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El debate sobre la posible inclusión de la revocación de mandato en 2027 mantiene tensiones entre aliados políticos. El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, reafirmó que su partido no respalda que este ejercicio coincida con la elección federal, al considerar que generaría condiciones desiguales en la contienda.

Desde su perspectiva, el principal problema radica en que la figura presidencial —actualmente encabezada por Claudia Sheinbaum— podría influir directamente en la orientación del voto. Robles sostuvo que este escenario favorecería a Morena al concentrar el respaldo ciudadano en torno a su liderazgo. “Es inequitativo y antidemocrático”, reiteró al explicar la postura del PT.

En entrevista el exdiputado federal subrayó que la negativa de su partido no es reciente, sino que se ha mantenido desde que se planteó integrar la revocación de mandato dentro del denominado “plan B” de la reforma electoral. Recordó que el 17 de marzo ya habían anticipado su rechazo con una posición firme: “en eso no vamos a transitar”.

Aunque reconoció que todos los partidos enfrentarían un escenario similar, Robles insistió en que la simultaneidad de ambos procesos alteraría la equidad. “Como la presidenta es de Morena, va a jalarse el voto para su partido”, admitió, al tiempo que descartó que la preocupación principal sea la permanencia del PT como fuerza política. Aseguró que su partido ha tenido resultados favorables cuando compite por separado.

El dirigente también señaló que la discusión legislativa aún no está cerrada. La reunión de comisiones del Senado, en la que se analizaría el dictamen correspondiente, fue aplazada, lo que abrió una ventana para continuar el diálogo. Robles interpretó este cambio como una oportunidad para intentar modificar la propuesta.

Detalló que inicialmente se contemplaba una reunión a la 1 de la tarde, la cual posteriormente fue reprogramada. Indicó que el ajuste en la agenda responde, entre otros factores, a la espera del dirigente petista Alberto Anaya. A pesar de estos movimientos, enfatizó que la postura del partido permanece sin alteraciones.

El PT, añadió, buscará convencer a otros actores políticos sobre los riesgos que identifica en la iniciativa. Mientras tanto, el aplazamiento en el Senado extiende el margen para negociaciones en torno a un tema que, de avanzar, podría redefinir el escenario electoral de 2027.

En medio del debate sobre el financiamiento público a la política en México, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, colocó en el centro de la discusión el acceso a las candidaturas, al afirmar que competir por un cargo de elección popular se ha convertido en un proceso condicionado por recursos económicos y redes de respaldo.

Durante su programa semanal “Martes del Jaguar”, transmitido a través de redes sociales, la mandataria expuso su postura sobre el funcionamiento del sistema electoral y lo vinculó directamente con la propuesta de reforma conocida como “plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Según explicó, la iniciativa busca reducir el presupuesto destinado a partidos políticos y congresos, con el objetivo de modificar las condiciones actuales de competencia.

En ese contexto, Sansores expresó: “Ahora pues casi que tienes que ser narco, tener muchos padrinos, ¿no? Si quieres competir, la piensan, sufren. El que quiere ser candidato ya no cualquiera, no puede ser el más popular porque tienes que tener mucho dinero o muy buenos padrinos”. La declaración formó parte de un planteamiento más amplio en el que señaló que el sistema vigente limita la participación de ciudadanos sin respaldo económico o político.

De acuerdo con lo señalado por la gobernadora, las condiciones actuales favorecen a perfiles con acceso a financiamiento significativo o con vínculos dentro de estructuras de poder, lo que, afirmó, reduce las posibilidades de que aspirantes sin esos recursos puedan competir en igualdad de condiciones. En su intervención, vinculó esta situación con la necesidad de replantear el gasto público destinado a la política.

La mandataria también cuestionó las diferencias presupuestales entre congresos locales, al considerar desproporcionado que algunos operen con montos de hasta 39 millones de pesos por diputado, mientras otros lo hacen con cinco millones. Desde su perspectiva, estas variaciones reflejan un uso desigual de los recursos públicos y forman parte de los problemas estructurales del sistema político.

En su mensaje, Sansores dirigió críticas hacia los partidos de oposición, a los que comparó con “franquicias familiares”que, según dijo, han convertido la actividad política en un negocio. Estas declaraciones se producen en un contexto nacional marcado por señalamientos sobre la posible infiltración de grupos delictivos en distintas regiones del país, así como por un aumento en los niveles de violencia.

