Tribunal Electoral limita uso de propaganda personalizada en la histórica elección judicial

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

Senado retoma el control del proceso de selección del Poder Judicial

El Senado de la República acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para continuar con el proceso de selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, asumiendo las tareas previamente encargadas al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Esta decisión busca garantizar la continuidad del proceso y evitar que los aspirantes queden en un estado de indefensión, según explicó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. 

La determinación implica que la Mesa Directiva del Senado llevará a cabo el mecanismo de insaculación, mediante el cual se determinarán los candidatos seleccionados entre los aspirantes que lograron superar la segunda etapa del proceso. En esta etapa, cerca de 600 aspirantes serán evaluados para convertirse en candidatos a los cargos del Poder Judicial, en un proceso que se espera sea transparente y equitativo.

 

Fernández Noroña destacó que, en la Mesa Directiva, cada integrante tiene un voto y que se busca garantizar la pluralidad de la Cámara de Senadores. Además, aseguró que el Senado está comprometido con construir un acuerdo que respalde este procedimiento, señalando que el resultado será presentado dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la notificación oficial del TEPJF.

 

En cuanto a las críticas hacia el Poder Judicial de la Federación (PJF), Fernández Noroña acusó al organismo de actuar de manera irresponsable y de intentar sabotear el proceso de elección establecido por la reforma constitucional. Afirmó que la credibilidad del PJF ha sido afectada por su manejo del proceso y por no asumir plenamente su responsabilidad. Según el presidente del Senado, el amparo otorgado que detuvo el proceso inicial no debió proceder, ya que no estaba dentro de las competencias del juez encargado.

 

“No se van a quedar fuera las personas que, de buena fe, confiaron en el Poder Judicial. Lo que está haciendo el tribunal es garantizar los derechos de los aspirantes. Lo que hizo el Poder Judicial es contrario a los intereses nacionales y a cualquier mínima ética jurídica”, afirmó Fernández Noroña.

 

A pesar de las críticas, el senador reconoció el esfuerzo del Comité de Evaluación del PJF, que implementó un proceso de selección riguroso dejando fuera a dos tercios de los 3,000 aspirantes iniciales. Sin embargo, subrayó que el resultado final dependerá del mecanismo de insaculación y, en última instancia, del pueblo.

 

Este paso marca un momento clave en el proceso de selección, que ha sido objeto de controversias y tensiones entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La resolución del TEPJF y la intervención del Senado buscan dar continuidad al procedimiento, con la promesa de respetar los derechos de los aspirantes y asegurar que el proceso sea justo y transparente.

Elección judicial 2024: Un proceso inédito y costoso por su complejidad

El diseño de la próxima elección judicial en México enfrenta enormes retos técnicos y logísticos que han disparado su costo en comparación con procesos electorales tradicionales. Desde boletas de gran tamaño y múltiples papeletas hasta un aumento significativo en el presupuesto para capacitación electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) trabaja contrarreloj para enfrentar este desafío.

Complejidad sin precedentes

La elección judicial incluirá 881 cargos, casi tres veces más que los 333 de la elección federal de 2024. Entre los puestos a elegir están nueve para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dos para la Sala Superior, 15 para las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cinco para el Tribunal de Disciplina, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados distritales.

Para este proceso, las áreas técnicas del INE deberán rediseñar la cartografía electoral, ya que los distritos judiciales no coinciden con los electorales. Esto implica reconfigurar o dividir secciones y crear una nueva distribución en cuestión de semanas, cuando usualmente toma años.

Boletas y urnas sin precedentes

Uno de los mayores retos es el diseño de las boletas. Por ejemplo, en el caso de la SCJN, se elegirán nueve ministras y ministros, con 81 candidaturas en total. Una opción es incluir todos los nombres en una sola boleta, donde los votantes seleccionarían cinco mujeres y cuatro hombres. Otra propuesta es dividir las candidaturas en nueve boletas separadas, lo que requeriría el uso de nueve urnas sólo para este cargo.

Además, la producción y distribución del material electoral representará un costo significativo. De los 13,205 millones de pesos que el INE solicitó para este proceso, más de 4,552 millones están destinados a la producción y logística del material.

Incremento en sueldos y capacitación

El INE busca contratar a 50,500 capacitadores y supervisores electorales, con un aumento salarial del 20% para evitar renuncias, problema que afectó las elecciones pasadas. Los sueldos pasarían de 10,000 a 12,000 pesos, sumado a equipo de comunicación para garantizar conectividad en zonas de difícil acceso.

