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Liliana Rodas Villatoro, quien se desempeñaba como presidenta del Sistema DIF del municipio de Suchiate, en Chiapas, fue destituida de su cargo luego de que se revelara un presunto esquema de desvío de recursos públicos dentro del organismo asistencial. La medida fue tomada por el gobierno municipal tras la difusión de señalamientos que apuntan a transferencias de dinero público a cuentas personales de funcionarios.

Las acusaciones surgieron a partir de una denuncia presentada por el exadministrador del DIF municipal, Onam Abimael Pérez Pacheco, quien aseguró haber entregado 79 elementos de prueba ante las autoridades. Entre los documentos presentados se incluyen estados de cuenta bancarios, comprobantes de transferencias y conversaciones de chat que, según la denuncia, evidencian movimientos de recursos públicos hacia cuentas vinculadas con Rodas Villatoro y otros servidores públicos.

De acuerdo con la denuncia, el presunto esquema también involucra a otros integrantes del gobierno municipal, entre ellos el alcalde Elmer de Jesús Vázquez Gallardo; la síndica municipal Claudia Reyna González; la directora del DIF Araceli Ordóñez Beliz; y Juan Rodas Villatoro, secretario particular del presidente municipal.

Tras la difusión de estas denuncias, el alcalde confirmó la separación del cargo de la presidenta del DIF y del administrador del organismo mientras se desarrollan las investigaciones. A través de sus redes sociales, Vázquez Gallardo informó que ya existen procesos abiertos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

En un mensaje público explicó: “Hago del conocimiento de todas y todos los suchiatenses que, desde antes de este señalamiento, ya se habían iniciado las respectivas denuncias. Asimismo, mientras se esclarecen los hechos, el administrador y la presidenta del Sistema DIF fueron separados de su cargo en su momento”.

Las denuncias presentadas ante las autoridades incluyen posibles delitos como desvío de recursos, abuso de autoridad, encubrimiento por favorecimiento, usurpación de funciones, ejercicio ilegal del servicio público, intimidación, peculado y ejercicio abusivo de funciones.

Además de las acusaciones por manejo irregular de recursos públicos, en las denuncias también se mencionan presuntos casos de nepotismo relacionados con integrantes de la familia Rodas Villatoro dentro de la administración municipal. El alcalde no emitió comentarios sobre esos señalamientos.

Pérez Pacheco informó que renunció a su cargo en mayo de 2025 después de no recibir respaldo del gobierno municipal para proceder contra los presuntos responsables. El exfuncionario también señaló que, tras presentar las denuncias, ha recibido amenazas y responsabilizó al alcalde y a integrantes de la familia Rodas Villatoro de cualquier agresión que pudiera ocurrir en su contra o contra sus familiares.

México recibió el año 2026 con el nacimiento de Sofía Isabela, la primera bebé registrada en el país en el nuevo calendario. El alumbramiento ocurrió a las 12:01 horas de este jueves 1 de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia con Medicina Familiar No. 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con la información oficial del IMSS, Sofía Isabela llegó al mundo mediante una cirugía cesárea. Al nacer, la recién nacida presentó un peso de 2.8 kilogramos y una talla de 50 centímetros, parámetros que fueron verificados durante la primera valoración clínica realizada inmediatamente después del procedimiento.

El Seguro Social precisó que la intervención se desarrolló conforme a los lineamientos del modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS). En el proceso participaron tres médicas especialistas y dos enfermeras, todas mujeres, quienes aplicaron los protocolos institucionales para garantizar la seguridad de la madre y de la bebé durante el nacimiento.

Tras concluir la cesárea, Sofía Isabela fue colocada en brazos de su madre como parte del apego inmediato desde el primer minuto de vida. Este contacto temprano forma parte de las prácticas médicas promovidas por el IMSS, al considerarse un elemento fundamental para el bienestar físico y emocional tanto de la madre como de la recién nacida. Así lo destacó el instituto en un comunicado difundido con motivo del inicio del año.