Al mismo tiempo, medios locales han reportado que al menos 20 presuntos familiares de la gobernadora ocupan cargos públicos, entre ellos su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, quien funge como asesor. Este señalamiento ha sido parte del entorno en el que se desarrollan sus declaraciones.

Las afirmaciones de Sansores se integran así al debate sobre la estructura del sistema electoral mexicano y el financiamiento de la política, en un momento en que se discuten cambios orientados a modificar las reglas de acceso al poder público.

Durante la sesión pública de este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama intervino para expresar su desacuerdo con un proyecto de resolución que no formaba parte de los asuntos que se encontraban en discusión en ese momento.

La participación ocurrió mientras el pleno analizaba otro expediente distinto dentro de la agenda del día. Batres tomó la palabra para manifestar su postura en contra de un proyecto elaborado bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, relacionado con un amparo promovido por un grupo de personas que denunciaron la presunta violación al derecho humano a una buena administración pública.

Durante su intervención, la ministra expresó su posición frente a la propuesta de resolución. “Estoy en contra del proyecto que se pone a nuestra consideración que propone conceder el amparo a un grupo de personas que reclamaron la violación al derecho humano a una buena administración pública”, declaró ante el pleno.

Tras escuchar su comentario, el ministro Figueroa Mejía aclaró que el expediente al que se refería la ministra no se encontraba en debate durante esa sesión, ya que había sido retirado previamente de la lista de asuntos programados para discusión.

La aclaración se produjo en el momento en que se advirtió la confusión. El propio ministro explicó que el proyecto aludido no estaba siendo analizado en ese momento por el pleno.

Posteriormente, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, también precisó la situación para ubicar el tema que realmente se encontraba en discusión. “Estamos en el asunto 28, el otro quedó en lista”, indicó durante la sesión.

El expediente que los ministros analizaban en ese momento correspondía a un amparo en revisión relacionado con la obligación de las comisiones de atención a víctimas de determinar el monto de una indemnización por daño moral.

Dentro de ese asunto, el debate se centró en los criterios que deben aplicarse para fijar las compensaciones a personas que han sufrido afectaciones y que recurren a estos organismos para recibir reparación del daño.

Durante la deliberación del caso que sí formaba parte de la agenda del día, la ministra Lenia Batres expresó una postura distinta a la que había mencionado previamente, ya que en ese expediente manifestó su respaldo al proyecto discutido por el pleno.

La sesión continuó con la revisión del amparo en materia de reparación del daño moral, mientras que el proyecto mencionado inicialmente por la ministra quedó pendiente al haber sido retirado de la lista de asuntos programados para análisis en esa jornada.

Finalmente al término se culmino con la discusión de los asuntos de los créditos fiscales de Grupo Salinas, la reclamación de unos recursos y vato a favor en varios asuntos.

Con 61 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen que plantea reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas de manera gradual hasta el año 2030. El proyecto recibió respaldo unánime, aunque la oposición adelantó que presentará reservas para modificar puntos clave antes de su eventual discusión en el Pleno.

La propuesta establece una disminución progresiva de la jornada, con el objetivo de permitir que sectores productivos y centros de trabajo se adapten de forma escalonada. Durante el debate, legisladores de distintas bancadas coincidieron en apoyar la reducción, pero marcaron diferencias respecto a su implementación y alcances.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, respaldó el dictamen en lo general, pero exigió que se incorpore expresamente el esquema de “cinco días de trabajo por dos de descanso”. Recordó que desde marzo de 2023 existe una minuta sobre el artículo 123 constitucional que señala que “por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos”. Subrayó que esa iniciativa, impulsada por la entonces diputada Susana Prieto, fue apoyada por todas las fuerzas políticas y que, conforme al artículo 288, “no ha precluido, está viva”. También cuestionó por qué no se ha desahogado primero esa propuesta.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Iraís Reyes afirmó que la reducción a 40 horas debe implicar dos días de descanso obligatorios, no opcionales ni diferidos hasta 2030. Señaló que omitir ese punto dejaría a más de 20 millones de trabajadores sin certeza plena sobre su derecho al descanso y la desconexión.

En la misma línea, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, precisó que su bancada no se opone a disminuir la jornada, sino a la forma planteada. Indicó que, como está redactado, se mantienen seis días laborales con un solo día de descanso y se amplían las horas extras de nueve a 12 por semana, lo que —dijo— impediría que la reforma funcione adecuadamente.

