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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió retirar la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), enviada previamente a la Cámara de Diputados. La medida se tomó poco antes del inicio de un “paro nacional masivo” organizado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes manifestaron su inconformidad con la propuesta.

La solicitud de retiro se realizó conforme al artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El anuncio fue confirmado por Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, a través de su cuenta en la red social X.

Los maestros de la CNTE habían planeado movilizaciones, incluyendo una protesta frente a la Cámara de Diputados y una marcha hacia Palacio Nacional. Su oposición a la iniciativa se centraba en cambios propuestos que afectarían sus derechos laborales y de seguridad social.

Entre los puntos clave de la reforma se encontraba la posibilidad de que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) adquiriera, construyera, rehabilitara y rentara viviendas para trabajadores del Estado. Además, la iniciativa planteaba que las cuotas y aportaciones del seguro de salud se calcularan sobre el salario integrado cuando este superara las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales.

Antes de que se oficializara el retiro de la propuesta, Monreal Ávila aseguró en conferencia de prensa que la reforma no sería aprobada sin antes llegar a acuerdos con los trabajadores de la educación. “Nosotros creemos que no hay justificación para que suspendamos actividades o no nos permitan trabajar”, afirmó.

En caso de que las manifestaciones se prolongaran, el legislador mencionó que se considerarían sedes alternas para continuar con el trabajo legislativo. “Aunque es más incómodo, se tiene que pagar la renta de otros locales, de otros lugares, se improvisa la actividad, pero tenemos que continuar el trabajo en una u otra parte”, explicó.

El retiro de la iniciativa representa una victoria para la CNTE, que ha insistido en la necesidad de diálogo antes de cualquier modificación a la Ley del ISSSTE. Por ahora, las negociaciones entre el gobierno y los maestros seguirán en busca de un acuerdo que garantice sus derechos laborales y de seguridad social.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha presentado una iniciativa que busca transformar las corridas de toros en la capital para eliminar el maltrato animal. La propuesta, que será votada en el Congreso capitalino el martes 18 de marzo, plantea modificaciones a la práctica taurina bajo un nuevo modelo denominado “espectáculo taurino libre de violencia”.

Esta iniciativa introduce siete puntos clave para garantizar la integridad de los toros durante el espectáculo:

• Se prohíbe la muerte del toro tanto dentro como fuera de la plaza.

• Se protege la integridad física de los toros, prohibiendo cualquier tipo de maltrato.

• No se podrán utilizar objetos punzocortantes que causen heridas, lastimaduras o la muerte del toro. Solo estarán permitidos el capote y la muleta.

• Los cuernos de los toros deberán estar protegidos para evitar que causen heridas a otros animales o personas.

• Cada corrida tendrá un tiempo máximo de 10 minutos por toro, con un límite total de 30 minutos.

Brugada enfatizó que la ciudad no debe mantener la crueldad como forma de entretenimiento y que la evolución de la cultura y las tradiciones debe ir de la mano con el respeto a los derechos de los animales. “El espectáculo de sangre no puede justificarse bajo ningún concepto de arte o tradición”, declaró.

La propuesta ha generado un debate entre sectores de la sociedad. Mientras que algunos la apoyan como un avance hacia el bienestar animal, otros defienden la tauromaquia como una expresión cultural y artística. Sin embargo, la mandataria capitalina ha subrayado que todas las sociedades deben evolucionar y adaptarse a nuevos valores.

El diputado Pedro Haces, afín a la tauromaquia y miembro del partido Morena, declaró que en caso de llegar la iniciativa al Congreso, su grupo parlamentario tendrá libertad de voto. Explicó que la medida de corridas sin muerte es una decisión tomada desde el desconocimiento, ya que los toros serían sacrificados tras el espectáculo.

Por su parte, Pepe Saborit, director de la asociación Tauromaquia Mexicana, aseguró que ninguno de los profesionales ni los gremios del sector taurino ha aceptado la propuesta de corridas incruentas.

Para que la iniciativa sea aprobada, se requiere una mayoría simple en el Congreso de la Ciudad de México. Aunque existen legisladores en contra de la prohibición total de las corridas de toros, la votación del 18 de marzo será decisiva para definir el futuro de la tauromaquia en la capital.

Este debate pone sobre la mesa la importancia de encontrar un equilibrio entre tradición y respeto por la vida animal, marcando un posible cambio en el rumbo de la tauromaquia en la Ciudad de México.

