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La discusión de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en el Congreso de la Unión en medio de una clara división incluso entre los partidos aliados del oficialismo. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció públicamente que no espera un cambio en la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), quienes ya adelantaron su voto en contra del proyecto.

El legislador explicó que ambas fuerzas políticas hicieron pública su posición desde hace aproximadamente dos semanas, por lo que su postura ya no genera sorpresa dentro de la discusión parlamentaria. Monreal señaló que, independientemente de cuándo se lleve la iniciativa al pleno —ya sea en los próximos días o semanas—, considera difícil que el PVEM y el PT modifiquen su decisión respecto al documento legislativo enviado por el Ejecutivo federal.

A pesar de esta diferencia, el líder de la bancada morenista subrayó que su grupo parlamentario respetará la determinación de sus aliados. En ese sentido, sostuvo que Morena se mantendrá firme en la defensa de la iniciativa impulsada por la presidenta y reiteró el respaldo político del partido a la mandataria en el contexto actual del debate legislativo.

Mientras tanto, la ruta legislativa de la reforma continúa. Este martes por la tarde se reunirán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para discutir y votar el dictamen de la iniciativa presidencial. De avanzar en esta etapa, el documento podría ser llevado al pleno de la Cámara de Diputados para su votación al día siguiente.

De forma paralela, Monreal adelantó que se analiza la posibilidad de organizar un debate previamente acordado entre los grupos parlamentarios. La propuesta contempla definir un número específico de oradores para ordenar la discusión en tribuna, un planteamiento que será revisado dentro de la Junta de Coordinación Política.

El coordinador morenista también hizo un llamado a que el intercambio de posturas en el Congreso se mantenga dentro de un marco de respeto entre todas las fuerzas políticas. Afirmó que el debate parlamentario debe servir para fijar posiciones y contrastar argumentos, sin recurrir a descalificaciones o confrontaciones, tanto entre aliados como con partidos de oposición.

Además del análisis de la reforma electoral, el Congreso enfrenta otra agenda relevante en las próximas semanas: la renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tres integrantes del órgano electoral concluirán su periodo el próximo 4 de abril: Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel.

Monreal indicó que, antes de iniciar ese proceso, la Cámara de Diputados debe resolver los temas legislativos inmediatos, entre ellos la propia reforma electoral y otros asuntos en revisión. Una vez concluidas esas discusiones, se prevé que la próxima semana pueda emitirse la convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros del INE que sustituirán a quienes terminan su encargo en abril.

La iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal incluirá únicamente los puntos contenidos en el “Decálogo por la Democracia” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. El legislador adelantó que el proyecto podría llegar a la Cámara entre la noche del martes y el miércoles, una vez que concluya su redacción definitiva en Palacio Nacional.

Monreal explicó que la mandataria solicitó ajustar el documento para limitarlo estrictamente a los compromisos incluidos en el decálogo dado a conocer el 25 de febrero. Indicó que existían propuestas adicionales que no formaban parte de ese paquete y que fueron retiradas antes de su envío formal. Por esa razón, la iniciativa no se remitió en la fecha inicialmente prevista.

De acuerdo con el diputado, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se encuentra en la fase final de elaboración del borrador, el cual será presentado a la presidenta para su firma y posterior envío a la Cámara correspondiente. Aunque dijo conocer “pinceladas” del contenido, precisó que el grupo parlamentario aún no dispone del texto oficial y que lo conocerán formalmente cuando sea entregado.

En términos generales, la propuesta busca reducir en 25% el costo de las elecciones, medida que impactaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a los tribunales electorales. También contempla disminuir salarios y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional.

El proyecto plantea además eliminar duplicidades en funciones entre órganos electorales, ajustar el gasto del Congreso de la Unión y de los congresos locales, así como modificar el número de regidurías municipales con base en la población de cada demarcación.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de 32 escaños en el Senado y el cambio en la fórmula de asignación de legisladores plurinominales, con el objetivo de fortalecer la representación popular. Esta última propuesta ha sido rechazada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aliados legislativos de Morena.

Con los ajustes en curso y la revisión presidencial en puerta, la iniciativa se encuentra a horas de iniciar su trámite legislativo, centrada exclusivamente en los ejes delineados en el decálogo presidencial.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no negociará el contenido de la reforma electoral y tampoco enviará nuevas versiones en caso de que la iniciativa no sea aprobada por el Congreso. El legislador subrayó que el proyecto será analizado conforme al proceso legislativo establecido, sin procedimientos acelerados y dentro de los plazos legales previstos antes del inicio del proceso electoral federal de 2027.

