Etiqueta: Chiapas

El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el programa nacional El maíz es la raíz, una estrategia diseñada para conservar, producir y comercializar las variedades nativas mientras fortalece los sistemas agroalimentarios comunitarios.

La iniciativa fue expuesta durante la conferencia presidencial por la directora de Alimentación para el Bienestar, quien precisó que el proyecto comenzará el próximo año en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Su aplicación se ampliará gradualmente hasta 2030, cuando abarcará las ocho regiones agrícolas del país y alcanzará a cerca de un millón y medio de pequeños productores.

El programa establece una ruta que integra producción agroecológica, uso colectivo de maquinaria ligera y fortalecimiento de la organización comunitaria. Estos ejes buscan mejorar la productividad sin alterar la esencia de la milpa, sistema agrícola que ha sostenido la diversidad del maíz nativo durante generaciones. La maquinaria será asignada de manera colectiva a grupos de productores, lo que permitirá reducir costos, distribuir responsabilidades y elevar el rendimiento en cada ciclo agrícola.

Otro componente central es el acompañamiento técnico. Equipos especializados, junto con integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, trabajarán con comunidades milperas integradas por grupos de cien productores. Este vínculo pretende mejorar prácticas agronómicas, reforzar la autonomía tecnológica y facilitar el intercambio de conocimientos para mantener cultivos sanos y productivos. El planteamiento parte de que el potencial de rendimiento del maíz nativo depende directamente del manejo agronómico y no de la genética de la semilla.

Además de la producción, el plan impulsa la transformación y comercialización del maíz mediante esquemas comunitarios. Se contempla la creación de tortillerías, tostaderías y espacios para elaborar totopos con sello de origen, administrados por cooperativas de mujeres campesinas. Este modelo busca asegurar ventas a precio justo y que los ingresos lleguen de manera directa a las familias productoras, reforzando la economía local desde la producción primaria hasta la venta final.

La estrategia incluye también mecanismos para proteger la biodiversidad del maíz nativo, considerada un legado cultural y alimentario que identifica al campo mexicano. La propuesta se articula como una política integral que combina tradición agrícola, apoyo técnico, trabajo colectivo y participación comunitaria.

Con El maíz es la raíz, el gobierno federal marca una ruta de largo plazo destinada a consolidar la soberanía alimentaria, revitalizar las prácticas campesinas e impulsar la economía de las regiones agrícolas. El proyecto se establece como una apuesta nacional para fortalecer a las comunidades rurales y garantizar la permanencia del maíz nativo como base del sistema alimentario mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva ofensiva legal para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas en México. El anuncio se dio tras revelarse una investigación federal que detectó 13 establecimientos con operaciones irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

La medida busca actualizar un marco legal que ha quedado rebasado por el auge de las apuestas en línea. En los últimos años, las plataformas digitales de juego se han multiplicado y, al no estar sujetas a una regulación clara, muchas han operado al margen de la supervisión financiera y tributaria. Este vacío legal ha facilitado movimientos económicos difíciles de rastrear y el uso de flujos internacionales sin justificación formal.

El plan de reformas incluirá ajustes para que tanto los casinos físicos como los digitales cumplan con reglas similares en materia de transparencia, control financiero y prevención de lavado de dinero. Con ello, se busca cerrar los huecos legales que permiten que operen sin una supervisión estricta y con riesgos para los usuarios y para el sistema financiero nacional.

La investigación que detonó esta decisión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas dependencias detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales sin respaldo y el uso de plataformas no registradas ante la autoridad mexicana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos bajo investigación operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Algunos de estos lugares, además de las casas de apuestas tradicionales, contaban con vínculos directos con sitios digitales que manejaban apuestas y transferencias desde el extranjero.

La indagatoria también contó con apoyo de organismos internacionales como FINCEN y la OFAC, ambos de Estados Unidos, que aportaron información sobre movimientos financieros sospechosos hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estos flujos incluían transferencias injustificadas y esquemas de simulación fiscal.

