En un contundente acto de resistencia, más de mil indígenas tzeltales, miembros de la Organización Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio y el Gobierno Comunitario, se congregaron el sábado en el municipio de Chilón, Chiapas, en el sureste de México, para levantar su voz contra la violencia perpetrada por partidos políticos y grupos del crimen organizado. Además, anunciaron su decisión de no participar en los próximos comicios del 2 de junio.

Pascuala Vázquez Aguilar, portavoz del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón, explicó que desde 2017 han optado por mantenerse al margen de los partidos políticos en la elección de sus autoridades, argumentando que éstos no representan los intereses del pueblo originario y persiguen únicamente el poder. Esta determinación marcó el inicio de un movimiento de resistencia frente a la corrupción institucional y la intimidación de la delincuencia organizada.

Ante la falta de representatividad de los partidos políticos, surgió el Gobierno Comunitario inclusivo como una alternativa para los pueblos originarios de Chilón y Sitalá. En este año, más de seis mil indígenas tzeltales han optado por abstenerse de votar en las elecciones tanto nacionales como locales, prefiriendo continuar activos en la lucha por el reconocimiento jurídico de su autonomía.

La marcha estuvo conformada por mujeres, hombres, y niños, así como por organizaciones civiles, investigadores sociales, médicos, maestros observadores y defensores de los derechos humanos. Recorrieron las calles de la localidad portando banderas y entonando música tradicional hasta llegar al atrio de la iglesia de Santo Domingo, donde expresaron sus denuncias y posturas respecto a las próximas elecciones.

Durante un mitin al término de la marcha, los participantes exigieron el respeto a los derechos territoriales y a la madre tierra, así como el derecho a la consulta previa e informada para los pueblos originarios. Asimismo, reafirmaron su compromiso con una vida digna para las niñas, los niños y jóvenes, y expresaron su rechazo a la influencia del crimen organizado y la militarización de los territorios y comunidades indígenas.

“Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho”, subrayó la CEM en su declaración, destacando la importancia de preservar los principios fundamentales que sustentan la vida democrática de la nación.

En un comunicado emitido el domingo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda preocupación ante el escenario más sombrío que podría emerger en el actual proceso electoral en México: la intervención del crimen organizado y grupos delincuenciales. La CEM destacó que esta conjunción entre democracia electoral y criminalidad es un “binomio totalmente inaceptable“, constituyendo un signo alarmante de corrupción que debe ser evitado a toda costa.

“Creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral en cualquier lugar y momento”, subrayó la CEM en su declaración, instando a la sociedad y a las autoridades a rechazar cualquier forma de complicidad con esta lamentable realidad.

La Iglesia Mexicana señaló que, por ningún motivo, se puede justificar la interferencia delictiva en el proceso electoral y, además, enfatizó la necesidad imperante de que las autoridades responsables de la seguridad a nivel estatal y nacional tomen medidas para garantizar la protección y un ambiente de paz durante el desarrollo de las elecciones el 2 de junio.

En su comunicado, la CEM hizo un llamado a las fuerzas del orden y a las autoridades responsables de la seguridad para que se eviten agresiones, atentados y lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y ciudadanos en general con motivo electoral. La Iglesia subrayó la importancia de que la seguridad esté garantizada en todos los rincones del país durante este crucial evento democrático.

La expectativa de la CEM es que las elecciones de 2024 en México sirvan como un ejemplo de civilidad a la altura de la cultura democrática que los mexicanos han construido y perfeccionado en las últimas décadas. La Iglesia hace un llamado urgente a todos los actores políticos, desde las autoridades hasta los candidatos, partidos y ciudadanos, para que cumplan rigurosamente las leyes y normativas en materia electoral.

La CEM también hizo un llamado específico al Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) para que actúen con imparcialidad, justicia, ética y competencia profesional, garantizando que el proceso se desarrolle con plena legalidad y transparencia.

Finalmente, la Iglesia destacó la necesidad de campañas electorales limpias, legales y austeras, que se centren en propuestas responsables y serias, fomentando el diálogo y la búsqueda de soluciones auténticas para los problemas del país.

