Morena blinda su estructura: Filtra afiliaciones y fortalece su maquinaria electoral

Morena aprobó este domingo la creación de la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, un nuevo órgano que tendrá la tarea de revisar cuidadosamente quiénes pueden sumarse a las filas del partido sin poner en riesgo su cohesión interna. Esta decisión fue tomada durante la reunión del Consejo Nacional, con el objetivo de evitar divisiones que puedan surgir de la incorporación de figuras políticas con trayectorias controvertidas o ajenas al proyecto de la 4T.

La comisión no revisará candidaturas de “cualquier nivel”, sino que se enfocará en personajes con visibilidad nacional o peso político relevante, cuyas trayectorias podrían representar un beneficio o una amenaza para la unidad del movimiento. Se trata de blindar la estructura interna frente a perfiles que no compartan los principios fundamentales del partido.

El órgano estará integrado por Luisa María Alcalde, presidenta del partido; Carolina Rangel, secretaria general; Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional; el académico Armando Bartra, y el productor Epigmenio Ibarra.

Bartra explicó que la comisión tiene la facultad de recomendar o rechazar el ingreso de personajes según su historial y el momento político. La evaluación no será automática: “Nosotros simplemente decidiremos si recomendamos o no que la persona que lo solicitó pueda ingresar en este momento o hasta otro”, precisó.

Desde otro frente, Epigmenio Ibarra aclaró que este nuevo filtro no implica una purga interna, sino un ejercicio de contención estratégica.

El vocero morenista en San Lázaro, Arturo Ávila, señaló que esta medida responde a casos recientes, como el del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue considerado brevemente para respaldar la reforma judicial, pero rechazado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por su filiación con otro partido. También mencionó el caso de Luis Enrique Benítez Ojeda, exmilitante priista.

Además de este nuevo órgano, el Consejo Nacional aprobó otros tres lineamientos fundamentales: el Plan Organizativo de Comités Seccionales, el Plan Municipalista, y la reactivación del Consejo Consultivo Nacional.

Los Comités Seccionales constituirán la base territorial de Morena en las 71,541 secciones electorales del país, con la misión de movilizar y organizar a la militancia. Según el senador Emmanuel Reyes Carmona, cada actor político morenista tendrá la responsabilidad de crear al menos 10 comités, que deberán movilizar a unas 100 personas por base estructural.

El Plan Municipalista buscará fortalecer la presencia de Morena en los municipios que ya gobierna, alineando políticas públicas y reforzando la identidad del partido a nivel local.

Por último, la reactivación del Consejo Consultivo Nacional aportará una nueva capa de análisis y propuesta al interior del partido. Estará integrado por perfiles destacados del ámbito intelectual, científico, académico, cultural y empresarial, con la intención de enriquecer la toma de decisiones desde una perspectiva multidisciplinaria.

Con estas decisiones, Morena afina su engranaje político y organizativo, de cara a sus próximos retos electorales, mientras establece nuevos candados para mantener la identidad y coherencia de su movimiento.

Reforma minera de AMLO divide criterios y trae choque de posturas en la Corte

Un nuevo capítulo en la vida jurídica del país se abrió con la denuncia de la Secretaría de Gobernación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal recibió el señalamiento sobre una posible contradicción de criterios en torno a la reforma de la Ley Minera impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia, ingresada el 7 de abril a través del director de Amparos, Fernando Puente Castillo, pone en el centro de la discusión el artículo quinto transitorio del decreto de reforma. Este artículo ordenó desechar todas las solicitudes de nuevas concesiones de exploración y explotación de recursos minerales que estuvieran pendientes al momento de su entrada en vigor.

La controversia surgió debido a que las dos salas de la SCJN emitieron resoluciones opuestas sobre el mismo tema. En octubre de 2024, la segunda sala falló que dicho transitorio violaba el principio constitucional de irretroactividad de la ley. De acuerdo con su resolución, las solicitudes en trámite debían ser evaluadas conforme a la legislación vigente cuando fueron presentadas, respetando así los derechos de quienes apostaron por los procesos mineros bajo normas anteriores.

No obstante, la primera sala tomó una postura completamente diferente en marzo de 2025. Determinó que el artículo en cuestión no infringía el principio de no retroactividad, considerando que los solicitantes no poseían un derecho adquirido simplemente por tener un trámite en curso. Argumentó que los cambios sustanciales en la Ley Minera justificaban la cancelación de las solicitudes en proceso, alineándose con el nuevo marco legal.

La SCJN notificó oficialmente este jueves que la denuncia fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Será su responsabilidad estudiar el caso y elaborar un proyecto de resolución que será sometido al análisis del pleno.

Esta disputa entre salas no solo pone en relieve la complejidad jurídica de la reforma minera, sino también la importancia de una interpretación unificada que brinde certeza legal en temas de inversión, derechos y explotación de los recursos naturales. El desenlace promete impactar el panorama normativo del país y será seguido de cerca por el sector energético, jurídico y empresarial.

El estudio y resolución de esta contradicción marcará un precedente crucial en la aplicación de reformas legales en México, especialmente en sectores estratégicos como la minería.