Etiqueta: crimen organizado

En un momento de atención mediática renovada, el expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para rechazar públicamente las acusaciones que lo vinculan con presuntos sobornos entregados por empresarios israelíes durante su gobierno. Uno de los temas más sensibles asociados a estos señalamientos es la compra del polémico software Pegasus.

Desde su residencia en España, Peña Nieto aseguró que nunca sostuvo negociaciones ni recibió aportaciones de los empresarios mencionados en el reportaje del medio israelí The Marker. Afirmó tajantemente: “Esta insinuación, completamente carente de sustento alguno, es dolosa para poner en duda mi honorabilidad. Yo no doy línea ni la di nunca”.

En sus declaraciones, el exmandatario subrayó que su papel siempre fue de conducción institucional, sin intervenir directamente en adquisiciones o contratos. Afirmó que se enteró del conflicto entre los empresarios israelíes a través del artículo, lo que lo dejó “sorprendido”. Consideró que el conflicto verdadero es entre esas empresas, y no con el gobierno que él encabezó.

El medio israelí insinuó que esos sobornos podrían estar relacionados con campañas políticas, aunque Peña Nieto rechazó que existan pruebas o fundamentos concretos para sostener dicha hipótesis. Según el expresidente, el reportaje cayó en la especulación, alejándose de una postura objetiva.

Sobre Pegasus, Peña Nieto aclaró que sí existieron servicios contratados con empresas israelíes, pero recordó que ya hubo investigaciones que en su momento esclarecieron el tema. También precisó que esta herramienta tecnológica no fue utilizada para espiar a personas, sino como un recurso de inteligencia para enfrentar al crimen organizado.

“México y todo el mundo se siente espiado, todos creen que alguien está ‘pinchado’ a su teléfono, pero la compra de este servidor fue adquirido por empresas de inteligencia del Estado”, explicó, reconociendo la sensibilidad que genera este tipo de software en la opinión pública.

Durante la entrevista, Peña Nieto también abordó el porqué de su silencio desde que concluyó su mandato. Aseguró que decidió mantenerse al margen de la vida política por respeto a la nueva administración, aunque no dejó de manifestar su disposición a hablar cuando se le invita a opinar sobre lo ocurrido durante su gobierno.

“Yo ya no estoy, no soy responsable, pero mi silencio es por prudencia”, expresó, dejando en claro que, aunque alejado físicamente de México, sigue atento a lo que ocurre en el país que gobernó.

El expresidente, quien reside en España desde 2018, dijo no tener planes inmediatos de regresar, pero confesó sentir nostalgia por México, un sentimiento que, según él, podría hacerlo volver en algún momento.

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, ha sido formalmente procesado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la información este domingo a través de un comunicado oficial, detallando que el político priista, de 68 años, permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como “Altiplano”.

La FGR identificó que Yarrington presuntamente recibió dinero de una organización criminal. Con estos recursos habría adquirido tres inmuebles, tanto en México como en el extranjero, utilizando a un intermediario para concretar las operaciones. Esta nueva imputación se suma a otras acusaciones que ya enfrentaba, entre ellas delitos contra la salud, lo que refuerza el historial judicial que lo ha mantenido bajo la atención pública durante más de una década.

El exmandatario tamaulipeco fue gobernador de 1999 a 2005. Su gestión coincidió con un período de intensa violencia en la frontera noreste de México, una región históricamente golpeada por el narcotráfico. Durante ese tiempo, Tamaulipas se convirtió en una de las principales rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Antes de su traslado a México, Yarrington había enfrentado a la justicia en territorio estadounidense, donde fue sentenciado por recibir sobornos del crimen organizado. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, entre 1998 y 2013 aceptó millones de dólares del Cártel del Golfo a cambio de facilitar sus operaciones ilícitas, incluyendo el envío de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. La condena derivó en su posterior deportación, que se concretó el pasado 9 de abril.

Las investigaciones de la fiscalía mexicana han tomado un nuevo impulso con su retorno al país. La documentación presentada apunta a que los recursos que recibió no solo fueron utilizados para su enriquecimiento personal, sino que habrían servido para consolidar una red de propiedades y operaciones financieras fuera del marco legal. Este esquema se realizó, según las autoridades, con la colaboración de terceros que ayudaron a ocultar la verdadera fuente del dinero.

Con este nuevo proceso penal, Tomás Yarrington se mantiene en el centro de una trama que vincula poder político, narcotráfico y corrupción, en una historia que ha cruzado fronteras. Su caso representa uno de los más representativos de la colusión entre autoridades y crimen organizado en las últimas décadas en México.

