Sheinbaum reafirma soberanía de México tras críticas de EU por apoyo a Cuba en la ONU

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la posición de México en el voto realizado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el país respaldó la resolución para retirar el bloqueo económico a Cuba, medida que Estados Unidos mantiene desde hace más de seis décadas. La mandataria subrayó que la política exterior mexicana se define dentro del país y no por presiones externas, en respuesta a las críticas del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que México mantiene una relación estable con Washington, pero que su gobierno ejerce una política exterior independiente y guiada por principios de soberanía. La presidenta destacó que la postura adoptada en la ONU está en línea con la tradición diplomática mexicana de respeto al derecho internacional y de rechazo a las medidas coercitivas unilaterales.

El voto de México se dio en un contexto de renovada tensión diplomática con Estados Unidos, luego de que Landau calificara de “decepcionante” la decisión mexicana y acusara al gobierno de enviar grandes cantidades de petróleo a Cuba. Sus declaraciones también incluyeron críticas al sistema político cubano, al que comparó con regímenes autoritarios del pasado.

La votación en la ONU reunió el respaldo de 187 países a favor de levantar el embargo estadounidense, mientras que solo Estados Unidos e Israel votaron en contra. El resultado volvió a colocar el tema en el centro del debate internacional sobre el impacto humanitario y económico del bloqueo impuesto a la isla desde 1962.

Desde el inicio de su administración, Sheinbaum ha mantenido la línea diplomática tradicional de México, basada en los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y cooperación internacional para el desarrollo. La presidenta reiteró que su gobierno busca el diálogo y la cooperación con Washington, especialmente en materia comercial y de seguridad, pero sin ceder en decisiones que afectan la soberanía nacional.

La tensión entre ambos países se produce en un momento en que México y Estados Unidos negocian nuevos acuerdos comerciales y de seguridad fronteriza, lo que convierte la relación bilateral en una de las prioridades estratégicas de ambos gobiernos.

Con esta postura, el gobierno mexicano reafirma su papel como interlocutor autónomo en la política internacional, que mantiene relaciones abiertas tanto con Estados Unidos como con América Latina. La defensa de la soberanía y la autodeterminación sigue siendo el eje de su diplomacia, incluso frente a las críticas de su principal socio económico.

En un escenario global marcado por tensiones políticas y económicas, la decisión de México vuelve a subrayar su posición histórica de independencia en política exterior, una línea que el país ha mantenido durante décadas frente a los cambios en Washington y en el tablero internacional.

CDMX anuncia comité para víctimas y revela causas de accidente en Puente de la Concordia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles la conformación de un comité de solidaridad que tendrá como función central recibir y administrar las donaciones ciudadanas destinadas a las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Brugada explicó que la decisión responde a las peticiones de distintos sectores de la población que han solicitado un mecanismo transparente para canalizar apoyos. Este comité estará integrado por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cruz Roja, así como miembros de la sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

“El objetivo de este comité será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias para las personas lesionadas y las familias”, precisó la mandataria capitalina. Indicó además que en los próximos días se definirá una cuenta bancaria para la recepción de recursos, con el propósito de que éstos se distribuyan de manera ordenada y directa entre los afectados.

A una semana del accidente, Brugada informó que ya se han entregado apoyos emergentes a las víctimas hospitalizadas, a quienes han sido dadas de alta y a las familias de las personas fallecidas. Aunque no detalló montos, aseguró que también se han brindado alimentos, atención de salud mental y asesoría jurídica.

En paralelo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer los avances de la investigación sobre el siniestro ocurrido en la autopista México-Texcoco, a la altura del cruce con la México-Puebla. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que la pipa transportaba gas LP desde Tuxpan, Veracruz, con destino a una gasera ubicada en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con el peritaje, el vehículo circulaba a exceso de velocidad al tomar la salida hacia la autopista México-Puebla, donde existe una curva con pendiente positiva. En ese tramo perdió el control e impactó primero contra el muro de contención exterior. Posteriormente cambió de dirección y golpeó un segundo muro interior.

