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Más de un mes después de la fecha prevista, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió finalmente uno de los casos más comentados de la pasada elección judicial. En una sesión decisiva, el Tribunal revocó las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) había impuesto a 176 candidatos, quienes habían sido sancionados por supuestamente beneficiarse de los llamados “acordeones”, listas de apoyo difundidas de forma física y digital durante el proceso de votación.

Las sanciones, que sumaban más de 6.3 millones de pesos, incluían multas a aspirantes de alto perfil. Entre ellos estaban Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos González y Giovanni Azael Figueroa Mejía, quienes enfrentaban montos individuales que iban desde los 94 mil hasta los 255 mil pesos. Sin embargo, con la nueva resolución, todos ellos quedan exentos de pago.

El INE había determinado que los candidatos eran responsables de la difusión de los acordeones por haber resultado “beneficiados” con su circulación. Pero el TEPJF consideró que esta decisión se tomó sin pruebas suficientes y sin demostrar que los aspirantes tuvieran conocimiento o participación directa en la creación o difusión del material. En su análisis, el Tribunal concluyó que el INE actuó sin fundamento ni motivación adecuada, al no comprobar ni el beneficio real ni la intención de los involucrados.

La revocación fue aprobada por mayoría, con votos de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes, quienes respaldaron los proyectos que anularon las sanciones. En contraste, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón emitieron votos particulares, al considerar que el caso debía regresar al INE para que ampliara las investigaciones antes de cerrar el expediente.

Durante la sesión, el pleno también aceptó la excusa de los magistrados Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, quienes participaron en la elección judicial y se apartaron del análisis por razones de imparcialidad.

Con esta resolución, el TEPJF dejó sin efecto las multas impuestas por el INE y marcó un precedente sobre los límites de responsabilidad de los candidatos en la propaganda generada por terceros. Según la decisión del Tribunal, no basta con que existan materiales de apoyo para atribuir una falta, sino que es indispensable probar la relación directa o el conocimiento de los involucrados.

La sentencia pone fin a un proceso que había acumulado más de 400 juicios pendientes, y devuelve al tablero político un mensaje claro: las autoridades electorales deben fundamentar sus decisiones con pruebas sólidas antes de sancionar. Para los 176 candidatos, esta decisión representa el cierre de un episodio que los mantenía bajo cuestionamiento desde la pasada elección judicial.

Silvia Rocío Delgado García, quien formó parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, obtuvo los votos necesarios en el proceso de elección judicial en Chihuahua para asumir como jueza penal de primera instancia y menores en el distrito de Ahumada. El cómputo final de la elección, cerrado este martes, registró un total de 23 mil 605 votos a su favor.

El proceso judicial en Chihuahua contempla cinco vacantes disponibles para jueces locales, por lo que, con la validación del Instituto Estatal Electoral, Delgado García ocupará una de esas posiciones como funcionaria judicial del ámbito penal.

Durante su carrera profesional, Delgado García se desempeñó como parte de la defensa legal del exlíder del Cártel de Sinaloa. Su participación como abogada en ese equipo quedó registrada en agosto de 2016, cuando representó a Guzmán Loera ante instancias federales mientras este se encontraba recluido en el penal federal de Ciudad Juárez.

En diciembre del mismo año, promovió un recurso legal en favor de su cliente para que se le entregaran cobijas, debido a las bajas temperaturas reportadas en el centro penitenciario, argumentando afectaciones a la salud del entonces detenido.

El proceso de elección judicial, impulsado por el Congreso del Estado y validado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, permitió que ciudadanos postularan y eligieran a candidatas y candidatos a diferentes posiciones judiciales. La participación de Silvia Delgado no pasó desapercibida, debido a sus antecedentes profesionales.

A pesar del respaldo ciudadano en las urnas, organizaciones como Defensorxs han manifestado su oposición a que Delgado García ocupe el cargo. El colectivo anunció que interpondrá un juicio electoral con el fin de impugnar su nombramiento, al considerar que no cumple con el requisito de “buena fama pública”, estipulado en las recientes reformas judiciales aprobadas por legisladores del partido en el poder.

