Etiqueta: Poder Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la controversia generada en torno a Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de la difusión de un video en el que se observa a dos empleados limpiándole los zapatos en plena vía pública. De acuerdo con la mandataria, las críticas dirigidas al ministro no se explican únicamente por las imágenes, sino por el desacuerdo de diversos sectores con los cambios recientes en el Poder Judicial.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que Aguilar ofreció una explicación pública sobre lo ocurrido y presentó una disculpa tras el incidente registrado previo a la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la Constitución, celebrada en Querétaro. Señaló que el ministro presidente dio a conocer las razones del hecho y asumió su responsabilidad al pronunciarse de manera directa.

“Dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas y digamos que pues él tiene que dar su explicación. Pero todo lo que han hecho alrededor de esto, es en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial”, expresó la presidenta ante medios de comunicación.

Sheinbaum evitó adelantar si la difusión del video podría afectar la imagen o el funcionamiento de la nueva integración de la Corte. En ese contexto, subrayó que lo negativo habría sido que el ministro no hubiera fijado una postura frente a lo ocurrido. Asimismo, hizo un llamado general a las y los servidores públicos para mantener una conducta basada en la humildad en el ejercicio de sus funciones.

El video que detonó la polémica fue captado la mañana del jueves, cuando Hugo Aguilar se encontraba en calles de Querétaro, momentos antes de acudir al Teatro de la República para participar en la ceremonia oficial. En las imágenes se observa a una mujer, vestida con tacones, agacharse para limpiar las puntas de los zapatos del ministro en medio de la calle. Posteriormente, otro hombre se aproxima y repite la acción utilizando un pañuelo.

Una vez concluida la limpieza, el ministro presidente sonríe y es interceptado por el gobernador Alejandro Armenta, con quien camina algunos pasos hasta la banqueta. La escena se difundió ampliamente en redes sociales y generó reacciones en distintos espacios públicos.

Este episodio se da en un contexto de atención pública sobre la Suprema Corte, marcado también por la reciente controversia relacionada con la adquisición de nuevas camionetas blindadas por parte del máximo tribunal. Tras las críticas recibidas, los ministros decidieron no hacer uso de dichos vehículos, lo que mantuvo a la SCJN en el centro del debate político y mediático.

La mañana del pasado miércoles, alrededor de cien exjueces y exmagistrados federales tomaron la avenida Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, para reclamar la falta de pagos que, aseguran, les adeuda el Poder Judicial. El cierre vial se realizó a la altura del cruce con Loreto, justo frente al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), donde los inconformes esperaban ser atendidos por autoridades judiciales, aunque no obtuvieron respuesta.

El grupo de exjuzgadores denunció que no se les ha entregado la indemnización extraordinaria que les corresponde tras haber dejado sus cargos dentro del sistema judicial. Este pago, previsto por la normativa interna del Poder Judicial, busca garantizar estabilidad económica a quienes concluyen su labor como impartidores de justicia, pero los manifestantes aseguran que ha sido retenido sin justificación.

La protesta provocó un bloqueo total en ambos sentidos de Insurgentes Sur, una de las principales arterias de la capital, generando congestión vehicular y el desvío de rutas de transporte público. Los participantes, vestidos de traje y con carteles en mano, expresaron su descontento con consignas que exigían respeto a sus derechos laborales y al reconocimiento de su trayectoria dentro del sistema judicial.

Esta movilización se suma a la realizada un día antes, el martes 11 de noviembre, cuando el mismo grupo bloqueó la avenida Revolución y marchó hacia el Tribunal de Disciplina Judicial. En ambas jornadas, su objetivo fue el mismo: presionar a las autoridades judiciales para que liberen los pagos pendientes y establezcan un canal formal de diálogo con los exfuncionarios.

El reclamo de los exjueces y exmagistrados surge en un contexto de tensiones internas en el Poder Judicial, derivadas de los recientes ajustes administrativos y financieros impulsados tras la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, instancia encargada de supervisar el comportamiento ético y profesional de jueces y magistrados. Con este organismo en funcionamiento, varios juzgadores se han retirado o separado de sus cargos, situación que ha derivado en conflictos sobre sus compensaciones económicas.

Hasta el cierre de la jornada, las autoridades judiciales no habían emitido una respuesta oficial ni se reportaban avances en las negociaciones. La movilización sobre Insurgentes concluyó después de varias horas, pero los participantes advirtieron que podrían retomar las protestas si no se concreta el pago de las indemnizaciones.

