Etiqueta: ONU

Durante la clausura de la Global Progressive Mobilisation en Barcelona, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, planteó la necesidad de transformar el sistema multilateral y reformar las Naciones Unidas, incluyendo la eliminación del poder de veto, al considerar que este mecanismo limita la acción internacional en momentos clave.

En su intervención, la funcionaria mexicana advirtió sobre los desafíos que enfrenta la cooperación global en un contexto internacional marcado por tensiones y fragmentación. Bajo ese escenario, afirmó que la estructura actual de la ONU requiere ajustes para responder con mayor eficacia a los retos contemporáneos. 

“Ningún país por muy poderoso que sea puede seguir comportándose unilateralmente. Debemos eliminar de Naciones Unidas el veto que paraliza; la respuesta progresista debe ser global, solidaria y renovada”, expresó durante su participación.

Bárcena también insistió en la importancia de fortalecer el multilateralismo y la democracia internacional como herramientas para enfrentar conflictos y promover la estabilidad. En ese sentido, se sumó al llamado del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien previamente había planteado la necesidad de impulsar la paz en el escenario global.

“Tenemos que fortalecer el multilateralismo, la democracia internacional. No podemos perderla como progresistas, la estamos perdiendo.”, señaló la excanciller del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, la funcionaria agradeció al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por la organización del foro, el cual se desarrolló en paralelo con la Cumbre por la Defensa de la Democracia. En este contexto, reiteró que la cooperación internacional resulta indispensable ante un panorama global complejo.

Bárcena enfatizó que alcanzar la paz requiere una reforma estructural del sistema internacional. A su juicio, una ONU más equilibrada permitiría una mayor representación y facilitaría acuerdos globales. “La paz solo se va a lograr si logramos unas Naciones Unidas más equitativas, mucho más simétricas”, afirmó, al subrayar la urgencia de fortalecer el multilateralismo en un mundo que describió como fragmentado.

Las declaraciones de la secretaria mexicana se producen después de que el año pasado manifestara públicamente su interés por competir por la Secretaría General de la ONU, cargo que quedará vacante cuando António Guterres concluya su mandato en 2026. En aquella ocasión, destacó la posibilidad de que una mujer ocupara el cargo.  

Sin embargo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum optó por respaldar a la expresidenta chilena Michelle Bachelet, al considerar que su visión “pacifista del mundo” “nos va a ayudar muchísimo”. Al cierre de su participación, Bárcena reiteró la urgencia de renovar el sistema internacional y reforzar la cooperación global.

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), retomó sus actividades públicas este lunes tras haberse sometido a una intervención quirúrgica y encabezó la inauguración de la reunión anual de embajadores y cónsules de México. El encuentro sirvió como marco para que el canciller expusiera la visión del gobierno mexicano frente a los principales retos del escenario internacional, con énfasis en el papel de los organismos multilaterales, los conflictos armados vigentes y la situación en Venezuela.

Durante su intervención, De la Fuente abordó la reciente incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano con el objetivo de detener a Nicolás Maduro. En ese contexto, reiteró la postura oficial del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual condena este tipo de acciones armadas y refrenda el respeto al derecho internacional y a la soberanía de los Estados como principios rectores de la política exterior mexicana.

El canciller se refirió al funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que reconoció como un espacio legítimo para denunciar abusos y atropellos en el ámbito global. No obstante, advirtió que en los últimos años el organismo ha mostrado limitaciones para contener los excesos de las potencias y frenar prácticas que vulneran el orden jurídico internacional. 

En ese sentido, señaló que esta debilidad ha propiciado condiciones para la construcción de discursos cerrados y excluyentes. “Se han creado, pues, condiciones propicias para narrativas que sólo miran hacia adentro y pretenden ignorar el entorno, lo cual favorece el surgimiento de actores y movimientos ultraconservadores”, expresó.

De la Fuente también subrayó que la comunidad internacional atraviesa un periodo marcado por la fragmentación y la desconfianza, lo que ha desplazado a la cooperación y a la solidaridad como mecanismos para la defensa del Estado de derecho. Esta falta de cohesión, explicó, dificulta la respuesta colectiva ante crisis humanitarias y conflictos armados que impactan directamente a la población civil.

