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La eliminación de vehículos utilizados presuntamente por grupos delictivos marcó una nueva acción de autoridades federales en la frontera norte del país. La Fiscalía General de la República informó que fueron destruidas 18 unidades con blindaje artesanal, conocidas como “monstruos”, las cuales estaban vinculadas a diversas investigaciones abiertas por delitos federales.

La destrucción se llevó a cabo en instalaciones de la propia fiscalía ubicadas en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, zona fronteriza con Estados Unidos que ha sido escenario recurrente de operativos de seguridad. Las unidades eliminadas formaban parte de 16 carpetas de investigación relacionadas con actividades criminales, de acuerdo con lo informado por la institución.

Las autoridades señalaron que estas unidades fueron aseguradas durante operativos realizados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Las acciones se desarrollaron con la participación coordinada de autoridades municipales, estatales y federales, bajo la estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La destrucción de los vehículos se realizó como parte del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mecanismo que contempla la eliminación de instrumentos utilizados en la comisión de delitos. Esta disposición permite a las autoridades disponer de objetos asegurados que no pueden ser reutilizados o que representan un riesgo.

De acuerdo con las investigaciones, “probablemente los vehículos eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con 16 carpetas de investigación”, indicó la FGR. Las unidades, comúnmente llamadas “monstruos”, son adaptaciones construidas de forma artesanal sobre estructuras de camiones, reforzadas con gruesas capas metálicas que funcionan como blindaje.

Este tipo de vehículos ha sido identificado en distintos enfrentamientos entre organizaciones criminales, así como en choques con fuerzas de seguridad. Debido a su resistencia y dimensiones, son empleados por grupos delictivos para movilizarse en zonas de alto riesgo o durante confrontaciones armadas.

Las autoridades destacaron que el aseguramiento de estos vehículos se realizó mediante diversas acciones coordinadas en distintos puntos del estado, como parte de operativos dirigidos a reducir la capacidad operativa de grupos criminales. Tras su aseguramiento, las unidades quedaron bajo resguardo ministerial hasta que se autorizó su destrucción.

Con esta acción, la Fiscalía dio destino final a los vehículos asegurados durante los operativos realizados en el periodo señalado, al tiempo que se avanza en las investigaciones vinculadas con las 16 carpetas abiertas relacionadas con estas unidades.

La Fiscalía General de la República informó al Senado de la República que realizará un mapeo nacional para identificar zonas de riesgo delictivo, detectar patrones criminales y analizar posibles vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas en el país.

El anuncio fue presentado en su informe de labores y se basa en el uso del denominado “análisis de contexto”, una herramienta metodológica que permite estudiar las condiciones sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito para comprender su origen y forma de operación.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy, esta metodología incluye la recopilación de datos, revisión de investigaciones previas, testimonios y bases de datos institucionales. Con esta información se elaboran mapas que ubican zonas críticas de criminalidad, rutas de operación de grupos delictivos, domicilios relacionados con delitos y posibles fosas clandestinas.

La fiscalía explicó que este tipo de análisis permite visualizar patrones delictivos y facilitar el trabajo del Ministerio Público para identificar relaciones entre delitos, presuntos responsables y contextos en los que ocurren los hechos. El informe señala que durante 2025 se recibieron 139 solicitudes de análisis de contexto por parte de agentes del Ministerio Público para distintos casos; de ese total, 109 estudios continúan en proceso.

La elaboración de estos análisis ocurre en medio de investigaciones recientes sobre presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Entre los casos mencionados está la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de participar en secuestros y extorsiones en presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, la fiscalía mantiene abiertas indagatorias por contrabando fiscal de hidrocarburos en las que se señala la presunta participación de los hermanos Manuel Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Marina, respectivamente, quienes son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Para elaborar estos estudios, la fiscalía utiliza diversas fuentes de información, entre ellas la Plataforma México, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Detenciones, así como bases de datos internacionales. También se incorporan análisis de fuentes abiertas en internet, incluidas redes sociales como Facebook, X, Instagram y YouTube.

Según el reporte presentado al Senado, esta información permite generar productos de inteligencia para apoyar investigaciones relacionadas con desaparición de personas, delitos contra migrantes, tortura, centros clandestinos y ataques a la libertad de expresión, además de fortalecer la identificación de tendencias y riesgos delictivos en el país.

Legisladores de oposición en el Senado de la República de México pidieron al gobierno federal intensificar el combate contra el crimen organizado para evitar que la situación de seguridad en el país sea utilizada como argumento para una posible intervención extranjera. Los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano afirmaron que la defensa de la soberanía nacional es una prioridad, pero insistieron en que el Estado debe actuar con mayor contundencia frente al narcotráfico.