Por Morena, la diputada Mirna Rubio defendió el carácter gradual de la iniciativa. Argumentó que la transición escalonada permitirá ajustes ordenados sin afectar la estabilidad laboral ni económica. Aclaró que el dictamen no modifica salarios ni prestaciones y aseguró que se trabajará menos tiempo con el mismo ingreso.

Aunque la votación en comisiones fue unánime en lo general, los grupos de oposición confirmaron que buscarán cambios para garantizar dos días de descanso por cada cinco laborados y para que la reducción a 40 horas entre en vigor de manera inmediata.

El debate sobre la despenalización del aborto en México volvió a colocarse en el centro de la agenda pública tras el posicionamiento de la Iglesia católica frente a la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice un proyecto de sentencia relacionado con la interrupción del embarazo. La postura fue difundida este domingo a través del editorial Desde la Fe, órgano de comunicación de la arquidiócesis mexicana, en el que se expresó un rechazo directo a dicha eventual revisión judicial.

De acuerdo con la Iglesia católica, la Corte habría incluido en su agenda un proyecto derivado de una acción de inconstitucionalidad que eliminaría el tipo penal del aborto durante todo el embarazo, incluso hasta los nueve meses de gestación. Sin embargo, hasta ahora no existe un comunicado oficial ni documento público que confirme la existencia del proyecto mencionado ni su contenido específico. Aun así, la arquidiócesis señaló que el asunto podría discutirse el próximo 6 de enero.

En su editorial, la institución religiosa acusó al máximo tribunal del país de “despreciar” la vida humana y utilizó una referencia simbólica para expresar su desacuerdo: “Menudo regalo le presentan en la Epifanía al Niño Jesús: la desprotección total de los bebés por nacer”. Además, sostuvo que el supuesto proyecto no considera, desde su perspectiva, los riesgos que enfrentan las mujeres que abortan ni el desarrollo del sistema nervioso del embrión a partir de la séptima semana de gestación.

La Iglesia también afirmó que el documento carecería de sustento técnico, al no incluir referencias estadísticas ni científicas, así como fuentes documentales, médicas o académicas. En ese sentido, señaló que se trataría de un proyecto con deficiencias metodológicas y que invadiría las facultades constitucionales de los congresos estatales.

Según su análisis, la eliminación del delito convertiría al aborto en un derecho absoluto, una condición que, afirmó, no es reconocida de manera generalizada en el ámbito internacional. Asimismo, cuestionó que se otorgue mayor atención al sufrimiento de animales que al de un ser humano en gestación.

En contraste con esta postura, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han reiterado su llamado al Estado mexicano para eliminar la penalización del aborto. Human Rights Watch ha advertido que la criminalización, tanto legal como social, continúa siendo uno de los principales obstáculos para el acceso a servicios de interrupción segura del embarazo en el país.

En noviembre de 2024, activistas y diputadas impulsaron una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para eliminar el plazo legal y derogar la tipificación del aborto como delito en el Código Penal local. La propuesta no avanzó en el proceso legislativo, en un contexto marcado por la influencia de sectores conservadores, pese a que el oficialismo cuenta con la mayoría parlamentaria.

Actualmente, 24 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto como una decisión voluntaria hasta la semana 12 de gestación, con la excepción de Sinaloa, donde el límite se amplió a la semana 13. Estas reformas se alinean con la resolución emitida por la Suprema Corte hace dos años, cuando determinó que era inconstitucional prohibir la interrupción del embarazo. Desde 2023, el alto tribunal también ordenó al Congreso de la Unión eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, una instrucción que permanece pendiente de cumplimiento.

La propuesta para legalizar la eutanasia en México abrió un nuevo frente de debate entre el Estado, el sector médico y la Iglesia católica. Este domingo, la Arquidiócesis de México cuestionó la iniciativa conocida como “Ley Trasciende”, que busca reformar la Ley General de Salud y modificar el Código Penal Federal para permitir que personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas decidan, bajo consentimiento informado, acceder a una muerte médicamente asistida.

La propuesta fue presentada en el Senado mexicano hace diez días y plantea que los mayores de 18 años puedan ejercer su derecho a una muerte digna, sin ser criminalizados por su decisión. De aprobarse, México se sumaría a la lista de países que reconocen la eutanasia como un acto de autonomía y libertad individual frente al sufrimiento terminal.