En declaraciones a medios de comunicación, Monreal señaló que la propuesta presidencial será recibida por la Cámara de Diputados y sometida a discusión abierta. “Aquí la vamos a recibir, a procesarla, a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión”, explicó. Añadió que el análisis se realizará con seriedad, sin recurrir a mecanismos de aprobación inmediata, con el objetivo de garantizar un debate formal y completo.

El legislador aclaró que no existe urgencia para aprobar la reforma, debido a que la ley permite realizar modificaciones constitucionales y legales hasta tres meses antes del inicio del proceso electoral. De acuerdo con ese calendario, el Congreso dispone de tiempo hasta finales de mayo para discutir y, en su caso, aprobar los cambios propuestos. “No nos corre prisa para aprobarla, porque es una reforma muy importante”, precisó.

Monreal también indicó que la presidenta Sheinbaum mantiene firme su postura respecto a la iniciativa. Según explicó, la mandataria no buscará acuerdos políticos que modifiquen el contenido central del proyecto, ni presentará alternativas posteriores. La iniciativa, una vez enviada, seguirá su curso legislativo conforme a las reglas parlamentarias.

Durante su intervención, el coordinador de Morena hizo un llamado a los legisladores y actores políticos a evitar descalificaciones anticipadas sobre la reforma. “No conviene descalificarnos previamente antes de que llegue la iniciativa”, advirtió. En ese sentido, pidió que el debate se base en argumentos y razonamientos, y no en señalamientos personales o confrontaciones.

Asimismo, reconoció el respaldo que Morena ha recibido de sus aliados legislativos, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacando su apoyo en la mayoría de las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo. Monreal señaló que ambos partidos han acompañado cerca del 90 por ciento de las propuestas enviadas por la presidenta a la Cámara de Diputados.

El legislador también descartó que exista molestia por parte de la presidenta hacia estos partidos, y describió su carácter como firme en sus convicciones institucionales, pero con una actitud constructiva. Reiteró que la reforma electoral será abordada mediante un proceso formal, con espacios de deliberación y análisis plural, en apego al marco legal vigente y a los tiempos establecidos para posibles modificaciones antes del próximo ciclo electoral federal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó al Senado de la República que su gobierno mantiene en marcha cuatro operaciones de seguridad coordinadas con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado transnacional.

Estas acciones forman parte del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, acordado el 3 de septiembre de 2025 bajo principios de soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Una de las estrategias es la Iniciativa de Seguridad Marítima para América del Norte, realizada en coordinación con la Guardia Costera estadounidense. Esta operación tiene como objetivo detectar y combatir el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas en el océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

Otra acción es la operación “Albatros”, desarrollada junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que consiste en operativos aéreos y marítimos en aguas territoriales y la Zona Económica Exclusiva de México. Como resultado, durante 2024 se aseguraron 11 mil 816.44 kilogramos de cocaína, además de 11 embarcaciones, un semisumergible y 25 personas.

También está activa la operación “Neptuno”, implementada en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, enfocada en el combate al narcotráfico marítimo en el litoral del Pacífico mexicano. Esta operación permitió asegurar 527.06 kilogramos de cocaína en 2024 y 3 mil 556.20 kilogramos en 2025.

La cuarta estrategia es la operación “Barracuda”, igualmente enfocada en el combate al narcotráfico marítimo en el Pacífico, mediante el despliegue de unidades de superficie en coordinación con autoridades estadounidenses.

Como parte de estos acuerdos, se creó el Grupo de Implementación de Seguridad, encargado de evaluar avances en el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, los flujos financieros ilícitos y el robo de combustibles.

Además, la cooperación ha permitido que la Secretaría de Marina reciba equipo especializado, incluyendo protección para intervenciones en laboratorios clandestinos y analizadores portátiles.

También se han desarrollado programas de capacitación para fortalecer las capacidades operativas del personal naval, como parte de la estrategia conjunta entre ambos países para reforzar la seguridad y combatir delitos transnacionales.

La propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal abrió un nuevo frente de confrontación política en la San Lázaro, donde legisladores de oposición advirtieron cambios en la elección de diputados, el acceso a resultados preliminares y las reglas de representación política en el Congreso.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, afirmó que la iniciativa podría propiciar el uso de “acordeones” para influir en la elección de legisladores. Señaló que el nuevo modelo contempla la designación de 100 diputados mediante circunscripciones plurinominales, lo que, aseguró, facilitaría la imposición de perfiles y el fortalecimiento de estructuras políticas locales.

El planteamiento establece que cada partido presentará listas de 40 candidaturas, de las cuales los electores podrán elegir a un hombre y una mujer. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este mecanismo busca ampliar la participación ciudadana en la selección de representantes. Sin embargo, Moreira sostuvo que este esquema podría debilitar a la oposición y consolidar grupos de poder regionales.