El fuerte impacto provocó que el contenedor se volcara y recibiera un golpe adicional en la parte frontal izquierda, lo que ocasionó una fractura de aproximadamente 40 centímetros. Por esa abertura se fugó el gas que transportaba la unidad.

La fiscal detalló que la fractura pudo haberse originado por el choque con un objeto rígido, ya sea una pieza del propio camión o fragmentos de los muros. El gas se expandió a lo largo de un área de 180 metros, donde finalmente una chispa generó el incendio que derivó en la explosión.

Tribunal Electoral limita uso de propaganda personalizada en la histórica elección judicial

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

Jueces federales exigen freno a reforma judicial tras intervención del Comité de Derechos Humanos de la ONU

El sistema judicial mexicano se encuentra en una encrucijada tras la admisión de una queja internacional contra el proceso de elecciones populares para jueces y magistrados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha solicitado detener de inmediato la elección judicial promovida por el Estado mexicano, al considerar que pone en riesgo la autonomía judicial.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó una comunicación conjunta presentada por la JUFED y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. En este documento se señala que la reforma judicial impulsada por el gobierno compromete la independencia del Poder Judicial, al establecer que los cargos de jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular.

La JUFED ha sido categórica en su postura. Califica el proceso como una amenaza directa a la división de poderes y una transgresión a principios democráticos fundamentales. En su comunicado más reciente, destaca que el Comité de la ONU ha solicitado al Estado mexicano implementar medidas de protección para jueces y magistrados. La finalidad es garantizar su seguridad e impedir represalias por haber acudido al sistema internacional de derechos humanos.

Este llamado internacional marca un momento clave en el debate nacional sobre la reforma judicial. La JUFED afirma que la decisión del Comité representa un reconocimiento del riesgo que enfrentan actualmente los integrantes del Poder Judicial mexicano. En este contexto, subraya que continuar con el proceso electoral sin acatar las medidas provisionales establecidas por la ONU sería una “violación flagrante” de los compromisos internacionales firmados por México.

El mecanismo de elección popular para cargos judiciales federales no tiene precedente en el país y ha generado una intensa controversia. Se contempla someter a votación 881 cargos judiciales, lo que ha despertado preocupación entre sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones del sector. Las críticas se enfocan en las posibles consecuencias para la imparcialidad y la profesionalización del sistema judicial.

La JUFED considera que las repercusiones de este proceso pueden ser graves y duraderas para la institucionalidad democrática del país. La observación internacional se intensifica mientras se define el curso de una reforma que podría transformar de manera profunda el equilibrio de poderes en México. En este escenario, la exigencia es clara: suspender el proceso mientras se resuelve la queja ante las instancias correspondientes. La decisión, ahora, está en manos del Estado.

Teuchitlán en la mira mundial de la ONU: Exige acción inmediata del estado mexicano

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha emitido un llamado urgente al Estado mexicano. El foco: el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Este sitio, recientemente identificado como campo de reclutamiento y ejecución, debe ser resguardado de inmediato, junto con todos los restos y pruebas localizadas.

 

Las acciones solicitadas incluyen análisis genéticos inmediatos de los fragmentos óseos encontrados, comparación con perfiles de personas desaparecidas, y un estudio profundo de los objetos personales hallados. Además, se subraya la importancia de respetar rigurosamente la cadena de custodia en cada etapa del proceso.

 

El Comité también enfatiza la necesidad de una búsqueda e investigación exhaustivas y coordinadas, que incluyan activamente a los familiares y sus representantes. Todo esto en respuesta a las solicitudes presentadas por la consultora Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quienes documentaron 18 casos respaldados con medidas cautelares ante instancias internacionales.

 

Raymundo Sandoval, vocero de la Plataforma, destaca la urgencia de garantizar no solo el resguardo de pruebas, sino también la participación significativa de las familias afectadas. Su preocupación, compartida por diversos colectivos y organismos como el Cepad y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se intensifica tras el operativo realizado por las autoridades en el rancho, que dejó un sabor amargo entre los asistentes por la falta de transparencia y sensibilidad.