Este criterio de buena fama es uno de los filtros considerados para garantizar la idoneidad ética y moral de los aspirantes a cargos judiciales. Según la organización, la trayectoria de la abogada no se alinea con dichos parámetros, lo cual representa un punto clave para su posible inhabilitación.

El Instituto Estatal Electoral aún debe concluir el proceso de validación de los resultados. Hasta que ello ocurra, las posiciones no serán formalmente adjudicadas. Sin embargo, los resultados preliminares colocan a Delgado García como una de las cinco personas más votadas para ocupar las vacantes disponibles.

El proceso de elección judicial ha generado múltiples reacciones en la entidad debido a la inédita participación ciudadana en la designación de jueces, así como por el perfil de algunos de los aspirantes ganadores. Diversas organizaciones civiles y observatorios del sistema judicial han dado seguimiento puntual al proceso, particularmente en los casos donde se señala que podría haber conflictos éticos, históricos o de interés.

La impugnación anunciada se sumará al análisis legal que deberá resolver el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. En caso de proceder, podría derivar en la revocación de la designación y abrir la puerta para el nombramiento de otros aspirantes que también participaron en el proceso electoral judicial.

Hasta ahora, Delgado García no ha emitido declaraciones públicas sobre los cuestionamientos ni sobre el proceso de impugnación en curso. Su nombre continúa en la lista oficial de aspirantes con mayor respaldo ciudadano en las votaciones recientes, en espera de la resolución definitiva de las autoridades electorales estatales.

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Arturo Castillo pidió no declarar la validez de la reciente elección judicial, tras advertir que el uso de “acordeones” influyó de forma significativa en los resultados. La propuesta se sustentó en lo que definió como “dudas razonables” sobre la legalidad del proceso, sin que ello impidiera entregar constancias de mayoría a quienes resultaron ganadores.

El consejero señaló que se identificaron 818 casillas con irregularidades, incluyendo boletas sin extraer de las urnas, resultados con 100 por ciento de apoyo para ciertas candidaturas y una “inducción evidente” al voto mediante los llamados acordeones. Aunque este conjunto representa apenas el 0.97 por ciento de las casillas instaladas a nivel nacional, el funcionario lo calificó como “sumamente grave”.

En un momento clave del proceso electoral, Castillo fue el primero en exponer estas anomalías en la sesión dedicada a validar el cómputo nacional y entregar constancias de mayoría a los 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, electos por voto popular por primera vez.

Durante su intervención, afirmó: “Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones, porque las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones. 22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de tercero y por lo tanto, prohibidos”.

Castillo detalló que al menos 37 modelos distintos de acordeones fueron distribuidos en 15 estados del país y a nivel nacional. Estos documentos coincidieron hasta en un 80 por ciento con las candidaturas ganadoras a nivel de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para las Salas Regionales, el porcentaje de coincidencia alcanzó el 85 por ciento.

El consejero sostuvo que se trató de una “estrategia propagandística intencionada para beneficiar a las mismas candidaturas”, lo cual, a su juicio, generó un entorno de inequidad. Agregó que el INE no puede pasar por alto los indicios, aunque aclaró que estos no constituyen prueba plena.

Su propuesta consistió en no declarar la validez —que no implica declarar la invalidez— de las elecciones para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales, salvo la de Toluca. También planteó entregar las constancias correspondientes y dar vista a las autoridades competentes.

El Consejo General continúa deliberando sobre cómo validar los resultados, mientras se mantiene en análisis un cambio respecto al proyecto inicial, que solo consideraba excluir 11 casillas de Michoacán, Guerrero y Chiapas. El nuevo enfoque contempla omitir las más de 800 casillas señaladas, sin que eso altere el resultado general.