La iniciativa de reforma que prepara el gobierno federal buscará establecer un marco moderno para supervisar los juegos de azar tanto en línea como presenciales. Con esta actualización, las autoridades pretenden evitar que las apuestas digitales se conviertan en canales para operaciones ilícitas y reforzar la vigilancia sobre un sector que ha crecido aceleradamente sin una regulación sólida.

El proyecto será presentado en las próximas semanas y marcará el primer intento integral del país por poner orden en un negocio que, hasta ahora, se movía entre la diversión, la falta de control y el riesgo financiero.

Con el voto mayoritario de Morena, PT y PVEM, el Senado de la República aprobó sin modificaciones la miscelánea fiscal 2026, que establece incrementos en impuestos a refrescos, sueros, cigarros, museos y videojuegos, además de permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder en tiempo real a los sistemas de plataformas digitales como Facebook, Amazon, Netflix, Uber y Airbnb.

Durante una sesión que se prolongó por casi seis horas, el pleno lució semivacío durante gran parte de la discusión, con apenas 16 legisladores presentes. No fue sino hasta después de las 7:00 de la noche cuando la mayoría regresó para votar los dictámenes.

Finalmente, las reformas fueron aprobadas con 76 votos a favor y 38 en contra en el caso del Código Fiscal, 75 a favor y 35 en contra en la Ley de Derechos, y 75 votos a favor y 37 en contra en el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). El nuevo paquete fiscal entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y ya fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

En materia de impuestos, el IEPS contempla un aumento de 3.08 pesos por litro en bebidas azucaradas como jugos, refrescos y sueros. Los tabacos labrados tendrán un incremento del 30%, por lo que el precio de las cajetillas de cigarros podría alcanzar los 100 pesos. Además, los videojuegos con alto contenido violento pagarán 8% más de impuesto.

La Ley de Derechos también sufrió modificaciones que afectarán los costos de entrada a museos y zonas turísticas. Los nuevos precios serán de 209 pesos para ingresar a Palenque, Chiapas y al Museo de Antropología de la Ciudad de México; 156 pesos en el Museo del Carmen; 143 pesos en el Fuerte de Guadalupe y el Museo Virreinal Acolman; y 104 pesos por visitar Chichén Itzá.

Uno de los puntos más polémicos fue la reforma al artículo 30 del Código Fiscal, que permitirá al SAT monitorear en tiempo real las operaciones de las plataformas digitales. La propuesta generó fuerte oposición tanto de legisladores oficialistas como de oposición, quienes presentaron reservas que fueron rechazadas.

En tribuna, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el incremento en refrescos “representa el inicio del control por parte del gobierno sobre lo que los ciudadanos pueden consumir” y calificó la reforma al Código Fiscal como una medida que “abre la puerta a la vigilancia sin límites, la censura administrativa y la inseguridad digital”.

Desde el PRI, Cristina Ruiz Sandoval señaló que “nos prometieron que no habría más impuestos, y hoy los mexicanos pagan más por todo, por comer, por fumar, por jugar y hasta por respirar”. Criticó que el gobierno “disfrace de impuesto a la salud” los aumentos en productos como refrescos y cigarros, acusando que “han desmantelado el sistema de salud sin medicinas y sin vacunas”.

El coordinador priista Manuel Añorve recordó que en 2018, Andrés Manuel López Obrador y Rocío Nahle prometieron eliminar el IEPS a las gasolinas, proyectando un video en el pleno como evidencia.

Por su parte, el morenista Homero David defendió que las reformas buscan “combatir la evasión y la simulación fiscal”, mientras que Raúl Morón subrayó que la recaudación permitirá financiar programas sociales que consumen 1.2 billones de pesos anuales. “Es un paquete económico pensando en México y en el bienestar de las familias que menos tienen”, afirmó.