El presidente de México ha vuelto a solicitar al Gobierno de los Estados Unidos información detallada sobre una nueva investigación que aparentemente relaciona su campaña presidencial de 2018 con figuras del crimen organizado como “El Mayo” Zambada y “Los Zetas”.

A tan solo 16 días de que los Estados Unidos, a través de Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad de la Casa Blanca, ofreciera disculpas por el reportaje de ProPublica en el que la DEA acusaba a su equipo de campaña de 2006 de recibir 2 millones de dólares del narcotráfico, el presidente mexicano ha expuesto la existencia de un próximo informe elaborado por el New York Times (NYT).

Durante la conferencia matutina de este miércoles, López Obrador presentó una serie de interrogantes enviadas por la corresponsal del NYT en México, Natalie Kitroeff, respecto a un artículo en preparación que abordaría información “diferente a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizaba su campaña de 2006”.

Casi al inicio de la rueda de prensa de este jueves, el mandatario mexicano inició una serie de críticas contra un reconocido medio de comunicación, revelando que pronto se publicaría otro reportaje sobre presuntos sobornos que personas cercanas a él habrían recibido durante su campaña, pero esta vez en 2018.

“Llegó un correo de la corresponsal de The New York Times, con un tono amenazante y prepotente, indicando que están realizando una investigación con información de la DEA donde personas vinculadas a mí recibieron dinero, no en 2006, sino en 2018, y que entregaron dinero a mis hijos”, comentó el presidente.

López Obrador procedió a revelar el contenido del correo electrónico que el NYT envió a su vocero, señalando que esperaban una respuesta antes de las 19:00 horas de ese día, lo que podría indicar que el nuevo reportaje sobre el presidente y sus vínculos con el crimen organizado sería publicado este viernes.

Mientras leía el cuestionario, el presidente aprovechó para responder a cada pregunta, adoptando un tono sarcástico y algo defensivo, al tiempo que lanzaba acusaciones de espionaje contra el gobierno de Estados Unidos.

“Este periódico, el New York Times, sigue siendo un panfleto. No les gustó lo que dije sobre el periodista Tim Golden en una entrevista con la periodista Inna Afinogenova”, continuó AMLO.

Finalmente, aseguró que “México se hace respetar” y agregó que sus opositores están molestos por la alta aceptación que tiene en todo el país, que supera el 70 por ciento en algunos estados.

En una conferencia ante un auditorio de abogados en Nuevo León, la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, abordó el tema de las candidaturas de aquellos aspirantes a alcaldías en municipios donde no residen, señalando que esto podría contravenir la ley y las políticas públicas.

Otálora, quien visitó la región para participar en una ponencia, destacó que sería incongruente ocupar un cargo que requiere conocer de cerca las realidades y necesidades de un municipio del cual no se es habitante.

“Sería un contrasentido con lo que implica el cargo, ya que las políticas públicas deben contribuir a la vida diaria de un municipio o ayuntamiento donde uno reside”, afirmó la magistrada en respuesta a una pregunta del público durante la conferencia.

En el contexto de la charla con los abogados, enfatizó que la presidencia municipal es una posición de gran cercanía con la ciudadanía y dirigir la vida cotidiana de un ayuntamiento requiere un conocimiento directo de sus necesidades.

“Es lógico, es sentido común, que para dirigir la vida cotidiana de un ayuntamiento se debe residir en ese lugar, para entender cuáles son las necesidades”, agregó Otálora.

Durante su intervención, también se refirió a los desafíos que enfrentarán las elecciones próximas en junio, resaltando la importancia de la democracia y señalando la preocupación por la violencia generada por el crimen organizado.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) ha desencadenado un paro nacional, bloqueando las principales carreteras del país para expresar su preocupación por el creciente nivel de violencia del crimen organizado. Con pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos en 2023 debido a un aumento del 5 por ciento en los robos a camiones con mercancía, la protesta busca atención y medidas del gobierno.