A pesar del debate, esta misma tarde el INE entregará las constancias de mayoría a cinco ministras y cuatro ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La jornada electoral de este domingo en México, marcada por la inédita elección judicial, transcurrió con tensión, obstáculos y un bajo nivel de participación ciudadana, especialmente en regiones como Veracruz y Chiapas, donde la violencia y la falta de información empañaron el proceso.

En Veracruz, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirmó la instalación de casi el 100% de las casillas, sin embargo, ocho de ellas suspendieron temporalmente la votación ante riesgos de violencia. En el reporte de incidencias entregado por el OPLE dos horas antes del cierre de urnas, se documentaron agresiones entre simpatizantes, colocación de propaganda partidista en zonas prohibidas, intimidación a electores y un ataque con arma de fuego a la casa de campaña de una candidata del partido Movimiento Ciudadano, en el municipio de Xico. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

También se registraron irregularidades en el padrón. Al menos 56 personas lograron emitir su voto sin aparecer en la lista nominal, según reconoció el propio organismo estatal.

A nivel nacional, el contexto no fue menos complejo. Cientos de ciudadanos tuvieron que recorrer largas distancias desde comunidades marginadas del sur del país para poder ejercer su derecho al voto.  “Instalaron casillas normales, pero no especiales. El problema es la desinformación”, comentó un votante.

En San Juan Chamula, Chiapas, la participación fue baja durante las primeras horas del día. La comunidad tzotzil acudió lentamente a las urnas, y algunos electores tardaron hasta media hora en tomar su decisión. Uno de los votantes, lamentó la escasa asistencia: “Como que esta vez se vio un poquito débil”.

La violencia también hizo acto de presencia en Chiapas. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el robo de 25 paquetes electorales que contenían más de 138 mil boletas. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del INE en el estado, detalló que los hurtos ocurrieron entre el 29 y el 31 de mayo en Jiquipilas y Copainalá. En varios casos, los delincuentes engañaron o intimidaron a los responsables de las mesas directivas para sustraer la documentación oficial. Las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la fiscalía especializada en delitos electorales.

En este contexto de incertidumbre, cerca de 100 millones de ciudadanos fueron convocados para votar por más de 800 cargos judiciales federales entre más de 3,400 aspirantes. Esta elección ha sido fuertemente cuestionada por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales, quienes señalan la complejidad del proceso, la escasa información disponible y la preocupación por una posible injerencia del crimen organizado.

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

Con un tono directo y sin rodeos, el senador Gerardo Fernández Noroña dejó clara su postura frente a la participación ciudadana en la inédita elección judicial que se llevará a cabo este domingo. Afirmó que votar utilizando un acordeón ajeno equivale a copiar en un examen y que cada persona debe asumir la responsabilidad de su voto de manera informada y consciente.

Fernández Noroña, integrante del grupo parlamentario de Morena y actual presidente del Senado, anunció que ejercerá su voto después del mediodía en una casilla ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Explicó que, ante la complejidad de esta jornada electoral —en la que se elegirán jueces, magistrados y ministros— es comprensible llevar una guía personal, ya que memorizar todos los nombres es prácticamente imposible.

El senador comparó la práctica de votar con listas ajenas con las viejas artimañas de compra de votos por parte de partidos como el PRI y el PAN, una práctica que, según él, persiste en estados como Durango. “Es un delito, no sólo no es correcto”, sentenció.

Frente a los señalamientos sobre la distribución masiva de listas prediseñadas por simpatizantes de Morena, Fernández Noroña desestimó que esto empañe el proceso. Subrayó que lo verdaderamente importante es acudir a las urnas, pues los cargos se asignarán con base en los votos emitidos, independientemente del nivel de participación ciudadana.

“Votes o no votes, las personas juzgadoras que de ahí salgan, esas van a ser”, expresó. En este sentido, reiteró que la abstención no detiene la democracia, pero la participación activa puede influir de forma significativa en los resultados. Señaló que no involucrarse en los procesos políticos no evita que se tomen decisiones, y recordó que los espacios vacíos en política siempre terminan siendo ocupados.

