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El debate sobre la posible inclusión de la revocación de mandato en 2027 mantiene tensiones entre aliados políticos. El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, reafirmó que su partido no respalda que este ejercicio coincida con la elección federal, al considerar que generaría condiciones desiguales en la contienda.

Desde su perspectiva, el principal problema radica en que la figura presidencial —actualmente encabezada por Claudia Sheinbaum— podría influir directamente en la orientación del voto. Robles sostuvo que este escenario favorecería a Morena al concentrar el respaldo ciudadano en torno a su liderazgo. “Es inequitativo y antidemocrático”, reiteró al explicar la postura del PT.

En entrevista el exdiputado federal subrayó que la negativa de su partido no es reciente, sino que se ha mantenido desde que se planteó integrar la revocación de mandato dentro del denominado “plan B” de la reforma electoral. Recordó que el 17 de marzo ya habían anticipado su rechazo con una posición firme: “en eso no vamos a transitar”.

Aunque reconoció que todos los partidos enfrentarían un escenario similar, Robles insistió en que la simultaneidad de ambos procesos alteraría la equidad. “Como la presidenta es de Morena, va a jalarse el voto para su partido”, admitió, al tiempo que descartó que la preocupación principal sea la permanencia del PT como fuerza política. Aseguró que su partido ha tenido resultados favorables cuando compite por separado.

El dirigente también señaló que la discusión legislativa aún no está cerrada. La reunión de comisiones del Senado, en la que se analizaría el dictamen correspondiente, fue aplazada, lo que abrió una ventana para continuar el diálogo. Robles interpretó este cambio como una oportunidad para intentar modificar la propuesta.

Detalló que inicialmente se contemplaba una reunión a la 1 de la tarde, la cual posteriormente fue reprogramada. Indicó que el ajuste en la agenda responde, entre otros factores, a la espera del dirigente petista Alberto Anaya. A pesar de estos movimientos, enfatizó que la postura del partido permanece sin alteraciones.

El PT, añadió, buscará convencer a otros actores políticos sobre los riesgos que identifica en la iniciativa. Mientras tanto, el aplazamiento en el Senado extiende el margen para negociaciones en torno a un tema que, de avanzar, podría redefinir el escenario electoral de 2027.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que la reforma electoral impulsada por el oficialismo enfrenta debilidad política y carece de consenso, al señalar que no logró respaldo ni siquiera entre los partidos aliados de Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

En declaraciones a medios, Romero aseguró que la iniciativa presenta fracturas desde su origen y cuestionó la falta de acuerdos políticos para consolidarla. “Nació muerta esa reforma; ha llegado a tal nivel de soberbia, que ya ni con sus aliados pudieron tener un acuerdo político para esta reforma electoral”, expresó. También indicó que existen posturas críticas dentro del propio partido oficialista, lo que, según dijo, evidencia divisiones internas frente al proyecto.

El dirigente panista advirtió que, aunque el país requiere cambios en materia electoral, su partido no respaldará ninguna propuesta que omita mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos. Señaló que el proyecto quedaría incompleto si no contempla sanciones y controles específicos para evitar el financiamiento ilícito en campañas, candidaturas y estructuras electorales.

Como parte de la postura del PAN, Romero planteó cuatro ejes que considera indispensables en cualquier reforma electoral. Entre ellos, prohibir el uso de recursos ilegales en campañas políticas, impedir la postulación de aspirantes vinculados con el crimen organizado, frenar la violencia política que ha incluido asesinatos de candidatos, y sancionar la operación político-electoral de grupos delictivos.

El dirigente también reiteró que las bancadas del PAN en el Congreso no acompañarán la iniciativa si no se integran estos elementos. Subrayó que su partido reconoce la necesidad de actualizar el sistema electoral, pero insistió en que cualquier modificación debe garantizar condiciones de legalidad, seguridad y transparencia en los procesos democráticos.