El Congreso de Jalisco rechazó una iniciativa que buscaba permitir a menores de edad cambiar su identidad de género en documentos oficiales. Con 21 votos en contra, 13 a favor y una abstención, las y los legisladores se opusieron a la medida, a pesar de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 que ordenaba reformas en el tema.

La propuesta pretendía que los menores de edad pudieran realizar el trámite acompañados de un tutor o, en caso de no contar con uno, con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, el Congreso mantuvo su postura de restringir este derecho a personas mayores de 18 años, como ya está establecido en el Código Civil de Jalisco.

El rechazo de la iniciativa generó reacciones divididas entre organizaciones civiles y grupos conservadores. La Asociación por las Infancias Transgénero en Jalisco recordó que la SCJN determinó que el derecho a la identidad es universal y no debe estar sujeto a la edad. Asimismo, Izack Zacarías, coordinador de la organización Impulso Trans, afirmó que negar el reconocimiento legal de la identidad de género a niñas, niños y adolescentes es una forma de violencia.

“Hablar de colocar una edad es seguir violentando a las personas en su identidad. Ya está comprobado que la identidad se reconoce desde temprana edad y hay que respetarla”, declaró Zacarías.

Por otro lado, el Frente Nacional por la Familia defendió la decisión del Congreso, argumentando que este tipo de cambios deben realizarse en la adultez. Jaime Cedillo, representante del grupo, señaló que la sociedad debe acompañar a los menores en su proceso de autodescubrimiento, pero sin tomar decisiones definitivas hasta la mayoría de edad.

Días antes de la votación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió al Congreso rechazar la propuesta, argumentando que los menores no tienen la madurez suficiente para definir su identidad de género de manera legal.

A pesar del fallo legislativo, organizaciones en defensa de los derechos de las personas trans seguirán impulsando acciones para que se cumpla la resolución de la SCJN. Mientras tanto, la falta de regulación deja a los menores de edad sin una vía legal para obtener documentos que reconozcan su identidad de género en Jalisco.

El Congreso de la Ciudad de México, a través del grupo parlamentario de Morena, está impulsando una iniciativa para regular los monopatines y bicicletas eléctricas que circulan en la capital, especialmente en las ciclovías. Esta propuesta busca la creación de un padrón oficial de vehículos de propulsión eléctrica para mejorar la seguridad vial en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Brenda Ruiz, vicecoordinadora de la bancada morenista en el Congreso capitalino, explicó que la iniciativa involucrará a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para recopilar información sobre el número de motos, bicimotos, motonetas eléctricas y monopatines en circulación. “Equiparar los vehículos de propulsión eléctrica con los motorizados permitirá mejorar la seguridad vial no sólo en la Ciudad de México, sino en toda la zona metropolitana”, señaló Ruiz en un comunicado.

La popularidad de las bicicletas eléctricas ha crecido rápidamente, generando debates sobre su seguridad y calidad. Actualmente, su mercado se estima en 130 millones de pesos, y se espera que alcance los 150 millones de pesos para 2029. Sin embargo, la falta de regulación ha permitido que estos vehículos circulen en espacios no diseñados para ellos, lo que ha resultado en accidentes y riesgos para peatones y ciclistas.

Ruiz enfatizó que las ciclovías en la CDMX son exclusivas para ciclistas, patinadores y patinadores, y no para vehículos eléctricos o de combustión. “Los accidentes en estos vehículos son muy similares a los que ocurren con motocicletas, debido a las altas velocidades que alcanzan. Se trata de un problema metropolitano de movilidad y seguridad vial”, afirmó.

El padrón permitirá conocer las características técnicas de estos vehículos, facilitando la implementación de normas de seguridad como el uso obligatorio de casco y protecciones. También brindará mayor control a las autoridades sobre inconformidades presentadas por los propietarios de estos medios de transporte.

A pesar de su conveniencia y accesibilidad, los monopatines y bicicletas eléctricas representan un riesgo en la vía pública, ya que pueden circular en ciclovías, carriles vehiculares e incluso banquetas, muchas veces sin el equipo de seguridad adecuado. La regulación de estas unidades está a cargo de la Secretaría de Movilidad (Semovi), mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) aún no puede aplicar sanciones debido a la falta de lineamientos claros en el reglamento de tránsito.

No obstante, iniciativas como el programa Salvando Vidas, de la Subsecretaría de Control de Tránsito, han promovido el uso de equipamiento de seguridad entre motociclistas y otros conductores. La implementación del padrón busca reforzar estas medidas y garantizar un entorno más seguro para todos los usuarios de la vía pública.