Con esta manifestación, los exjuzgadores buscan visibilizar una problemática que, según ellos, afecta a decenas de funcionarios que dedicaron años de servicio al Poder Judicial y que hoy exigen lo que consideran un derecho legítimo.

El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial llegó a su fin este viernes, tras varios días de tensión que paralizaron parcialmente las actividades en distintas sedes del país. De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), 16 edificios fueron reabiertos después de que se alcanzara un acuerdo con los empleados inconformes, quienes protestaban por el despido de miles de trabajadores y la falta de insumos básicos para desempeñar sus labores.

El movimiento comenzó la madrugada del 31 de octubre, cuando el Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Juan Prado, convocó a una suspensión de actividades. Los trabajadores cerraron inmuebles en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo, afectando aproximadamente el 5.3% de los edificios judiciales en el país. Aunque el paro fue notorio, el OAJ precisó que el 95% de las sedes continuó con sus operaciones normales.

El epicentro de las protestas se concentró en el edificio sede de San Lázaro, donde alrededor de cinco mil trabajadores y doce tribunales colegiados suspendieron actividades desde las primeras horas del día. También se cerró el edificio Prisma, ubicado en la capital, donde operan varios juzgados de distrito. Las manifestaciones surgieron luego de que el OAJ negara la solicitud de día libre para el 31 de octubre, planteada por el sindicato en el contexto de los días festivos de muertos.

Durante la jornada, las autoridades judiciales y los representantes sindicales mantuvieron comunicación directa hasta llegar a un acuerdo para reabrir las sedes y establecer una mesa de diálogo. El encuentro formal quedó programado para el lunes 3 de noviembre a las 5:00 p.m. en el edificio del Poder Judicial Federal, ubicado en Avenida Revolución 1508, donde se abordarán temas clave como el aumento salarial pendiente y la falta de insumos en los juzgados.

Los trabajadores exigieron soluciones ante la escasez de materiales básicos como papel, tóner, agua y equipo de impresión, además de manifestar preocupación por los más de cinco mil despidos recientes en diversas áreas del Poder Judicial. Pese a las diferencias, ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto para evitar futuras interrupciones de las labores.

Tras la firma del acuerdo, los edificios comenzaron a reabrir al mediodía, permitiendo el restablecimiento de actividades en todas las sedes afectadas. El sindicato confirmó que ningún trabajador participante enfrentará sanciones administrativas, como parte de los compromisos alcanzados con el OAJ.

Con el levantamiento del paro, el Poder Judicial recuperó su ritmo habitual en casi todo el país, en espera de que la reunión del lunes permita avanzar en la negociación de mejoras laborales. El cierre de esta jornada marca un respiro para el sistema judicial, tras una de las movilizaciones internas más significativas del año, y deja abierta la puerta a un proceso de diálogo que busca equilibrar las demandas sindicales con la continuidad institucional.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que en 2026 habrá ajustes a la baja en el presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Poder Judicial de la Federación, debido a que no se celebrarán elecciones federales ni judiciales durante ese año.

En conferencia de prensa, el legislador recordó que en 2026 “no hay elecciones y vamos a ajustarlo más a la baja”. Detalló que, en el caso del INE, el año pasado ejerció un presupuesto de 27 mil millones de pesos, mientras que para 2026 el propio instituto propuso una reducción de 4.162%, equivalente a 22 mil millones de pesos. No obstante, Monreal anticipó que este monto será objeto de una revisión. “El INE que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja”, subrayó.

Sobre el Poder Judicial, señaló que solicitó un aumento de 15 mil millones de pesos, cifra planteada antes de la renovación de la Suprema Corte. Aclaró que, por tratarse de organismos autónomos, la propuesta no provino del Ejecutivo federal.

Sin embargo, consideró que ese incremento no se aprobará. “Yo no creo que quede en estos montos, también se va a ajustar a la baja, cuando menos esos 15 mil millones de pesos”, afirmó. De acuerdo con los escenarios planteados, el presupuesto del Poder Judicial se mantendría en aproximadamente 70 mil 983 millones de pesos.

El TEPJF también fue señalado como uno de los organismos que podrían registrar recortes. Monreal explicó que, sin un calendario electoral federal cargado, no existe justificación para un aumento en su solicitud de recursos. 

Recordó que en 2025 contó con un presupuesto de 3 mil 749 millones de pesos, y consideró que no debe incrementarse. “No puede ser que plantee una cantidad de 260 millones de pesos más, no hay justificación, yo creo que el tribunal también va a ir a la baja, incluso menos de los 3 mil 749 millones de pesos que tuvo asignados en 2025”, expuso.