Además, el PAN presentó una propuesta alterna que incluye un modelo mixto de representación legislativa para evitar la sobrerrepresentación de fuerzas políticas en el Congreso. También propuso establecer una segunda vuelta electoral en la elección presidencial, con el objetivo de asegurar mayor respaldo ciudadano al candidato ganador.

Entre los planteamientos también figura la creación de un registro oficial de compromisos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de dar seguimiento a las promesas realizadas por los aspirantes durante el proceso electoral.

Otra medida planteada es la implementación de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, en las que la ciudadanía participe directamente en la selección de candidaturas, en lugar de que estas decisiones recaigan únicamente en las estructuras internas de los partidos.

Finalmente, Romero destacó la importancia de fortalecer la autonomía del INE como autoridad electoral y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, en un contexto en el que se prevé la presentación de una iniciativa de reforma electoral en el Congreso. El PAN sostuvo que cualquier transformación del sistema debe incluir medidas claras para impedir la influencia del crimen organizado y garantizar la integridad de las elecciones.

El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, arribó a Ciudad Juárez en medio de abucheos, luego de ser oficialmente despedido de su cargo y abandonar su oficina en la Ciudad de México tras casi 100 horas atrincherado.

A su llegada al aeropuerto de la ciudad fronteriza, decenas de personas lo recibieron con pancartas y consignas como “los libros no son tuyos”. Sin detenerse a ofrecer declaraciones a los medios, el exfuncionario abordó un vehículo negro y se retiró del lugar.

Horas antes, desde la capital del país, Arriaga había informado que regresaba a Chihuahua para reincorporarse a su plaza como docente y retomar actividades frente a grupo. No ofreció mayores detalles sobre su salida de la SEP en ese momento.

El martes recibió la notificación oficial de su despido, lo que puso fin a los cuatro días en que permaneció dentro de su oficina. Tras dialogar brevemente con reporteros al salir, se dirigió a la puerta principal llevando consigo un cuadro de Karl Marx, figura emblemática del pensamiento socialista y del movimiento obrero internacional.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la destitución represente una ruptura con el movimiento político fundado por Andrés Manuel López Obrador. “Nadie está traicionando el movimiento, nadie está traicionando a López Obrador, nadie está traicionando, esa no es la discusión, sino más bien, pues hay que continuar, hay que seguir avanzando”, afirmó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que se ofreció a Arriaga integrarse a otra área, incluida la posibilidad de representar a México en un país latinoamericano. Según explicó, la propuesta fue rechazada.

Más tarde, el propio Arriaga confirmó en una transmisión en redes sociales que se le planteó ocupar la embajada de Costa Rica, oferta que declinó. “Me ofreció una embajada para que dejara este puesto y permitiera que se cambiara; y sí, es verdad, la ofreció y no la quise tomar, porque no iba a traicionar a la base magisterial”, expresó durante el mensaje que inició como protesta.

Con su salida formalizada y su regreso a labores docentes anunciado, el episodio cierra un capítulo marcado por el atrincheramiento en oficinas federales, el rechazo a un cargo diplomático y una recepción dividida en su estado de origen.

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), volvió a generar controversia tras lanzar una convocatoria dirigida al magisterio nacional para impulsar una reorganización interna de la dependencia y del Sistema Educativo Nacional, basada en los principios del obradorismo y la Cuarta Transformación.

El llamado fue difundido a través de su cuenta de X y propone la creación de comités que funcionen como contrapesos internos frente a la actual dirección de la SEP, encabezada por el secretario Mario Delgado. De acuerdo con Arriaga, estos grupos buscarían “refundar” la institución educativa y reorientar su funcionamiento conforme al proyecto educativo impulsado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario sostuvo que, pese a la implementación del Plan de Estudios 2022 y a la distribución de más de cien libros de texto gratuitos de la llamada “Nueva Familia”, persisten prácticas que calificó como neoliberales dentro de la SEP. Señaló que aún existen mecanismos de control, simulación administrativa y presiones externas que, a su juicio, frenan una transformación profunda del sistema educativo nacional.

