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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, planteó una serie de ajustes al modelo de elección judicial y al funcionamiento interno del máximo tribunal, al considerar que el esquema de voto popular debe mantenerse, aunque con modificaciones que fortalezcan su operación.

Durante su participación en los “Diálogos de reflexión: perspectivas de la reforma al Poder Judicial”, donde coincidió con los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García, la integrante de la Corte expuso que uno de los cambios necesarios es la reinstalación de las salas que operaban antes de la reforma judicial de septiembre de 2024.

Según explicó, ese modelo permitía mayor agilidad en el análisis de los casos. “El trabajo de las salas era más dinámico, era una discusión dinámica, más breve y permitía un avance más rápido de la resolución de los asuntos”, afirmó.

En materia electoral, Esquivel propuso limitar los comicios judiciales a las vacantes que se generen en cargos de jueces y magistrados, con el objetivo de conservar continuidad en los criterios jurisdiccionales y, al mismo tiempo, incorporar nuevos perfiles. “Vayamos a una elección de vacantes, mantengamos estabilidad en la función, en los criterios, y cada tres años la elección con las vacantes que se vayan generando”, señaló.

Como parte de los mecanismos para fortalecer el proceso, la ministra sugirió la creación de un examen nacional de aptitud jurisdiccional dirigido a quienes aspiren a competir por estos cargos. A su juicio, esta evaluación permitiría garantizar un estándar mínimo de conocimientos y experiencia entre los candidatos. “Los justiciables tienen derecho a una justicia de excelencia, profesional, con experiencia. Hoy necesitamos que haya ese examen para que haya un piso mínimo y poder accesar a ser juez”, sostuvo.

Finalmente, Esquivel respaldó iniciativas impulsadas por legisladores de Morena que buscan ajustar el diseño de la elección judicial. Entre ellas, destacó la propuesta de establecer un comité único encargado de evaluar a los aspirantes, así como la separación de los procesos electorales judiciales respecto de las elecciones políticas.

La Cámara de Diputados definió la integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE) encargado de revisar a los aspirantes que competirán por tres lugares en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos actuales titulares concluirán funciones el próximo 4 de abril. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó por consenso la designación de tres magistrados para completar el órgano responsable del proceso.

El acuerdo, publicado este viernes en la Gaceta Parlamentaria, establece que Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá formarán parte del comité que evaluará a los candidatos a consejeros electorales para el periodo 2026-2035. La decisión fue respaldada por los coordinadores parlamentarios, aunque el líder del Partido Acción Nacional, José Elías Lixa, firmó el documento en abstención. Los tres perfiles participaron previamente en la elección judicial del año pasado.

Con estas designaciones quedó integrada la totalidad del CTE, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) designara previamente a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta. Ramírez Cruz es funcionaria del INE cercana a la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Entre los magistrados seleccionados, Fernández Domínguez se desempeña en la Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca, Estado de México. Fue designada el 28 de marzo de 2019 por un periodo de nueve años y el 1 de abril de ese mismo año fue electa presidenta del órgano por unanimidad durante tres años. En la elección judicial de 2025 participó como candidata a magistrada de salas regionales con el número 05 en la boleta.

Por su parte, Lara Patrón es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral desde julio de 2020. En la elección judicial de 2025 fue candidato a magistrado de la Sala Superior a propuesta del Poder Legislativo.

Cruz Alcalá rindió protesta el 30 de septiembre de 2024 ante el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como magistrada representante del Gobierno Federal en la Segunda Sala. Posteriormente, en 2025, fue postulada por el Poder Ejecutivo como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 06.

La integración del comité se concretó tras un acuerdo impulsado por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, con el objetivo de evitar perfiles vinculados a partidos políticos, como ocurrió en el proceso de elección de consejeros de 2023, cuando la mayoría de los integrantes tenía relación con Morena, según legisladores consultados.

El calendario del proceso establece que el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, enviará a más tardar el 29 de marzo la documentación de los aspirantes para su revisión. El 6 de abril se aplicará un examen de conocimientos a las 10:00 horas, mientras que entre el 10 y el 12 de abril se realizará la evaluación de idoneidad, basada en currículum vitae y documentos de soporte (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%).

Las entrevistas públicas iniciarán el 14 de abril y concluirán el 16 del mismo mes. Posteriormente, el CTE deberá entregar tres listas con cinco aspirantes cada una, garantizando paridad de género y la inclusión de al menos una mujer en cada propuesta. La fecha límite para presentar estas listas será el 20 de abril de 2026.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a la comisión presidencial para la reforma electoral un amplio paquete de propuestas técnicas que serán consideradas en la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión. El documento fue entregado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y contiene un total de 316 planteamientos, de los cuales 241 cuentan con consenso del Consejo General y 75 fueron formulados a título personal por distintos consejeros.