 

El Comité expresó inquietud por el riesgo de daño irreparable a las evidencias recuperadas, así como por las denuncias de intimidación y amenazas dirigidas a los colectivos de búsqueda que realizaron el hallazgo. A pesar de contar con medidas cautelares por parte del Estado mexicano, sus integrantes no se sienten seguros.

 

Además del resguardo físico, el Comité exige al Estado garantizar acceso a información sobre el avance de las investigaciones y mecanismos reales de participación para los familiares. Se hace un llamado a reforzar la protección de quienes integran los colectivos de búsqueda, frente a un panorama alarmante: en los últimos quince años, 24 buscadores han sido asesinados y cuatro más desaparecidos, entre ellos Teresa González Murillo, quien murió días después de un atentado mientras buscaba a su hermano.

 

El Comité anunció que activará el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que contempla la intervención de la Asamblea General de la ONU en casos donde se detecte que este crimen ocurre de manera generalizada o sistemática.

 

La atención internacional está puesta sobre México. El mensaje es claro: no puede haber más omisiones ni negligencia frente a una crisis que duele y se expande. Las decisiones tomadas hoy determinarán el rumbo de la justicia para miles de familias.

Sheinbaum defiende el Golfo de México: una identidad con siglos de historia

En un firme mensaje desde su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”.Sheinbaum subrayó que el nombre del Golfo de México es reconocido internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que su significado trasciende fronteras y generaciones.

 

El comentario del mandatario electo estadounidense, quien asumirá la presidencia en dos semanas, generó controversia al sugerir que la región compartida por ambos países debería llevar un nombre distinto. Para Trump, el cambio reflejaría un enfoque más alineado con su visión de Estados Unidos, pero Sheinbaum lo contradijo con un enfoque histórico y cultural que resalta la importancia de preservar una denominación que ha perdurado más de cinco siglos.

 

La presidenta recordó que, desde mapas tan antiguos como un mapamundi holandés de 1607, el Golfo de México ya era reconocido con ese nombre, al igual que la región norte del continente como “América Mexicana”. Con un toque reflexivo, Sheinbaum propuso recuperar ese término histórico para resaltar las raíces compartidas y la relevancia de México en el continente.

 

“El Golfo de México tiene una historia que no se puede borrar con discursos”, afirmó Sheinbaum. Además, criticó lo que consideró una falta de información por parte de Trump, quien vinculó a México con el narcotráfico en declaraciones recientes. “En México ya no gobiernan los corruptos. Hoy gobierna el pueblo”, enfatizó.

 

La discusión sobre el Golfo de México va más allá de un simple nombre. Representa una pugna simbólica por la narrativa y el reconocimiento histórico entre dos países cuyas trayectorias han estado entrelazadas. Sheinbaum mostró un mapa del siglo XVII para reforzar la legitimidad de su postura, destacando que el Golfo de México ha sido un referente geográfico, económico y cultural por siglos.

 

Las declaraciones de Trump, aunque polémicas, abren un espacio para reflexionar sobre cómo la historia y los símbolos son utilizados en las relaciones internacionales. Mientras el mandatario electo busca imponer una visión unilateral, México defiende su identidad y legado, recordando que los nombres y su significado importan tanto como las acciones que los respaldan.

 

El Golfo de México no es solo una extensión de agua. Es un testigo mudo de siglos de interacción, comercio, cultura y disputas, una conexión que ni el tiempo ni los discursos pueden diluir.

Claudia Sheinbaum y Malala Yousafzai se unen por la educación de las mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con la activista y premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzai. Durante el encuentro, ambas destacaron la importancia de impulsar el acceso a la educación para mujeres y niñas.

Sheinbaum expresó su postura sobre el tema, mencionando: “Recibí a Malala Yousafzai en Palacio Nacional, donde coincidimos en que la educación es un derecho fundamental para todas las niñas y jóvenes. Las mujeres podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”.

Malala, quien se ha convertido en un símbolo global de la lucha por la educación femenina, vivió un episodio trágico en 2012 cuando fue atacada por oponerse a las restricciones impuestas por los talibanes en Pakistán. Este atentado, ocurrido mientras volvía a casa de la escuela, generó una ola de solidaridad internacional y llevó a más de 2 millones de personas en su país a firmar una petición por el derecho a la educación. Como resultado, la Asamblea Nacional de Pakistán aprobó la primera ley que garantiza una educación gratuita y obligatoria.