Otro de los puntos señalados es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), herramienta que permite conocer tendencias la noche de la elección. El legislador advirtió que su desaparición limitaría el acceso inmediato a la información electoral. También cuestionó la intención de eliminar la lista de senadores de representación proporcional, mecanismo que permitió ampliar la pluralidad política desde su creación.

Moreira recordó que este modelo fue impulsado por Porfirio Muñoz Ledo y afirmó que su eliminación modificaría la integración del Senado. Además, señaló que su bancada no participará en el debate bajo las condiciones actuales, al considerar que la mayoría legislativa pretende modificar reglas fundamentales del sistema electoral.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, condicionó cualquier respaldo a la inclusión de medidas contra el financiamiento ilícito. Entre ellas, propuso rastrear recursos en campañas, anular elecciones con intervención criminal, retirar el registro a partidos involucrados y sancionar a dirigentes responsables.

El legislador también cuestionó el origen de la iniciativa presentada por Pablo Gómez, al señalar que no refleja un ejercicio amplio de consulta. La reforma continúa en discusión y plantea cambios en la integración del Congreso y el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

La iniciativa de reforma electoral que será presentada el próximo martes por la presidenta Claudia Sheinbaum fue precedida por cuatro meses de audiencias públicas encabezadas por Pablo Gómez, quien aseguró que el proyecto no sería definido por élites partidistas, sino construido con participación ciudadana. Sin embargo, el documento final fue elaborado únicamente por el propio Gómez y, hasta ahora, no cuenta con respaldo explícito ni de los partidos aliados ni de la oposición.

Entre septiembre y diciembre de 2025, la comisión presidencial para la reforma electoral realizó 65 audiencias públicas con la participación de 5 mil 294 ciudadanos, especialistas, jóvenes, migrantes y funcionarios. En ese periodo se recibieron 392 propuestas. El 1 de octubre, Gómez afirmó que la intención era abrir el debate en un país donde, según señaló, las reformas previas habían sido pactadas por “pequeños grupos” de las cúpulas políticas. El 4 de noviembre reiteró que sería “una cosa abierta, no una cosa vinculada sólo a los líderes de los partidos y a los gobernantes como fue hasta ahora”.

No obstante, desde inicios de enero, la Secretaría de Gobernación y Gómez instalaron mesas privadas en un inmueble de la calle Barcelona, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, para discutir el contenido con dirigentes del PT y del PVEM, partidos aliados al oficialismo. A esas reuniones acudieron principalmente Arturo Escobar por el PVEM y Alberto Anaya por el PT. Los líderes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no fueron convocados. Las negociaciones concluyeron sin acuerdos.

El proyecto preliminar presentado a legisladores aliados contempla reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir de 11 a 9 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y aumentar a 508 el total de diputaciones mediante una nueva fórmula de asignación de representación proporcional. De acuerdo con legisladores aliados, esa fórmula podría beneficiar a Morena. El documento aún puede modificarse antes de su presentación formal.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, señaló que ni la Secretaría de Gobernación ni la comisión compartieron previamente el contenido con su partido, por lo que definirán postura una vez conocido oficialmente el texto.

Durante las audiencias públicas se expresaron posturas a favor y críticas. Entre las propuestas planteadas estuvieron medidas para impedir el ingreso de dinero del narcotráfico en campañas, garantizar la pluralidad en el Congreso, retirar el triunfo a candidatos que rebasen topes de gasto y sancionar a partidos que postulen mujeres en distritos sin posibilidades reales de victoria.

En una de las sesiones, el ciudadano Salvador Navarro advirtió: “No seamos ingenuos. Sabemos que ustedes, Morena, pretenden utilizar su aplanadora en el Congreso para impulsar una reforma (…) sin diálogos, solo monólogos; sin discusión, solo imposición”.

La iniciativa será presentada formalmente el martes, tras un proceso que combinó consultas públicas masivas y negociaciones políticas en privado.

La discusión sobre la reforma electoral sigue abierta en el Senado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará su iniciativa, el coordinador del Partido Verde en la Cámara Alta, Manuel Velasco, informó que aún no existe consenso y que el proceso de análisis continúa.

Durante la sesión del pleno, Velasco explicó que su bancada está a la espera del documento oficial para definir postura. Señaló que, si la propuesta fortalece la democracia y beneficia al país, contará con su respaldo. Mientras tanto, confirmó que el PVEM ha sostenido planteamientos específicos ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y ante el presidente de la comisión presidencial encargada del tema, Pablo Gómez.

