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La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, ha desestimado las acusaciones recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insinuado la posibilidad de un “golpe de Estado técnico” por parte del Poder Judicial.

En una entrevista radiofónica, Soto afirmó enfáticamente que el Tribunal no participa en campañas ni es un actor activo en el proceso electoral. “Nuestro papel es ser la última instancia y resolver los medios de impugnación”, aseguró.

Ante las preguntas sobre las declaraciones del presidente, Soto destacó la necesidad de mantener una visión objetiva y distante de la dinámica política. “No nos involucramos en pasiones electorales; nuestra labor es resolver lo que llega a nuestra instancia”, enfatizó.

Respecto a las especulaciones sobre un posible “golpe de Estado técnico”, la magistrada subrayó que el Tribunal Electoral se rige por la ley y la Constitución, que establecen causales específicas de nulidad de elecciones. Aunque reconoció que la intervención de cualquier servidor público puede ser considerada en casos de violación a la ley.

Soto rechazó categóricamente la versión de un golpe de Estado técnico y reiteró el compromiso del Tribunal de garantizar el respeto al voto ciudadano. “Nosotros no ponemos ni quitamos candidatos; nuestro deber es valorar los expedientes presentados y determinar su legalidad”, concluyó la magistrada.

En el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha impuesto un total de 162 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Dentro de este universo disciplinario, se destaca que algunos individuos recibieron dos o más castigos por diversas transgresiones.

Según el reporte del organismo, de estas sanciones, 53 corresponden a inhabilitaciones que pueden extenderse hasta por 10 años, 32 a suspensiones con un máximo de un año, 23 a destituciones y 54 a diversas formas de amonestaciones, ya sean privadas, públicas, apercibimientos privados o sanciones económicas.

Las razones detrás de estas medidas disciplinarias incluyen conductas como acoso y hostigamiento sexual, abuso de autoridad, así como actos contrarios a los principios de legalidad, honradez y lealtad. Entre otras faltas se mencionan la omisión de declaraciones patrimoniales veraces, abuso de funciones, cohecho y falta de profesionalismo en el ejercicio de sus labores, entre otras.

Estas acciones se enmarcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos afectados por las sanciones abarcan distintos cargos, desde jueces de Distrito y magistrados de circuito hasta actuarios judiciales, directores generales, secretarios de juzgados y oficiales administrativos.

En respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL, el CJF proporcionó datos sobre la distribución de sanciones a lo largo de los años. En 2020 se registraron 67 sanciones, en 2021 fueron 70, en 2022 disminuyeron a 11 y en 2023 se contabilizaron 14.

Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), señaló que estas medidas disciplinarias son parte del derecho disciplinario y que el CJF cuenta con una Secretaría Ejecutiva de Disciplina para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.

Por otro lado, Claudia Aguilar, miembro del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), subrayó que las sanciones pueden variar desde amonestaciones hasta la destitución, e incluso pueden acarrear consecuencias penales y ser derivadas al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas.

En una rueda de prensa contundente, Xóchitl Gálvez, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, salió en defensa de Francisco Cienfuegos, su operador electoral en Nuevo León, frente a las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Gálvez aseguró que las investigaciones en su contra forman parte de una persecución del gobierno contra la oposición y expresó su satisfacción al escuchar la certeza de Cienfuegos de que las acusaciones son infundadas.

En el marco de su “Conferencia de la Verdad”, Xóchitl Gálvez criticó las denuncias sin fundamento y expresó su confianza en la inocencia de Cienfuegos, destacando que hasta el momento no se ha presentado evidencia que lo vincule con lavado de dinero o defraudación fiscal. La candidata presidencial señaló que la investigación iniciada en 2022 parece ser una represalia del gobernador Samuel García contra diputados locales que votaron en contra de sus propuestas legislativas.

Gálvez destacó la importancia de no aceptar a personas involucradas en corrupción en su equipo y aseguró que, si tuviera evidencia de malas prácticas, no aceptaría a alguien como Cienfuegos. Además, recordó que ella misma ha enfrentado denuncias, mostrando transparencia y disposición para colaborar con las autoridades, subrayando que la existencia de una denuncia no implica culpabilidad.

También aprovechó la ocasión para cuestionar la falta de investigaciones sobre otros casos de presunta corrupción, como los contratos millonarios de Amílcar Olán, la empresa Romedic que suministra medicamentos a Tabasco y Quintana Roo, y las denuncias presentadas contra varios funcionarios y personajes cercanos al presidente López Obrador. Gálvez hizo hincapié en la necesidad de abordar estos temas y llamó al presidente a emitir la declaratoria de desastre natural en las regiones del norte del país y la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, afectadas por una crisis hídrica.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México cerró su intervención exigiendo responsabilidad al presidente López Obrador y llamando la atención sobre los verdaderos problemas del país. La rueda de prensa concluyó con una declaración firme por parte de Gálvez, quien defendió la integridad de su equipo y se comprometió a afrontar cualquier investigación con transparencia y legalidad.