La FGR continúa con las diligencias judiciales correspondientes, y su situación legal permanece sujeta al curso de los procedimientos penales que se siguen en su contra.

Ulises Lara López dio un giro relevante en su trayectoria al asumir la titularidad de la Fiscalía Federal en Morelos. Su llegada fue anunciada por él mismo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que aparece en las instalaciones de la institución, acompañado de un mensaje de agradecimiento dirigido al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Gracias por su confianza”, escribió el ahora delegado de la FGR en Morelos, añadiendo que continuará su labor “en favor de la justicia”.

El nuevo nombramiento marca otro capítulo en una carrera que ha despertado atención tanto por sus movimientos institucionales como por sus decisiones personales. Lara López fue anteriormente el vocero y encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), posición que asumió tras la salida de Ernestina Godoy. Su permanencia en ese cargo generó diversas reacciones, en especial por las circunstancias que rodearon su llegada.

Entre los elementos más comentados estuvo su obtención de un título profesional como abogado en tiempo récord. Su titulación, realizada en 2024 a través del Centro Universitario Cúspide de México, le permitió obtener la cédula profesional necesaria para continuar con su carrera dentro del ámbito judicial, lo cual fue interpretado como un movimiento clave para asumir funciones de mayor peso dentro del aparato federal.

Además de su papel al frente de la fiscalía capitalina, Ulises Lara también apareció entre los nombres postulados para formar parte del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal. Su registro en la convocatoria lanzada por el Poder Ejecutivo se dio a conocer en noviembre del año pasado, dentro de las listas iniciales del proceso.

Aunque su vínculo personal con la ministra Lenia Batres Guadarrama ha sido señalado en medios, su designación en Morelos llega directamente por decisión de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

Lara López ahora tendrá bajo su responsabilidad las investigaciones federales en un estado clave del centro del país, donde convergen desafíos de seguridad, presencia del crimen organizado y exigencias sociales por acceso a la justicia.

Su llegada se enmarca en un momento delicado para las fiscalías del país, donde se exige eficiencia, transparencia y resultados. Bajo este nuevo cargo, el exfiscal capitalino inicia una etapa que podría consolidar su presencia en el ámbito federal, mientras el sistema de procuración de justicia avanza entre renovaciones, ajustes estratégicos y figuras que se reposicionan en distintos frentes.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una señal de alerta contundente ante el proceso electoral que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. A pocas semanas de las votaciones del 1 de junio, los obispos expresaron su temor de que la delincuencia organizada o personas sin el perfil adecuado accedan a cargos clave del sistema judicial del país.

Durante la CXVIII Asamblea de la CEM, el Obispo Ramón Castro Castro, en su calidad de presidente del organismo, hizo eco de una preocupación que ha ido creciendo no solo en círculos eclesiásticos, sino en diversos sectores de la sociedad. “Tenemos temor de que vayan a llegar algunas personas que no sean las idóneas para servir en algo tan importante”, declaró en conferencia de prensa. También señaló que existe el riesgo de que “los mismos servidores públicos puedan caer en manos del crimen organizado”, un escenario que califica como una amenaza real, en medio de un contexto nacional marcado por la violencia.

En paralelo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció recientemente la presencia de candidatos con presuntos vínculos con el narcotráfico. El legislador aseguró que algunos de los aspirantes a formar parte del nuevo Poder Judicial han fungido como defensores de capos del crimen organizado y advirtió que la Cámara Alta ya prepara una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra una veintena de esos perfiles.

Este proceso electoral, inédito en México, convoca a 99.7 millones de personas para elegir, por primera vez en la historia del país, a 881 cargos judiciales. Entre los puestos en disputa se encuentran los de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Las campañas comenzaron el pasado 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, mientras diversas voces, entre ellas organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil, han advertido sobre el riesgo de intromisiones indebidas tanto del crimen como del propio Poder Ejecutivo. 

En un mensaje dirigido a la comunidad católica, la CEM hizo un llamado a la unidad, la esperanza y la participación activa, sin dejarse vencer por la violencia ni la incertidumbre. También reiteró su solidaridad con los sectores más vulnerables, como víctimas de violencia, migrantes, mujeres, jóvenes y pueblos originarios. “Seamos una Iglesia donde todas las voces cuenten”, subrayaron los obispos.

