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La discusión de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que también contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para regular derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes, provocó advertencias en la Cámara de Diputados sobre posibles efectos en la libertad de expresión y la industria creativa.

El diputado del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, expresó preocupación por el alcance de la iniciativa y cuestionó si los cambios podrían afectar negociaciones internacionales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard.

Desde tribuna, señaló: “¿no está estropeando el trabajo de Marcelo Ebrard para ratificar el T-MEC y obtener una buena negociación, sobre todo en este mundo tan delicado como es el digital? ¿Ya se le preguntó a su nuevo compañero, el canciller?”.

El legislador también advirtió sobre posibles riesgos para la libertad de expresión. “Ayudemos sin falsos nacionalismos. Es complicado porque puede atacar la libertad de expresión”, afirmó durante la discusión.

Martínez sostuvo además que la regulación podría contravenir estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “no es lo mismo regular la transformación, modificación e imitación, que violar estándares internacionales desarrollados concretamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cumplir con la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la información”, declaró.

Asimismo, recordó que la organización Artículo 19 ha advertido que un exceso regulatorio podría generar efectos inhibitorios en la creación cultural y la crítica pública. También consideró que legislar sobre inteligencia artificial resulta complejo e incluso podría ser inútil ante la falta de infraestructura tecnológica nacional.

Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ruiz, afirmó que la reforma genera duplicidades entre la legislación laboral y la de derechos de autor, lo que podría provocar interpretaciones contradictorias. Además, señaló que la iniciativa no considera la diversidad de la industria cultural mexicana, donde muchos artistas carecen de condiciones equitativas de negociación.

La legisladora advirtió que el aumento de costos y la complejidad jurídica podrían reducir proyectos, inversión y empleo, afectando a actores, músicos, técnicos y creativos que forman parte de la cadena productiva del sector cultural.

El gobierno federal alista una reforma legal que modificaría la manera en que se investigan las muertes violentas de mujeres en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes una iniciativa para establecer que todos estos casos sean indagados desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, además de endurecer sanciones y reforzar los mecanismos de atención a víctimas.

La propuesta, presentada por la fiscal general Ernestina Godoy, busca homologar el tipo penal en todo el país y redefinir la forma en que actúan las autoridades ante estos delitos. De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es garantizar que cada caso se investigue con protocolos reforzados y evitar que las autoridades descarten de manera inicial posibles feminicidios.

El planteamiento establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá analizarse bajo esta línea desde el primer momento. Con ello, los Ministerios Públicos no podrán descartar como hipótesis inicial un aparente suicidio o accidente, y además el delito será perseguido de oficio a nivel nacional.

La iniciativa también incluye modificaciones para fortalecer las sanciones. Según detalló Godoy, se propone “una pena de 40 a 70 años de prisión”, además de castigar la tentativa “con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes” del castigo establecido. A esto se suman medidas relacionadas con la reparación del daño, como la pérdida de derechos sobre bienes y propiedades del agresor, así como la patria potestad de sus hijos.

El proyecto contempla además la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, integradas por personal capacitado específicamente en la investigación de feminicidios. Estas áreas tendrían como función mejorar la atención a víctimas y reforzar las indagatorias.

Durante la presentación, Ingrid Gómez Sarasibar explicó que la iniciativa también plantea la creación de un registro nacional de menores que queden en situación de orfandad a causa de feminicidios, con el fin de garantizar atención y seguimiento a las víctimas indirectas.

“La presente ley articula además todos los derechos de las víctimas, y no sólo para quien lamentablemente fueron arrebatadas de la vida, sino también para sus familiares y como lo decía, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes que quedan en una situación de orfandad por el feminicidio de sus madres”, señaló.

Sheinbaum indicó que la propuesta será enviada al Senado entre este martes y el miércoles, con la expectativa de que los legisladores respalden los cambios planteados.

En la conferencia donde se dio a conocer la iniciativa también estuvo presente la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien no intervino durante la presentación luego de incorporarse tarde a la conferencia matutina.

A un mes del operativo militar en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el gobierno federal confirmó nuevas acciones relacionadas con su estructura: el aseguramiento de diversos inmuebles presuntamente ligados al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La confirmación fue realizada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una conferencia de prensa en Cancún. Sin embargo, el funcionario evitó detallar el número de propiedades intervenidas o su ubicación, al indicar que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de precisar la información.