La madre, Andrea Guadalupe, de 24 años de edad, es originaria de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Con el nacimiento de Sofía Isabela, se convirtió en madre por primera vez. El personal médico brindó acompañamiento durante todo el proceso, desde la atención obstétrica hasta la revisión inicial posterior al nacimiento.

Horas después del inicio de 2026, el IMSS compartió en sus redes sociales diversas imágenes del acontecimiento. En las fotografías se observan las labores del equipo de salud durante la recepción de la bebé, así como los primeros exámenes clínicos realizados para constatar su estado general.

En un contexto más amplio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante 2024 se registraron en México un millón 672 mil 227 nacimientos. Esta cifra representó una disminución de 8.2 por ciento respecto a los un millón 820 mil 888 nacimientos contabilizados en 2023.

Según los datos oficiales, las entidades con las tasas más altas de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, fueron Chiapas, Durango, Nayarit y Guerrero. En contraste, los estados con menor número de nacimientos registrados fueron la Ciudad de México, Yucatán, Hidalgo y el Estado de México, entidad donde ocurrió el nacimiento de la primera bebé de 2026.

A los 72 años de edad falleció Marco Antonio Bernal Gutiérrez, político tamaulipeco con una trayectoria de más de tres décadas en la vida pública del país y reconocido por su papel como coordinador para el Diálogo, la Concordia y la Pacificación en Chiapas durante el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El deceso fue confirmado por el presidente municipal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Eduardo “Lalo” Gattás.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el alcalde lamentó la muerte del exlegislador priista y expresó sus condolencias a familiares y seres cercanos. En su publicación, Gattás lo describió como “un gran amigo y un destacado político tamaulipeco, cuyo legado de trabajo y compromiso con Tamaulipas permanecerá en la memoria de muchos”.

Originario de Matamoros, Tamaulipas, Marco Antonio Bernal Gutiérrez se incorporó de manera activa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1981, fuerza política en la que desarrolló gran parte de su carrera. A lo largo de los años ocupó diversas responsabilidades estratégicas tanto en el ámbito legislativo como en tareas de organización y planeación electoral.

Entre 1997 y 2000 formó parte del Senado de la República durante la LVII Legislatura, periodo en el que representó a su estado y participó en los trabajos parlamentarios de la Cámara Alta. Previamente, tuvo una intervención relevante en la campaña presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León, donde se desempeñó como subcoordinador de prospectiva, aportando análisis y planeación política.

Uno de los momentos más significativos de su trayectoria ocurrió entre 1995 y 1997, cuando fue designado coordinador para el Diálogo, la Concordia y la Pacificación en Chiapas. Desde esa posición, encabezó los esfuerzos institucionales para establecer canales formales de comunicación con el EZLN, en un contexto marcado por la tensión social y política en la región.

Su experiencia política también se reflejó en procesos internos del PRI. Fue coordinador de giras del entonces precandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa, participando activamente en la organización territorial y logística de su proyecto político.

Más adelante, Bernal Gutiérrez regresó al Congreso como diputado federal en la LX Legislatura, correspondiente al periodo de 2006 a 2009. Durante esos años integró diversas comisiones legislativas, entre ellas Presupuesto y Cuenta Pública, Energía, Derechos Humanos y la Comisión Especial para la Reforma del Estado, además de participar en la primera y tercera comisión de trabajo.

Con su fallecimiento, concluye la trayectoria de un político que estuvo presente en momentos clave de la historia política reciente de México, tanto en el ámbito legislativo como en procesos de diálogo nacional y campañas presidenciales.

Durante noviembre de 2025 se documentaron 103 secuestros en México, una cifra que refleja una disminución de 33 eventos respecto a los 136 reportados en octubre del mismo año. En ese mes, el número total de víctimas ascendió a 199 personas, de acuerdo con el registro difundido por la organización Alto al Secuestro, especializada en el seguimiento de este delito a nivel nacional.