El panorama se torna aún más delicado ante tragedias recientes como el asesinato de ocho jóvenes en una comunidad de la Diócesis de Irapuato, en Guanajuato, lo que refuerza la urgencia del llamado eclesiástico. La Iglesia católica, golpeada también por la inseguridad, se suma al coro de advertencias que buscan preservar la legalidad, la justicia y la paz en una etapa crítica para el país.

Una nueva etapa ha comenzado en la música regional mexicana. En medio de un contexto de reformas legales que buscan frenar la apología del delito, varios de los máximos exponentes del género han decidido dejar atrás los narcocorridos, canciones que por años han ocupado un lugar protagónico en la escena musical. La transición no ha sido discreta ni ajena a la polémica. 

Luis R. Conriquez fue uno de los primeros en anunciar este cambio. A través de sus redes sociales, el intérprete de “El Búho” explicó que ya no interpretará temas relacionados con el crimen organizado en sus conciertos. La decisión responde a las nuevas políticas implementadas en recintos de espectáculos y a las recientes legislaciones impulsadas por distintos estados de la República.

Su primer concierto sin narcocorridos se llevó a cabo en el Palenque de Texcoco, donde la respuesta del público fue contundente. Entre abucheos y objetos lanzados desde las gradas, los asistentes hicieron evidente su inconformidad con la decisión del cantante.

Poco después, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, confirmó a través de su cuenta de Instagram que la agrupación también abandonará los corridos. “Los pocos corridos ficticios que tenemos ya no se tocarán a partir de esta semana en adelante”, señaló el cantante, marcando así un antes y un después en el repertorio de la banda originaria de Tijuana.

La fecha no fue elegida al azar. Grupo Firme se presentará el 20 de abril en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, justo después de que el Congreso local aprobara una reforma para prohibir los narcocorridos como parte de una legislación que penaliza la apología del delito.

Mientras tanto, el futuro de otros exponentes del género aún no es claro. Gabito Ballesteros, Natanael Cano y Junior H, quienes también figuran en el cartel de la Feria de San Marcos, no han emitido declaraciones oficiales sobre si seguirán interpretando estos temas. Junior H, sin embargo, sorprendió durante su presentación en el festival Coachella al no cantar ningún corrido, pese a contar con invitados como Peso Pluma y Tito Double P, con quienes comparte canciones del género.

En días recientes, Junior H avivó las especulaciones al comentar en una publicación de Peso Pluma que “la gente no está lista con lo que les estaremos preparando”, generando incertidumbre entre los fanáticos sobre el rumbo musical que tomará próximamente.

Mientras tanto, los gobiernos de Aguascalientes, Michoacán y Jalisco ya han tomado cartas en el asunto, aprobando o promoviendo leyes que buscan frenar la normalización del crimen organizado en la cultura popular a través de la música. La polémica sigue creciendo, y con ella, la transformación del regional mexicano parece inevitable.

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio un paso firme en la lucha contra el crimen organizado al vincular a proceso a 10 personas detenidas por su presunta participación en desapariciones forzadas relacionadas con el rancho Izaguirre, un sitio señalado como centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán.

Los imputados, identificados como Erick “N”, Kevin “N” o Lenin, David Alejandro “N”, Gustavo Ángel “N”, Christopher “N”, Juan Manuel “N”, Óscar Iván “N”, Luis Alberto “N” y Ricardo Augusto “N”, enfrentan cargos serios luego de ser señalados directamente por víctimas que sobrevivieron a los hechos ocurridos en dicho lugar.

La información oficial indica que el primero de los procesos judiciales se concretó el 1 de abril, cuando las declaraciones de tres víctimas permitieron iniciar acciones legales contra Erick “N” y Kevin “N”. Posteriormente, el 2 de abril, cinco de los detenidos fueron acusados tras el testimonio de dos personas más, y fueron procesados el 8 del mismo mes. Un tercer grupo fue vinculado el 4 de abril, luego de ser plenamente identificado por otra víctima, completando así el avance legal contra todos los implicados.

El caso ha generado atención a nivel nacional. Durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destacó los resultados obtenidos tras poco más de 15 días desde que las autoridades tomaron control del rancho Izaguirre. Calificó el operativo como un “avance sustancial”, confirmando que, además de estos procesamientos, existen 15 personas detenidas por delitos previos relacionados con delincuencia organizada.

Uno de los arrestos más relevantes es el de José Gregorio, alias “El Lastra”, presunto reclutador del CJNG, considerado una figura clave dentro del rancho. Su aprehensión representa un golpe estratégico para la estructura operativa del cártel en esa región.