La elección del domingo representa un momento inédito en la historia democrática del país. Nunca antes la ciudadanía había tenido la oportunidad de participar directamente en la elección de perfiles del Poder Judicial. Para Fernández Noroña, esto requiere de preparación previa y compromiso individual, más allá de las tendencias políticas o las recomendaciones externas.

Su mensaje final fue claro: cada voto cuenta y debe ejercerse con convicción y responsabilidad. El proceso no se detendrá, pero quienes participen pueden dejar huella en un momento clave para la vida pública del país.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcó posición de manera contundente ante las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien criticó sus movilizaciones por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y las relacionó con intereses de la derecha. En conferencia de prensa, los maestros negaron cualquier vínculo con partidos conservadores y reafirmaron su disposición para entablar un diálogo directo con la mandataria. 

Desde la Ciudad de México, representantes de la CNTE aclararon que su lucha no está influenciada por intereses externos. El secretario general de la sección 9, Pedro Hernández, aseguró que “nadie nos financia, nadie nos ordena” y reiteró el deslinde de partidos como el PRI y el PAN, así como de “la ultraderecha más recalcitrante”.

Hernández subrayó que la CNTE ha combatido históricamente a dichos grupos, por lo que calificó como un error que se les compare con actores políticos que representan intereses contrarios a los del magisterio. “Se equivoca la presidenta cuando quiere ponernos en ese mismo costal”, puntualizó el dirigente sindical, visiblemente firme en su postura.

En la misma línea, otros integrantes de la Coordinadora manifestaron su inconformidad con el discurso presidencial, al considerar que pone al magisterio en una posición de confrontación frente al pueblo. “No permitiremos que nos pongan en contra del pueblo, porque el magisterio somos pueblo”, enfatizaron durante su declaración, dejando en claro que su protesta es una forma legítima de exigir justicia social.

Los maestros confirmaron su disposición al diálogo, pero subrayaron que este debe darse directamente con la presidenta Sheinbaum, no con integrantes de su gabinete. Según sus declaraciones, lo que esperan son “nuevas respuestas” a sus demandas, particularmente en lo que respecta a la abrogación de la reforma de pensiones aprobada en el sexenio de Felipe Calderón.

La CNTE lamentó que una reunión programada con Sheinbaum el pasado viernes se haya cancelado, sin que hasta ahora haya claridad sobre la reprogramación ni sobre avances concretos en las exigencias planteadas. Aseguraron que hasta el momento, las respuestas del gobierno han sido evasivas y sin propuestas que representen un cambio significativo.

A pesar del clima tenso, los docentes reafirmaron que su manifestación se mantiene en los márgenes de la civilidad. Aclararon que “hoy no estamos en una situación de afectación directa a la población” y que su presencia en las calles es pacífica, en espera de ser escuchados.

De cara al proceso electoral del 1 de junio, la CNTE afirmó que “no hay una acción definida” y que su lucha no busca interferir con los comicios, sino llamar la atención sobre problemáticas que consideran históricamente desatendidas. En este contexto, señalaron que el titular de Educación les envió un mensaje informal proponiendo una conversación, pero sin establecer lugar ni fecha, lo cual consideraron insuficiente.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró desde Palacio Nacional que su administración ha mantenido canales de comunicación abiertos con los maestros, aunque expresó su preocupación por los amagos de boicot a la elección judicial. “Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral?”, expresó ante la prensa.

La mandataria reconoció que su gobierno no comparte la reforma impulsada en 2007, pero advirtió que su revocación implicaría una carga fiscal insostenible para el Estado mexicano. Reiteró que se mantendrá abierta al diálogo, pero condenó que la CNTE traslade sus exigencias a otros terrenos como la reforma al Poder Judicial o acciones que impacten a la ciudadanía, como los bloqueos al aeropuerto capitalino.