La incidencia mensual colocó a Sinaloa como la entidad con mayor número de casos, al concentrar 12 secuestros. En segundo sitio se ubicó el Estado de México, con 11 reportes, mientras que Chihuahua y Veracruz compartieron el tercer lugar con 10 eventos cada uno. Sonora acumuló nueve secuestros y Quintana Roo seis, manteniéndose dentro de las entidades con mayor recurrencia durante el periodo analizado.

En contraste, diez estados no reportaron ningún caso de secuestro en noviembre. La lista incluye a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, de acuerdo con la información sistematizada por la organización civil.

Al analizar la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes, Sinaloa volvió a ocupar la primera posición nacional. Le siguieron Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. También se identificaron entidades con niveles superiores al promedio nacional, entre ellas Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán, lo que evidencia una distribución territorial amplia del delito más allá del número absoluto de casos.

El informe incorpora un apartado específico sobre secuestros de migrantes. En Chihuahua se documentaron seis eventos de este tipo, con un total de 33 víctimas. Al excluir estos episodios, el número de secuestros registrados en noviembre se ajusta a 97. Asimismo, se reportaron seis secuestros masivos en distintas entidades del país, con un saldo de 45 personas privadas de la libertad en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

Por su parte, la asociación civil Causa en Común señaló inconsistencias entre los datos recabados por organizaciones y los registros oficiales. De las 199 víctimas contabilizadas durante el mes, únicamente 73 fueron reconocidas en los informes de las fiscalías estatales y federales, lo que implica que el 63.3 por ciento no fue integrado al conteo institucional.

En cuanto al ámbito de competencia, 96 de los 103 secuestros fueron clasificados como delitos del fuero estatal, mientras que siete correspondieron al ámbito federal. En el acumulado comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, se estiman dos mil 305 secuestros en todo el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y 37.9 por semana, de acuerdo con los datos consolidados en el informe.

Ante el incremento de casos de sarampión reportados a nivel nacional, diversos municipios del estado de Chiapas anunciaron la cancelación temporal de eventos masivos como medida preventiva para reducir el riesgo de contagios entre la población. La decisión se da luego de que autoridades estatales de salud informaran, a inicios de diciembre, que en el país se contabilizaban más de cinco mil casos de esta enfermedad.

Los anuncios fueron realizados mediante comunicados oficiales difundidos en redes sociales, principalmente en cuentas institucionales de Facebook. Entre los municipios que confirmaron la aplicación de estas medidas se encuentran Tapachula, Palenque, Cacahoatán y Huehuetán, los cuales señalaron que la suspensión de actividades con aglomeraciones forma parte de una estrategia de prevención sanitaria.

En el caso de Tapachula, el ayuntamiento precisó que, hasta el momento, no se han detectado casos activos de sarampión en su territorio. Sin embargo, indicó que el municipio se alineará a las disposiciones preventivas con el objetivo de evitar posibles contagios. En su comunicado, la autoridad municipal solicitó de manera respetuosa la suspensión temporal de eventos como desfiles, concentraciones públicas, ferias, fiestas, actividades deportivas y cualquier otra que implique la reunión de grandes grupos de personas, subrayando que se trata de una acción preventiva y responsable.

Por su parte, el municipio de Cacahoatán detalló que la medida permanecerá vigente durante la temporada invernal correspondiente a los años 2025 y 2026. El periodo establecido comprende del 21 de diciembre de este año al 20 de marzo de 2026. De acuerdo con la información difundida, esta acción de salud pública tiene como finalidad disminuir el riesgo de transmisión, desacelerar la propagación del virus y fortalecer la protección de la población infantil.

El ayuntamiento de Cacahoatán destacó que la suspensión de eventos se integra al Plan de Respuesta Rápida para el control de brotes de sarampión, una estrategia enfocada en contener posibles focos de contagio y salvaguardar a los sectores más vulnerables.

Estas determinaciones municipales se derivan de un comunicado emitido el pasado 1 de diciembre por la Secretaría de Seguridad de Chiapas, en el cual se precisó que, hasta esa fecha, se habían registrado cinco mil 292 casos de sarampión en el país. Las autoridades locales reiteraron que las acciones buscan priorizar la salud pública durante la temporada decembrina y los meses posteriores.