En ese contexto, mencionó que guerras y enfrentamientos en regiones como Ucrania, Sudán y Gaza han puesto a prueba el compromiso global con la dignidad humana y el respeto a las normas internacionales. Al respecto, afirmó que “el andamiaje jurídico internacional enfrenta múltiples desafíos como resultado de la aplicación de dobles estándares y de un renovado apetito en diversas regiones del mundo por las actuaciones bélicas”.

Frente a este panorama, el secretario de Relaciones Exteriores destacó la disposición de México para fungir como facilitador de diálogo y entendimiento con miras a la construcción de la paz regional, particularmente en América Latina y el Caribe, en apego a los principios de solución pacífica de controversias.

En el ámbito institucional, De la Fuente informó que este lunes se publicaron las convocatorias para los procesos de ascenso dentro del Servicio Exterior Mexicano, tanto en su rama diplomática como en la técnica, como parte del fortalecimiento profesional de la cancillería y de la representación del país en el exterior.

La captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de Estados Unidos detonó una crisis de alcance internacional que reconfiguró, en cuestión de horas, el escenario político y diplomático en torno a Venezuela. A las condenas por el uso de la fuerza se sumaron llamados urgentes a la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras sectores opositores venezolanos proclamaron el inicio de una nueva etapa política.

Desde México, el gobierno federal fijó una postura inmediata y contundente. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, condenó “enérgicamente” las acciones militares ejecutadas por Estados Unidos en territorio venezolano, al considerar que constituyen una violación directa al artículo 2 de la Carta de la ONU. El pronunciamiento subrayó que el uso unilateral de la fuerza vulnera principios fundamentales del derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad regional.

En su posicionamiento, México urgió a Naciones Unidas a actuar de forma inmediata para contener la escalada del conflicto, promover el diálogo y generar condiciones que permitan una solución pacífica y sostenible. El comunicado enfatizó que América Latina y el Caribe han sido concebidos como una zona de paz basada en el respeto mutuo entre Estados, y advirtió que cualquier ofensiva militar compromete ese equilibrio.

La reacción diplomática se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara públicamente que su país llevó a cabo una ofensiva a gran escala en Venezuela. De acuerdo con su declaración, la operación concluyó con la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama, quienes fueron sacados del país por vía aérea. Este anuncio se dio en medio de reportes de bombardeos en Caracas y otras ciudades venezolanas.

Ante estos hechos, el gobierno de Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que las autoridades venezolanas no conocen el paradero actual de Maduro ni de Cilia Flores, lo que incrementó la incertidumbre política e institucional tras los ataques.

Mientras se desarrollaban las gestiones diplomáticas, la oposición venezolana reaccionó con mensajes que anticipan un cambio de rumbo. La dirigente María Corina Machado afirmó que la captura de Maduro marca el inicio de la “hora de la libertad” para el país. En un comunicado difundido en la red social X, sostuvo que el exmandatario deberá responder por los crímenes que se le atribuyen y señaló que Estados Unidos hizo valer la ley tras el fracaso de una salida negociada.

Machado aseguró que su movimiento se encuentra preparado para asumir el control político e iniciar un proceso de transición. Entre los objetivos que mencionó se encuentran la liberación de presos políticos, la reconstrucción institucional y el retorno de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el extranjero. Asimismo, afirmó que Edmundo González, a quien identificó como vencedor de las elecciones de julio, debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de las fuerzas armadas.

La líder opositora, quien salió de Venezuela en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, llamó a la población dentro y fuera del país a mantenerse organizada y atenta hasta que se concrete la transición democrática. En paralelo, la comunidad internacional continúa evaluando los alcances políticos, jurídicos y humanitarios de los hechos que colocaron nuevamente a Venezuela en el centro de la agenda global.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la posición de México en el voto realizado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el país respaldó la resolución para retirar el bloqueo económico a Cuba, medida que Estados Unidos mantiene desde hace más de seis décadas. La mandataria subrayó que la política exterior mexicana se define dentro del país y no por presiones externas, en respuesta a las críticas del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que México mantiene una relación estable con Washington, pero que su gobierno ejerce una política exterior independiente y guiada por principios de soberanía. La presidenta destacó que la postura adoptada en la ONU está en línea con la tradición diplomática mexicana de respeto al derecho internacional y de rechazo a las medidas coercitivas unilaterales.