La historia de Malala comenzó en 2009, cuando escribió un blog bajo un pseudónimo sobre la creciente presencia militar en su pueblo y las restricciones que amenazaban a las escuelas. Tras conocerse su identidad, ella y su padre, Ziauddin Yousafzai, continuaron luchando por la educación femenina. Juntos crearon el Fondo Malala en 2013, con el objetivo de empoderar a las niñas para exigir cambios.

En 2014, Malala se convirtió en la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz, y en 2017 fue nombrada Mensajera de la Paz de la ONU por el Secretario General António Guterres, reconociendo su trabajo en la promoción del derecho a la educación para las niñas.

Magistrados y jueces denuncian reforma judicial como “golpe de Estado” y piden condena internacional

Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación calificaron este lunes como un “golpe de Estado” la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados en el Congreso en septiembre pasado. Los funcionarios judiciales hicieron un llamado a organismos internacionales, como la ONU, y a gobiernos democráticos para condenar la medida, argumentando que representa un “retroceso jurídico y democrático”.

Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), expresó en conferencia de prensa: “Hacemos un llamado a la sociedad y a la comunidad internacional a no permanecer en silencio ante este golpe de Estado franco y abierto”.

En un sentido similar, Iliana Fabricia Contreras, magistrada y directora nacional de Organización de la JUFED, coincidió en que la reforma representa un “golpe de Estado” y advirtió que México podría estar encaminándose hacia una “dictadura”. “Hoy, no solo está en riesgo la posición de jueces y magistrados, sino la democracia y el equilibrio de poderes. Estamos en un momento en el que el Poder Judicial de la Federación podría desaparecer, lo cual es un claro camino hacia una dictadura”, afirmó Contreras.

Según la Enciclopedia Política de Rodrigo Borja, un golpe de Estado se define como “un cambio violento de gobierno que se lleva a cabo violando las normas constitucionales, en el que participan los propios gobernantes o sectores cercanos a ellos”.

La JUFED calificó la reforma judicial como un “retroceso democrático” y solicitó la intervención de la comunidad internacional, así como el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender al Poder Judicial. “Hacemos un llamado a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a que condenen este retroceso que coloca a México del lado de las autocracias”, señaló Fuentes Velázquez al leer un comunicado de la asociación.

Además, la organización pidió a la SCJN asumir su responsabilidad en la defensa de la independencia judicial. “Exhortamos a la Suprema Corte a que defienda al Poder Judicial en este momento histórico”, concluyeron.

La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso, ya está en marcha, con el inicio del proceso para la elección de jueces en 2025.

Familiares de Activista Desaparecida en Oaxaca Piden Intervención de Claudia Sheinbaum

En una emotiva conferencia de prensa, Marina Martínez, madre de la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez, solicitó apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para encontrar a su hija, quien desapareció junto con su esposo, Alexander Hernández Hernández, el pasado 4 de octubre. Sandra fue vista por última vez en la comunidad de Marca Lombardo del Caso, ubicada en San Juan Cotzocón, cerca de los límites entre Oaxaca y Veracruz. A una semana de su desaparición, los familiares se dirigieron a los medios para pedir al gobierno local y federal que intensifiquen los esfuerzos en su búsqueda.

“Le pido al gobierno que realice una investigación a fondo para saber dónde está mi hija. Presidenta Sheinbaum, ayúdeme a encontrarla, ¡La quiero viva!, eso es lo único que pido, por favor”, expresó Martínez a medios de comunicación en Oaxaca. Durante la conferencia, la hermana de la activista, Kenia Josefa Domínguez Martínez, hizo públicas dos cartas dirigidas tanto al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, como a Claudia Sheinbaum, en las que solicita que se amplíen los operativos de búsqueda, incluso más allá de Oaxaca.

