento.

El magistrado precisó que no existe constancia de que los acordeones se hubieran distribuido durante la jornada electoral ni de que los votantes tuvieran acceso a ellos. Tampoco se acreditó la manera en que fueron obtenidos, lo que impide comprobar su uso real.

“De estos documentos no hay forma de saber si se distribuyeron, si el electorado contaba con un ejemplar el día de la elección, además no se prueba cómo se obtuvieron y no hay certeza de si se trata de una prueba constituida”, sostiene el proyecto.

Ante la falta de elementos que comprueben las acusaciones, De la Mata plantea declarar inoperantes los señalamientos y validar la elección, lo que permitiría que los magistrados electos asuman sus cargos.

El Tribunal de Disciplina de Justicia Federal estará conformado por Celia Maya García, Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves, Rufino León Tovar e Indira Isabel García, quienes fueron designados en este proceso electoral interno.

De aprobarse el proyecto, la Sala Superior confirmará oficialmente la integración del nuevo órgano disciplinario, que tendrá la responsabilidad de vigilar el desempeño de jueces y magistrados federales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó este viernes 45 constancias de mayoría a jueces y magistrados que, en un inicio, habían sido declarados inelegibles. La decisión obedeció a una instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el propósito de evitar vacancias en cargos judiciales y garantizar el cumplimiento de la paridad de género.

Durante la sesión del Consejo General, los consejeros manifestaron su desacuerdo con la resolución del Tribunal Electoral. No obstante, votaron a favor del cumplimiento del mandato judicial, con excepción de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quien expresó su respaldo abierto a la legitimidad de los triunfos.

“Estos 45 triunfos no son menos legítimos. No han sido designados, han sido electos, no representan a un sector o a una élite, su legitimidad no proviene del poder sino del pueblo de México. Su responsabilidad no es sólo con la ley, sino con la historia”, declaró Taddei Zavala.

El origen del caso se remonta a la verificación de requisitos académicos y criterios de paridad. En varios casos, los aspirantes no alcanzaron el promedio mínimo requerido en licenciatura o especialidad, lo que llevó al INE a declarar vacantes. Sin embargo, el TEPJF ordenó reconocer los resultados de la elección del 1 de junio.

En al menos 28 casos, se trató de magistraturas donde no se cumplía con el promedio de nueve en la especialidad. Además, en 12 procesos el ajuste se realizó por criterios de equidad de género: mujeres que habían obtenido el triunfo, pero cuyos lugares se habían asignado a hombres.

Entre quienes recibieron su constancia como jueces de distrito se encuentran Tania Virginia Neri Borjas, María De Fátima Ramírez Esparza, Arlette Bisteni Pérez, José Wenceslao Báez Montelongo, Julio Alberto Ramírez Martínez, Jesymar Castillo Arangute y Edgar Alejandro Domínguez Villapudua.

También figuran José Antonio Ruiz Rosales, Ricardo Jiménez Galicia, María Isabel Contreras López, Carlos Alberto Arellano Fuentes, Selene Isela Campos López, Genaro García Carrasco, Benjamín Rodríguez Cuéllar, María del Carmen Zúñiga Cleto, Rosa María Viveros Villegas, Graciela Anaya Ruiz, Marelie Mendoza Reyna y Yadira Guadalupe Dórame Enríquez.

En el caso de las magistraturas de circuito, el INE entregó constancias a Diego Gatica Noriega, José Francisco Nieto Alcalá, Juan Pablo Vásquez Calvo, Sixto Iván Rivera López, Norma Leticia Aguilar Estrada, María Eugenia Martínez Carrillo, Edgar Iván Asencio López, Landy Giselle Brito Bernal, Carlos Francisco López Reyna, Luis Carlos Maldonado Lazos y Sonia Alejandra Martínez Mireles.

La lista incluye además a Carol Denise Gómez Castro, Darío García Cedillo, Mariela Estefanía Zurita Lugo, Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, María Valdés Leal, Sheila Taideth Díaz Colín, Jorge Medina Sarabia, Catalina Álvarez Ramales, Ana Yadira Alarcón Márquez, Ximena Jiménez García, Nadia Cecilia Lupita Licón González, Lilia Areli Zamora Colmenares, Nancy Aguilar Tovar, Melina Hernández Sánchez y Xitlali Gómez Terán.

Con esta decisión, el INE dio cumplimiento a la instrucción del TEPJF y cerró el proceso de entrega de constancias, con lo cual los nuevos jueces y magistrados podrán ejercer el cargo para el que fueron electos en las urnas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la entrega de un bono equivalente a dos meses de salario a su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, a los consejeros electorales y a todo el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) como compensación por la carga laboral de la reciente elección de jueces, ministros y magistrados.