Decenas de miles de transportistas, pertenecientes a la Amotac, una organización con más de 100 mil afiliados y casi medio millón de vehículos, han llevado a cabo esta movilización a lo largo de las carreteras que conectan importantes ciudades, desde Ciudad de México hasta Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los transportistas de ser “conservadores” y de rechazar el diálogo, generando un escenario de tensión en medio de la protesta.

La problemática central se centra en el incremento de los robos a camiones de carga. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que estos robos aumentaron cerca del 5 por ciento en 2023, afectando significativamente la seguridad generando pérdidas millonarias para la industria.

“Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas”, expresó William de Jesús Arellano, delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, reflejando las dificultades que enfrentan diariamente.

La manifestación, que abarca desde el límite con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la frontera con Centroamérica en Chiapas, destaca la magnitud y gravedad del problema. Transportistas como Marco Antonio López, delegado de Amotac en Comitán, enfatizan la necesidad urgente de atención: “A todas las autoridades de Gobierno, estatales y federales, que nos volteen a ver, aquí en el estado nos asaltaron en el tramo Mal Pasito y en ese asalto murió mi hermano y ahorita sí está muy difícil”.

La industria, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ha perdido aproximadamente 7 mil millones de pesos en 2023 debido a los asaltos a camiones de mercancía. Además, la Canacar reportó cerca de 13 mil robos con y sin violencia en enero, junto con el asesinato de entre 50 y 150 conductores durante el mismo periodo.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informa que se han realizado 120 reuniones con agremiados de Amotac y se promete desplegar 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional y 2 mil patrullas.

La tensión persiste en México mientras los transportistas buscan soluciones efectivas y el gobierno se esfuerza por abordar la creciente violencia en las carreteras.

En un dramático episodio, encapuchados armados ingresaron en las instalaciones del canal de televisión TC en Guayaquil, Ecuador sometiendo al personal durante una transmisión en vivo. Las autoridades respondieron desplegando unidades especializadas en el lugar, mientras en las imágenes televisivas se observaba a los atacantes manteniendo a los trabajadores en el suelo y exigiéndoles a la policía que se retirarán.

“No disparen por favor, no disparen”, se escuchó decir a una mujer mientras las escenas de caos se desarrollaban en vivo. La emisión, que duró poco más de 15 minutos, fue interrumpida, dejando en la pantalla inicialmente el set de televisión y luego imágenes internas del canal.

Esta situación se enmarca en un ambiente de violencia y caos que ha afectado a Ecuador en las últimas 24 horas, con presuntas fugas de líderes criminales, secuestros de policías y múltiples actos violentos, incluyendo explosiones y atentados. El gobierno respondió declarando un estado de excepción de 60 días.

Durante el ataque al canal, los encapuchados, portando armas y explosivos, advirtieron que “no se juega con la mafia” y apuntaron a periodistas con armas de fuego. Además, dejaron un paquete de dinamita en la recepción del canal, según información preliminar.

“Ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en GYE (Guayaquil) nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia”, publicó la policía en su cuenta en X, antes Twitter.

En medio del caos, la Universidad de Guayaquil suspendió todas las actividades, y otros centros educativos e instituciones del Estado se mantienen en alerta. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó la “ofensiva del crimen organizado” en el país, repudiando los actos de violencia y amenazas contra funcionarios judiciales.

“Esos hechos ponen de manifiesto la reacción violenta de las estructuras de corrupción y delincuencia frente al accionar del sistema de justicia“, agregó la Corte.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un estado de excepción después de motines en varias cárceles y la fuga de líderes delictivos. La violencia ha generado preocupación en la comunidad internacional y ha afectado la confianza de los inversores en medio de medidas de seguridad e inversión que se someterán a un referéndum.

“Se acabó el tiempo en que los sentenciados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado dictaban a los gobiernos de turno qué hacer”, declaró Noboa en un comunicado. La situación en Ecuador sigue siendo fluida, con el país enfrentando desafíos urgentes para restaurar la seguridad y la estabilidad.