La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, planteó una serie de ajustes al modelo de elección judicial y al funcionamiento interno del máximo tribunal, al considerar que el esquema de voto popular debe mantenerse, aunque con modificaciones que fortalezcan su operación.

Durante su participación en los “Diálogos de reflexión: perspectivas de la reforma al Poder Judicial”, donde coincidió con los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García, la integrante de la Corte expuso que uno de los cambios necesarios es la reinstalación de las salas que operaban antes de la reforma judicial de septiembre de 2024.

Según explicó, ese modelo permitía mayor agilidad en el análisis de los casos. “El trabajo de las salas era más dinámico, era una discusión dinámica, más breve y permitía un avance más rápido de la resolución de los asuntos”, afirmó.

En materia electoral, Esquivel propuso limitar los comicios judiciales a las vacantes que se generen en cargos de jueces y magistrados, con el objetivo de conservar continuidad en los criterios jurisdiccionales y, al mismo tiempo, incorporar nuevos perfiles. “Vayamos a una elección de vacantes, mantengamos estabilidad en la función, en los criterios, y cada tres años la elección con las vacantes que se vayan generando”, señaló.

Como parte de los mecanismos para fortalecer el proceso, la ministra sugirió la creación de un examen nacional de aptitud jurisdiccional dirigido a quienes aspiren a competir por estos cargos. A su juicio, esta evaluación permitiría garantizar un estándar mínimo de conocimientos y experiencia entre los candidatos. “Los justiciables tienen derecho a una justicia de excelencia, profesional, con experiencia. Hoy necesitamos que haya ese examen para que haya un piso mínimo y poder accesar a ser juez”, sostuvo.

Finalmente, Esquivel respaldó iniciativas impulsadas por legisladores de Morena que buscan ajustar el diseño de la elección judicial. Entre ellas, destacó la propuesta de establecer un comité único encargado de evaluar a los aspirantes, así como la separación de los procesos electorales judiciales respecto de las elecciones políticas.

Israel Vallarta Cisneros salió libre la mañana del viernes 1 de agosto del penal federal del Altiplano, luego de casi dos décadas de permanecer en prisión por acusaciones relacionadas con el caso Florence Cassez. En su primer mensaje público, confirmó ante medios de comunicación que fue absuelto de todas las acusaciones que enfrentaba.

La noticia le fue notificada la noche anterior, alrededor de las 21:00 horas, por personal penitenciario. Con evidente emoción, Vallarta relató que no terminaba de asimilar lo que escuchaba. “No creía todavía anoche que llegaron por mí a las 9 de la noche a avisarme que se me daba la absolutoria total de todos y cada uno de los supuestos delitos que decían que había cometido”, expresó frente a cámaras y micrófonos.

El caso Vallarta-Cassez se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la historia reciente en México, marcado por acusaciones de montaje mediático, violaciones al debido proceso y tortura. Aunque Florence Cassez fue liberada en 2013 por resolución de la Suprema Corte, Israel Vallarta permaneció tras las rejas casi 12 años más, sin sentencia.

Durante su breve encuentro con la prensa, también compartió que en días recientes fue trasladado del penal del Altiplano el exfuncionario Luis Cárdenas Palomino, acusado de haberlo torturado y señalado como uno de los operadores más cercanos de Genaro García Luna. “Luis Carlos Palomino ya no está en este penal. El día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está. Al parecer, unos dicen que fue al penal de Santa Marta, otros dicen que no, que fue a Ramos Arizpe. No sabemos”, indicó.

A pesar del pasado que los une, Vallarta aseguró que no existió confrontación directa con él dentro del penal. “Nunca lo amenacé porque mi justicia no era ni golpearlo ni matarlo ni hacer daño a su familia. Es una justicia como la que es correcta”, aclaró, rechazando cualquier ánimo de venganza.

Tras su liberación, Vallarta enfrenta una nueva etapa personal: el reencuentro con familiares, muchos de los cuales no conoció durante su encarcelamiento. Se convirtió en abuelo durante su estancia en prisión, y también vivió dolorosas pérdidas como la muerte de su madre, su padre y algunos hermanos.

El caso de Israel Vallarta cierra un ciclo que durante años fue emblema de las fallas estructurales del sistema judicial mexicano. Su salida del Altiplano no solo marca su libertad, sino también un momento de alto simbolismo en la historia reciente del país.

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

El sistema judicial mexicano se encuentra en una encrucijada tras la admisión de una queja internacional contra el proceso de elecciones populares para jueces y magistrados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha solicitado detener de inmediato la elección judicial promovida por el Estado mexicano, al considerar que pone en riesgo la autonomía judicial.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aceptó una comunicación conjunta presentada por la JUFED y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. En este documento se señala que la reforma judicial impulsada por el gobierno compromete la independencia del Poder Judicial, al establecer que los cargos de jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular.

La JUFED ha sido categórica en su postura. Califica el proceso como una amenaza directa a la división de poderes y una transgresión a principios democráticos fundamentales. En su comunicado más reciente, destaca que el Comité de la ONU ha solicitado al Estado mexicano implementar medidas de protección para jueces y magistrados. La finalidad es garantizar su seguridad e impedir represalias por haber acudido al sistema internacional de derechos humanos.

Este llamado internacional marca un momento clave en el debate nacional sobre la reforma judicial. La JUFED afirma que la decisión del Comité representa un reconocimiento del riesgo que enfrentan actualmente los integrantes del Poder Judicial mexicano. En este contexto, subraya que continuar con el proceso electoral sin acatar las medidas provisionales establecidas por la ONU sería una “violación flagrante” de los compromisos internacionales firmados por México.

El mecanismo de elección popular para cargos judiciales federales no tiene precedente en el país y ha generado una intensa controversia. Se contempla someter a votación 881 cargos judiciales, lo que ha despertado preocupación entre sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones del sector. Las críticas se enfocan en las posibles consecuencias para la imparcialidad y la profesionalización del sistema judicial.

La JUFED considera que las repercusiones de este proceso pueden ser graves y duraderas para la institucionalidad democrática del país. La observación internacional se intensifica mientras se define el curso de una reforma que podría transformar de manera profunda el equilibrio de poderes en México. En este escenario, la exigencia es clara: suspender el proceso mientras se resuelve la queja ante las instancias correspondientes. La decisión, ahora, está en manos del Estado.