En contraste, Gina Campuzano, senadora del PAN, calificó la miscelánea como “un atraco legalizado al bolsillo de los mexicanos”, argumentando que el gobierno pasa la factura de sus “proyectos faraónicos inconclusos y hospitales sin medicamentos” directamente a los ciudadanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó este domingo el municipio de Pantepec, Puebla, como parte de su recorrido por las zonas afectadas por las intensas lluvias registradas la semana pasada en diversas regiones del país. Durante su visita, la mandataria supervisó personalmente las labores de limpieza y reconstrucción, además de refrendar su compromiso con las familias damnificadas, asegurando que “no se dejará a nadie atrás”.

En sus redes sociales, Sheinbaum informó sobre su recorrido por el municipio poblano, donde sostuvo encuentros con los habitantes y constató los trabajos de apoyo a cargo de los Servidores de la Nación, quienes comenzaron el censo de viviendas dañadas para organizar la entrega de recursos. “Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla, para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás”, escribió la mandataria.

La presidenta estuvo acompañada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien explicó que brigadas de Servidores de la Nación provenientes de Puebla, Chiapas, Tlaxcala y Tabasco participan en el levantamiento del Censo Bienestar, con el objetivo de identificar los daños materiales y las necesidades de cada familia. 

“Con la presidenta Claudia Sheinbaum recorrimos las zonas afectadas por las inundaciones en Pantepec, Puebla, donde escuchamos y atendimos a las personas afectadas. Gracias a las y los Servidores de la Nación de Puebla, Chiapas, Tlaxcala y Tabasco por su apoyo y compromiso en la realización del Censo Bienestar”, señaló la funcionaria federal.

El censo servirá como base para la entrega de apoyos directos, que incluirán recursos para limpieza, rehabilitación y reconstrucción de viviendas, siguiendo el mismo modelo implementado tras el paso del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, donde también se entregaron enseres domésticos.

Por su parte, el gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, informó que trabaja en coordinación con los distintos órdenes de gobierno para restablecer la comunicación en comunidades incomunicadas y reparar la infraestructura dañada, como el puente sobre el río Necaxa, que resultó severamente afectado.

En una reunión con presidentes municipales de Jopala, Zihuateutla y Tlaola, el gobernador anunció que se realizarán estudios topográficos y técnicos antes de iniciar la rehabilitación total del paso vehicular. Mientras tanto, se habilitará un paso provisional, se reparará el muro de contención y se instalará una alarma de alerta temprana para advertir el crecimiento del río.

La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Leticia Ramírez, destacó que la presidenta Sheinbaum considera prioritaria la rehabilitación de esta vialidad y cuenta con el respaldo del gobierno federal.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un evento masivo en el Estadio Olímpico de Tapachula, Chiapas, ante más de 40 mil asistentes, donde presentó un paquete de obras de infraestructura y programas sociales con los que busca consolidar el desarrollo de la frontera sur.

Durante su mensaje, aseguró que el objetivo de su administración es convertir a Tapachula en un polo industrial estratégico para México y Centroamérica. Para ello, anunció la construcción de dos Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), actualmente en proceso de licitación por la Secretaría de Marina.

Además, informó sobre la modernización de Puerto Chiapas y la construcción de la Línea K del Tren Interoceánico, conocida como Línea de la Transformación, que conectará Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, y cuya conclusión está prevista para 2026.

“La Secretaría de Marina está licitando dos Polos de Desarrollo para Bienestar aquí en Tapachula, que junto con el Tren Interoceánico, la Línea de la Transformación y Puerto Chiapas se van a convertir en un desarrollo muy importante para los siguientes años”, destacó la mandataria.

En paralelo, Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) apoyará en la reconstrucción de los dos puentes que colapsaron en la carretera costera de Chiapas tras las lluvias del viernes. “Si México es fuerte es por su pueblo, si México es fuerte es por su historia, si México es fuerte es porque no hay división entre gobierno y pueblo”, afirmó.