“Yo preferiría que fuera la Fiscalía General de la República para que pueda dar con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué y qué diligencias han llevado a cabo, que tengo entendido que han sido ya algunas”, declaró el secretario.

El anuncio se produce en un contexto marcado por el operativo ocurrido semanas atrás en Tapalpa, donde elementos del Ejército mexicano se enfrentaron con el círculo cercano del capo. Según lo reportado, los escoltas de Oseguera Cervantes atacaron a las fuerzas armadas con el objetivo de facilitar su escape, lo que desencadenó el enfrentamiento en el que finalmente fue abatido.

A pesar de la confirmación oficial sobre el aseguramiento de propiedades, las autoridades no han dado a conocer cuántos inmuebles están bajo resguardo ni el destino que podrían tener tras este proceso. La falta de detalles se mantiene a la espera del informe que deberá emitir la Fiscalía.

Días antes, el 16 de marzo, la propia Fiscalía reconoció que no realizó de inmediato el aseguramiento de los espacios vinculados al líder criminal, incluida una cabaña en Tapalpa donde presuntamente ocurrió el enfrentamiento. La dependencia explicó que las condiciones en el lugar no permitían garantizar la seguridad del personal ministerial y pericial en ese momento.

De acuerdo con el posicionamiento oficial, “el lugar referido no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”, motivo por el cual se decidió posponer la intervención hasta que la zona estuviera bajo control.

Aunque posteriormente se concretó el aseguramiento de los inmuebles, la Fiscalía no ha precisado cuándo se ejecutaron estas acciones ni el alcance total del operativo en términos patrimoniales.

La confirmación del decomiso abre una nueva etapa en las investigaciones relacionadas con la estructura del CJNG, mientras se espera que las autoridades federales detallen el número de propiedades intervenidas y las diligencias realizadas en torno a estos bienes.

La discusión sobre la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la integración de los ayuntamientos ya generó una postura definida en el Senado. La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que sus 21 legisladores votarán en contra del denominado “plan B”, al considerar que sus efectos no coinciden con los objetivos planteados.

Durante la sesión de este jueves, el coordinador panista, Ricardo Anaya, expuso que uno de los puntos centrales de la iniciativa —la reducción del número de regidores— no implicaría un ahorro presupuestal, sino un posible incremento del gasto público en la mayoría de los municipios del país.

La propuesta presidencial plantea que los ayuntamientos estén conformados por un rango de entre siete y 15 regidores. Sin embargo, el legislador señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distribución actual de estos cargos en los municipios no coincide con ese esquema.

Según las cifras citadas, únicamente 56 municipios cuentan con más de 15 regidores, lo que implicaría una reducción en esos casos específicos. En contraste, existen mil 89 ayuntamientos con menos de siete regidores, lo que obligaría a incrementar el número de integrantes en esas demarcaciones para cumplir con el nuevo mínimo establecido en la reforma.

Además del componente financiero, el senador también abordó otro apartado de la iniciativa relacionado con la revocación de mandato. En ese punto, cuestionó que la propuesta contemple la posibilidad de que la titular del Ejecutivo promueva la participación ciudadana, mientras que la oposición enfrentaría restricciones en el uso de tiempos oficiales y contratación de espacios publicitarios.

“Están planteando una trampa, una farsa, en términos de revocación de mandato, porque claro que estamos abiertos a que haya revocación de mandato, lo que no podemos aceptar es la farsa de que la presidenta sí pueda pedir el voto, y en cambio la oposición tenga expresamente prohibido usar tiempos oficiales y contratar publicidad, y así lo dice el artículo constitucional que ellos quieren reformar”, afirmó.

Con estos argumentos, la fracción del PAN en el Senado confirmó su rechazo a la reforma, en medio del debate legislativo sobre los alcances y efectos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

Una iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea modificar las reglas de la revocación de mandato para la persona titular del Ejecutivo federal. Entre los cambios propuestos se incluye permitir que el propio mandatario pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, además de abrir la posibilidad de que la consulta se realice en 2027 junto con otras elecciones.

La propuesta forma parte del llamado “plan B” de la reforma electoral que la mandataria envió al Congreso. En el proyecto se plantea modificar el artículo 35 de la Constitución para redefinir la forma en que se organiza y desarrolla este mecanismo de participación ciudadana.