Sin embargo, la posición de la Iglesia fue contundente. En su editorial semanal Desde la fe, la Arquidiócesis calificó la iniciativa como “incorrecta” y señaló que sus fundamentos están “fuera de lugar”. Afirmó que el debate no debería centrarse en la separación Iglesia–Estado, sino en principios éticos, médicos y jurídicos que trascienden las creencias personales.

El órgano religioso recordó que la Asociación Médica Mundial y el Consejo Europeo mantienen su oposición al suicidio asistido y a la eutanasia, bajo el argumento de que la ética médica debe proteger la dignidad humana en todo momento, incluso en medio del dolor y la enfermedad. Para la Iglesia, el llamado “bien morir” no implica provocar la muerte, sino acompañar los últimos momentos de vida con atención médica, emocional y espiritual.

La Arquidiócesis alertó además sobre la “visión romantizada” que, asegura, rodea al tema, ya que la eutanasia no siempre garantiza una muerte sin sufrimiento. En su postura, la respuesta al dolor no debe ser la muerte, sino mejorar los cuidados paliativos, servicios que en México todavía son escasos y desiguales.

De acuerdo con cifras de 2023, solo 5% de los pacientes terminales en el país tiene acceso a cuidados paliativos adecuados. En este contexto, la Iglesia instó al Estado a invertir más recursos en el desarrollo de estas atenciones, argumentando que ofrecer la eutanasia como alternativa sería “un acto de renuncia al deber de cuidar”.

Actualmente, 20 de los 32 estados mexicanos cuentan con leyes de voluntad anticipada, una forma de eutanasia pasiva que permite a los pacientes rechazar tratamientos médicos invasivos en etapas críticas. La “Ley Trasciende” busca ir un paso más allá: legalizar la intervención médica activa para terminar con el sufrimiento.

El debate continúa abierto. Mientras en el Congreso se analizan los aspectos legales y éticos de la iniciativa, la postura de la Iglesia reaviva una discusión profunda sobre el derecho a decidir sobre la propia vida y el papel del Estado ante el final de la existencia humana.

En Querétaro, un artículo del Código Penal encendió el debate y terminó por quedarse firme: el 127 bis-1 seguirá castigando a quien represente un riesgo de contagio de una enfermedad grave, sin necesidad de que el contagio ocurra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó, se dividió y, al final, no alcanzó mayoría para invalidarlo.

La CNDH intentó frenar esa ley. Alegó que es ambigua y se mete demasiado en lo penal. Respaldada por la ministra Yasmín Esquivel, la propuesta de invalidez buscaba eliminar un delito que, según su visión, no explica con claridad qué es una “enfermedad grave”. Tampoco se ancla a otra norma que defina el término.

Esquivel afirmó que ese vacío afecta el principio de legalidad. La ministra Lenia Batres reforzó el punto diciendo que se puede sancionar a alguien aunque el contagio haya sido accidental. Con ella estuvieron Norma Piña y Javier Laynez, sumando cuatro votos que iban por tumbar el artículo.

Pero el otro bloque también se plantó firme. Juan Luis González Alcántara dijo que la gravedad de una enfermedad puede entenderse por sus consecuencias y síntomas. Margarita Ríos Farjat recordó que el artículo fue reformado en tiempos de emergencia sanitaria, para proteger la salud pública frente a quienes saben que tienen una afección y, aun así, exponen a los demás. Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán completaron el grupo que votó por dejar todo como está.

El empate fue inevitable. Ocho ministros votaron, cuatro de un lado y cuatro del otro. Loretta Ortiz y Alfredo Gutiérrez no asistieron. Por reglamento, sin mayoría, no hay cambios. El artículo se queda.

Mientras tanto, en Pennsylvania, Pittsburgh y buena parte del estado estadounidense, empresas como Google y Blackstone invierten miles de millones para fortalecer centros de datos e infraestructura energética, también con la salud y la tecnología como ejes clave. Un contraste entre visiones de futuro, pero con un punto en común: la urgencia de proteger lo que viene.

En México, el riesgo de contagiar, incluso sin intención, ahora puede traducirse en sanción. El marco legal en Querétaro lo permite, y la Corte lo avaló. La salud pública se colocó por encima de las ambigüedades. Y la ley, tal como está, seguirá marcando esa línea entre la prevención y la penalización.