El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el programa nacional El maíz es la raíz, una estrategia diseñada para conservar, producir y comercializar las variedades nativas mientras fortalece los sistemas agroalimentarios comunitarios.

La iniciativa fue expuesta durante la conferencia presidencial por la directora de Alimentación para el Bienestar, quien precisó que el proyecto comenzará el próximo año en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Su aplicación se ampliará gradualmente hasta 2030, cuando abarcará las ocho regiones agrícolas del país y alcanzará a cerca de un millón y medio de pequeños productores.

El programa establece una ruta que integra producción agroecológica, uso colectivo de maquinaria ligera y fortalecimiento de la organización comunitaria. Estos ejes buscan mejorar la productividad sin alterar la esencia de la milpa, sistema agrícola que ha sostenido la diversidad del maíz nativo durante generaciones. La maquinaria será asignada de manera colectiva a grupos de productores, lo que permitirá reducir costos, distribuir responsabilidades y elevar el rendimiento en cada ciclo agrícola.

Otro componente central es el acompañamiento técnico. Equipos especializados, junto con integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, trabajarán con comunidades milperas integradas por grupos de cien productores. Este vínculo pretende mejorar prácticas agronómicas, reforzar la autonomía tecnológica y facilitar el intercambio de conocimientos para mantener cultivos sanos y productivos. El planteamiento parte de que el potencial de rendimiento del maíz nativo depende directamente del manejo agronómico y no de la genética de la semilla.

Además de la producción, el plan impulsa la transformación y comercialización del maíz mediante esquemas comunitarios. Se contempla la creación de tortillerías, tostaderías y espacios para elaborar totopos con sello de origen, administrados por cooperativas de mujeres campesinas. Este modelo busca asegurar ventas a precio justo y que los ingresos lleguen de manera directa a las familias productoras, reforzando la economía local desde la producción primaria hasta la venta final.

La estrategia incluye también mecanismos para proteger la biodiversidad del maíz nativo, considerada un legado cultural y alimentario que identifica al campo mexicano. La propuesta se articula como una política integral que combina tradición agrícola, apoyo técnico, trabajo colectivo y participación comunitaria.

Con El maíz es la raíz, el gobierno federal marca una ruta de largo plazo destinada a consolidar la soberanía alimentaria, revitalizar las prácticas campesinas e impulsar la economía de las regiones agrícolas. El proyecto se establece como una apuesta nacional para fortalecer a las comunidades rurales y garantizar la permanencia del maíz nativo como base del sistema alimentario mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva ofensiva legal para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas en México. El anuncio se dio tras revelarse una investigación federal que detectó 13 establecimientos con operaciones irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

La medida busca actualizar un marco legal que ha quedado rebasado por el auge de las apuestas en línea. En los últimos años, las plataformas digitales de juego se han multiplicado y, al no estar sujetas a una regulación clara, muchas han operado al margen de la supervisión financiera y tributaria. Este vacío legal ha facilitado movimientos económicos difíciles de rastrear y el uso de flujos internacionales sin justificación formal.

El plan de reformas incluirá ajustes para que tanto los casinos físicos como los digitales cumplan con reglas similares en materia de transparencia, control financiero y prevención de lavado de dinero. Con ello, se busca cerrar los huecos legales que permiten que operen sin una supervisión estricta y con riesgos para los usuarios y para el sistema financiero nacional.

La investigación que detonó esta decisión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas dependencias detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales sin respaldo y el uso de plataformas no registradas ante la autoridad mexicana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos bajo investigación operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Algunos de estos lugares, además de las casas de apuestas tradicionales, contaban con vínculos directos con sitios digitales que manejaban apuestas y transferencias desde el extranjero.

La indagatoria también contó con apoyo de organismos internacionales como FINCEN y la OFAC, ambos de Estados Unidos, que aportaron información sobre movimientos financieros sospechosos hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estos flujos incluían transferencias injustificadas y esquemas de simulación fiscal.

