La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, ha desestimado las acusaciones recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insinuado la posibilidad de un “golpe de Estado técnico” por parte del Poder Judicial.

En una entrevista radiofónica, Soto afirmó enfáticamente que el Tribunal no participa en campañas ni es un actor activo en el proceso electoral. “Nuestro papel es ser la última instancia y resolver los medios de impugnación”, aseguró.

Ante las preguntas sobre las declaraciones del presidente, Soto destacó la necesidad de mantener una visión objetiva y distante de la dinámica política. “No nos involucramos en pasiones electorales; nuestra labor es resolver lo que llega a nuestra instancia”, enfatizó.

Respecto a las especulaciones sobre un posible “golpe de Estado técnico”, la magistrada subrayó que el Tribunal Electoral se rige por la ley y la Constitución, que establecen causales específicas de nulidad de elecciones. Aunque reconoció que la intervención de cualquier servidor público puede ser considerada en casos de violación a la ley.

Soto rechazó categóricamente la versión de un golpe de Estado técnico y reiteró el compromiso del Tribunal de garantizar el respeto al voto ciudadano. “Nosotros no ponemos ni quitamos candidatos; nuestro deber es valorar los expedientes presentados y determinar su legalidad”, concluyó la magistrada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la restitución o creación de un fideicomiso con el propósito de atender a las víctimas, reviviendo así el espíritu del extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. Esta medida histórica surge tras la desaparición del fondo el 6 de noviembre de 2020, cuando el gobierno federal lo eliminó de la Ley General de Víctimas, redirigiendo los recursos hacia la crisis provocada por la pandemia.

La Primera Sala de la SCJN, por unanimidad, aprobó el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estableciendo que los recursos asignados a este fideicomiso no pueden ser inferiores al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La decisión de la Corte surge tras otorgar un amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a Fundar, quienes argumentaron que la extinción del fondo resultó en la falta de pago de indemnizaciones como reparación del daño, evidenciando el incumplimiento de las obligaciones estatales hacia las víctimas.

El presupuesto destinado a la atención de víctimas incluye el pago de indemnizaciones, gastos médicos, traslados, funerales y atención psicológica. Sin embargo, la asignación presupuestaria para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se identificó como insuficiente por parte de Fundar, lo que demuestra la necesidad de asegurar recursos adecuados para cumplir con las obligaciones hacia las víctimas.

Esta decisión de la SCJN ha sido recibida con satisfacción por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos como Fundar y el Centro Prodh, quienes destacan el compromiso del Poder Judicial en abordar la crisis de derechos humanos en el país.

La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ha dado a conocer su detallado plan de gobierno para abordar el desafío de la violencia en México. Bajo el título “República Segura y con Justicia”, Sheinbaum propone una estrategia integral que aborda las causas subyacentes de la violencia, fortalece la Guardia Nacional, coordina estrechamente con la Fiscalía General de la República y promueve reformas en el Poder Judicial, todo ello respaldado por una política de transparencia y honestidad en materia de seguridad.

En un evento que contó con la presencia destacada del ministro en retiro Arturo Zaldívar, la exfiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy y el exsecretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, Sheinbaum destacó los logros alcanzados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la reducción de la violencia. Destacó que, gracias a las medidas implementadas, se ha evitado un aumento del 30% en los homicidios.

Sheinbaum hizo hincapié en su experiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, resaltando la reducción significativa de los homicidios dolosos durante su mandato. Insistió en que su administración se centrará en abordar las causas profundas de la violencia y continuará la labor del gobierno actual en ese sentido.

En cuanto a la corrupción, Sheinbaum subrayó su compromiso con la honestidad, afirmando que “sin corrupción, no puede haber seguridad”. Criticó el gobierno anterior de Felipe Calderón, especialmente por su vinculación con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente encarcelado en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha hecho un llamado a la construcción de una Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia, enfatizando la necesidad de abordar de manera integral la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia para avanzar hacia la paz social y erradicar las diversas formas de violencia que afectan a millones de personas en México.

En un discurso contundente, Piña Hernández destacó la importancia de la coordinación entre las autoridades del Estado, especialmente en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, para poder satisfacer las demandas legítimas de la sociedad mexicana en cuanto al alto a la violencia inaceptable que enfrenta el país.

La ministra identificó una amplia gama de violencias que afectan a la sociedad mexicana, desde la violencia cotidiana hasta la violencia feminicida, la desaparición de personas, la trata de personas, la violencia contra migrantes, niñas y niños, personas indígenas, entre otros. Además, destacó la importancia de escuchar a todos los actores involucrados en el sistema de justicia y seguridad para poder proponer soluciones efectivas.

Para ello, desde el Poder Judicial se ha decidido establecer un espacio de reflexión abierto, transparente e inclusivo para articular un diálogo constructivo a nivel nacional entre diferentes actores e instituciones relacionados con la justicia y la seguridad.

La Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia tiene como objetivo generar y recopilar información sobre la percepción y el funcionamiento de los servicios de justicia y seguridad, con miras a mejorar y adaptar estos servicios a las condiciones actuales del país.

Durante los próximos cuatro meses, el Poder Judicial de la Federación convocará a diversas partes interesadas, incluyendo al público en general, para dialogar sobre aspectos relacionados con la justicia y la seguridad en México, abordando temas como la demanda y oferta de seguridad y justicia, así como la mejora del sistema nacional de justicia.

La ministra expresó su convicción de que escuchar abiertamente es fundamental para proponer un cambio efectivo, y anunció que los resultados de este diálogo se presentarán como una Agenda propositiva y apartidista disponible para todos los candidatos a cargos de elección popular, la nueva Legislatura del Congreso de la Unión y toda la sociedad mexicana.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha expresado su preocupación por lo que considera un afán de las fuerzas políticas de oposición por mantener sus privilegios a expensas de la desigualdad social.