La presidenta también presentó un balance de los programas sociales en Chiapas, donde actualmente un millón 906 mil 955 personas son beneficiarias de alguno de los apoyos federales, con una inversión de 45 mil 939 millones de pesos. Entre ellos destacan 430 mil 749 adultos mayores con pensión, 80 mil 744 personas con discapacidad, 190 mil 107 estudiantes con beca Benito Juárez y 388 mil niñas y niños con apoyo directo. Además, 337 mil productores participan en Producción para el Bienestar, 344 mil reciben fertilizantes gratuitos y 78 mil 427 forman parte de Sembrando Vida.

Otros rubros contemplan 238 mil familias beneficiadas con Leche para el Bienestar, la intervención de 9 mil 652 escuelas básicas, 593 planteles de educación media superior y 189 mil 106 estudiantes de secundaria con beca Rita Cetina.

En materia de salud, destacó la apertura del Hospital General de Zona No. 13 “14 de Septiembre”, la rehabilitación del Hospital Rural Albergue en Bochil, la ampliación de la Clínica Hospital “Dr. Roberto Nettel”en Tapachula y nuevas unidades médicas en Chiapa de Corzo, Tapilula y Tonalá.

En infraestructura, adelantó la construcción de una vía de carga del Tren Maya, obras carreteras como la Macuspana-Escárcega y la Palenque-Ocosingo, además del puente Rizo de Oro y caminos artesanales. También se ejecutan proyectos de protección contra inundaciones y se construirá en cada municipio un Centro LIBRE para las mujeres.

Sheinbaum anunció que el próximo año arrancará la compra de café del Soconusco con Precios de Garantía, así como la recuperación de la producción de maíz en La Fraylesca y la instalación de una planta procesadora de harina de maíz. Asimismo, informó que más de 60 mil familias fueron beneficiadas con descuentos y congelamiento de créditos de Infonavit y FOVISSSTE, mientras que 82 mil 23 viviendas se construirán como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Finalmente, destacó la apertura de un plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Tapachula y la construcción de uno más en la región, como parte del impulso educativo en el estado.

Hernán Bermúdez Requena, identificado por las autoridades como líder del grupo criminal “La Barredora” en Tabasco, arribó este jueves a territorio mexicano tras ser expulsado de Paraguay, país en el que fue detenido la semana pasada por ingreso irregular.

“El Abuelo” o “Comandante H”, como también es conocido, fue trasladado por autoridades mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Asunción, donde la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo entregó formalmente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el operativo de repatriación contó con la colaboración directa de la Presidencia de Paraguay. “Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”, expresó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

El vuelo que lo trasladó a México hizo una escala en Colombia de más de 12 horas y retomó su trayecto alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves. Finalmente aterrizó a las 11:13 horas en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, desde donde será llevado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México.

Al llegar a México, Bermúdez fue notificado de una nueva orden de aprehensión girada en su contra por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó el mandamiento en la causa penal 386/2025, con fecha del 17 de septiembre, emitida por Mario Elizondo Martínez, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

Las imputaciones en su contra consideran su presunta participación en delitos contra la salud, acopio de armas, secuestro, delitos relacionados con hidrocarburos y funciones de dirección en actividades ilícitas. Además, se le atribuye secuestro agravado en contra de R.M.A. y un agravante adicional: haber cometido crímenes mientras se desempeñaba como servidor público, ya que ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

La orden de aprehensión no solo alcanza a Bermúdez Requena. También incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” o “Chichirria”; José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”, exservidor público bajo su mando; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández. Todos ellos deberán ser puestos a disposición en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

“La Barredora” es un grupo criminal con operaciones en Tabasco y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades lo relacionan con actividades de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés en la región.

El cumplimiento de la nueva orden de aprehensión quedó en manos de un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Con este procedimiento, Bermúdez y los coacusados serán ingresados en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, donde enfrentarán los cargos presentados por la FGR.

Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, respondió tras la difusión de nuevos videos presentados por el medio de información Latinus en los que se observa a David León entregando recursos a candidatos de Morena durante el proceso electoral de 2015. El legislador aseguró ser ajeno a los hechos y se puso a disposición de cualquier autoridad que decida investigar.

“Yo soy ajeno a esos actos y ajeno a los actos de terceras personas. (…) Estoy abierto a que se hagan todas las investigaciones, a cualquier autoridad que me solicite mi presencia; en el momento que lo hagan con mucho gusto ahí estaré”, declaró Velasco en entrevista desde la Cámara Alta.

En las imágenes difundidas se aprecia a David León entregar un sobre amarillo con dinero al general en retiro José Antonio Moreno Alvarado, quien fue candidato de Morena a la alcaldía de Villaflores, Chiapas, en 2015. Según la confesión de León, los recursos provenían de Manuel Velasco, entonces gobernador del estado.

El senador rechazó esa versión y reiteró que no se usaron recursos públicos de su administración para financiar campañas. “Te repito, soy ajeno a los actos que hagan terceras personas”, enfatizó.

Durante la conversación con medios de comunicación, Velasco fue cuestionado sobre si conocía a Pío López Obrador, hermano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, también señalado en años recientes por aparecer en videos de entregas de dinero. El político chiapaneco aclaró que la relación fue lejana y meramente circunstancial.

“Mi abuelo materno tenía una relación de amistad pública con el licenciado Andrés Manuel y en algún momento conocí a parte de su familia, sin tener una mayor relación. Lo saludé en un par de ocasiones, él estaba promoviendo un equipo de béisbol en el estado, pero yo en lo personal nunca tuve ningún trato con él directamente ni mucho menos”, explicó.

En cuanto a una supuesta solicitud de recursos por parte de Morena para la campaña de 2015, Velasco negó esa versión al recordar que en ese proceso electoral su partido y Morena eran adversarios políticos. Subrayó que el PVEM, que lo postuló a la gubernatura, obtuvo el primer lugar, mientras que Morena tuvo un desempeño menor.

“En el 2015 los resultados electorales ahí hablan, Morena me parece que quedó en quinto o sexto lugar, la primera fue el Verde, el segundo lugar el PRI y después las demás fuerzas. No tuvo un buen resultado electoral, incluso en los actos de campaña permanentemente había un golpeteo hacia mi persona”, sostuvo.

Velasco reiteró que está dispuesto a colaborar con las instancias correspondientes para esclarecer el caso y deslindarse de las acusaciones que surgen a raíz de los videos difundidos.

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) confirmó el primer caso humano de miasis por gusano barrenador en el estado, detectado en un habitante del municipio de Izamal. El paciente, originario de Tabasco, recibió atención médica en el Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán y fue dado de alta el pasado 11 de agosto, aunque continúa bajo observación ambulatoria.

De acuerdo con la SSY, la detección se realizó a través de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que puso en marcha acciones de prevención y control en la zona.

En su comunicado, la dependencia pidió a la población mantener especial cuidado con la higiene de las heridas, manteniéndolas limpias y cubiertas, además de realizar lavados frecuentes para evitar infecciones. También recomendó revisar de manera periódica a los animales domésticos y de granja en busca de lesiones, con el fin de prevenir la infestación por larvas del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax).

La miasis es una enfermedad parasitaria causada por la infestación de larvas que se alimentan del tejido vivo, y en el caso del gusano barrenador representa un riesgo tanto para humanos como para animales. Su detección ha activado medidas sanitarias especiales en el estado para evitar la propagación de nuevos casos.

El boletín epidemiológico número 32 de la Secretaría de Salud, con corte al 18 de agosto, reportó un total de 39 casos humanos confirmados en el país: 36 en Chiapas y tres en Campeche. Yucatán se suma ahora a la lista con su primer caso documentado.

