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La detección de un punto de almacenamiento ilegal en Pénjamo, Guanajuato, derivó en el aseguramiento de 63 mil litros de combustible, tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales que intervinieron un predio utilizado para actividades vinculadas al llamado “huachicol”.

El Gabinete de Seguridad confirmó este miércoles la localización del sitio, identificado como un centro de acopio clandestino donde se concentraba hidrocarburo de procedencia ilícita junto con infraestructura destinada a su resguardo.

En el lugar fueron asegurados 11 contenedores y un vehículo. Entre los recipientes localizados se encontraban al menos cuatro tanques de color azul utilizados para la instalación de cisternas, además de bidones transparentes distribuidos dentro del inmueble.

El despliegue operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía de Guanajuato y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes participaron en la inspección del predio intervenido.

De acuerdo con la información oficial, el inmueble funcionaba bajo un techado improvisado, estructura que cubría el área donde se concentraban los contenedores con combustible.

Las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad muestran el interior del sitio y la disposición de los recipientes utilizados para el almacenamiento del hidrocarburo asegurado.

Este aseguramiento en Pénjamo se registra un día después de otra intervención similar en Guanajuato, ahora en el municipio de Cortazar, donde fue localizado un centro de almacenamiento clandestino con características distintas.

En ese segundo operativo se identificó una cisterna artesanal tipo fosa con capacidad para 50 mil litros de combustible. Sin embargo, al momento de la inspección, la estructura se encontraba al 10 por ciento de su capacidad, con aproximadamente 5 mil litros en su interior.

Durante esa acción en Cortazar, las autoridades detuvieron a una persona que intentó huir al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad. Ambos casos forman parte de operativos recientes en la entidad enfocados en la localización de infraestructura utilizada para el resguardo y manejo ilegal de hidrocarburos.

Dos intervenciones federales realizadas en puntos distintos del país derivaron en el decomiso de más de tres toneladas de cocaína, además de detenciones y aseguramientos de armamento, en acciones coordinadas que involucraron a fuerzas federales en Guerrero y Tlaxcala.

El mayor volumen de droga fue localizado en Guerrero, donde autoridades federales aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína. En este despliegue fueron detenidas cinco personas presuntamente vinculadas con el traslado y resguardo del cargamento.

En paralelo, en Tlaxcala se ejecutó un cateo que permitió ubicar un segundo cargamento distribuido en 900 paquetes. El contenido correspondía a cocaína con un peso superior a una tonelada, según el reporte oficial.

En el inmueble intervenido en territorio tlaxcalteca también se localizó armamento y equipo táctico. Las autoridades no precisaron características ni cantidades del material asegurado.

Ambas acciones contaron con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en despliegues coordinados que se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos.

La suma de lo incautado en Guerrero y Tlaxcala supera las tres toneladas de cocaína, de acuerdo con el balance oficial difundido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dio a conocer los resultados mediante redes sociales.

“En conjunto, estas acciones permitieron asegurar más de 3 toneladas de cocaína, evitar que alrededor de seis millones de dosis llegaran a las calles y generar una afectación económica a la delincuencia organizada”, señaló García Harfuch.

Los aseguramientos forman parte de intervenciones federales enfocadas en el combate a redes de tráfico de drogas en distintas regiones del país, con la participación conjunta de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Mientras el gobierno mexicano insistía en que Washington presente pruebas contra Rubén Rocha Moya, autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión de alto nivel para redefinir la cooperación bilateral en materia de seguridad y abrir lo que ambas partes describieron como una nueva fase de trabajo conjunto.

El encuentro se realizó este viernes en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, dentro de los trabajos del Grupo Bilateral de Implementación (GBI), mecanismo mediante el cual ambos gobiernos coordinan acciones frente a desafíos compartidos en la frontera y en la región.

La reunión congregó a representantes de 15 agencias gubernamentales de ambos países. Aunque no se reveló qué dependencias participaron, el diálogo se concentró en una agenda amplia que incluyó el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, el robo de combustible y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

Las delegaciones también revisaron acciones para contener la migración irregular y mejorar la coordinación ante amenazas emergentes. Entre los temas abordados figuró el uso de drones y otras herramientas tecnológicas que han cobrado relevancia en los escenarios de seguridad.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, uno de los objetivos centrales es golpear las estructuras de los cárteles y enfrentar factores que afectan la seguridad y la prosperidad de las comunidades ubicadas a ambos lados de la frontera.