La remuneración extraordinaria a Taddei fue de 240 mil 784 pesos netos, considerando que su sueldo bruto es de 262 mil 634 pesos y su salario neto mensual de 120 mil 392 pesos. Este monto se asignó con base en el oficio INE/DEA/CEI/1018/2025 de la Dirección Ejecutiva de Administración.

En total, el organismo destinó alrededor de 23 mil 757 millones de pesos para cubrir el pago a todo su personal operativo, una cifra semejante a la que se aplicó el año anterior durante la elección presidencial. El beneficio incluyó a consejeros, directores ejecutivos, directores de área, coordinadores, subdirectores y personal del SPEN.

El pago del llamado “bono electoral” se realizó en dos partes: la primera en marzo y la segunda en mayo de 2025. Esta práctica, vigente para el personal electoral desde los procesos federales de 1993, también se ha aplicado en elecciones extraordinarias, como la de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2020-2021). En el caso específico de los consejeros, el bono se otorgó hasta 2012, se suspendió y fue retomado en 2024 por propuesta de Taddei Zavala.

La aprobación para este año se dio el 8 de marzo de 2025 en la Junta General Ejecutiva, mediante el acuerdo INE/JGE40/2025. En dicho documento se establecieron las bases para cumplir lo dispuesto en el artículo 67, fracción XVII, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, en relación con el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 del Poder Judicial de la Federación.

Este pago extraordinario se justifica por el incremento de trabajo que generan los procesos electorales, particularmente en los que involucran cargos de alta responsabilidad, como jueces, magistrados y ministros. Según el INE, la operación de la elección judicial requirió un despliegue logístico y técnico similar al de una elección federal ordinaria, lo que demandó recursos humanos y financieros adicionales.

Con esta asignación, el INE mantiene la política de reconocimiento económico a su personal por su participación en procesos electorales extraordinarios, asegurando la cobertura de todas las etapas de organización y desarrollo de la jornada.

El antiguo recinto de Xicoténcatl volverá a cobrar vida este mes con el traslado de las últimas tres sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, luego de que el Senado anunciara una serie de adecuaciones en su sede principal para recibir a más de 881 nuevos jueces, magistrados y ministros que rendirán protesta el próximo 1 de septiembre.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que no se trata de una remodelación del salón del pleno, sino de ajustes operativos y logísticos necesarios para el desarrollo del evento, que reunirá a integrantes del Poder Judicial de todo el país. La ceremonia de protesta se llevará a cabo en siete rondas, desde las 7:30 de la tarde hasta cerca de las 11:30 de la noche.

Los primeros en rendir protesta serán los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguidos por magistrados y jueces. La magnitud del acto ha obligado al Senado a modificar su dinámica regular de trabajo, trasladando las sesiones a Xicoténcatl para mantener su actividad legislativa sin interrupciones.

Como parte de la preparación, ya se han realizado simulacros con personal interno, incluyendo brigadas de limpieza, para garantizar que el protocolo se cumpla con precisión. Además, el Senado implementará un sistema de apoyo virtual y telefónico con al menos dos operadores, quienes se encargarán de orientar a los invitados sobre el acceso al recinto y la entrega del documento oficial de toma de protesta.

Cada uno de los más de 800 juzgadores llegará acompañado, por lo menos, de una persona, lo que incrementa significativamente el flujo de asistentes al recinto legislativo. La operación logística contempla horarios escalonados para la llegada de los grupos, con el objetivo de evitar aglomeraciones y asegurar que la ceremonia fluya sin contratiempos.

El Senado convertirá ese día en un operativo de alta coordinación, tanto por la relevancia del acto como por la cantidad de participantes. La actividad legislativa regular continuará de forma paralela, aunque en una sede distinta, para no interferir con los preparativos y desarrollo de este evento judicial sin precedentes.

Así, el recinto de Xicoténcatl se prepara para recibir de nuevo la actividad parlamentaria, mientras el Senado se convierte en sede de una de las tomas de protesta más significativas en la historia reciente del Poder Judicial mexicano.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, oficializó el cierre de los cómputos distritales de las seis elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio, marcando así el fin de un proceso inédito en la historia electoral del país. En esta jornada, la ciudadanía participó activamente para decidir sobre 881 cargos judiciales, en un proceso que implicó más de 3 mil 395 candidaturas en todo el territorio nacional.