Este avance forma parte de una ofensiva coordinada entre instancias estatales y federales para desarticular zonas controladas por el crimen organizado. El caso del rancho Izaguirre resalta la violencia ejercida contra víctimas y el uso de instalaciones clandestinas como centros de adiestramiento, hechos que mantienen la atención de las autoridades y de la sociedad.

Las investigaciones continúan, y con ellas, el compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables. La prioridad se centra en asegurar la reparación del daño a las víctimas y reforzar las acciones que garanticen la seguridad en Jalisco.

Durante un operativo de alto riesgo en Tijuana, Baja California, la jefa de enlace de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Abigail Esparza, perdió la vida tras resultar herida por arma de fuego. La información fue confirmada por la gobernadora del estado, Marina del Pilar, quien destacó el valor y compromiso de la oficial en servicio.

El operativo se desarrollaba en el fraccionamiento Barcelona Residencial, como parte de una acción de aprehensión contra un objetivo considerado de relevancia. En pleno cumplimiento de su labor, Esparza recibió impactos de bala y fue trasladada de emergencia a un hospital local, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Desde su cuenta oficial en X, la mandataria estatal expresó su pesar por los hechos y reconoció públicamente la entrega de la agente caía en cumplimiento del deber. “Mi reconocimiento a los elementos que se encuentran participando de forma valiente y ejemplar en este operativo”, escribió del Pilar, al tiempo que hizo un llamado a honrar la memoria de Esparza.

La oficial formaba parte de las filas de la FESC, una corporación estatal con intervención directa en operativos de alto impacto dentro de la estrategia de seguridad pública en la región. Su papel como jefa de enlace representaba una pieza clave en la coordinación entre fuerzas estatales y federales, en una zona marcada por complejos escenarios de violencia y crimen organizado.

El operativo en el que perdió la vida continúa en desarrollo, con elementos desplegados en distintos puntos estratégicos del municipio. Sin embargo, la atención se ha centrado en rendir homenaje a la trayectoria de Abigail Esparza, considerada una figura comprometida con la defensa de la seguridad ciudadana.

“Nuestros deseos de pronta resignación están con ustedes, la vida de Abigail será honrada y su muerte no quedará impune”, aseguró la gobernadora Marina del Pilar, reforzando el mensaje de justicia y continuidad operativa en el combate a la inseguridad.

El entorno local ha reaccionado con muestras de respeto y solidaridad hacia la familia de la agente. En redes sociales, compañeros y ciudadanos han compartido mensajes reconociendo su valentía, compromiso y profesionalismo en cada una de sus misiones.

La historia de Abigail Esparza se suma a la de quienes entregan su vida al servicio público, marcando con su memoria un precedente dentro de la lucha por la paz en Baja California. Su nombre quedará ligado a un operativo que cambió el rumbo de la jornada y dejó una profunda huella en la institución que representaba.

Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, busca una vía legal para evitar ser trasladado fuera del país. El exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios ha solicitado un amparo para impedir su posible extradición a Estados Unidos, argumentando que es “uno de los candidatos a ser enviado” por el gobierno federal. 

La petición fue registrada bajo el expediente 284/2025 el pasado 3 de abril, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca. La medida fue clasificada como una suspensión de oficio contra actos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en función de los criterios legales que aplican cuando se considera que una persona podría ser objeto de destierro, deportación o penas que puedan comprometer su integridad.

El exlíder criminal permanece interno en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México, desde marzo de 2015. Ahí cumple dos sentencias: una por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y otra por secuestro, esta última dictada por un juzgado de Michoacán. Las condenas suman un total de 58 años de prisión.

Gómez Martínez fue detenido durante una etapa crítica de inseguridad en el estado de Michoacán, como parte de las acciones de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral, implementada por autoridades federales. Desde entonces, su figura ha permanecido como símbolo de uno de los periodos más violentos vividos en la región.

Según los argumentos de su defensa, hasta la fecha de la solicitud, el interno no había sido notificado ni estaba sujeto a un proceso formal de extradición. Sin embargo, la defensa consideró urgente la medida preventiva ante un posible traslado inmediato.

Este movimiento legal se da poco después de que el gobierno federal anunciara la entrega de 27 figuras del crimen organizado a las autoridades de Estados Unidos, el pasado 27 de febrero. En ese grupo se encontraban nombres como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, todos considerados de alto perfil dentro del crimen organizado en el país.