La reunión se llevó a cabo con la asistencia de nueve de los once integrantes del Consejo General del INE, encabezados por Taddei Zavala. No acudieron las consejeras Dania Ravel ni Claudia Zavala. El texto presentado lleva por nombre “Propuesta de mejora en materia electoral” y busca incidir en diversos aspectos operativos, normativos y estructurales del sistema electoral mexicano.

Las consejeras y consejeros Carla Humphrey y Arturo Castillo señalaron que hubiera sido deseable un proceso de discusión interna más amplio antes de la entrega final del documento. Humphrey explicó que, aunque se formularon 316 propuestas, únicamente 241 lograron consenso, mientras que el resto refleja posiciones individuales. Subrayó que cada consejería incorporó los temas que consideró prioritarios.

Entre los planteamientos destacados se encuentra la propuesta de garantizar al INE un presupuesto anual vinculado al Producto Interno Bruto (PIB), como respuesta a los cuatro recortes presupuestales aplicados por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Esta idea fue rechazada de inmediato por Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, quien la calificó como inviable al considerar que una disminución del PIB podría traducirse en una reducción automática de recursos para el organismo electoral.

Humphrey defendió la necesidad de asegurar un presupuesto suficiente para que el INE pueda cumplir con sus funciones constitucionales. En el ámbito técnico, el documento también plantea fortalecer los procesos de fiscalización, incluyendo la eliminación del secreto fiscal para el instituto, con el objetivo de permitir investigaciones más eficaces. Asimismo, propone reforzar las medidas de equidad en la contienda y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El consejero Jaime Rivera expuso que las propuestas buscan preservar los principios y valores democráticos. Señaló cuatro ejes centrales: fortalecer la pluralidad política sin favorecer a una sola fuerza; proteger la equidad de la contienda evitando la intervención gubernamental; salvaguardar la independencia del INE; y respetar los procedimientos colegiados para el nombramiento de funcionarios. En este contexto, pidió revertir la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorgó mayores facultades a la presidencia del INE para designaciones internas.

Al término del encuentro, Pablo Gómez confirmó que el miércoles entregará a la presidenta Sheinbaum un anteproyecto de reforma electoral. Reconoció que persisten diferencias al interior de la comisión, integrada también por Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar, pero aseguró que se encuentran en fase de deliberación. Aclaró que la iniciativa no modificará las fechas de la segunda elección judicial prevista para 2027 y señaló que la propuesta de elegir consejeros del INE mediante voto popular “está en la mesa”.

Más de un mes después de la fecha prevista, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió finalmente uno de los casos más comentados de la pasada elección judicial. En una sesión decisiva, el Tribunal revocó las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) había impuesto a 176 candidatos, quienes habían sido sancionados por supuestamente beneficiarse de los llamados “acordeones”, listas de apoyo difundidas de forma física y digital durante el proceso de votación.

Las sanciones, que sumaban más de 6.3 millones de pesos, incluían multas a aspirantes de alto perfil. Entre ellos estaban Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos González y Giovanni Azael Figueroa Mejía, quienes enfrentaban montos individuales que iban desde los 94 mil hasta los 255 mil pesos. Sin embargo, con la nueva resolución, todos ellos quedan exentos de pago.

El INE había determinado que los candidatos eran responsables de la difusión de los acordeones por haber resultado “beneficiados” con su circulación. Pero el TEPJF consideró que esta decisión se tomó sin pruebas suficientes y sin demostrar que los aspirantes tuvieran conocimiento o participación directa en la creación o difusión del material. En su análisis, el Tribunal concluyó que el INE actuó sin fundamento ni motivación adecuada, al no comprobar ni el beneficio real ni la intención de los involucrados.

La revocación fue aprobada por mayoría, con votos de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes, quienes respaldaron los proyectos que anularon las sanciones. En contraste, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón emitieron votos particulares, al considerar que el caso debía regresar al INE para que ampliara las investigaciones antes de cerrar el expediente.

Durante la sesión, el pleno también aceptó la excusa de los magistrados Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, quienes participaron en la elección judicial y se apartaron del análisis por razones de imparcialidad.

Con esta resolución, el TEPJF dejó sin efecto las multas impuestas por el INE y marcó un precedente sobre los límites de responsabilidad de los candidatos en la propaganda generada por terceros. Según la decisión del Tribunal, no basta con que existan materiales de apoyo para atribuir una falta, sino que es indispensable probar la relación directa o el conocimiento de los involucrados.