El senador Ricardo Anaya señaló que México debe responder con firmeza ante cualquier amenaza externa, al tiempo que exigió al gobierno federal reforzar su estrategia de seguridad. “Siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país frente a cualquier amenaza extranjera, eso no debe quedar ninguna duda”, declaró. No obstante, añadió que también se debe combatir “de manera frontal al crimen organizado” para evitar que la violencia sea utilizada como justificación para acciones desde el exterior.

El legislador panista sostuvo que la estrategia contra los grupos delictivos debe centrarse en labores de inteligencia y en el desmantelamiento de las estructuras criminales. En ese contexto, planteó la exigencia de que el partido gobernante rompa cualquier vínculo con organizaciones del narcotráfico y termine con posibles alianzas con estos grupos.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta, Clemente Castañeda, advirtió que las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos no deben tomarse a la ligera. El senador explicó que el comunicado difundido por la Casa Blanca describe una postura firme frente a los cárteles y plantea la posibilidad de acciones directas contra las organizaciones criminales. 

“Ellos hablan prácticamente de una intervención unilateral, de exterminio de los mismos y nos están anunciando una probable intervención sin consentimiento de México”, expresó el legislador, quien reiteró que el respeto a la soberanía es un principio inalienable del Estado mexicano.

El debate surgió después de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que México se ha convertido en el epicentro del tráfico de drogas en América y aseguró que su gobierno hará todo lo necesario para proteger a su país frente al avance del narcotráfico.

En medio de estas tensiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado la defensa de la soberanía nacional ante cualquier intento de intervención extranjera. Las declaraciones de legisladores y autoridades se producen en un contexto marcado por el combate a organizaciones criminales que operan en el país, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El posicionamiento de los senadores refleja la discusión política que se mantiene en torno a la estrategia de seguridad y a las implicaciones que las declaraciones del gobierno estadounidense podrían tener en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, afirmó que la reforma electoral impulsada por el oficialismo enfrenta debilidad política y carece de consenso, al señalar que no logró respaldo ni siquiera entre los partidos aliados de Morena, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

En declaraciones a medios, Romero aseguró que la iniciativa presenta fracturas desde su origen y cuestionó la falta de acuerdos políticos para consolidarla. “Nació muerta esa reforma; ha llegado a tal nivel de soberbia, que ya ni con sus aliados pudieron tener un acuerdo político para esta reforma electoral”, expresó. También indicó que existen posturas críticas dentro del propio partido oficialista, lo que, según dijo, evidencia divisiones internas frente al proyecto.

El dirigente panista advirtió que, aunque el país requiere cambios en materia electoral, su partido no respaldará ninguna propuesta que omita mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos. Señaló que el proyecto quedaría incompleto si no contempla sanciones y controles específicos para evitar el financiamiento ilícito en campañas, candidaturas y estructuras electorales.

Como parte de la postura del PAN, Romero planteó cuatro ejes que considera indispensables en cualquier reforma electoral. Entre ellos, prohibir el uso de recursos ilegales en campañas políticas, impedir la postulación de aspirantes vinculados con el crimen organizado, frenar la violencia política que ha incluido asesinatos de candidatos, y sancionar la operación político-electoral de grupos delictivos.

El dirigente también reiteró que las bancadas del PAN en el Congreso no acompañarán la iniciativa si no se integran estos elementos. Subrayó que su partido reconoce la necesidad de actualizar el sistema electoral, pero insistió en que cualquier modificación debe garantizar condiciones de legalidad, seguridad y transparencia en los procesos democráticos.

Además, el PAN presentó una propuesta alterna que incluye un modelo mixto de representación legislativa para evitar la sobrerrepresentación de fuerzas políticas en el Congreso. También propuso establecer una segunda vuelta electoral en la elección presidencial, con el objetivo de asegurar mayor respaldo ciudadano al candidato ganador.

Entre los planteamientos también figura la creación de un registro oficial de compromisos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de dar seguimiento a las promesas realizadas por los aspirantes durante el proceso electoral.

Otra medida planteada es la implementación de elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, en las que la ciudadanía participe directamente en la selección de candidaturas, en lugar de que estas decisiones recaigan únicamente en las estructuras internas de los partidos.