La cifra total reportada asciende a 458.7 millones de votos emitidos, una cantidad que incluye tanto los votos válidos como los anulados y aquellos no utilizados por los electores. Esta magnitud representa más del doble de los sufragios registrados en la última elección federal, un dato que dimensiona la envergadura del proceso y la complejidad logística enfrentada por el organismo electoral.

“Cada votante tomó hasta 39 decisiones en una misma jornada. La magnitud del esfuerzo es difícil de dimensionar”, compartió la consejera presidenta al presentar el balance de la elección. Este ejercicio democrático es calificado como extraordinario por su carácter pionero y por la intensidad de su operación en todo el país.

La participación de la ciudadanía también alcanzó cifras sin precedentes. Un total de 170 mil personas fungieron como observadores electorales, tanto en las casillas como en los cómputos, un número que multiplica por seis el registrado durante la elección presidencial anterior. Esta presencia masiva fortaleció el monitoreo y seguimiento del proceso, aportando una capa adicional de legitimidad y transparencia.

Taddei Zavala destacó que el INE actuó con estricto apego al marco constitucional y con total transparencia, cumpliendo con la organización de una elección inédita de jueces, magistrados y ministros. “Hemos sido leales al mandato constitucional, demostrando una vez más que cuando las instituciones trabajan con profesionalismo y transparencia, los resultados están a la altura de las expectativas ciudadanas”, señaló.

El reconocimiento también se extendió al personal operativo que trabajó en los 300 distritos electorales y en los 32 consejos locales, así como a las y los funcionarios de casilla que hicieron posible el ejercicio ciudadano. Según Taddei, la jornada representa un paso fundamental para acercar el sistema judicial a la población.

Si bien se presentó el total de votos computados, que incluyen 47 millones 976 mil 253 sufragios anulados o no utilizados, no se desglosaron cifras específicas de votos nulos por tipo de elección o motivo. Esta omisión marca una diferencia frente a otros procesos, en los que se solía detallar el porcentaje de votos inválidos.

Con la conclusión oficial del conteo, el INE cierra un capítulo inédito en la historia democrática del país, abriendo paso a una etapa de transformación en la justicia mexicana. La jornada electoral del 1 de junio no solo estableció nuevos estándares en términos de participación y magnitud operativa, sino que también sentó las bases para una mayor cercanía entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Este ejercicio marca un precedente relevante y muestra un sistema electoral con capacidad para enfrentar desafíos complejos con estructura, vigilancia ciudadana y compromiso institucional.

Tras la jornada del 1 de junio relacionada con la reforma al Poder Judicial, el PAN prepara una contrarreforma que pretende evitar la repetición del proceso en 2027. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del partido, anunció esta iniciativa como una medida directa para impedir que, según sus palabras, “esta locura se repita en el año 2027”.

Durante su pronunciamiento, Anaya calificó el reciente procedimiento como una simulación que careció de legitimidad desde su arranque. Argumentó que no existió una elección real de jueces y magistrados, y que en lugar de una consulta democrática, se impuso un comité compuesto por cinco personas, a las que describió como incompetentes. De ese grupo surgieron los nombres que finalmente aparecieron en las boletas de votación.

La crítica se extendió a la dinámica del ejercicio, donde, según Anaya, se presionó a la ciudadanía a votar por ciertos perfiles. “Era gente tan desconocida que en realidad fue una feria de acordeones”, expresó, en referencia a la forma en que se habría instruido a los votantes. Además, resaltó el bajo nivel de participación ciudadana, señalando que nueve de cada diez personas decidieron no acudir a las urnas.

El planteamiento de la contrarreforma ha generado diversas reacciones en el entorno político. Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, consideró que la propuesta del PAN tiene posibilidades de concretarse. No obstante, señaló que sería inviable respaldarla en alianza con el PRI, debido a la postura pasiva de su dirigencia. En sus palabras, “no se ve ni siquiera una oposición, ni siquiera cercana a poder dar puntos de vista que permitan ver voces diferentes a las de gobierno”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue aludido por Osorio Chong al considerar que sus recientes declaraciones responden más a un intento de llamar la atención que a una estrategia política articulada.

Por otro lado, Osorio Chong subrayó que la reforma judicial ya está consumada, por lo que ahora la prioridad debe ser vigilar el desempeño de quienes integran el nuevo Poder Judicial. Afirmó que garantizar certeza jurídica es fundamental para proteger la estabilidad económica del país y evitar una posible fuga de inversiones que afecte a sectores clave.

La contrarreforma que plantea el PAN se perfila como el siguiente capítulo en el debate legislativo sobre el rumbo del sistema judicial en México. La discusión promete marcar una nueva etapa de confrontación entre los partidos, con miras a redefinir el modelo de justicia del país en los próximos años.