La iniciativa de reforma que prepara el gobierno federal buscará establecer un marco moderno para supervisar los juegos de azar tanto en línea como presenciales. Con esta actualización, las autoridades pretenden evitar que las apuestas digitales se conviertan en canales para operaciones ilícitas y reforzar la vigilancia sobre un sector que ha crecido aceleradamente sin una regulación sólida.

El proyecto será presentado en las próximas semanas y marcará el primer intento integral del país por poner orden en un negocio que, hasta ahora, se movía entre la diversión, la falta de control y el riesgo financiero.

Con el voto mayoritario de Morena, PT y PVEM, el Senado de la República aprobó sin modificaciones la miscelánea fiscal 2026, que establece incrementos en impuestos a refrescos, sueros, cigarros, museos y videojuegos, además de permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder en tiempo real a los sistemas de plataformas digitales como Facebook, Amazon, Netflix, Uber y Airbnb.

Durante una sesión que se prolongó por casi seis horas, el pleno lució semivacío durante gran parte de la discusión, con apenas 16 legisladores presentes. No fue sino hasta después de las 7:00 de la noche cuando la mayoría regresó para votar los dictámenes.

Finalmente, las reformas fueron aprobadas con 76 votos a favor y 38 en contra en el caso del Código Fiscal, 75 a favor y 35 en contra en la Ley de Derechos, y 75 votos a favor y 37 en contra en el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios). El nuevo paquete fiscal entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y ya fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

En materia de impuestos, el IEPS contempla un aumento de 3.08 pesos por litro en bebidas azucaradas como jugos, refrescos y sueros. Los tabacos labrados tendrán un incremento del 30%, por lo que el precio de las cajetillas de cigarros podría alcanzar los 100 pesos. Además, los videojuegos con alto contenido violento pagarán 8% más de impuesto.

La Ley de Derechos también sufrió modificaciones que afectarán los costos de entrada a museos y zonas turísticas. Los nuevos precios serán de 209 pesos para ingresar a Palenque, Chiapas y al Museo de Antropología de la Ciudad de México; 156 pesos en el Museo del Carmen; 143 pesos en el Fuerte de Guadalupe y el Museo Virreinal Acolman; y 104 pesos por visitar Chichén Itzá.

Uno de los puntos más polémicos fue la reforma al artículo 30 del Código Fiscal, que permitirá al SAT monitorear en tiempo real las operaciones de las plataformas digitales. La propuesta generó fuerte oposición tanto de legisladores oficialistas como de oposición, quienes presentaron reservas que fueron rechazadas.

En tribuna, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el incremento en refrescos “representa el inicio del control por parte del gobierno sobre lo que los ciudadanos pueden consumir” y calificó la reforma al Código Fiscal como una medida que “abre la puerta a la vigilancia sin límites, la censura administrativa y la inseguridad digital”.

Desde el PRI, Cristina Ruiz Sandoval señaló que “nos prometieron que no habría más impuestos, y hoy los mexicanos pagan más por todo, por comer, por fumar, por jugar y hasta por respirar”. Criticó que el gobierno “disfrace de impuesto a la salud” los aumentos en productos como refrescos y cigarros, acusando que “han desmantelado el sistema de salud sin medicinas y sin vacunas”.

El coordinador priista Manuel Añorve recordó que en 2018, Andrés Manuel López Obrador y Rocío Nahle prometieron eliminar el IEPS a las gasolinas, proyectando un video en el pleno como evidencia.

Por su parte, el morenista Homero David defendió que las reformas buscan “combatir la evasión y la simulación fiscal”, mientras que Raúl Morón subrayó que la recaudación permitirá financiar programas sociales que consumen 1.2 billones de pesos anuales. “Es un paquete económico pensando en México y en el bienestar de las familias que menos tienen”, afirmó.

En contraste, Gina Campuzano, senadora del PAN, calificó la miscelánea como “un atraco legalizado al bolsillo de los mexicanos”, argumentando que el gobierno pasa la factura de sus “proyectos faraónicos inconclusos y hospitales sin medicamentos” directamente a los ciudadanos.