En el marco del primer foro nacional para el análisis de las iniciativas de reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Mier enfatizó que la oposición sigue apostando por un gobierno que descuida el apoyo a los sectores más desfavorecidos.

En respuesta, Mier afirmó que Morena y sus aliados continuarán defendiendo en la Constitución los logros sociales obtenidos durante la llamada Cuarta Transformación. Subrayó que la coalición Juntos Hacemos Historia representa la lucha constante por los derechos y las libertades del pueblo.

En este contexto, Mier reiteró la importancia de que el Poder Judicial garantice el acceso a una justicia pronta, expedita y gratuita para todos, no solo para aquellos que cuentan con recursos económicos.

El legislador señaló que los partidos de la Cuarta Transformación respaldan el libre albedrío y el desarrollo personal, permitiendo a los mexicanos decidir sobre su vida, religión, orientación afectiva y afiliación política de manera libre.

Sin embargo, Mier criticó a la oposición por su enfoque en mantener privilegios basados en la desigualdad. Resaltó las diferencias de opinión sobre temas como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, así como el derecho de los pueblos originarios a determinar el uso de sus recursos naturales y preservar sus tradiciones y culturas.

La Cámara de Diputados ha dado inicio a una serie de foros de parlamento abierto con el objetivo de discutir las 20 reformas propuestas por el presidente y otras iniciativas legislativas. El primer foro, denominado “Súmate al Debate de las Reformas por la Libertad, el Bienestar, la Justicia y la Democracia”, se llevó a cabo el 21 de enero a las 11:00 horas. Durante este evento, se abordaron 18 modificaciones a la Constitución y 2 reformas legales, entre otros temas relevantes.

Estos foros se realizarán en cinco ocasiones, cuatro de ellas en la Ciudad de México. La transmisión de los debates estará disponible a través del Canal del Congreso, y la Cámara de Diputados ha habilitado un micrositio para acceder a la información relacionada.

A pesar de la convocatoria a todas las bancadas, diferentes posturas han surgido respecto a la realización de estos foros. Ignacio Mier, líder de los diputados de Morena, argumentó que el parlamento abierto no debe quedar limitado a las paredes del recinto legislativo, por lo que se ha decidido llevarlos a lo largo y ancho del país. Sin embargo, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Braulio López Ochoa, ha anunciado que su partido no participará, considerándolos una “simulación y un show electoral”.

López Ochoa señaló: “En este sexenio, hemos presenciado numerosos ejercicios de Parlamento Abierto sin que se haya modificado ni una coma en las reformas. Dado que estamos en el último periodo ordinario, nuestra prioridad son las iniciativas del Presidente, no los temas que el Poder Judicial ya ha sentenciado como Congreso de la Unión”.

Por su parte, el grupo parlamentario del PRD ha dejado claro que no permitirá que los foros sean utilizados por el Ejecutivo con fines electorales. El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel afirmó: “Frente a estas propuestas y la intención declarada del Presidente de la República de convertirlas en su plataforma electoral, reiteramos que no permitiremos que el Ejecutivo Federal interfiera en las elecciones”.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció el inicio del debate nacional sobre las 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas propuestas abarcan reformas constitucionales al Poder Judicial, electoral, pensiones y salarial. El proceso se inaugura el próximo lunes 19 de este mes con la presentación formal de las iniciativas en San Lázaro.

Mier aseguró que al evento asistirán presidentes y coordinadores de los congresos locales, así como senadores. Además, se llevarán a cabo cinco foros regionales en Durango, San Luis Potosí, Toluca, Puebla y Mérida, así como otros cuatro en la Ciudad de México, dos en el Senado y dos en San Lázaro.

El debate, que se extenderá desde el 19 de este mes hasta el 15 de abril, contará con la participación de los 22 presidentes de comisiones legislativas, quienes agruparán las discusiones en cuatro ejes temáticos: libertad, justicia, democracia y bienestar.

El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, también expresó su postura en una conferencia de prensa, indicando que la Cámara debe abordar temas más allá de las iniciativas presidenciales, incluyendo propuestas de otros grupos parlamentarios, como la posible reinstauración del Seguro Popular.

El debate nacional se presenta como un espacio de discusión amplia y plural, donde se espera abordar los principales retos y reformas que enfrenta el país en materia legislativa.

La conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada este lunes en Querétaro, tuvo una relevancia particular este año al contar con la ausencia tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, Norma Piña.

El evento, que contó con la presencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el ministro Alberto Pérez Dayán en representación del Poder Judicial, se convirtió en un espacio para reflexionar sobre la relación entre los poderes del Estado, especialmente en medio del anuncio del presidente de enviar reformas a la Constitución.

Pérez Dayán destacó la importancia de mantener la independencia y autonomía del Poder Judicial, subrayando el compromiso con la democracia y el cumplimiento de la ley. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de separar al Poder Judicial de la política para preservar su integridad y funcionalidad.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, adelantó que las reformas propuestas por el presidente López Obrador buscan fortalecer el pacto social y devolverle el sentido social a la Constitución. Alcalde lamentó el impacto del neoliberalismo en la Carta Magna y expresó la necesidad de recuperar el sentido de solidaridad y justicia social en el país.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, hizo un llamado a la unidad y la concordia, destacando la importancia de los contrapesos en un sistema democrático y la necesidad de respetar las instituciones autónomas.

En el evento también participaron las presidentas de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, Marcela Guerra Castillo y Ana Lilia Rivera, respectivamente, quienes resaltaron la importancia de la Constitución como guía moral y herramienta para enfrentar los desafíos actuales del país.

La conmemoración no solo celebró un aniversario, sino también la continuidad de un legado y el compromiso con el desarrollo democrático y social de México.