El legislador puntualizó que los escenarios que presentó son “primicias” y que corresponderá a las comisiones de Hacienda y Presupuesto dictaminar el proyecto final para el ejercicio fiscal de 2026.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la incorporación de Vidulfo Rosales Sierra, abogado conocido por encabezar la defensa legal de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como nuevo integrante del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el directorio disponible en la página oficial de la Corte, Rosales ocupa ahora el cargo de secretario de estudio y cuenta en la Coordinación General de Asesores de Presidencia. En esta posición, su responsabilidad principal será analizar expedientes para proponer a los ministros las determinaciones jurídicas a seguir, además de participar en las sesiones donde se resuelven los casos.

El salario bruto asignado al puesto es de aproximadamente 168 mil pesos mensuales; sin embargo, después de las deducciones fiscales correspondientes, su ingreso neto asciende a 118 mil 138 pesos al mes. A este monto se suman diversas prestaciones otorgadas a los funcionarios de este nivel en el Poder Judicial.

Entre los beneficios laborales se encuentran aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y quinquenal. También incluye seguros de gastos médicos mayores, seguro colectivo de retiro, seguro de separación individualizado, cobertura del ISSSTE, así como apoyo económico para lentes graduados. En el apartado de estímulos destacan el bono por el Día del Padre, estímulo por antigüedad y por jubilación. Además, cuenta con licencias prejubilatorias, ayuda por incapacidad médica, gastos funerales y pago por defunción.

Este nuevo nombramiento ocurre semanas después de que, a finales de agosto, Rosales anunciara públicamente su salida de la representación legal del caso Ayotzinapa. En ese momento, no precisó hacia dónde dirigiría su carrera profesional, únicamente adelantó que continuaría su labor en defensa de los derechos humanos desde otros espacios.

En un posicionamiento compartido entonces, expresó: “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”.

Con este movimiento, Rosales deja atrás casi una década de acompañamiento legal a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y pasa a integrarse a la estructura más alta del sistema judicial en México, con un cargo que combina tareas técnicas de análisis jurídico con beneficios laborales de amplio alcance.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, se pronunció sobre la investigación en torno al llamado “huachicol fiscal” atribuido a elementos de la Marina Armada de México, y subrayó que cualquier persona que haya cometido un ilícito debe enfrentar las consecuencias legales.

“Quienes hayan cometido algún ilícito deben pagar las consecuencias”, afirmó el legislador, al responder a medios de comunicación. López Hernández destacó que la autoridad está obligada a indagar hasta las últimas consecuencias y llevar los procesos judiciales correspondientes.

Por segunda ocasión en esta semana, el senador aceptó contestar preguntas de la prensa, algo que no ocurría desde junio, cuando se conoció la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, señalado como presunto líder de “La Barredora”.

López Hernández expresó confianza en las instituciones encargadas de investigar y sancionar este caso. “Afortunadamente ya soplan nuevos aires en el Poder Judicial. Entonces hay confianza tanto en las autoridades encargadas de la investigación de los posibles delitos, como es la fiscalía, como en la encargada de impartir justicia”, declaró.

Ante los señalamientos que vinculan a dos sobrinos políticos de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, con este presunto ilícito, el senador morenista señaló que cada persona es responsable de sus propios actos y que la situación no debe impactar en el movimiento político que representa. “Políticamente, si usted me quiere preguntar si impacta en el movimiento, pues el movimiento es más que un puñado, o que 10 o que 20 funcionarios públicos que hayan cometido una irregularidad”, dijo.

El legislador también recordó que el “huachicol fiscal” no es un fenómeno reciente, sino que viene de sexenios pasados. “¿A poco ya no se acuerdan cuando el hijo de López Portillo vendió el petróleo mexicano en alta mar? ¿O ya no se acuerdan de los negociazos que hicieron en el sexenio de Fox con los excedentes petroleros? ¿O les puedo hablar también de la corrupción en ese sentido en el gobierno de Calderón? Ya no hablemos de las de Peña Nieto. Si hay irregularidades, repito, no debe de haber impunidad y se debe de castigar a los responsables”, enfatizó.

Desde la oposición, coordinadores parlamentarios también reaccionaron. Ricardo Anaya, del PAN, y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, insistieron en la necesidad de que la Fiscalía General de la República realice una investigación profunda sobre el traslado ilegal de combustibles.