Finalmente, Romero destacó la importancia de fortalecer la autonomía del INE como autoridad electoral y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, en un contexto en el que se prevé la presentación de una iniciativa de reforma electoral en el Congreso. El PAN sostuvo que cualquier transformación del sistema debe incluir medidas claras para impedir la influencia del crimen organizado y garantizar la integridad de las elecciones.

Una investigación de The New York Times documentó que organizaciones criminales mexicanas han utilizado municiones calibre .50 fabricadas en una planta estadounidense propiedad del gobierno de Estados Unidos, destinada originalmente al abastecimiento del Ejército de ese país. De acuerdo con el reportaje, estas municiones provienen de la planta Lake City Army Ammunition, ubicada en el estado de Missouri, una de las principales instalaciones productoras de cartuchos militares en territorio estadounidense.

El artículo, elaborado por los periodistas Ben Dooley, Isabella Cota y Emiliano Rodríguez, detalla que, aunque la planta opera bajo control gubernamental, distintos acuerdos comerciales han permitido que parte de su producción llegue al mercado minorista. Este esquema ha facilitado que las municiones crucen hacia la frontera y, posteriormente, sean adquiridas por grupos delictivos en México.

Las municiones calibre .50 son utilizadas en armas de alto poder, como el fusil Barret M8, diseñado para disparos de largo alcance y con capacidad para perforar blindajes. De acuerdo con el reportaje, este tipo de cartuchos ha sido asegurado por autoridades federales mexicanas en el estado de Sinaloa, en el contexto de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, intensificada tras el traslado a Estados Unidos y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

Según documentos revisados por The New York Times, los acuerdos entre el Ejército estadounidense y contratistas privados han permitido que las municiones calibre .50 puedan ser comercializadas, lo que ha convertido a la planta de Lake City en una fuente relevante de este tipo de cartuchos para los cárteles mexicanos. El reportaje también señala que el propio gobierno de México ha adquirido municiones a esta instalación, en operaciones distintas a las detectadas en el mercado ilegal.

El texto destaca que el mercado civil para rifles calibre .50 en Estados Unidos es limitado, por lo que este tipo de munición no suele ser adquirida con frecuencia por compradores particulares. Aun así, los cartuchos han sido rastreados hasta escenarios de violencia en México, donde, según el artículo, han sido utilizados por organizaciones criminales en ataques armados, incluidos derribos de helicópteros y homicidios cometidos con rifles de este calibre.

En este contexto, el pasado 24 de enero se llevó a cabo la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS). De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese encuentro ambos gobiernos acordaron reforzar las acciones conjuntas para combatir el tráfico de armas, uno de los factores clave en el fortalecimiento del poder de fuego de los cárteles en territorio mexicano.

Un campamento utilizado para la producción de drogas sintéticas fue desmantelado en el municipio de Petatlán, Guerrero, como parte de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. La acción se llevó a cabo este jueves y derivó en el aseguramiento de una importante cantidad de precursores y sustancias químicas, así como en la inhabilitación total del sitio, el cual estaría presuntamente vinculado a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la información oficial, en este campamento operado por la delincuencia organizada se producía de manera simultánea metanfetaminas, la droga conocida como “Tusi” y opioides sintéticos. Las autoridades señalaron que el lugar funcionaba como un punto estratégico para la elaboración de distintos tipos de estupefacientes, lo que evidencia un alto nivel de capacidad operativa y logística.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante el operativo no solo se logró desmantelar el campamento, sino que también fue asegurada una bodega donde se almacenaban aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas. Este aseguramiento representa uno de los decomisos más relevantes en la región en materia de precursores químicos.

En las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad se observan tambos de color azul y costales que contendrían “sosa en escamas”, insumo comúnmente empleado en la elaboración de drogas sintéticas. El material gráfico permitió dimensionar la magnitud de las operaciones que se realizaban en el sitio, así como el volumen de sustancias almacenadas.

Las autoridades federales vinculan este campamento con Inés Omar Coronel Aispuro, conocido como “Coronel”, quien es identificado como integrante del Cártel del Pacífico, específicamente de la facción denominada “Los Chapitos”. De acuerdo con los antecedentes oficiales, Coronel Aispuro está señalado por haber participado en la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del narcotráfico en México.

Además, se informó que Inés Omar Coronel Aispuro cuenta con antecedentes penales registrados entre 2013 y 2015, relacionados con delitos como la producción de marihuana y la portación de arma de fuego. Estos datos forman parte de los registros oficiales de las autoridades de seguridad.