El voto de México se dio en un contexto de renovada tensión diplomática con Estados Unidos, luego de que Landau calificara de “decepcionante” la decisión mexicana y acusara al gobierno de enviar grandes cantidades de petróleo a Cuba. Sus declaraciones también incluyeron críticas al sistema político cubano, al que comparó con regímenes autoritarios del pasado.

La votación en la ONU reunió el respaldo de 187 países a favor de levantar el embargo estadounidense, mientras que solo Estados Unidos e Israel votaron en contra. El resultado volvió a colocar el tema en el centro del debate internacional sobre el impacto humanitario y económico del bloqueo impuesto a la isla desde 1962.

Desde el inicio de su administración, Sheinbaum ha mantenido la línea diplomática tradicional de México, basada en los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y cooperación internacional para el desarrollo. La presidenta reiteró que su gobierno busca el diálogo y la cooperación con Washington, especialmente en materia comercial y de seguridad, pero sin ceder en decisiones que afectan la soberanía nacional.

La tensión entre ambos países se produce en un momento en que México y Estados Unidos negocian nuevos acuerdos comerciales y de seguridad fronteriza, lo que convierte la relación bilateral en una de las prioridades estratégicas de ambos gobiernos.

Con esta postura, el gobierno mexicano reafirma su papel como interlocutor autónomo en la política internacional, que mantiene relaciones abiertas tanto con Estados Unidos como con América Latina. La defensa de la soberanía y la autodeterminación sigue siendo el eje de su diplomacia, incluso frente a las críticas de su principal socio económico.

En un escenario global marcado por tensiones políticas y económicas, la decisión de México vuelve a subrayar su posición histórica de independencia en política exterior, una línea que el país ha mantenido durante décadas frente a los cambios en Washington y en el tablero internacional.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles la conformación de un comité de solidaridad que tendrá como función central recibir y administrar las donaciones ciudadanas destinadas a las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Brugada explicó que la decisión responde a las peticiones de distintos sectores de la población que han solicitado un mecanismo transparente para canalizar apoyos. Este comité estará integrado por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cruz Roja, así como miembros de la sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

“El objetivo de este comité será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias para las personas lesionadas y las familias”, precisó la mandataria capitalina. Indicó además que en los próximos días se definirá una cuenta bancaria para la recepción de recursos, con el propósito de que éstos se distribuyan de manera ordenada y directa entre los afectados.

A una semana del accidente, Brugada informó que ya se han entregado apoyos emergentes a las víctimas hospitalizadas, a quienes han sido dadas de alta y a las familias de las personas fallecidas. Aunque no detalló montos, aseguró que también se han brindado alimentos, atención de salud mental y asesoría jurídica.

En paralelo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer los avances de la investigación sobre el siniestro ocurrido en la autopista México-Texcoco, a la altura del cruce con la México-Puebla. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que la pipa transportaba gas LP desde Tuxpan, Veracruz, con destino a una gasera ubicada en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con el peritaje, el vehículo circulaba a exceso de velocidad al tomar la salida hacia la autopista México-Puebla, donde existe una curva con pendiente positiva. En ese tramo perdió el control e impactó primero contra el muro de contención exterior. Posteriormente cambió de dirección y golpeó un segundo muro interior.

El fuerte impacto provocó que el contenedor se volcara y recibiera un golpe adicional en la parte frontal izquierda, lo que ocasionó una fractura de aproximadamente 40 centímetros. Por esa abertura se fugó el gas que transportaba la unidad.

La fiscal detalló que la fractura pudo haberse originado por el choque con un objeto rígido, ya sea una pieza del propio camión o fragmentos de los muros. El gas se expandió a lo largo de un área de 180 metros, donde finalmente una chispa generó el incendio que derivó en la explosión.

