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El domingo, un grupo de personas encapuchadas interceptó la caravana en la que viajaba Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por el partido oficialista, mientras realizaba campaña en Chiapas.. Los encapuchados exigieron a Sheinbaum abordar el problema de la violencia en la región, donde dos cárteles del narcotráfico mantienen una disputa territorial.

Los encapuchados se identificaron como habitantes locales y expresaron su frustración por la falta de acción del gobierno contra la inseguridad. Pidieron a Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tome medidas para evitar que Motozintla, una localidad cercana a la frontera con Guatemala, se convierta en un “desastre” similar a otras áreas.

En el video, Sheinbaum aparece escuchando a los encapuchados con atención, sin que se vean armas presentes. La candidata estaba escoltada por el Ejército y la Guardia Nacional, y confirmó el incidente, restando importancia al evento.

Sin embargo, la diputada federal por el partido oficialista Morena, Patricia Armendáriz, que acompañaba a la caravana, expresó en la red social X su preocupación de que los encapuchados estuvieran vinculados a algún cártel, aunque borró su publicación poco después.

En una reunión con la prensa, Sheinbaum describió el incidente como “extraño” y mencionó que el video fue difundido por un medio crítico con el oficialismo. Aunque no creía que los encapuchados fueran parte del crimen organizado, la región donde ocurrió el incidente es un punto de disputa entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.

Los cárteles han estado imponiendo retenes, sometiendo a los pobladores y provocando desplazamientos masivos, lo que era más común en otras partes de México, pero relativamente nuevo para Chiapas hasta el año pasado. Los grupos buscan controlar rutas de migrantes, drogas y armas provenientes de Centro y Sudamérica con destino a México y Estados Unidos.

La embajada de Estados Unidos en México emitió recientemente una alerta restringiendo los viajes de sus funcionarios a esta zona debido a la creciente violencia.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, instó a los gobiernos federal, estatales y municipales a abstenerse de intervenir en el proceso electoral en curso. En sus declaraciones, la diputada Guerra enfatizó la importancia de respetar la legalidad y aseguró que los funcionarios deben mantenerse al margen de la participación activa en las elecciones.

Aunque reconoció la relevancia de garantizar la seguridad de los candidatos y participantes en los comicios, Guerra subrayó que es responsabilidad de las autoridades gubernamentales otorgar garantías a electores y candidatos, evitar la polarización y permitir que la población decida en libertad. Asimismo, resaltó la importancia de que el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales actúen como árbitros imparciales.

La diputada Guerra compartió preocupantes cifras, indicando que desde septiembre de 2023 se han registrado 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, lo que equivale a un aspirante agredido cada cuatro días. Enfatizó que los aspirantes a cargos municipales son los más vulnerables.

Guerrero, Michoacán y Chiapas son algunos de los estados más afectados, y Guerra llamó a los gobiernos estatales a proporcionar mayores condiciones de seguridad, rechazando la normalización de la violencia hacia candidatos y la sociedad en general.

Por otra parte, expresó su preocupación por la vulnerabilidad de las autoridades electorales, señalando que las juntas locales de los Organismos Públicos Locales Electorales de Chiapas, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas han solicitado medidas de seguridad adicionales. Esto, según Guerra, destaca la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades competentes.

En una conferencia de prensa celebrada este lunes, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó que apostará por capitalizar el descontento generalizado hacia el partido gobernante, Morena, para revertir las encuestas desfavorables frente a su rival, Claudia Sheinbaum, rumbo a las elecciones del 2 de junio.

Gálvez destacó que las fuerzas que la respaldan, entre ellas el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), han acordado fortalecer su campaña con una inyección adicional de aproximadamente 180 millones de pesos. Esta medida, según la candidata, es crucial para nivelar la contienda ante su contrincante oficialista.

En su estrategia de contraste con el oficialismo, Gálvez enfatizó que las señales de descontento hacia el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador son cada vez más evidentes, como lo reflejaron las recientes protestas en Campeche, donde se exige la renuncia de la gobernadora Layda Sansores, miembro de Morena. Durante las manifestaciones, se coreó el llamado al “voto de castigo”, señalando directamente la necesidad de destituir a Sansores.

Aunque su mirada se centra en Campeche, Gálvez también identifica otros territorios donde espera un aumento del apoyo opositor, como Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Sonora, y la Ciudad de México, donde la oposición ha obtenido resultados sorpresivos en elecciones anteriores.

La candidata resaltó el presunto “mal trabajo” de Sheinbaum en la capital durante su mandato y subrayó la creciente insatisfacción ciudadana, especialmente en materia de seguridad. Además, mencionó estados como Veracruz y Morelos, donde la inseguridad se perfila como un factor determinante en las elecciones.