Castañeda remarcó que este caso debe asumirse con total seriedad: “Es un tema que debe comprometer al gobierno de la República para hacer una investigación puntual que llegue hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, no puede quedar en el señalamiento de un par de funcionarios corruptos”.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, afirmó que las negociaciones con cualquier mandatario extranjero se realizan con el respaldo del pueblo de México. Durante un acto en Manzanillo, Colima, destacó que la cuarta transformación ha devuelto “dignidad y fuerza” a la ciudadanía, y subrayó que el país es “libre, soberano e independiente”.

“Lo que hay en México es mucho pueblo”, declaró, al señalar que pocas naciones pueden mostrar una fuerza social tan constante. El mensaje se dio después de sostener diversos encuentros internacionales, entre ellos con el presidente estadounidense Donald Trump.

En la entrada al puerto y ciudad de Manzanillo, la mandataria dio el banderazo a obras de puentes vehiculares en Colima, con una inversión de 2 mil millones de pesos. La construcción forma parte de un plan de modernización que busca mejorar la conectividad en la región y fortalecer el funcionamiento del puerto, actualmente el tercero en importancia en el país.

El evento no estuvo exento de protestas. Transportistas hicieron sonar sus claxones en rechazo a los problemas de circulación que han provocado los trabajos en la autopista Armería-Manzanillo, con un avance del 25%, sumados a las complicaciones recientes en la Aduana del puerto. La convocatoria para esta manifestación se difundió por redes sociales y entre grupos de transporte de carga pesada afectados por los retrasos en el movimiento de mercancías.

Sheinbaum aseguró que la ampliación del Puerto de Manzanillo lo convertirá en el más importante de América Latina. Explicó que la Secretaría de Marina desarrolla la infraestructura inicial y que la operación del segundo puerto se licitará, privilegiando a empresas mexicanas.

En su intervención, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, señaló que el desarrollo portuario se realizará bajo un modelo de equilibrio entre progreso económico y conservación ambiental. “La conservación ambiental no es negociable”, sostuvo.

Ante inquietudes de grupos ambientalistas por los posibles impactos en la Laguna de Cuyutlán, un pescador expresó su preocupación por el futuro de su actividad. La presidenta respondió que el proyecto garantiza la inclusión de los pescadores y que no se realizará ninguna obra que los excluya.

En su discurso, Sheinbaum también resaltó la reciente elección de Hugo Aguilar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo calificó como un momento histórico, al ser el primer indígena mixteco en ocupar este cargo desde Benito Juárez, destacando que este hecho solo fue posible gracias al nuevo sistema de elección en el Poder Judicial.

El antiguo recinto de Xicoténcatl volverá a cobrar vida este mes con el traslado de las últimas tres sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, luego de que el Senado anunciara una serie de adecuaciones en su sede principal para recibir a más de 881 nuevos jueces, magistrados y ministros que rendirán protesta el próximo 1 de septiembre.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que no se trata de una remodelación del salón del pleno, sino de ajustes operativos y logísticos necesarios para el desarrollo del evento, que reunirá a integrantes del Poder Judicial de todo el país. La ceremonia de protesta se llevará a cabo en siete rondas, desde las 7:30 de la tarde hasta cerca de las 11:30 de la noche.

Los primeros en rendir protesta serán los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguidos por magistrados y jueces. La magnitud del acto ha obligado al Senado a modificar su dinámica regular de trabajo, trasladando las sesiones a Xicoténcatl para mantener su actividad legislativa sin interrupciones.

Como parte de la preparación, ya se han realizado simulacros con personal interno, incluyendo brigadas de limpieza, para garantizar que el protocolo se cumpla con precisión. Además, el Senado implementará un sistema de apoyo virtual y telefónico con al menos dos operadores, quienes se encargarán de orientar a los invitados sobre el acceso al recinto y la entrega del documento oficial de toma de protesta.

Cada uno de los más de 800 juzgadores llegará acompañado, por lo menos, de una persona, lo que incrementa significativamente el flujo de asistentes al recinto legislativo. La operación logística contempla horarios escalonados para la llegada de los grupos, con el objetivo de evitar aglomeraciones y asegurar que la ceremonia fluya sin contratiempos.

El Senado convertirá ese día en un operativo de alta coordinación, tanto por la relevancia del acto como por la cantidad de participantes. La actividad legislativa regular continuará de forma paralela, aunque en una sede distinta, para no interferir con los preparativos y desarrollo de este evento judicial sin precedentes.