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

El sistema judicial mexicano se encuentra en una encrucijada tras la admisión de una queja internacional contra el proceso de elecciones populares para jueces y magistrados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha solicitado detener de inmediato la elección judicial promovida por el Estado mexicano, al considerar que pone en riesgo la autonomía judicial.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó una comunicación conjunta presentada por la JUFED y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. En este documento se señala que la reforma judicial impulsada por el gobierno compromete la independencia del Poder Judicial, al establecer que los cargos de jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular.

La JUFED ha sido categórica en su postura. Califica el proceso como una amenaza directa a la división de poderes y una transgresión a principios democráticos fundamentales. En su comunicado más reciente, destaca que el Comité de la ONU ha solicitado al Estado mexicano implementar medidas de protección para jueces y magistrados. La finalidad es garantizar su seguridad e impedir represalias por haber acudido al sistema internacional de derechos humanos.

Este llamado internacional marca un momento clave en el debate nacional sobre la reforma judicial. La JUFED afirma que la decisión del Comité representa un reconocimiento del riesgo que enfrentan actualmente los integrantes del Poder Judicial mexicano. En este contexto, subraya que continuar con el proceso electoral sin acatar las medidas provisionales establecidas por la ONU sería una “violación flagrante” de los compromisos internacionales firmados por México.

El mecanismo de elección popular para cargos judiciales federales no tiene precedente en el país y ha generado una intensa controversia. Se contempla someter a votación 881 cargos judiciales, lo que ha despertado preocupación entre sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones del sector. Las críticas se enfocan en las posibles consecuencias para la imparcialidad y la profesionalización del sistema judicial.

La JUFED considera que las repercusiones de este proceso pueden ser graves y duraderas para la institucionalidad democrática del país. La observación internacional se intensifica mientras se define el curso de una reforma que podría transformar de manera profunda el equilibrio de poderes en México. En este escenario, la exigencia es clara: suspender el proceso mientras se resuelve la queja ante las instancias correspondientes. La decisión, ahora, está en manos del Estado.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido un llamado urgente al Estado mexicano. El foco: el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Este sitio, recientemente identificado como campo de reclutamiento y ejecución, debe ser resguardado de inmediato, junto con todos los restos y pruebas localizadas.

Las acciones solicitadas incluyen análisis genéticos inmediatos de los fragmentos óseos encontrados, comparación con perfiles de personas desaparecidas, y un estudio profundo de los objetos personales hallados. Además, se subraya la importancia de respetar rigurosamente la cadena de custodia en cada etapa del proceso.

El Comité también enfatiza la necesidad de una búsqueda e investigación exhaustivas y coordinadas, que incluyan activamente a los familiares y sus representantes. Todo esto en respuesta a las solicitudes presentadas por la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quienes documentaron 18 casos respaldados con medidas cautelares ante instancias internacionales.

Raymundo Sandoval, vocero de la Plataforma, destaca la urgencia de garantizar no solo el resguardo de pruebas, sino también la participación significativa de las familias afectadas. Su preocupación, compartida por diversos colectivos y organismos como el Cepad y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se intensifica tras el operativo realizado por las autoridades en el rancho, que dejó un sabor amargo entre los asistentes por la falta de transparencia y sensibilidad.

El Comité expresó inquietud por el riesgo de daño irreparable a las evidencias recuperadas, así como por las denuncias de intimidación y amenazas dirigidas a los colectivos de búsqueda que realizaron el hallazgo. A pesar de contar con medidas cautelares por parte del Estado mexicano, sus integrantes no se sienten seguros.

Además del resguardo físico, el Comité exige al Estado garantizar acceso a información sobre el avance de las investigaciones y mecanismos reales de participación para los familiares. Se hace un llamado a reforzar la protección de quienes integran los colectivos de búsqueda, frente a un panorama alarmante: en los últimos quince años, 24 buscadores han sido asesinados y cuatro más desaparecidos, entre ellos Teresa González Murillo, quien murió días después de un atentado mientras buscaba a su hermano.

El Comité anunció que activará el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que contempla la intervención de la Asamblea General de la ONU en casos donde se detecte que este crimen ocurre de manera generalizada o sistemática.

La atención internacional está puesta sobre México. El mensaje es claro: no puede haber más omisiones ni negligencia frente a una crisis que duele y se expande. Las decisiones tomadas hoy determinarán el rumbo de la justicia para miles de familias.