Gálvez celebró el incremento en los recursos financieros de su campaña, gracias al aumento de aportaciones por parte del PAN, el PRI y el PRD, aunque aún están lejos del tope de gastos permitidos.

Por último, la candidata anunció la presentación de una denuncia penal contra dos hijos de López Obrador y otras personas vinculadas a ellos, por presuntas irregularidades en la venta de materiales para el proyecto del Tren Maya. Esta acción se suma a una serie de denuncias previas presentadas por Gálvez desde que asumió la candidatura presidencial, como parte de su estrategia para destacar supuestas prácticas de corrupción en el gobierno actual.

En un contundente acto de resistencia, más de mil indígenas tzeltales, miembros de la Organización Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio y el Gobierno Comunitario, se congregaron el sábado en el municipio de Chilón, Chiapas, en el sureste de México, para levantar su voz contra la violencia perpetrada por partidos políticos y grupos del crimen organizado. Además, anunciaron su decisión de no participar en los próximos comicios del 2 de junio.

Pascuala Vázquez Aguilar, portavoz del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón, explicó que desde 2017 han optado por mantenerse al margen de los partidos políticos en la elección de sus autoridades, argumentando que éstos no representan los intereses del pueblo originario y persiguen únicamente el poder. Esta determinación marcó el inicio de un movimiento de resistencia frente a la corrupción institucional y la intimidación de la delincuencia organizada.

Ante la falta de representatividad de los partidos políticos, surgió el Gobierno Comunitario inclusivo como una alternativa para los pueblos originarios de Chilón y Sitalá. En este año, más de seis mil indígenas tzeltales han optado por abstenerse de votar en las elecciones tanto nacionales como locales, prefiriendo continuar activos en la lucha por el reconocimiento jurídico de su autonomía.

La marcha estuvo conformada por mujeres, hombres, y niños, así como por organizaciones civiles, investigadores sociales, médicos, maestros observadores y defensores de los derechos humanos. Recorrieron las calles de la localidad portando banderas y entonando música tradicional hasta llegar al atrio de la iglesia de Santo Domingo, donde expresaron sus denuncias y posturas respecto a las próximas elecciones.

Durante un mitin al término de la marcha, los participantes exigieron el respeto a los derechos territoriales y a la madre tierra, así como el derecho a la consulta previa e informada para los pueblos originarios. Asimismo, reafirmaron su compromiso con una vida digna para las niñas, los niños y jóvenes, y expresaron su rechazo a la influencia del crimen organizado y la militarización de los territorios y comunidades indígenas.

En un hecho inusual, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) excedió el límite legal para dar luz verde a casi cuatro mil candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional.

El plazo máximo para que el INE aprobara las listas de aspirantes venció a medianoche del jueves 29 de febrero, marcando el inicio de las campañas electorales.

Sin embargo, el acuerdo sobre las candidaturas para el Senado, abordando ambos principios, fue unánimemente aprobado por los consejeros a las 5:04 a.m. de ayer, mientras que la aprobación para la Cámara de Diputados llegó a las 06:26 a.m., según se informó a través de publicaciones en la red X compartidas por la consejera Carla Humphrey.

El INE, mediante un comunicado, informó que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos revisó un total de dos mil 399 solicitudes, incluyendo 475 de elección consecutiva, además de verificar el cumplimiento de acciones afirmativas, como la inclusión de 35 personas indígenas, cuatro afromexicanas, ocho con discapacidad, tres de la diversidad sexual y cinco migrantes y residentes en el extranjero.

Las listas difundidas por el INE entre los consejeros, de las cuales se ofreció un adelanto ayer, revelan que en 12 estados Morena, PT y PVEM contenderán por separado, con el objetivo de ganar los tres escaños de cada entidad. Estos estados son Baja California, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala.

A pesar de enfrentar un proceso penal, que incluye una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, fue incluido como candidato de mayoría relativa del Partido Verde.

Durante la sesión, se presentaron impugnaciones, entre las cuales se destacó la del representante del PRI, Hiram Hernández, quien rechazó la candidatura del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, actual asesor de la campaña de Claudia Sheinbaum y aspirante a una senaduría por Morena.

El morenista Sergio Gutiérrez Luna también impugnó la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como candidato a diputado plurinominal del PAN.

En la lista de candidaturas plurinominales también sobresalen nombres como Eruviel Ávila, por el PVEM, y Julio Javier Scherer, hijo del exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer.