La Embajada de Estados Unidos señaló que el Grupo Bilateral de Implementación continúa ampliando su alcance y profundizando los mecanismos de coordinación entre ambos gobiernos. En ese contexto, destacó que “esta iniciativa representa la siguiente etapa de nuestros esfuerzos conjuntos para generar resultados concretos que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”. Al concluir la reunión, México y Estados Unidos reafirmaron su disposición de mantener la cooperación en materia de seguridad y avanzar en acciones coordinadas.

Horas antes del encuentro, la presidenta Claudia Sheinbaum había anticipado que no se discutirían las acusaciones relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria reiteró que su administración continuará solicitando a las autoridades estadounidenses que presenten pruebas sobre los señalamientos realizados en su contra.

Más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió el comunicado oficial del encuentro y compartió una fotografía junto a Roberto Velasco, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

La disputa política por el legado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador llegó este domingo a una instancia internacional. El Partido Acción Nacional (PAN) informó que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde busca que se investiguen presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al periodo de gobierno del exmandatario. 

La acción coloca bajo revisión internacional señalamientos relacionados con la crisis de violencia registrada entre 2018 y 2024. En su denuncia, el PAN menciona más de 200 mil homicidios, 150 mil personas desaparecidas, reclutamiento forzado de jóvenes y desplazamiento de comunidades.

El partido sostiene que esos hechos ocurrieron en un contexto marcado por la política de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, estrategia que, según expone en el documento entregado al tribunal, permitió el crecimiento de estructuras criminales en distintas regiones del país.

La acusación también incorpora referencias a organizaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

En su posicionamiento, el PAN afirmó que “El ‘narcopacto’ conocido como ‘abrazos, no balazos’ permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”.

Además, el blanquiazul aseguró que existen elementos que evidencian presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales en entidades como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, gobernadas por Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La decisión de acudir a la Corte Penal Internacional, explicó el partido, responde a lo que considera una falta de condiciones para realizar investigaciones independientes dentro del país.

“Acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes (…) las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas. Y a los delincuentes la justicia tarde o temprano los alcanzará”, señaló la organización política. Con esta acción, el PAN trasladó sus acusaciones contra el expresidente mexicano al máximo tribunal internacional encargado de analizar posibles crímenes de lesa humanidad.

La ofensiva federal contra autoridades municipales de Morelos investigadas por presuntos nexos con grupos criminales dio un nuevo paso este sábado. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Jesús “N”, alcalde de Cuautla, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones en su contra.

La resolución judicial se produjo una semana después de su captura y establece un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese tiempo, el presidente municipal permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 “CPS Sonora”.

El caso del edil se encuentra dentro de las acciones emprendidas por el Gabinete de Seguridad contra funcionarios de Morelos señalados por presuntas relaciones con el crimen organizado, una estrategia que las autoridades desarrollan bajo el denominado “Operativo Enjambre”.

Las autoridades federales atribuyen a Jesús “N”, Jesús Corona Damián,  presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y señalan una posible vinculación con el Cártel de Sinaloa.

Su detención ocurrió en la colonia Costa Azul, en Acapulco, donde fue localizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La captura se concretó luego de diez días de búsqueda desplegada para ubicarlo.

De acuerdo con la información oficial, las indagatorias están relacionadas con actividades de extorsión que habrían afectado a comerciantes, transportistas, familias y diversos sectores productivos del estado de Morelos.

El expediente no se limita al alcalde de Cuautla. Entre las personas detenidas dentro de las mismas investigaciones figuran Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan; Horacio Zavaleta Malacara, secretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal; Pablo Portillo Galicia, empresario y oficial mayor del municipio, así como Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla.

Con la vinculación a proceso de Jesús “N”, las investigaciones federales continúan avanzando sobre una red de funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos bajo sospecha de mantener presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado.

A un año de que México enfrente el proceso electoral más amplio de su historia, Lorenzo Córdova lanzó una advertencia directa al gobierno federal: la amenaza de que el crimen organizado intervenga en las elecciones sigue vigente y las medidas aprobadas recientemente no resolverán el problema.

El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo que la responsabilidad de impedir la infiltración criminal en la política corresponde al Estado y no a las autoridades electorales. Por ello, pidió que las instancias federales de seguridad e inteligencia realicen un análisis de riesgo antes de los comicios federales y locales de 2027.