El documento establece que la revocación de mandato podrá solicitarse una sola vez durante el periodo presidencial y únicamente dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o del tercer año del mandato. Bajo ese esquema, el proceso podría realizarse en 2026 o en 2027.

De concretarse en 2027, la consulta coincidiría con el proceso electoral federal en el que se elegirán diputaciones federales, además de cargos locales. También se empalmaría con la segunda etapa del proceso de elección de jueces y magistrados.

Uno de los cambios centrales de la iniciativa se refiere a la participación directa del titular del Ejecutivo durante el proceso. El proyecto propone que la persona sujeta a revocación pueda intervenir públicamente en la difusión del mecanismo y llamar al voto. El texto de la iniciativa señala: “la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia”.

En caso de aprobarse la reforma, la presidenta podría promover el voto durante eventos públicos o incluso en sus conferencias matutinas realizadas en Palacio Nacional. La propuesta implicaría modificar el esquema vigente que limita la promoción institucional en este tipo de procesos. Actualmente, el artículo 134 de la Constitución establece que la propaganda gubernamental no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Además, el artículo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que la promoción de la participación ciudadana en procesos electorales corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales, así como a los partidos políticos y sus candidatos.

El tema de la intervención del Ejecutivo en procesos de revocación ya había generado controversia en el pasado. Durante el ejercicio realizado en 2021, la participación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador provocó desacuerdos con el Instituto Nacional Electoral, que en ese momento emitió medidas cautelares por el uso indebido de recursos públicos relacionado con la promoción del proceso.

La iniciativa presentada por Sheinbaum busca establecer nuevas reglas constitucionales para la revocación de mandato y definir el momento en que podría realizarse durante el sexenio.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional que plantea reducir el gasto en órganos legislativos, modificar reglas sobre la revocación de mandato presidencial y ajustar las remuneraciones de autoridades electorales.

El documento fue entregado por Juan Ramiro Robledo, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y al coordinador de Morena, Ignacio Mier. La propuesta contempla modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de optimizar el uso del presupuesto público y destinar los ahorros a sectores que más lo requieren.

Uno de los puntos principales es la reducción del gasto legislativo. En el caso del Senado, el proyecto plantea disminuir el presupuesto en 15% el próximo año respecto al aprobado para 2026. Para los congresos estatales se propone establecer un límite: su presupuesto anual no deberá superar el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.

La iniciativa también incluye cambios en la integración de las legislaturas locales. Entre ellos, se plantea prohibir la reelección inmediata de diputadas y diputados estatales. Asimismo, se establecen restricciones para evitar candidaturas con vínculos familiares con quienes ocupan una diputación.

El documento señala: “En ningún caso, podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación”.

En materia de revocación de mandato, el proyecto establece que la consulta para la persona titular del Ejecutivo federal podrá solicitarse una sola vez y únicamente durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo presidencial, lo que ubicaría el proceso en 2026 o 2027. La iniciativa también contempla que la persona titular del Ejecutivo pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, aunque mantiene la prohibición de utilizar recursos públicos para la recolección de firmas o la contratación de propaganda.

La reforma también propone que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales se ajusten a los límites establecidos en el artículo 127 constitucional y elimina prestaciones financiadas con recursos públicos que no estén previstas en la ley.

De acuerdo con la iniciativa, los cambios permitirían generar ahorros estimados en 4 mil millones de pesos anuales. Estos recursos permanecerían en la hacienda pública municipal y deberán destinarse a obras de infraestructura en beneficio de la población.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que realizará una aportación económica personal a la asociación civil Humanidad con América Latina, iniciativa promovida por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador con el propósito de respaldar acciones de ayuda dirigidas a Cuba.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la jefa del Ejecutivo federal explicó que la organización está representada por el artista Carlos Pellicer López y la escritora Laura Esquivel. Aunque no ofreció detalles sobre el proceso específico mediante el cual se conformó la asociación, sostuvo que su creación siguió los mismos procedimientos administrativos que cualquier otra organización de este tipo.