La sentencia pone fin a un proceso que había acumulado más de 400 juicios pendientes, y devuelve al tablero político un mensaje claro: las autoridades electorales deben fundamentar sus decisiones con pruebas sólidas antes de sancionar. Para los 176 candidatos, esta decisión representa el cierre de un episodio que los mantenía bajo cuestionamiento desde la pasada elección judicial.

Silvia Rocío Delgado García, quien formó parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, obtuvo los votos necesarios en el proceso de elección judicial en Chihuahua para asumir como jueza penal de primera instancia y menores en el distrito de Ahumada. El cómputo final de la elección, cerrado este martes, registró un total de 23 mil 605 votos a su favor.

El proceso judicial en Chihuahua contempla cinco vacantes disponibles para jueces locales, por lo que, con la validación del Instituto Estatal Electoral, Delgado García ocupará una de esas posiciones como funcionaria judicial del ámbito penal.

Durante su carrera profesional, Delgado García se desempeñó como parte de la defensa legal del exlíder del Cártel de Sinaloa. Su participación como abogada en ese equipo quedó registrada en agosto de 2016, cuando representó a Guzmán Loera ante instancias federales mientras este se encontraba recluido en el penal federal de Ciudad Juárez.

En diciembre del mismo año, promovió un recurso legal en favor de su cliente para que se le entregaran cobijas, debido a las bajas temperaturas reportadas en el centro penitenciario, argumentando afectaciones a la salud del entonces detenido.

El proceso de elección judicial, impulsado por el Congreso del Estado y validado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, permitió que ciudadanos postularan y eligieran a candidatas y candidatos a diferentes posiciones judiciales. La participación de Silvia Delgado no pasó desapercibida, debido a sus antecedentes profesionales.

A pesar del respaldo ciudadano en las urnas, organizaciones como Defensorxs han manifestado su oposición a que Delgado García ocupe el cargo. El colectivo anunció que interpondrá un juicio electoral con el fin de impugnar su nombramiento, al considerar que no cumple con el requisito de “buena fama pública”, estipulado en las recientes reformas judiciales aprobadas por legisladores del partido en el poder.

Este criterio de buena fama es uno de los filtros considerados para garantizar la idoneidad ética y moral de los aspirantes a cargos judiciales. Según la organización, la trayectoria de la abogada no se alinea con dichos parámetros, lo cual representa un punto clave para su posible inhabilitación.

El Instituto Estatal Electoral aún debe concluir el proceso de validación de los resultados. Hasta que ello ocurra, las posiciones no serán formalmente adjudicadas. Sin embargo, los resultados preliminares colocan a Delgado García como una de las cinco personas más votadas para ocupar las vacantes disponibles.

El proceso de elección judicial ha generado múltiples reacciones en la entidad debido a la inédita participación ciudadana en la designación de jueces, así como por el perfil de algunos de los aspirantes ganadores. Diversas organizaciones civiles y observatorios del sistema judicial han dado seguimiento puntual al proceso, particularmente en los casos donde se señala que podría haber conflictos éticos, históricos o de interés.

La impugnación anunciada se sumará al análisis legal que deberá resolver el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. En caso de proceder, podría derivar en la revocación de la designación y abrir la puerta para el nombramiento de otros aspirantes que también participaron en el proceso electoral judicial.

Hasta ahora, Delgado García no ha emitido declaraciones públicas sobre los cuestionamientos ni sobre el proceso de impugnación en curso. Su nombre continúa en la lista oficial de aspirantes con mayor respaldo ciudadano en las votaciones recientes, en espera de la resolución definitiva de las autoridades electorales estatales.

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Arturo Castillo pidió no declarar la validez de la reciente elección judicial, tras advertir que el uso de “acordeones” influyó de forma significativa en los resultados. La propuesta se sustentó en lo que definió como “dudas razonables” sobre la legalidad del proceso, sin que ello impidiera entregar constancias de mayoría a quienes resultaron ganadores.

El consejero señaló que se identificaron 818 casillas con irregularidades, incluyendo boletas sin extraer de las urnas, resultados con 100 por ciento de apoyo para ciertas candidaturas y una “inducción evidente” al voto mediante los llamados acordeones. Aunque este conjunto representa apenas el 0.97 por ciento de las casillas instaladas a nivel nacional, el funcionario lo calificó como “sumamente grave”.

En un momento clave del proceso electoral, Castillo fue el primero en exponer estas anomalías en la sesión dedicada a validar el cómputo nacional y entregar constancias de mayoría a los 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, electos por voto popular por primera vez.

Durante su intervención, afirmó: “Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones, porque las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones. 22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de tercero y por lo tanto, prohibidos”.