Otros costos asociados

El presupuesto también incluye arrendamiento de plantas eléctricas, rubro que anteriormente era cubierto por la Comisión Federal de Electricidad, y un bono especial para altos funcionarios, medida que no se aplicaba desde 2012.

A pesar de las suspensiones judiciales que han paralizado decisiones clave, el INE continúa trabajando en soluciones para llevar a cabo una elección que marca un parteaguas en la historia del país.

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Suprema Corte de México listará revisión de Reforma Judicial que podría redefinir la justicia

El próximo 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará la revisión de un proyecto crucial para el sistema judicial mexicano. La iniciativa, redactada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propone invalidar varios elementos de la reforma judicial, entre ellos la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, una medida que ha generado amplio debate sobre la independencia judicial en México.

 

 

En una sesión privada celebrada esta semana, la SCJN acordó iniciar la discusión sobre este proyecto, marcando un momento sin precedentes en la historia de la Corte. De aprobarse, este proyecto no solo redefiniría la estructura de selección de jueces y magistrados, sino que podría tener implicaciones profundas en la dinámica de la justicia en México. González Alcántara Carrancá sugiere que el voto popular solo debería aplicarse en la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que el resto de los jueces y magistrados federales serían seleccionados mediante otros mecanismos.

 

La reforma judicial que entró en vigor en el último año introdujo cambios polémicos, como la figura de “jueces sin rostro” y los comités de evaluación para juzgadores federales. Además, se reformó el artículo 107, prohibiendo la emisión de suspensiones con efectos generales contra leyes, lo que ha sido criticado por limitar la capacidad de los ciudadanos para desafiar normas legales que consideran injustas. La propuesta de Alcántara Carrancá plantea eliminar estos elementos, argumentando que distorsionan la imparcialidad y transparencia del sistema judicial.

 

“La justicia debe ser independiente de presiones externas, incluyendo las populares”, declaró una fuente cercana al ministro. Esta afirmación destaca el dilema que enfrenta la SCJN: garantizar que el sistema judicial permanezca libre de influencias políticas, mientras se respeta el derecho de los ciudadanos a participar en la elección de sus representantes legales.

 

Otro aspecto clave del proyecto es la continuidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados actuales mantendrían sus cargos hasta 2027, como dicta la reforma. Tras esa fecha, la propuesta contempla que los ciudadanos elijan a los magistrados del TEPJF mediante voto popular, una medida que algunos consideran un avance hacia la transparencia, aunque otros lo ven como una posible amenaza a la imparcialidad judicial.

 

La decisión de la SCJN de abordar esta reforma es histórica, ya que desde 1994 solo se habían aceptado tres impugnaciones similares sin que la Corte emitiera una resolución. Esta vez, sin embargo, el proyecto atenderá las impugnaciones presentadas por partidos nacionales como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y sobreseerá las impugnaciones realizadas por minorías legislativas, como el Partido Unión Democrática de Coahuila y legisladores del Congreso de Zacatecas.

 

Para el jurista Raúl Ávila, la revisión de la Corte “representa un reto que pondrá a prueba la solidez de nuestras instituciones judiciales”. Según Ávila, el debate sobre si los jueces deben ser elegidos por voto popular o seleccionados de manera independiente es un tema delicado que podría redefinir la relación entre el poder judicial y la sociedad mexicana.

 

El próximo 5 de noviembre marcará, sin duda, un punto de inflexión para el sistema judicial en México, mientras el país espera el veredicto de su máxima autoridad en justicia. La decisión de la SCJN tendrá implicaciones que podrían trascender la actual administración, configurando los cimientos del sistema judicial para las próximas décadas.

Martí Batres agradece invitación de Claudia Sheinbaum y espera indicaciones sobre nuevo cargo

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, expresó su gratitud por la invitación de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para unirse al gabinete ampliado. Durante una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Batres señaló que será Sheinbaum quien determine y comunique el cargo específico que asumirá en la Administración Pública Federal.

“Agradezco la invitación que la doctora Sheinbaum ha extendido para integrarme a su equipo de gobierno. Ella es quien definirá y anunciará cuál será mi rol. Si bien hemos conversado sobre el tema, la responsabilidad de informar recae en ella”, declaró Batres.

El jefe de Gobierno indicó que continuará en su puesto hasta el 4 de octubre y se compromete a atender tanto sus responsabilidades actuales en la Ciudad de México como las nuevas funciones que le asigne Sheinbaum. “Seguiré cumpliendo con mis deberes en la Ciudad de México mientras también me encargaré de las tareas que me indique la presidenta electa. Todo se discutirá con ella, quien nos dará las instrucciones pertinentes”, agregó.