En un preocupante episodio de violencia política, Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de San Fernando, Chiapas, fue blanco de un ataque armado la noche del martes. Aunque salió ileso, su camioneta resultó con impactos de bala, evidenciando la creciente amenaza que enfrentan los aspirantes en el proceso electoral.

El aspirante, a través de sus redes sociales, denunció el atentado y expresó su consternación por la situación. “Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar con la camioneta. Se alcanza a ver el cristal roto. Quiero hacer una denuncia, quien salga responsable de la situación. Ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda ya en forma”, declaró.

A pesar de la urgencia de la situación, Orantes Villatoro señaló que experimentó demoras al acudir a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República en Tuxtla Gutiérrez.

El cristal trasero de su vehículo mostraba un agujero provocado por un proyectil de arma de fuego, dejándolo varado frente a la institución pública federal hasta recibir la atención correspondiente. La condena de los hechos por parte del morenista resuena fuertemente, haciendo un llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos en materia de seguridad.

En un incidente paralelo que subraya la gravedad de la situación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el crimen organizado está detrás del asesinato de los precandidatos Miguel Ángel Zavala Reyes (Morena) y Armando Pérez Luna (PAN) en Maravatío.

El fiscal general, Adrián López Solís, reveló que la intromisión de grupos criminales busca “quitar de en medio” a los posibles candidatos, quienes se encontraban en la fase de precandidatura en sus respectivos partidos.

“Todo parece indicar que en efecto, se trató de la intromisión de los intereses de los grupos criminales para quitarse en medio a los posibles candidatos, que en este momento tenían la condición de precandidatos en los procesos internos de sus partido”, manifestó López Solís.

Destacó que ninguna de las víctimas había presentado denuncias previas por amenazas, pero hay indicios de que grupos criminales buscan influir en el proceso electoral de la región oriental de Michoacán.

El fiscal identificó a sujetos pertenecientes a bandas delincuenciales con intereses en la región, cuyo objetivo es el control territorial y la realización de actividades delincuenciales. Ante esta situación, la FGE se comprometió a atender denuncias de precandidatos o candidatos en riesgo, y a proporcionar medidas de protección para garantizar su seguridad.

Este lamentable episodio subraya la urgencia de abordar la violencia política que amenaza la integridad de los aspirantes y el proceso democrático en México. Las autoridades deben actuar con determinación para garantizar la seguridad de quienes participan en la contienda electoral y preservar la estabilidad del sistema democrático del país.

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) ha desencadenado un paro nacional, bloqueando las principales carreteras del país para expresar su preocupación por el creciente nivel de violencia del crimen organizado. Con pérdidas económicas estimadas en 7 mil millones de pesos en 2023 debido a un aumento del 5 por ciento en los robos a camiones con mercancía, la protesta busca atención y medidas del gobierno.

Decenas de miles de transportistas, pertenecientes a la Amotac, una organización con más de 100 mil afiliados y casi medio millón de vehículos, han llevado a cabo esta movilización a lo largo de las carreteras que conectan importantes ciudades, desde Ciudad de México hasta Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a los transportistas de ser “conservadores” y de rechazar el diálogo, generando un escenario de tensión en medio de la protesta.

La problemática central se centra en el incremento de los robos a camiones de carga. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) informó que estos robos aumentaron cerca del 5 por ciento en 2023, afectando significativamente la seguridad generando pérdidas millonarias para la industria.

“Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas”, expresó William de Jesús Arellano, delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, reflejando las dificultades que enfrentan diariamente.

La manifestación, que abarca desde el límite con Estados Unidos en Tamaulipas hasta la frontera con Centroamérica en Chiapas, destaca la magnitud y gravedad del problema. Transportistas como Marco Antonio López, delegado de Amotac en Comitán, enfatizan la necesidad urgente de atención: “A todas las autoridades de Gobierno, estatales y federales, que nos volteen a ver, aquí en el estado nos asaltaron en el tramo Mal Pasito y en ese asalto murió mi hermano y ahorita sí está muy difícil”.

La industria, según la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), ha perdido aproximadamente 7 mil millones de pesos en 2023 debido a los asaltos a camiones de mercancía. Además, la Canacar reportó cerca de 13 mil robos con y sin violencia en enero, junto con el asesinato de entre 50 y 150 conductores durante el mismo periodo.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informa que se han realizado 120 reuniones con agremiados de Amotac y se promete desplegar 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional y 2 mil patrullas.

La tensión persiste en México mientras los transportistas buscan soluciones efectivas y el gobierno se esfuerza por abordar la creciente violencia en las carreteras.

El día de ayer se llevó a cabo un paro nacional de transportistas de vehículos pesados en diversas vías del país en busca de garantías de seguridad durante sus trayectos. Esta medida surge como respuesta al aumento de asaltos y violencia en carreteras federales, según informa la Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (Indeco).