“Nos sentimos desesperados y vulnerables como familia. Apelamos a la sensibilidad y compromiso con los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos. Pedimos apoyo para que se intensifiquen las búsquedas y se destinen recursos adicionales para este caso. La intervención de las autoridades podría ser crucial en la localización de mi hermana y en la atención a casos de personas desaparecidas en México”, se lee en una de las cartas.

Un dato que preocupa a la familia y que ha motivado su llamado urgente a las autoridades es el hallazgo del vehículo de Sandra y Alexander en la frontera entre Oaxaca y Veracruz días después de la desaparición. Pese a este descubrimiento, no se han reportado avances en la investigación.

El 9 de octubre, Araceli Cruz, diputada federal del Partido del Trabajo, denunció públicamente la desaparición de la activista durante una sesión en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Además, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación a través de redes sociales, exhortando a las autoridades locales y federales a coordinar esfuerzos para esclarecer el caso y localizar a Sandra con vida.

Sandra Estefana Domínguez Martínez es la primera defensora de derechos humanos reportada como desaparecida en el recién iniciado gobierno de Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Sandra Estefana Domínguez Martínez?

Originaria de la región Mixe en Oaxaca, Sandra Estefana Domínguez Martínez es una abogada y activista en defensa de los derechos de las mujeres indígenas. Había denunciado casos de violencia de género en el estado y señalado a Donato Vargas Jiménez por formar parte de un grupo de WhatsApp en el que se compartía contenido íntimo de mujeres indígenas. Fue militante del Partido Revolucionario Institucional y candidata a diputada local por la coalición PAN-PRI-PRD. A sus 38 años, enfrentó amenazas de muerte tras denunciar la existencia de grupos de chat, como ‘Sierra XXX’ y ‘Mepa Peda’, en los que participaban funcionarios estatales y federales.

La ONU denuncia fallas en el sistema judicial mexicano y prácticas de detención arbitraria

Un Grupo de Trabajo de la ONU ha destacado la persistencia de la detención arbitraria en México y ha señalado las deficiencias en el sistema de justicia penal, especialmente en relación con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Estos mecanismos, además de fomentar el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, también han derivado en interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a defensores calificados y presiones al Poder Judicial por parte del Ejecutivo.

El informe revela que, en 2022, aproximadamente 50% de las 90 mil personas detenidas sin sentencia se encontraban bajo prisión preventiva oficiosa. Aunque el uso del arraigo se ha reducido desde 2013, sigue siendo una práctica vigente, con 25 casos registrados en 2022. El Grupo recordó que en 2019 se presentó una propuesta en el Senado para eliminar el arraigo de la Constitución, y en 2023 se presentaron medidas para acelerar este proceso legislativo.

El organismo internacional instó a México a llevar a cabo reformas que eliminen tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa, y sugirió adoptar medidas que garanticen una mayor protección contra la detención arbitraria. También hizo un llamado a reforzar la independencia judicial, un principio que, señaló, debe guiar la actuación de todas las autoridades del Estado.

La ONU subrayó que la prisión preventiva oficiosa es una violación del derecho a la libertad personal, afectando además la presunción de inocencia, la integridad personal, y la igualdad ante la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha declarado que México está incumpliendo con sus obligaciones internacionales al mantener esta figura.

El informe también criticó las presiones que han sufrido los jueces por parte del Ejecutivo, particularmente cuando sus decisiones contradicen las iniciativas gubernamentales. Esta presión se ha evidenciado en el espacio conocido como “Cero impunidad”, en el cual se exhibe públicamente a jueces por decisiones controvertidas. Asimismo, el Grupo de Trabajo manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios al Poder Judicial, señalando que estos han mermado su capacidad para operar de manera independiente.

Otro aspecto grave señalado por el Grupo fue el uso sistemático de la violencia durante los arrestos. Las personas detenidas, en muchos casos, son sometidas a torturas y maltratos con el fin de obtener confesiones o información. El informe también denunció que estas prácticas se emplean para humillar y castigar, afectando de manera desproporcionada a los grupos indígenas, quienes son maltratados durante los arrestos.

Por último, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno de México a garantizar que todas las detenciones sean registradas en el Registro Nacional de Detenciones, y que tanto funcionarios civiles como militares estén conscientes de su responsabilidad en este proceso.