Entre los puntos impulsados por el Partido Verde destacan la implementación del voto electrónico y la posibilidad de que jóvenes de 16 años participen en elecciones. También proponen mayores controles para impedir la infiltración del crimen organizado en candidaturas, así como restricciones más estrictas y mecanismos de supervisión adicionales. Otro eje planteado es la reducción de prerrogativas a partidos políticos, siempre bajo un esquema equitativo.

Respecto a la integración de la Cámara de Diputados, Velasco reconoció que existen diversas alternativas para modificar el sistema de legisladores plurinominales; sin embargo, ninguna ha logrado respaldo generalizado hasta ahora.

En paralelo, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará su propia iniciativa de reforma electoral. Los senadores Marko Cortés y Raymundo Bolaños detallaron que su propuesta busca sancionar con mayor severidad la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

El planteamiento central establece que, si se comprueba financiamiento ilícito en una contienda, la elección deberá anularse sin importar la diferencia de votos. Además, el partido y el candidato involucrados quedarían impedidos para competir en una eventual elección extraordinaria. En casos donde la injerencia criminal sea generalizada, incluso se contempla la cancelación del registro del partido político implicado.

En materia de representación proporcional, los legisladores panistas proponen un modelo híbrido: 100 curules asignadas a primeras minorías en distritos federales y otras 100 mediante listas de partido, integradas de forma alternada.

Con la presentación de la iniciativa presidencial en puerta y propuestas ya sobre la mesa, el Senado mantiene el debate activo sin acuerdos definitivos hasta el momento.

La próxima semana, el Senado de la República discutirá una reforma constitucional orientada a establecer una jornada laboral de 40 horas semanales para todos los trabajadores en México. La iniciativa plantea que la duración de la jornada diaria sea de ocho horas y mantiene como obligación del empleador otorgar al menos un día de descanso por cada semana laborada. El tema ha generado posiciones encontradas entre el gobierno federal y los partidos de oposición, que cuestionan el alcance real de los cambios propuestos.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, expresó su confianza en que, aun cuando el dictamen establece como mínimo un día de descanso semanal, los empresarios otorgarán dos días de descanso a sus empleados. De acuerdo con el funcionario, la reforma busca dejar asentado a nivel constitucional el límite de 40 horas semanales, lo que, dijo, abre la puerta a esquemas más flexibles que beneficien directamente a las personas trabajadoras. Bolaños señaló que el objetivo central es que los propios trabajadores puedan definir cómo se distribuye su jornada laboral, siempre dentro del marco de ocho horas diarias.

La propuesta será analizada en comisiones unidas del Senado, donde el secretario del Trabajo comparecerá el próximo martes para explicar los alcances de la iniciativa. Está previsto que ese mismo día el dictamen sea votado en comisiones y, posteriormente, turnado al pleno para su discusión.

Desde la oposición, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la reforma como una simulación. Afirmó que se generó una expectativa entre los trabajadores al anunciarse la reducción de 48 a 40 horas semanales, lo que llevó a muchos a asumir que tendrían fines de semana completos de descanso. Sin embargo, señaló que el dictamen no modifica el artículo 123 constitucional en lo referente a los días de descanso, por lo que, en su opinión, no se garantiza un cambio sustancial en ese aspecto.

En la misma línea crítica, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, manifestó su rechazo a la iniciativa al advertir que Morena plantea una implementación gradual de la jornada de 40 horas hasta el año 2030. La legisladora sostuvo que, bajo este esquema, las condiciones laborales permanecerían prácticamente iguales y alertó sobre posibles riesgos de abuso, al considerar que se permitiría un mayor número de horas extra, lo que podría afectar a los trabajadores.

El debate en torno a la reforma se centra en si la reducción de la jornada semanal se traducirá en beneficios inmediatos y claros para la fuerza laboral o si, como señalan los partidos de oposición, el cambio será más limitado de lo que se ha comunicado públicamente. Con la comparecencia del titular de la STPS y la discusión legislativa programada, el Senado se prepara para un análisis que será clave para el futuro de las condiciones laborales en el país.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentará el próximo miércoles una iniciativa para crear la Ley General de Economía Circular, un nuevo marco legal que busca ordenar la forma en que México produce, consume y gestiona sus residuos, con el fin de “alcanzar un verdadero bienestar ambiental en México”.

El proyecto propone enfrentar dos problemas centrales: “combatir la excesiva extracción de recursos naturales y la acumulación creciente de residuos”. Para ello, establece un modelo de economía circular que reorganiza obligaciones, responsabilidades y mecanismos de vigilancia para productores, importadores, autoridades y consumidores.