Batres también felicitó a Claudia Sheinbaum por la confirmación de su triunfo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “Mis más sinceras felicitaciones para la doctora Claudia, quien, tras su etapa como jefa de Gobierno, ha sido ratificada como presidenta electa por el Tribunal Electoral. Es una excelente noticia”, concluyó.

Posible Cambio en Criterios de Sobrerrepresentación Legislativa por INE y TEPJF

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrían revisar sus criterios actuales sobre la sobrerrepresentación de diputados plurinominales, según Jorge Alcocer Villanueva, director de la revista Voz y Voto. Alcocer sostiene que los organismos electorales podrían reinterpretar las normativas a la luz del principio pro-persona, que prioriza los derechos humanos, y ajustarse a los principios de la reforma electoral de 1996, que buscó reflejar la pluralidad política en el Congreso.

El debate gira en torno a la interpretación del artículo 54 de la Constitución, que establece la asignación de sobrerrepresentación por partido. El gobierno federal y el partido Morena han abogado por esta interpretación literal para asegurar una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mientras que otros argumentan que la asignación debería considerar las coaliciones, como lo estipula la fracción IV del artículo.

Alcocer recordó que en 2015, Morena criticó la interpretación literal de la ley que favoreció a la coalición PRI-Partido Verde. En contraste, ahora, al ser la fuerza política mayoritaria, debería adoptar una posición coherente y rechazar la interpretación que buscan imponer.

Además, Alcocer destacó que la asignación de senadurías de primera minoría ha sido históricamente basada en coaliciones, no en partidos individuales, según el artículo 56 de la Constitución. Por tanto, sería lógico aplicar un principio similar al establecer límites de sobrerrepresentación legislativa.

El exasesor de la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000 advirtió que la intención de Morena de alcanzar el 75% de las curules sería una alteración significativa del equilibrio político, y argumentó que ninguna fuerza política debería superar los 300 diputados para preservar la pluralidad.

El Instituto Belisario Domínguez Defiende la Equidad Legislativa en Medio de la Controversia sobre Sobrerrepresentación

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado ha intervenido en el debate sobre la sobrerrepresentación, subrayando que existen diversos criterios administrativos y jurisdiccionales establecidos en diferentes periodos electorales para proteger los derechos de las minorías en el ámbito parlamentario.

Un análisis del IBD resalta que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han dictado resoluciones clave, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido acuerdos para asegurar que todas las fuerzas políticas que superen el umbral mínimo de votos cuenten con representación adecuada. Estas acciones buscan equilibrar la toma de decisiones y fortalecer el trabajo legislativo.

El estudio del IBD señala que estas medidas se implementan para prevenir que la sobrerrepresentación de un partido o coalición perjudique la representación de las minorías y el pluralismo en la Cámara de Diputados. La falta de equilibrio podría llevar a que las voces minoritarias queden marginadas en debates y votaciones sobre nuevas leyes.

El documento también menciona que, a lo largo del tiempo, se han presentado diversos recursos legales y reformas para asegurar la participación de las minorías en la democracia mexicana. La reforma constitucional de 1996, por ejemplo, buscó garantizar la representación equitativa mediante el voto y la representación política.

Además, las resoluciones de la SCJN de 1998 y la más reciente del TEPJF en 2021 han sido cruciales para mantener el mandato constitucional, limitando la sobrerrepresentación. La Corte ha afirmado que la representación proporcional es esencial para reflejar el pluralismo político y asegurar que todas las corrientes políticas, incluso las minoritarias, tengan voz en el legislativo.

El INE también ha jugado un papel importante con acuerdos del Consejo General en 2021, delimitando aspectos relacionados con coaliciones y afiliaciones para proteger la participación de las minorías en la Legislatura LXV.

En conclusión, el análisis del IBD enfatiza que el sistema de representación proporcional busca atribuir a cada partido el número de cargos en proporción a los votos obtenidos, asegurando una representación justa de todas las corrientes políticas relevantes y evitando distorsiones de la voluntad popular. La SCJN ha introducido este principio para promover el pluralismo político y garantizar la participación equitativa de todas las corrientes políticas en el proceso legislativo.

Gobernación Impugnará Decisión del TEPJF Sobre Propaganda Gubernamental

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció que impugnarán la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió propaganda gubernamental durante las campañas pasadas, afectando los principios de imparcialidad y equidad en tres de sus conferencias matutinas.