En ese contexto, Arriaga advirtió sobre supuestos intentos de privatización de la educación pública y planteó la conformación de los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Según explicó, estos organismos tendrían como ejes la organización política del magisterio y la defensa de los libros de texto gratuitos elaborados durante el gobierno anterior.

“En los Comités nos instruiremos, nos agitaremos y nos organizaremos como contrapesos reales frente a los poderes hegemónicos y los operadores políticos que buscan privatizar la educación. Nuestra meta será refundar SEP y el Sistema Educativo Nacional”, expresó el directivo en su publicación.

Arriaga también señaló a organismos empresariales y multilaterales, como la Coparmex, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como actores que influyen en las políticas educativas del país. Afirmó que los comités permitirían la formación política del magisterio, la organización territorial y la consolidación de un “poder popular” alineado con la Cuarta Transformación, con el objetivo de “humanizar” la educación y retomar el rumbo del proyecto educativo previo.

La convocatoria se da en un escenario marcado por la polémica en torno a los libros de texto gratuitos coordinados por Arriaga en 2022, los cuales han sido objeto de litigios e impugnaciones por parte de organizaciones de padres de familia y algunos gobiernos estatales, que cuestionaron tanto su contenido como el proceso de elaboración.

Tras el anuncio, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, respondió con severas críticas. En su cuenta de X calificó el discurso de Arriaga como fanático y lanzó expresiones ofensivas contra el funcionario. Además, acusó al gobierno de Morena de actuar como “una secta” y de poner en riesgo la educación de niñas y niños, al tiempo que rechazó que la SEP sea utilizada con fines ideológicos.

Con una amplia mayoría de 352 votos a favor y 128 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación 2026, propuesta que contempla un endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos. La iniciativa fue respaldada por los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), en medio de un intenso debate con los partidos de oposición.

La aprobación también autoriza un endeudamiento externo neto superior a los 15 mil millones de dólares, destinado a financiar parte del gasto público para el ejercicio fiscal del próximo año. Con esta medida, el gobierno federal busca cubrir sus compromisos económicos y sostener los programas prioritarios de desarrollo, pese a las críticas de diversos sectores legislativos.

Durante la sesión, el legislador Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió sobre los riesgos del alto nivel de deuda, señalando que con estas cifras “los gobiernos de Morena prácticamente habrán duplicado la deuda histórica del país, empeñando el futuro de nuestras hijas e hijos”. Según el diputado, al cierre de 2026 la deuda nacional alcanzará los 20 billones de pesos, lo que equivaldría a que “cada mexicano deba alrededor de 153 mil pesos”.

El dictamen aprobado será turnado al Senado de la República, donde se espera sea analizado la próxima semana. Una vez votado en la Cámara Alta, el documento pasará al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.

Durante la discusión en el Pleno, Morena presentó tres reservas con el objetivo de realizar ajustes al dictamen. Una de las modificaciones busca evitar que las aseguradoras retengan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a las personas aseguradas, lo que podría implicar una recuperación de alrededor de 20 mil millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2025.

La Ley de Ingresos aprobada prevé un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, una inflación del 3%, un precio promedio del petróleo de 54.9 dólares por barril y un tipo de cambio estimado en 19.3 pesos por dólar. Estos indicadores servirán como base para la elaboración del Presupuesto de Egresos del próximo año.

Los legisladores de oposición manifestaron su rechazo, argumentando que el nivel de deuda propuesto compromete las finanzas públicas y aumenta la vulnerabilidad económica del país. En contraste, los diputados de Morena defendieron la iniciativa, asegurando que la estrategia financiera busca garantizar el crecimiento económico y la continuidad de los programas sociales impulsados por el actual gobierno.

La sesión concluyó con un ambiente de polarización entre las bancadas, marcando el inicio del siguiente paso legislativo en el Senado para definir la ruta económica del país en 2026.