La disputa entre la Coordinadora y el gobierno federal mantiene un tenso equilibrio entre el reclamo social y la gobernabilidad, mientras el magisterio exige atención real y soluciones concretas.

Lenia Batres Guadarrama, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emprendido una intensa agenda de viajes por México en los meses previos a la elección judicial del 1 de junio. Lo llamativo no ha sido solo su presencia en diversos foros y eventos, sino el uso de recursos públicos asignados por el Poder Judicial para costear estas actividades, en las que su imagen ha tomado protagonismo.

De octubre de 2024 a febrero de 2025, Batres realizó un total de 15 viajes a diferentes estados del país. Los registros disponibles revelan que estos traslados fueron justificados ante la Corte como “invitaciones académicas”. Sin embargo, en dichos encuentros se dedicó a promover la reforma judicial y la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros, temas que coinciden directamente con su agenda de campaña para continuar en el máximo tribunal.

Los datos revisados por Latinus detallan que el costo total de estas giras fue de 210 mil pesos. De ese monto, 112 mil pesos fueron utilizados para los viáticos de la ministra, mientras que los restantes 98 mil se destinaron a vuelos de su asesor, Eduardo Murillo Torres, quien la acompañó en parte de los recorridos.

Esta situación ha generado contrastes con otras ministras en funciones. Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes también han participado en eventos relacionados con la reforma judicial, no reportaron comisiones oficiales ni gastos financiados por la Corte durante el mismo periodo. A pesar de tener presencia en actos públicos similares, ambas ministras evitaron el uso de recursos institucionales, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el criterio empleado por Batres para justificar sus salidas.

La estrategia de la ministra no ha pasado desapercibida, ya que su mensaje ha coincidido con una narrativa que apoya la transformación del sistema judicial a través del voto ciudadano, una propuesta impulsada desde el Ejecutivo. En cada una de sus intervenciones, la figura de Batres ha estado presente como promotora de la reforma, en un momento clave previo a la elección que definirá la renovación de múltiples cargos en el Poder Judicial.

Mientras se mantiene en curso su intento por permanecer en la SCJN, la utilización de recursos públicos para actividades que refuerzan su presencia política sigue generando atención. La línea entre el ejercicio institucional y la promoción personal ha vuelto a ponerse bajo la lupa en un contexto donde la imparcialidad judicial es uno de los valores más exigidos por la ciudadanía.

La elección judicial de este año presenta un nuevo reto para la inclusión: el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no será posible contar con boletas en sistema braille. Una decisión que marca un cambio significativo en el acceso al voto de personas con discapacidad visual, especialmente considerando que desde 2003, en elecciones federales, se ha utilizado material diseñado para facilitar su participación. 

El acuerdo se tomó tras acatar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque generó desacuerdos al interior del Consejo General. La consejera presidenta Guadalupe Taddei y los consejeros Norma de la Cruz y Jorge Montaño votaron en contra de la medida. Claudia Zavala, también consejera, expresó su preocupación por lo que calificó como una “regresión” en materia de accesibilidad.

“Garantizar el derecho al voto es una responsabilidad del Estado mexicano”, afirmó Zavala, al señalar que la falta de recursos y los tiempos ajustados impidieron una implementación adecuada. Desde el inicio del proceso se enfrentó un presupuesto limitado, situación atribuida al recorte de más de 13 mil millones de pesos en el presupuesto del INE.

La decisión del Instituto se sustenta en múltiples factores. No solo se trata de una cuestión económica o de plazos, sino también de viabilidad técnica. En esta elección, las boletas para el Poder Judicial no incluirán recuadros para marcar opciones, sino que requerirán que las personas anoten números correspondientes a las candidaturas elegidas. Este nuevo formato impide el uso de las plantillas braille tradicionales, que están diseñadas para coincidir con recuadros táctiles.