En Veracruz, transportistas se unieron a la protesta nacional debido a extorsiones por parte de autoridades federales y la creciente inseguridad en las vías de comunicación. En el sur y centro del estado, se iniciaron protestas con bloqueos intermitentes y reducción de velocidad en tramos clave para exigir una mayor protección.

Por su parte, en Jalisco, se reportaron manifestaciones en puntos estratégicos como el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima y en la vía que conecta Lagos de Moreno con San Juan de los Lagos.

En Querétaro, a pesar de los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo a nivel nacional, transportistas de la Federación Mexicoamerica de Transportistas (Fematrac) anunciaron su manifestación en la carretera México-Querétaro, específicamente en el tramo correspondiente al municipio de San Juan de Río.

En Chiapas, los transportistas turísticos y de carga realizaron un paro en municipios como Tapachula, Comitán y San Cristóbal, exigiendo a las autoridades una mayor seguridad en las carreteras ante los constantes asaltos.

En Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, los transportistas se movilizaron en caravana desde la zona portuaria hasta el monumento del Venadillo, manifestándose contra la violencia en las carreteras.

En Chihuahua, tanto en la capital como en Ciudad Juárez, grupos de transportistas se unieron a la manifestación nacional, exigiendo seguridad en las carreteras.

En Guanajuato, más de 50 traileros se movilizaron desde la Puerta Milenio en León hasta la carretera León-Irapuato, demandando resultados concretos por parte de la Guardia Nacional para garantizar su seguridad.

Finalmente, en el Estado de México, transportistas se congregaron en la autopista México-Pachuca, cerca de la caseta de cobro de Ojo de Agua, para exigir mayor seguridad y denunciar extorsiones por parte de las autoridades.

La protesta busca llamar la atención del gobierno federal para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de los transportistas en todo el país.

El Centro de Dignificación Humana (CDH) de Tapachula, en conjunto con migrantes de la caravana ‘Éxodo de la Pobreza’, denuncia la desaparición de 19 viajeros que aceptaron un trato con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas. Luis Rey García Villagrán, coordinador del CDH, presentó la denuncia por la separación de familias ante el INM.

La caravana, que transitó durante nueve días por Chiapas, se disolvió tras el acuerdo de migrantes en Mapastepec para subir a autobuses del INM con la promesa de regularización migratoria. Lamentablemente, 19 personas de diversas nacionalidades, principalmente hondureños, permanecen desaparecidas, generando gran preocupación.

Los migrantes aceptaron subirse a 30 camiones del Instituto Nacional de Migración para ser trasladados a una oficina en Tuxtla Gutiérrez y ver su estatus migratorio sin embargo fueron enviados a diversos municipios y las familias fueron separadas.

“Muchas familias se separaron porque todos pensamos que ibamos al mismo sitio y sí mucha gente mandó a los hijos con el esposo, con el primo, ellos se fueron en otro autobús porque como no cabían y resulta que ahora están todos perdidos, están en otras ciudades, están todos dispersos y ahora es más preocupación por eso“, expresó un migrante que prefirió omitir su nombre por temor a represalías.

El CDH formalizará la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el almirante Roberto González, señalado como responsable de la separación de las familias. A pesar de que se entregaron documentos a algunos migrantes en Huixtla, les permite transitar solo por Chiapas, limitando su estancia en el país.

Tulio Humberto Funes, migrante hondureño, expresó sentirse traicionado por no cumplir las promesas y encontrarse separado de su familia. Otro migrante guatemalteco, aunque devuelto a Tapachula, anhela continuar su travesía hacia Estados Unidos, evidenciando la determinación de muchos migrantes a pesar de las dificultades.

La falta de información sobre el paradero de las familias y la incertidumbre sobre su estatus migratorio han llevado a los migrantes a tomar la decisión de reiniciar su marcha hacia la Ciudad de México a partir del lunes, instando al gobierno federal a investigar la situación de los 19 migrantes desaparecidos. La gravedad de esta situación exige una respuesta urgente y eficaz para esclarecer el destino de estas personas y garantizar su seguridad.

“No hemos decidido bien qué vamos hacer, si esperar el movimiento de Comar porque abren hasta el 8 de enero o si vamos a seguir, me siento traicionado, engañado porque no cumplieron lo que ofrecieron” agregó energicamente.

Los migrantes no saben a dónde se llevaron a sus familias y el Instituto Nacional de Migración no les da informes y señalaron que las autoridades migratorias “están otorgando documentos de expulsión, ya que no les permite transitar y tener estancia en el país”.