Durante una reunión del gabinete de seguridad, que por primera vez fue abierta a los medios de comunicación, Alcalde informó que junto con la Consejería Jurídica están preparando la impugnación. La funcionaria explicó que la Sala Especializada del TEPJF resolvió que el presidente, el titular del Cepropie y otros servidores públicos de Comunicación Social de Presidencia vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en las mañaneras del 20, 21 y 24 de mayo, al referirse a temas de infraestructura en salud, minería y reducción de la pobreza, exaltando logros de la actual administración en un periodo inapropiado para la difusión de estos temas.

Alcalde señaló que, según la autoridad electoral, no hubo beneficio indebido para la entonces candidata Claudia Sheinbaum ni para los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM).

En otro asunto, la secretaria informó que el jueves, en comisiones de la Cámara de Diputados, se aprobaron las primeras cuatro reformas del paquete de 20 presentadas por el Ejecutivo el 5 de febrero. Entre estas reformas están la relacionada con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mejoras en materia de vivienda, incrementos salariales por encima de la inflación y la elevación a rango constitucional del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La consejera jurídica, María Estela Ríos, destacó la importancia del avance en comisiones de la reforma que eleva a rango constitucional el derecho de los trabajadores a recibir una pensión igual a su último salario. Ríos recordó que una minoría de legisladores había interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, pero al elevarse a categoría constitucional, dicha acción quedaría sin efecto.

Alcalde mencionó que el 9 de agosto se discutirán las iniciativas sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como el acceso prioritario al agua para consumo humano y doméstico. El 13 de agosto están programadas las iniciativas sobre prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, extorsión y fentanilo. Para el 14 de agosto, se discutirán las relacionadas con la industria eléctrica, internet y empresas estratégicas del Estado; el 15 de agosto, la de la Guardia Nacional; y finalmente, el 22 de agosto, la del Poder Judicial.

Se espera que estas iniciativas sean aprobadas por el pleno de la próxima Legislatura y, de ser así, pasen al Senado.

La Inteligencia Artificial Revolucionará los Juicios Electorales

En el próximo proceso electoral, la inteligencia artificial hará su debut en los juicios electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implementará este servicio, permitiendo que cualquier persona, actor político, partido o candidatura pueda ser asesorado por tecnología inteligente para defender sus derechos.

Se espera que este mes el servicio esté disponible. Solo será necesario tener una computadora con acceso a internet para utilizar una especie de ‘abogado’ virtual en el sitio oficial del Tribunal Electoral, ofreciendo asesoría gratuita.

El magistrado Felipe Fuentes destacó que el Tribunal ha estado trabajando en la adaptación a nuevas tecnologías para simplificar los procesos, hacer el lenguaje técnico más accesible a los ciudadanos y, ahora, hacer la justicia electoral más accesible.

Designación de Claudia Valle como Magistrada Genera Debate en el Senado

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha designado a Claudia Valle Aguilasocho, de la Sala Monterrey, como la sexta magistrada encargada de la calificación de la elección presidencial. La decisión, tomada en una sesión privada que se extendió por más de una hora, se basó en la antigüedad de Valle tanto en la magistratura regional como en el Poder Judicial de la Federación.

Esta resolución provocó reacciones encontradas entre los senadores. Damián Zepeda, senador del PAN, criticó al TEPJF por no llenar las dos vacantes existentes, situación que, según él, impide abordar adecuadamente asuntos urgentes como impugnaciones y la sobrerrepresentación. En entrevista con EL UNIVERSAL, Zepeda resaltó que la ley exige seis magistrados para la calificación presidencial, pero también establece que en ausencia de nombramientos por parte del Senado, se debe recurrir a los magistrados con mayor antigüedad. Zepeda lamentó que el Tribunal solo cumpla parcialmente con sus obligaciones y sugirió que esto podría ser una estrategia para mantener una mayoría favorable. Además, pidió transparencia en los votos disidentes y destacó la preparación y experiencia de Valle Aguilasocho.

Por otro lado, César Cravioto, vocero de Morena en el Senado, celebró el nombramiento, afirmando que Valle Aguilasocho tiene el perfil y la experiencia necesarios para concluir el proceso electoral. Cravioto espera que este nombramiento permita al TEPJF avanzar sin demoras causadas por la oposición.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, también apoyó la designación, subrayando que Valle Aguilasocho cumple con los requisitos de antigüedad y tiene amplia experiencia en el Consejo de la Judicatura Federal, lo que refuerza su sólida carrera judicial.