En semanas anteriores se informó que una paciente en Campeche diagnosticada con miasis por gusano barrenador falleció, aunque las autoridades aclararon que el deceso estuvo relacionado con complicaciones oncológicas y no directamente con la infestación.

La SSY destacó que las acciones de control y prevención incluyen la vigilancia de comunidades rurales, la revisión clínica de posibles casos sospechosos y la coordinación con Senasica para monitorear a los animales de la región, considerados reservorios importantes en la transmisión de este parásito.

El gusano barrenador ha sido identificado como un riesgo sanitario de relevancia en el sur-sureste del país, debido a la presencia de condiciones ambientales favorables para su reproducción y dispersión. Ante ello, las autoridades mantienen un llamado a la prevención y a la detección temprana de lesiones en personas y animales, con el objetivo de contener su impacto.

Con el caso confirmado en Izamal, Yucatán se integra al mapa nacional de vigilancia epidemiológica de la miasis, enfermedad que ha cobrado relevancia en los últimos meses por el aumento de reportes en distintos estados del país.

Entre 2022 y 2024, México registró una reducción histórica en la pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de personas en esta condición pasó de 46.8 a 38.5 millones, lo que equivale a 8.3 millones menos y una baja de 17.7 por ciento. Esta medición, realizada por primera vez por el Inegi tras la desaparición del Coneval, evalúa la pobreza multidimensional, que considera ingresos, acceso a derechos sociales y contexto territorial.

En 2024, el 29.6 por ciento de la población —tres de cada diez personas— vivía en pobreza multidimensional, una disminución de 6.8 puntos porcentuales respecto a 2022. De este total, 31.5 millones enfrentaban pobreza moderada y 7 millones pobreza extrema.

A nivel estatal, Chiapas encabezó la lista con el mayor porcentaje de población en pobreza, con 66 por ciento, seguido de Guerrero (58.1%), Oaxaca (51.6%), Veracruz (44.5%) y Puebla (43.4%). En el extremo opuesto, Baja California reportó el menor índice, con 9.9 por ciento, seguido por Baja California Sur (10.2%), Nuevo León (10.6%), Coahuila (12.4%) y Sonora (14.1%).

La pobreza extrema también mostró un retroceso, al pasar de 9.1 millones de personas en 2022 a 7 millones en 2024, equivalente a 5.3 por ciento de la población. Las entidades con mayores porcentajes en esta categoría fueron Chiapas (27.1%), Guerrero (21.3%), Oaxaca (16.3%), Veracruz (8.8%) y Puebla (7.3%). En contraste, Baja California (0.4%), Nuevo León (0.5%), Aguascalientes (0.6%), Coahuila (0.8%) y Colima (1%) presentaron los menores niveles.

Si se observa el periodo completo de la administración de la Cuarta Transformación, la reducción es aún mayor. En 2018, 51.9 millones de personas (41.9% de la población) vivían en pobreza, cifra que en 2024 descendió en 13.4 millones, con una caída de 12.3 puntos porcentuales.

El Inegi reportó mejoras en varias carencias sociales. El rezago educativo bajó de 19.4% a 18.6%, beneficiando a cerca de un millón de personas. El acceso a servicios de salud mejoró de 39.1% a 34.2%, lo que representa 6.4 millones de personas más con cobertura médica. En cuanto a la seguridad social, la carencia se redujo de 50.2% a 48.2%, equivalente a 2.6 millones de personas.

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez, aseguró que la medición mantuvo la metodología empleada por el Coneval durante más de 20 años, garantizando su continuidad y comparabilidad. Por su parte, la coordinadora de Medición de Pobreza, Claudia Maldonado, destacó que todas las carencias registraron reducciones.

El análisis del Inegi atribuye la disminución de la pobreza principalmente a mejoras en salarios y condiciones laborales, más que al efecto de los programas de apoyo social. Sin estos programas, la cifra de personas en pobreza sería de 42.7 millones, y la de pobreza extrema de 9 millones, ambas aún menores que las registradas en 2022.