Castillo detalló que al menos 37 modelos distintos de acordeones fueron distribuidos en 15 estados del país y a nivel nacional. Estos documentos coincidieron hasta en un 80 por ciento con las candidaturas ganadoras a nivel de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para las Salas Regionales, el porcentaje de coincidencia alcanzó el 85 por ciento.

El consejero sostuvo que se trató de una “estrategia propagandística intencionada para beneficiar a las mismas candidaturas”, lo cual, a su juicio, generó un entorno de inequidad. Agregó que el INE no puede pasar por alto los indicios, aunque aclaró que estos no constituyen prueba plena.

Su propuesta consistió en no declarar la validez —que no implica declarar la invalidez— de las elecciones para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales, salvo la de Toluca. También planteó entregar las constancias correspondientes y dar vista a las autoridades competentes.

El Consejo General continúa deliberando sobre cómo validar los resultados, mientras se mantiene en análisis un cambio respecto al proyecto inicial, que solo consideraba excluir 11 casillas de Michoacán, Guerrero y Chiapas. El nuevo enfoque contempla omitir las más de 800 casillas señaladas, sin que eso altere el resultado general.

A pesar del debate, esta misma tarde el INE entregará las constancias de mayoría a cinco ministras y cuatro ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La jornada electoral de este domingo en México, marcada por la inédita elección judicial, transcurrió con tensión, obstáculos y un bajo nivel de participación ciudadana, especialmente en regiones como Veracruz y Chiapas, donde la violencia y la falta de información empañaron el proceso.

En Veracruz, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirmó la instalación de casi el 100% de las casillas, sin embargo, ocho de ellas suspendieron temporalmente la votación ante riesgos de violencia. En el reporte de incidencias entregado por el OPLE dos horas antes del cierre de urnas, se documentaron agresiones entre simpatizantes, colocación de propaganda partidista en zonas prohibidas, intimidación a electores y un ataque con arma de fuego a la casa de campaña de una candidata del partido Movimiento Ciudadano, en el municipio de Xico. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

También se registraron irregularidades en el padrón. Al menos 56 personas lograron emitir su voto sin aparecer en la lista nominal, según reconoció el propio organismo estatal.

A nivel nacional, el contexto no fue menos complejo. Cientos de ciudadanos tuvieron que recorrer largas distancias desde comunidades marginadas del sur del país para poder ejercer su derecho al voto.  “Instalaron casillas normales, pero no especiales. El problema es la desinformación”, comentó un votante.

En San Juan Chamula, Chiapas, la participación fue baja durante las primeras horas del día. La comunidad tzotzil acudió lentamente a las urnas, y algunos electores tardaron hasta media hora en tomar su decisión. Uno de los votantes, lamentó la escasa asistencia: “Como que esta vez se vio un poquito débil”.

La violencia también hizo acto de presencia en Chiapas. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el robo de 25 paquetes electorales que contenían más de 138 mil boletas. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del INE en el estado, detalló que los hurtos ocurrieron entre el 29 y el 31 de mayo en Jiquipilas y Copainalá. En varios casos, los delincuentes engañaron o intimidaron a los responsables de las mesas directivas para sustraer la documentación oficial. Las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la fiscalía especializada en delitos electorales.

En este contexto de incertidumbre, cerca de 100 millones de ciudadanos fueron convocados para votar por más de 800 cargos judiciales federales entre más de 3,400 aspirantes. Esta elección ha sido fuertemente cuestionada por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales, quienes señalan la complejidad del proceso, la escasa información disponible y la preocupación por una posible injerencia del crimen organizado.

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

Con un tono directo y sin rodeos, el senador Gerardo Fernández Noroña dejó clara su postura frente a la participación ciudadana en la inédita elección judicial que se llevará a cabo este domingo. Afirmó que votar utilizando un acordeón ajeno equivale a copiar en un examen y que cada persona debe asumir la responsabilidad de su voto de manera informada y consciente.

Fernández Noroña, integrante del grupo parlamentario de Morena y actual presidente del Senado, anunció que ejercerá su voto después del mediodía en una casilla ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Explicó que, ante la complejidad de esta jornada electoral —en la que se elegirán jueces, magistrados y ministros— es comprensible llevar una guía personal, ya que memorizar todos los nombres es prácticamente imposible.

El senador comparó la práctica de votar con listas ajenas con las viejas artimañas de compra de votos por parte de partidos como el PRI y el PAN, una práctica que, según él, persiste en estados como Durango. “Es un delito, no sólo no es correcto”, sentenció.