En una primera respuesta a los cuestionamientos de la prensa, la mandataria señaló que el respaldo a este tipo de iniciativas forma parte de los principios que, dijo, caracterizan al movimiento político que representa. “—Nos corresponde— seguir apoyándolo porque ese es la esencia de lo que somos. Y al mismo tiempo como persona, pues ya veré si hacemos una aportación”, expresó inicialmente.

Posteriormente, ante nuevas preguntas sobre si contribuiría económicamente con la organización, confirmó que contempla realizar una donación de manera individual. “Sí, yo creo que sí, lo voy a hacer de manera personal”, reiteró.

Sheinbaum también aprovechó el espacio para referirse a las críticas que se han difundido tras el mensaje del exmandatario López Obrador en relación con esta iniciativa. La presidenta sostuvo que en torno al tema se han propagado afirmaciones que calificó como falsas. Según explicó, se han difundido “mentiras tremendas” respecto a la postura del país y al origen del proyecto.

En su intervención, la mandataria recordó la posición histórica de México respecto al embargo económico contra Cuba. Señaló que el país ha mantenido una postura crítica frente a ese tipo de medidas internacionales y subrayó que México ha defendido históricamente una política exterior basada en la solidaridad entre pueblos.

“México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte (…) el racismo, el clasismo, la mezquindad es lo que caracteriza a la oposición de derecha, y acá pues es el humanismo, la fraternidad”, declaró.

La asociación Humanidad con América Latina fue presentada como un mecanismo para canalizar apoyo hacia Cuba, país con el que México ha mantenido relaciones diplomáticas continuas durante décadas. En ese contexto, la presidenta reiteró que la solidaridad con otras naciones forma parte de la identidad histórica del país. 

“México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre. Eso nos caracteriza. Esa es la característica de nuestro pueblo y de nuestra historia. Y eso no lo podemos perder nunca”, afirmó.

La discusión de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum avanza en el Congreso de la Unión en medio de una clara división incluso entre los partidos aliados del oficialismo. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció públicamente que no espera un cambio en la postura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), quienes ya adelantaron su voto en contra del proyecto.

El legislador explicó que ambas fuerzas políticas hicieron pública su posición desde hace aproximadamente dos semanas, por lo que su postura ya no genera sorpresa dentro de la discusión parlamentaria. Monreal señaló que, independientemente de cuándo se lleve la iniciativa al pleno —ya sea en los próximos días o semanas—, considera difícil que el PVEM y el PT modifiquen su decisión respecto al documento legislativo enviado por el Ejecutivo federal.

A pesar de esta diferencia, el líder de la bancada morenista subrayó que su grupo parlamentario respetará la determinación de sus aliados. En ese sentido, sostuvo que Morena se mantendrá firme en la defensa de la iniciativa impulsada por la presidenta y reiteró el respaldo político del partido a la mandataria en el contexto actual del debate legislativo.

Mientras tanto, la ruta legislativa de la reforma continúa. Este martes por la tarde se reunirán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para discutir y votar el dictamen de la iniciativa presidencial. De avanzar en esta etapa, el documento podría ser llevado al pleno de la Cámara de Diputados para su votación al día siguiente.

De forma paralela, Monreal adelantó que se analiza la posibilidad de organizar un debate previamente acordado entre los grupos parlamentarios. La propuesta contempla definir un número específico de oradores para ordenar la discusión en tribuna, un planteamiento que será revisado dentro de la Junta de Coordinación Política.

El coordinador morenista también hizo un llamado a que el intercambio de posturas en el Congreso se mantenga dentro de un marco de respeto entre todas las fuerzas políticas. Afirmó que el debate parlamentario debe servir para fijar posiciones y contrastar argumentos, sin recurrir a descalificaciones o confrontaciones, tanto entre aliados como con partidos de oposición.

Además del análisis de la reforma electoral, el Congreso enfrenta otra agenda relevante en las próximas semanas: la renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tres integrantes del órgano electoral concluirán su periodo el próximo 4 de abril: Claudia Zavala, Jaime Rivera y Dania Ravel.

Monreal indicó que, antes de iniciar ese proceso, la Cámara de Diputados debe resolver los temas legislativos inmediatos, entre ellos la propia reforma electoral y otros asuntos en revisión. Una vez concluidas esas discusiones, se prevé que la próxima semana pueda emitirse la convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros del INE que sustituirán a quienes terminan su encargo en abril.

La iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal incluirá únicamente los puntos contenidos en el “Decálogo por la Democracia” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. El legislador adelantó que el proyecto podría llegar a la Cámara entre la noche del martes y el miércoles, una vez que concluya su redacción definitiva en Palacio Nacional.

Monreal explicó que la mandataria solicitó ajustar el documento para limitarlo estrictamente a los compromisos incluidos en el decálogo dado a conocer el 25 de febrero. Indicó que existían propuestas adicionales que no formaban parte de ese paquete y que fueron retiradas antes de su envío formal. Por esa razón, la iniciativa no se remitió en la fecha inicialmente prevista.

De acuerdo con el diputado, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se encuentra en la fase final de elaboración del borrador, el cual será presentado a la presidenta para su firma y posterior envío a la Cámara correspondiente. Aunque dijo conocer “pinceladas” del contenido, precisó que el grupo parlamentario aún no dispone del texto oficial y que lo conocerán formalmente cuando sea entregado.

En términos generales, la propuesta busca reducir en 25% el costo de las elecciones, medida que impactaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a los tribunales electorales. También contempla disminuir salarios y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional.

El proyecto plantea además eliminar duplicidades en funciones entre órganos electorales, ajustar el gasto del Congreso de la Unión y de los congresos locales, así como modificar el número de regidurías municipales con base en la población de cada demarcación.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de 32 escaños en el Senado y el cambio en la fórmula de asignación de legisladores plurinominales, con el objetivo de fortalecer la representación popular. Esta última propuesta ha sido rechazada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aliados legislativos de Morena.

Con los ajustes en curso y la revisión presidencial en puerta, la iniciativa se encuentra a horas de iniciar su trámite legislativo, centrada exclusivamente en los ejes delineados en el decálogo presidencial.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum no negociará el contenido de la reforma electoral y tampoco enviará nuevas versiones en caso de que la iniciativa no sea aprobada por el Congreso. El legislador subrayó que el proyecto será analizado conforme al proceso legislativo establecido, sin procedimientos acelerados y dentro de los plazos legales previstos antes del inicio del proceso electoral federal de 2027.

En declaraciones a medios de comunicación, Monreal señaló que la propuesta presidencial será recibida por la Cámara de Diputados y sometida a discusión abierta. “Aquí la vamos a recibir, a procesarla, a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión”, explicó. Añadió que el análisis se realizará con seriedad, sin recurrir a mecanismos de aprobación inmediata, con el objetivo de garantizar un debate formal y completo.

El legislador aclaró que no existe urgencia para aprobar la reforma, debido a que la ley permite realizar modificaciones constitucionales y legales hasta tres meses antes del inicio del proceso electoral. De acuerdo con ese calendario, el Congreso dispone de tiempo hasta finales de mayo para discutir y, en su caso, aprobar los cambios propuestos. “No nos corre prisa para aprobarla, porque es una reforma muy importante”, precisó.

Monreal también indicó que la presidenta Sheinbaum mantiene firme su postura respecto a la iniciativa. Según explicó, la mandataria no buscará acuerdos políticos que modifiquen el contenido central del proyecto, ni presentará alternativas posteriores. La iniciativa, una vez enviada, seguirá su curso legislativo conforme a las reglas parlamentarias.

Durante su intervención, el coordinador de Morena hizo un llamado a los legisladores y actores políticos a evitar descalificaciones anticipadas sobre la reforma. “No conviene descalificarnos previamente antes de que llegue la iniciativa”, advirtió. En ese sentido, pidió que el debate se base en argumentos y razonamientos, y no en señalamientos personales o confrontaciones.

Asimismo, reconoció el respaldo que Morena ha recibido de sus aliados legislativos, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacando su apoyo en la mayoría de las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo. Monreal señaló que ambos partidos han acompañado cerca del 90 por ciento de las propuestas enviadas por la presidenta a la Cámara de Diputados.

El legislador también descartó que exista molestia por parte de la presidenta hacia estos partidos, y describió su carácter como firme en sus convicciones institucionales, pero con una actitud constructiva. Reiteró que la reforma electoral será abordada mediante un proceso formal, con espacios de deliberación y análisis plural, en apego al marco legal vigente y a los tiempos establecidos para posibles modificaciones antes del próximo ciclo electoral federal.