En el caso de la boleta para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), habrá que elegir entre 64 candidaturas distribuidas en nueve cargos. Las papeletas de las otras cinco elecciones serán impresas en formato media carta, lo que complica aún más la integración del sistema braille. De implementarse, se requeriría un cuadernillo de 42 hojas tamaño carta, algo que supera los tiempos y presupuestos disponibles.

Durante las elecciones de 2024 se produjeron 92,000 juegos de plantillas braille, a un costo de 8.8 millones de pesos. Sin embargo, solo fueron utilizadas por 2,386 personas. Aun así, desde hace más de dos décadas, se ha contado con esta herramienta en las casillas como parte del compromiso con la accesibilidad.

El INE aclaró que, aunque no se proporcionará material en braille, las personas con discapacidad visual podrán recibir apoyo de una persona de su confianza o del personal de casilla para emitir su voto. Esto en cumplimiento de lo que establece la ley electoral.

La Asociación Civil para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad Libre Acceso A.C. y la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual impulsaron este tema, recibiendo respuesta formal del INE tras la sentencia del Tribunal.

La elección judicial de este año no contará con la accesibilidad en braille que durante dos décadas se ofreció. Las limitaciones presupuestarias, técnicas y logísticas delinean un nuevo panorama, dejando fuera una herramienta que, aunque poco utilizada, representa un símbolo de inclusión y equidad democrática.

El escenario político nacional suma una nueva batalla legal. Gobernadores, legisladores, candidatas a la Suprema Corte y el propio partido Morena han iniciado una ola de impugnaciones en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe el uso de recursos públicos para promover la elección judicial. A la fecha, más de 40 juicios se encuentran ya en manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien será el encargado de presentar el proyecto que resolverá este conflicto jurídico.

Las primeras demandas llegaron desde los estados gobernados por Morena. Delfina Gómez, mandataria del Estado de México, presentó dos impugnaciones; Layda Sansores, desde Campeche, y Salomón Jara, en Oaxaca, también formalizaron su inconformidad. En cada caso, los argumentos coinciden: el acuerdo del INE limitaría el derecho ciudadano a estar informado sobre un proceso considerado histórico, como lo es la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

A esta ofensiva legal se sumaron las impugnaciones del Senado, la Cámara de Diputados, la dirigencia nacional de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el acuerdo prohíbe expresamente que partidos políticos participen en la promoción del proceso, el partido oficialista optó por involucrarse directamente, alegando que no busca apoyar a candidaturas específicas, sino únicamente fomentar la participación democrática.

El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promovida por el propio bloque oficialista, establece que está prohibido el uso de recursos públicos para la propaganda electoral relacionada con la elección judicial, según lo dictado en el artículo 134 de la Constitución. No obstante, las impugnaciones giran en torno a la interpretación de dicha norma: los inconformes sostienen que esta restricción sólo aplica cuando se busca influir en favor o en contra de alguna candidatura.

Desde esta perspectiva, diversos actores políticos insisten en que su intención no es interferir en la contienda, sino cumplir con el deber institucional de motivar la participación ciudadana en una jornada que consideran trascendental para el fortalecimiento democrático del país.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, aspirantes a conservar sus lugares en la Suprema Corte de Justicia, también presentaron impugnaciones. En sus argumentos, califican el acuerdo del INE como “irrazonable” y “contradictorio”, al limitar la difusión del proceso justo cuando ellas, como candidatas, requieren visibilidad para que la ciudadanía conozca sus perfiles.

Por su parte, el INE reafirmó que la promoción del voto es competencia exclusiva de la autoridad electoral, garantizando imparcialidad y equidad en la contienda. Enfatizó que ninguna institución pública o figura de poder puede intervenir en estas actividades, salvo mediante convenios que estén bajo control directo del Instituto.

Ahora, todo queda en manos del Tribunal Electoral. La Sala Superior deberá decidir si valida o revoca el acuerdo del INE, en una resolución que podría marcar un nuevo precedente en la relación entre los poderes del Estado y el árbitro electoral.