La solicitud de “La Tuta” añade una nueva capa de atención sobre el manejo de reos considerados de alto riesgo, y mantiene en foco la política de cooperación binacional en temas de seguridad y justicia. El desenlace del proceso de amparo y cualquier eventual acción diplomática o judicial marcarán los próximos pasos del caso.

El cerco contra el crimen organizado se estrecha en Tabasco. Este viernes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de Edson Aldair Zavala Alcocer, alias “Zavala”, y Jorge Luis López Torres, dos figuras clave dentro del grupo delictivo “La Barredora”. La captura se llevó a cabo en el municipio de Cárdenas como parte de un operativo de seguimiento tras la reciente aprehensión de Francisco Javier Custodio Luna, alias “El Guasón”, líder de la organización criminal.

Las autoridades identificaron a Zavala Alcocer como el sucesor de “El Guasón”, mientras que López Torres fungía como su segundo al mando. Ambos eran responsables de coordinar actividades ilícitas que incluían extorsión a comerciantes, venta y distribución de drogas, así como la eliminación de integrantes de grupos rivales en la entidad.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que ambos sujetos “se les relaciona con hechos violentos en la entidad”. En particular, Zavala Alcocer era conocido por su alto nivel de violencia y su rol como encargado de plaza en la colonia INDECO y el Ejido José María Pino Suárez, en el municipio Centro. Su función dentro de “La Barredora” incluía la coordinación de sicarios, la identificación y neutralización de células antagónicas y la cooptación de autoridades para facilitar las actividades del grupo.

Por su parte, López Torres no solo participaba en la distribución de drogas en Tabasco, sino que también se encargaba de alertar a la organización sobre operativos de seguridad en las zonas donde operaban. Su colaboración fue clave para el funcionamiento del grupo delictivo.

Estas detenciones marcan un nuevo golpe contra “La Barredora”, que recientemente perdió a su líder. Custodio Luna, alias “El Guasón”, además de ser uno de los principales generadores de violencia en el estado, había sido identificado como un expolicía estatal de Tabasco. Durante su tiempo en las fuerzas de seguridad, cooptó a diversos elementos en activo y a integrantes de otros cuerpos policiales para expandir su control. También se le señala como el responsable de coordinar ataques contra otros grupos criminales, particularmente en su disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el objetivo de consolidar el dominio en la zona centro del estado.

Las recientes acciones de las autoridades buscan debilitar la estructura de “La Barredora” y frenar la ola de violencia que ha azotado la región. Con la captura de estos importantes operadores, el panorama del crimen organizado en Tabasco se reconfigura, mientras las fuerzas de seguridad continúan con los operativos para desmantelar por completo la organización.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, tendrá que esperar un poco más antes de volver a presentarse ante la justicia estadounidense. Su audiencia de estatus, originalmente programada para el 31 de marzo, fue oficialmente reprogramada para el próximo 12 de mayo, tras un acuerdo entre la fiscalía y su defensa. Esta decisión se dio en medio de negociaciones en curso que buscan un posible acuerdo de culpabilidad.

Con 34 años y señalado como una de las figuras clave dentro de la estructura de “Los Chapitos”, Ovidio enfrenta un proceso judicial de alto perfil en la Corte Federal de Chicago, presidido por la jueza Sharon Johnson Coleman. Los cargos en su contra son múltiples y de gravedad: tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Estos señalamientos lo vinculan directamente con algunas de las figuras más poderosas del narcotráfico en México, incluyendo a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, y a Ismael “El Mayo” Zambada, líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

La audiencia aplazada forma parte de un proceso judicial que ha captado la atención internacional. Ovidio no es el único miembro de su familia bajo la lupa de la justicia estadounidense. Su hermano, Joaquín Guzmán López, también enfrenta acusaciones similares en la misma corte, con fecha de audiencia para el 18 de abril. Al igual que Ovidio, mantiene negociaciones avanzadas con la fiscalía para definir su situación legal.

Ambos hermanos forman parte de la cúpula de “Los Chapitos”, la célula conocida por su extrema violencia y su influencia en el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos. Esta facción es liderada junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quienes, según informes oficiales, continúan operando dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

La postergación de la audiencia se da mientras se afinan detalles entre ambas partes, en un caso que podría definir el futuro de uno de los grupos criminales más relevantes en la historia reciente de México. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando sin descartar la posibilidad de un acuerdo que modifique el rumbo del caso.