Así, el recinto de Xicoténcatl se prepara para recibir de nuevo la actividad parlamentaria, mientras el Senado se convierte en sede de una de las tomas de protesta más significativas en la historia reciente del Poder Judicial mexicano.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prepara un inicio de actividades inédito. A partir de un acuerdo entre los nueve ministros electos que integrarán el nuevo tribunal, se llevarán a cabo tres ceremonias que marcarán el arranque de esta nueva etapa judicial, una de ellas con la entrega simbólica del bastón de mando por parte de autoridades indígenas y afromexicanas.

El ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, informó a través de su cuenta oficial en X que este ciclo ceremonial responde al carácter histórico del nacimiento de la nueva Corte, conformada tras un proceso de elección por voto popular. La finalidad es destacar el compromiso con la justicia, el respeto institucional y el reconocimiento de las raíces culturales del país.

Las ceremonias serán: la toma de protesta oficial ante el Senado de la República, la sesión solemne de instalación de la nueva Corte y la ceremonia de entrega del bastón de mando y servicio. Este último acto será encabezado por representantes de pueblos originarios y comunidades afromexicanas, en un gesto simbólico de legitimidad y vinculación con las voces históricamente marginadas.

En el marco de estos preparativos, Aguilar Ortiz reiteró la invitación a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para asistir a la sesión solemne que se llevará a cabo en la sede del Congreso de la Unión. También se espera la presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en un acto calificado como republicano, “de pleno respeto entre poderes que debe marcar el inicio de una etapa de diálogo y trabajo que contribuya a la justicia, la paz y el bienestar del pueblo”.

Durante la segunda reunión de trabajo con las ministras y ministros electos, se abordó el rediseño institucional de la Corte, con el propósito de enfrentar de manera eficiente la carga de expedientes que comenzará a recibirse a partir del 1 de septiembre. El objetivo es modernizar los procesos y fortalecer la capacidad de resolución del máximo órgano judicial.

Estas acciones inauguran una etapa inédita en la historia del Poder Judicial, bajo un nuevo modelo de representación democrática. La planeación y contenido de las ceremonias reflejan la intención de construir una justicia más cercana a la ciudadanía, culturalmente incluyente y coordinada con los otros poderes del Estado.

Con estos preparativos, la SCJN abre paso a una transformación institucional profunda, marcada por el diálogo, la legitimidad social y el compromiso con un sistema judicial renovado.

Durante una gira de trabajo en Amealco de Bonfil, Querétaro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó una asamblea con pueblos indígenas para la entrega de recursos del programa de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM). En el encuentro, celebrado este domingo, la mandataria destacó la transformación institucional que vive el país y celebró el nombramiento de Hugo Aguilar como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Frente a representantes de las comunidades otomí, pame y huasteca, Sheinbaum exclamó: “¡Qué viva Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Suprema Corte!”. La presidenta subrayó el carácter histórico de esta elección al recordar que Aguilar obtuvo más de seis millones de votos en los comicios extraordinarios del 1 de junio. Afirmó que este hecho marca un cambio profundo en el Poder Judicial, el cual tomará protesta oficialmente el próximo 1 de septiembre.

La presidenta insistió en que el nombramiento de Aguilar representa un triunfo de la voluntad popular, destacando que fue elegido por más de 13 millones de personas, superando incluso el número de votos alcanzados por partidos de oposición en la última elección presidencial. Según Sheinbaum, este resultado reafirma la idea de que “el pueblo manda” y consolida los principios de la cuarta transformación.

En el acto público, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, y Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, acompañaron a Sheinbaum. Regino Montes, quien ha sido mentor de Hugo Aguilar por más de tres décadas, fue el encargado de conducir el evento.

Durante su intervención, Sheinbaum calificó al FAISPIAM como un programa “histórico”, al reconocer que el origen de México se encuentra en las civilizaciones prehispánicas. Reivindicó el papel de los pueblos originarios como la base de la patria, resaltando que su historia, antes minimizada, ahora es parte central del discurso nacional.

Además, reiteró que durante los gobiernos anteriores —desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto— se impuso un modelo neoliberal que favoreció a élites económicas y dejó en el abandono a los sectores más vulnerables. Contrario a esa etapa, afirmó, la actual administración prioriza la dignidad, la historia y la resistencia de los pueblos originarios.

Sheinbaum cerró su discurso asegurando que el país ha cambiado y que aún queda mucho por transformar, manteniendo como eje la justicia social y el reconocimiento pleno a las comunidades que han sido históricamente marginadas.