Durante una entrevista, Córdova cuestionó la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por Morena en el Congreso, mediante la cual el INE deberá verificar información sobre los candidatos con dependencias gubernamentales. A su juicio, esa medida no evitará que personas vinculadas con grupos delictivos lleguen a participar en las elecciones.

“Yo creo que esto es una simulación”, afirmó al señalar que los reportes solicitados antes del registro de candidaturas no garantizan que posteriormente no existan vínculos con organizaciones criminales.

El exconsejero recordó que los partidos políticos ya tenían la posibilidad de solicitar información a instituciones como la Fiscalía General de la República sobre sus aspirantes, por lo que consideró que la reforma no modifica de fondo el problema.

En sus declaraciones, planteó dos escenarios preocupantes. El primero, que las autoridades conozcan la forma en que opera el crimen organizado para influir en las elecciones y no actúen. El segundo, que ni siquiera tengan identificado el fenómeno. En ambos casos, advirtió, el país llegaría a 2027 sin una estrategia efectiva frente a un riesgo que calificó como grave.

Córdova también se refirió a los señalamientos que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, requeridos en extradición por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, como ejemplos de acusaciones que han colocado el tema en el centro del debate público.

“Si hoy tenemos este problema es porque el Estado claudicó”, sostuvo, al insistir en que combatir a la delincuencia organizada es una función exclusiva de las instituciones de seguridad y no del árbitro electoral.

Finalmente, rechazó la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el INE validó la elección de Sinaloa durante su gestión. Según explicó, el instituto presentó denuncias por irregularidades ante la Fiscalía de Delitos Electorales, y aseguró que la falta de acciones posteriores correspondió a esa autoridad.

Mientras los gobernadores morenistas Alfonso Durazo y Américo Villarreal afirmaban públicamente que sus visas estadounidenses continúan vigentes, fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron al Semanario ZETA que ambos documentos migratorios fueron revocados y así aparecen registrados en los sistemas oficiales de ese país.

La información difundida por el medio fronterizo coloca en abierta contradicción las declaraciones emitidas este miércoles por los mandatarios de Sonora y Tamaulipas, quienes rechazaron no sólo la cancelación de sus visas, sino también cualquier investigación en su contra por parte de autoridades estadounidenses.

Según las fuentes consultadas por ZETA, la revocación ya fue procesada administrativamente, aunque los gobernadores conservan físicamente las visas. La razón, explicaron los funcionarios, es que ninguno de los dos ha intentado ingresar recientemente a territorio estadounidense. 

De acuerdo con esa versión, el documento sólo puede ser retirado materialmente cuando su portador se presenta en un cruce fronterizo o punto de acceso al país.

Las mismas fuentes señalaron que el origen de estas medidas estaría relacionado con investigaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado o actividades de narcotráfico, ya sea de forma directa o mediante terceros. No obstante, las autoridades estadounidenses se negaron a ofrecer detalles sobre los expedientes.

La publicación surge después de que Los Angeles Times reportó que Durazo y Villarreal forman parte de investigaciones federales en Estados Unidos por presuntos nexos con organizaciones criminales. El diario estadounidense añadió que ambos habrían ingresado previamente a ese país mediante mecanismos especiales distintos a una visa regular.

Horas antes de la revelación de ZETA, Alfonso Durazo rechazó la versión sobre la cancelación de su visa y calificó la información como una “infamia”. El gobernador sonorense sostuvo además que no ha recibido ninguna notificación relacionada con una medida de ese tipo.

Américo Villarreal también negó los señalamientos. El mandatario tamaulipeco afirmó que cuenta con visa vigente y rechazó cualquier vínculo con organizaciones criminales. “Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que lo respalde”, declaró. 

Posteriormente añadió: “Resulta inadmisible que acusaciones del tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que la sustente”.

Villarreal aseguró además que no existe imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial del gobierno estadounidense en su contra. En la misma línea, el coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, Gerardo Algarín, sostuvo que no hay evidencia de que el gobernador sea investigado por presuntos nexos con el crimen organizado.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, apareció este sábado arropada por figuras históricas y actuales del Partido Acción Nacional en una movilización que reunió a expresidentes, dirigentes nacionales y simpatizantes, en medio de la controversia generada por su citatorio ante la Fiscalía General de la República.

Después de una marcha por las principales vialidades de la entidad, cientos de personas se concentraron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde la mandataria estatal recibió el respaldo público de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri y otros liderazgos panistas.