Frente a los señalamientos sobre la distribución masiva de listas prediseñadas por simpatizantes de Morena, Fernández Noroña desestimó que esto empañe el proceso. Subrayó que lo verdaderamente importante es acudir a las urnas, pues los cargos se asignarán con base en los votos emitidos, independientemente del nivel de participación ciudadana.

“Votes o no votes, las personas juzgadoras que de ahí salgan, esas van a ser”, expresó. En este sentido, reiteró que la abstención no detiene la democracia, pero la participación activa puede influir de forma significativa en los resultados. Señaló que no involucrarse en los procesos políticos no evita que se tomen decisiones, y recordó que los espacios vacíos en política siempre terminan siendo ocupados.

La elección del domingo representa un momento inédito en la historia democrática del país. Nunca antes la ciudadanía había tenido la oportunidad de participar directamente en la elección de perfiles del Poder Judicial. Para Fernández Noroña, esto requiere de preparación previa y compromiso individual, más allá de las tendencias políticas o las recomendaciones externas.

Su mensaje final fue claro: cada voto cuenta y debe ejercerse con convicción y responsabilidad. El proceso no se detendrá, pero quienes participen pueden dejar huella en un momento clave para la vida pública del país.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcó posición de manera contundente ante las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien criticó sus movilizaciones por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y las relacionó con intereses de la derecha. En conferencia de prensa, los maestros negaron cualquier vínculo con partidos conservadores y reafirmaron su disposición para entablar un diálogo directo con la mandataria. 

Desde la Ciudad de México, representantes de la CNTE aclararon que su lucha no está influenciada por intereses externos. El secretario general de la sección 9, Pedro Hernández, aseguró que “nadie nos financia, nadie nos ordena” y reiteró el deslinde de partidos como el PRI y el PAN, así como de “la ultraderecha más recalcitrante”.

Hernández subrayó que la CNTE ha combatido históricamente a dichos grupos, por lo que calificó como un error que se les compare con actores políticos que representan intereses contrarios a los del magisterio. “Se equivoca la presidenta cuando quiere ponernos en ese mismo costal”, puntualizó el dirigente sindical, visiblemente firme en su postura.

En la misma línea, otros integrantes de la Coordinadora manifestaron su inconformidad con el discurso presidencial, al considerar que pone al magisterio en una posición de confrontación frente al pueblo. “No permitiremos que nos pongan en contra del pueblo, porque el magisterio somos pueblo”, enfatizaron durante su declaración, dejando en claro que su protesta es una forma legítima de exigir justicia social.

Los maestros confirmaron su disposición al diálogo, pero subrayaron que este debe darse directamente con la presidenta Sheinbaum, no con integrantes de su gabinete. Según sus declaraciones, lo que esperan son “nuevas respuestas” a sus demandas, particularmente en lo que respecta a la abrogación de la reforma de pensiones aprobada en el sexenio de Felipe Calderón.

La CNTE lamentó que una reunión programada con Sheinbaum el pasado viernes se haya cancelado, sin que hasta ahora haya claridad sobre la reprogramación ni sobre avances concretos en las exigencias planteadas. Aseguraron que hasta el momento, las respuestas del gobierno han sido evasivas y sin propuestas que representen un cambio significativo.

A pesar del clima tenso, los docentes reafirmaron que su manifestación se mantiene en los márgenes de la civilidad. Aclararon que “hoy no estamos en una situación de afectación directa a la población” y que su presencia en las calles es pacífica, en espera de ser escuchados.

De cara al proceso electoral del 1 de junio, la CNTE afirmó que “no hay una acción definida” y que su lucha no busca interferir con los comicios, sino llamar la atención sobre problemáticas que consideran históricamente desatendidas. En este contexto, señalaron que el titular de Educación les envió un mensaje informal proponiendo una conversación, pero sin establecer lugar ni fecha, lo cual consideraron insuficiente.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró desde Palacio Nacional que su administración ha mantenido canales de comunicación abiertos con los maestros, aunque expresó su preocupación por los amagos de boicot a la elección judicial. “Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral?”, expresó ante la prensa.

La mandataria reconoció que su gobierno no comparte la reforma impulsada en 2007, pero advirtió que su revocación implicaría una carga fiscal insostenible para el Estado mexicano. Reiteró que se mantendrá abierta al diálogo, pero condenó que la CNTE traslade sus exigencias a otros terrenos como la reforma al Poder Judicial o acciones que impacten a la ciudadanía, como los bloqueos al aeropuerto capitalino.

La disputa entre la Coordinadora y el gobierno federal mantiene un tenso equilibrio entre el reclamo social y la gobernabilidad, mientras el magisterio exige atención real y soluciones concretas.