La iniciativa contempla herramientas como los acuerdos generales de implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), convenios de concertación y auditorías ambientales voluntarias, con el fin de “fortalecer la vigilancia y consolidar una cultura de cumplimiento compartido”. En este esquema, productores e importadores deberán asumir tareas vinculadas con el diseño circular, la recolección, la valorización y el registro detallado de sus gestiones.

Monreal indica que “las empresas cumplirán de manera directa o mediante encadenamientos sustentables, con compensaciones ambientales sometidas a control”. Asimismo, se integra la participación de las personas consumidoras mediante acciones como elecciones informadas, separación adecuada y modelos de uso compartido, además de sanciones para “las prácticas engañosas como el uso indebido de distintivos”.

Entre sus puntos clave, la propuesta prohíbe “la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica y/o política”. Además, crea el Sistema Nacional de Economía Circular como un espacio de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, dirigido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar coherencia en la política nacional.

De acuerdo con el coordinador de Morena, el objetivo es construir “un andamiaje sólido que asegura la coordinación intergubernamental, la participación social y la transparencia, con un objetivo común: garantizar un patrimonio de bienestar ambiental para las generaciones presentes y futuras a través de la economía circular”. Para ello, se prevé impulsar “tecnologías ambientalmente racionales que generen escasos desechos, medidas de reciclado y buenos sistemas de administración y de manejo”.

En caso de aprobarse, la Ley de Economía Circular implicará reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Monreal expone que en México “la generación de residuos supera las 120 mil toneladas diarias de residuos, de las cuales, alrededor de 12 mil no son recolectadas y permanecen dispersas en el medio ambiente”.Señala también la proliferación de tiraderos a cielo abierto que incumplen la normatividad vigente y el rezago en materia de reciclaje, pues “apenas se recicla entre el 9 y 10% de los residuos generados”.

El legislador advierte que parte de los desechos no reciclados, como los plásticos y los neumáticos fuera de uso, “contaminan de manera alarmante ecosistemas terrestres, cauces de agua y ecosistemas marinos”, un panorama que contrasta con países como Corea y Alemania, que registran tasas de recuperación cercanas al 90%.

Finalmente, recuerda que los efectos ambientales trascienden fronteras, pues “las acciones u omisiones de un país repercuten en todo el mundo”, ya sea por el aumento de temperatura, sequías, huracanes, lluvias extremas o el deshielo de glaciares, además de que los recursos compartidos —como océanos, atmósfera y biodiversidad migratoria— requieren responsabilidad internacional para evitar daños que no reconocen límites políticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley de Amparo, asegurando que el dictamen avalado es “prácticamente la misma propuesta” que ella envió al Congreso. La iniciativa fue aprobada durante la madrugada del miércoles, tras más de 15 horas de discusión en el recinto legislativo de San Lázaro, donde se realizaron algunos ajustes al texto original.

Pese a las modificaciones, la mandataria subrayó que los cambios no alteran el sentido principal de la propuesta y destacó que podrían realizarse ajustes adicionales ahora que el proyecto regrese al Senado de la República para su revisión. “Es prácticamente la misma propuesta que presentó aquí el ministro Zaldívar”, declaró Sheinbaum, al referirse a la participación del actual coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, quien fue impulsor inicial de esta iniciativa.

Durante su intervención, Sheinbaum explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con jurisprudencia que delimita los casos en los que pueden aplicarse nuevas leyes procesales. En ese sentido, detalló que el artículo transitorio aprobado en la Cámara baja se basó en esos criterios de la Corte, para definir “a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, y qué casos se aplica la ley anterior”.

La presidenta enfatizó además que las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados se centraron en mantener la posibilidad de la suspensión provisional, con el objetivo de conservar la estructura vigente de la ley en ese aspecto. “Se hicieron cambios para que se quedara como está actualmente”, señaló, al tiempo que descartó la aplicación retroactiva de la reforma, una preocupación que había generado debate en días anteriores.

El pasado 3 de octubre, Arturo Zaldívar participó en la conferencia matutina del Gobierno federal, donde instó a los legisladores a clarificar el artículo transitorio para evitar interpretaciones erróneas. “El precepto no tiene la suficiente claridad y ha dado lugar a un debate innecesario y a ciertas críticas, descalificaciones y también preocupaciones legítimas”, advirtió en ese momento.

La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo marca un nuevo paso en el proceso legislativo impulsado por el Ejecutivo, en busca de ajustar los alcances de este instrumento jurídico. Ahora, el proyecto volverá al Senado para su análisis final, donde se podrían incorporar precisiones adicionales antes de su eventual promulgación.