El encuentro se desarrolló días después de que Campos fuera llamada a comparecer ante la FGR dentro de la investigación relacionada con la presencia de agentes estadounidenses durante un operativo en el que fue desmantelado un laboratorio clandestino.

Desde el escenario, la gobernadora convirtió el acto en un mensaje político dirigido al gobierno federal y a Morena. Frente a los asistentes aseguró que Chihuahua será el punto de partida del fin de la Cuarta Transformación.

“La historia castigará a quienes traicionaron a la patria y se hincaron frente al crimen organizado, y los libros de historia van a escribir su nombre con tres letras: Morena, 4T, narcogobierno”, declaró.

Campos también sostuvo que el país no tendrá un destino similar al de Sinaloa, entidad que mencionó al señalar que el crimen organizado controla sistemas de riego y otros módulos gubernamentales. En ese contexto afirmó que “México va a recordar que el final de este régimen empezó aquí, en Chihuahua, con miles de almas valientes y libres”.

Antes de su intervención, Felipe Calderón tomó la palabra para expresar su respaldo a la mandataria y advertir sobre lo que considera un deterioro democrático en el país.

“En México se está construyendo un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos y, como fui partícipe de esa construcción democrática, porque luché de joven, me tocó negociar la reforma política que trajo la transición democrática en México y permitió el triunfo de Vicente Fox; por eso me duele más asistir a la demolición de la democracia”, afirmó.

El exmandatario también llamó a la unidad y sostuvo que México necesita que “dejemos de confundir nación con facción, justicia con venganza, soberanía con impunidad”.

El mitin concluyó con el discurso de Maru Campos, cerrando una jornada marcada por el respaldo de la dirigencia panista a la gobernadora de Chihuahua.

Luego de varios días fuera del foco público, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) después de recibir un citatorio relacionado con la investigación abierta por autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

El funcionario informó a través de redes sociales que la mañana de este sábado fue notificado oficialmente para comparecer. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la diligencia será en calidad de testigo dentro de las indagatorias que mantiene la FGR.

“Acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México, un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó el alcalde con licencia.

La comparecencia ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación formal contra funcionarios sinaloenses por supuestos vínculos con el crimen organizado. En el expediente judicial se señala que, desde junio de 2022 aproximadamente, Gámez Mendívil habría recibido miles de dólares mensuales en sobornos presuntamente entregados por Los Chapitos.

Las acusaciones incluyen delitos relacionados con conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas, cargos por los que podría enfrentar penas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua.

El pasado 1 de mayo, días después de darse a conocer las investigaciones en Estados Unidos, Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse del cargo como presidente municipal de Culiacán. Ese mismo día también pidió licencia el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien igualmente es investigado por autoridades estadounidenses.

La FGR informó previamente que las 10 personas señaladas en la acusación presentada en una corte de Nueva York fueron citadas para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación como parte de las investigaciones en curso.

Las resoluciones judiciales relacionadas con el esquema de corrupción vinculado al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, ya superan los 3 mil 67 millones de dólares a favor del Estado mexicano, luego de que un tribunal de Florida ordenara un nuevo pago millonario contra integrantes de la familia Weinberg y empresas asociadas.

La sentencia, informada este miércoles por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obliga a los involucrados a cubrir 578.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado al país mediante un esquema ilícito de contratación pública.

De acuerdo con Hacienda, el fallo deriva de investigaciones apoyadas en documentación financiera, testimonios y mecanismos de cooperación internacional que permitieron acreditar operaciones relacionadas con la obtención irregular de contratos públicos y el ocultamiento de recursos.

La dependencia federal señaló que el proceso judicial en Estados Unidos forma parte de una estrategia de recuperación de activos vinculados a la red de corrupción atribuida a García Luna. También precisó que la resolución contempla la entrega de activos por parte de las personas condenadas para cubrir las cantidades determinadas por las autoridades judiciales.

El nuevo fallo se agrega a otras sentencias previamente emitidas contra García Luna y su cónyuge, cuyo monto conjunto rebasa los 2 mil 448 millones de dólares.

“El monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano por este esquema asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares, consolidándose como una acción de recuperación patrimonial relevante, impulsada por el Estado”, indicó Hacienda en un comunicado.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, recibió en 2024 una condena en Estados Unidos de más de 38 años de prisión, además de cinco años de libertad condicional y una multa de 2 millones de dólares, tras ser declarado culpable por narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.