Con este operativo, el Gobierno federal busca debilitar las capacidades de producción de drogas sintéticas de los grupos delictivos que operan en Guerrero, así como reducir el flujo de estupefacientes mediante la destrucción de infraestructura y el aseguramiento de insumos clave utilizados en su fabricación.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó una cifra que refleja la magnitud del combate a las irregularidades fiscales en la importación de hidrocarburos. En los primeros nueve meses de su administración se detectaron 2 mil 937 casos de “huachicol” fiscal, lo que equivale a un promedio de casi 11 reportes diarios en distintas aduanas del país.

El “huachicol” fiscal consiste en la evasión de impuestos por parte de empresas importadoras de productos petrolíferos e hidrocarburos, mediante la declaración de fracciones arancelarias que no corresponden a las características reales de las mercancías. Esta práctica permite pagar tarifas menores a las establecidas, afectando directamente la recaudación del Estado.

De acuerdo con el documento entregado al Legislativo, al detectar estas irregularidades el gobierno interviene para realizar la correcta clasificación arancelaria, lo que deriva en un aumento de las tarifas correspondientes. Como parte de las acciones para enfrentar este delito, se llevaron a cabo supervisiones en aduanas estratégicas como Reynosa, Guadalajara, Manzanillo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 

Estas revisiones generaron 176 recomendaciones emitidas por las autoridades. El reporte coincide con la detención de al menos 14 personas en operativos desplegados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, vinculados al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Entre los señalados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien fue detenido junto a empresarios, marinos y exfuncionarios de aduanas.

La investigación se fortaleció tras el aseguramiento, en marzo pasado, de 10 millones de litros de diésel en una embarcación localizada en el puerto de Tampico, Tamaulipas. A partir de este hallazgo, las autoridades federales rastrearon las operaciones de una red que presuntamente se dedicaba a manipular declaraciones de importación para evadir aranceles y colocar en el mercado combustibles de manera ilícita.

Según el informe, de los detenidos tres son empresarios relacionados con la importación de combustibles, seis son elementos activos de la Marina y cinco exfuncionarios que laboraron en distintas aduanas. Todos enfrentan procesos judiciales por su probable participación en actividades de “huachicol” fiscal.

El gobierno federal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia contra la evasión fiscal y el contrabando en el sector energético, considerada una de las principales fuentes de ingresos ilegales para grupos delictivos.

La cifra de casi 3 mil casos detectados en menos de un año se coloca como uno de los ejes centrales del primer balance de Sheinbaum, que ha puesto énfasis en la vigilancia de aduanas y en el combate a redes de corrupción vinculadas al comercio de hidrocarburos.

En una operación estratégica, la Secretaría de Marina (Semar) desmanteló un laboratorio clandestino de dimensiones impresionantes en Zacatecas, donde se fabricaban drogas sintéticas a gran escala. La intervención se llevó a cabo en el poblado de Carrizalillo, tras patrullajes de vigilancia terrestre realizados por personal naval. 

El complejo, ubicado en plena sierra, abarcaba una extensión de 395 mil metros cuadrados y estaba equipado con tecnología avanzada utilizada por grupos delictivos. En la zona fueron asegurados un total de 36 reactores, 56 tambos, 65 tinas, nueve mezcladoras, 77 tanques de gas, 209 bidones, cuatro motogeneradores, 62 condensadores y 94 quemadores, además de otros insumos utilizados en el procesamiento y fabricación de drogas sintéticas.

En el área de almacenamiento de pre-precursores químicos se incautaron aproximadamente 63 mil 100 litros de sustancias, destacando el cloruro de bencilo, y 125 kilogramos de sosa cáustica. Asimismo, en la zona de síntesis de precursores químicos se hallaron 10 mil 950 litros de sustancias diversas y 15 mil 950 kilogramos de otros compuestos, con el ácido tartárico como el más predominante.

Durante la operación, los agentes destruyeron precursores químicos y material diverso para impedir su uso en la producción de drogas sintéticas. La Secretaría de Marina destacó que este aseguramiento evitó la fabricación de 27,930 kilogramos de metanfetamina, equivalentes a 698 millones 250 mil dosis.

Desde el inicio de la actual administración, la Marina ha logrado incautar aproximadamente 34 mil 232 kilogramos de metanfetamina, 202 mil 907 litros de precursores químicos y 122 mil 598 kilogramos de estos mismos compuestos.

Con este golpe al crimen organizado, se refuerza la lucha contra el tráfico de drogas en el país, debilitando la producción ilícita y evitando que toneladas de sustancias lleguen a las calles. El operativo refleja el compromiso de las fuerzas federales para mantener la seguridad y combatir el narcotráfico en México.