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La posibilidad de que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentre fuera del país ha intensificado las acciones de búsqueda en su contra, luego de que autoridades estatales y federales señalaran que el exmandatario habría escapado con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación durante un operativo realizado a inicios de marzo de 2025.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Aureoles fue localizado en el estado de Jalisco, pero logró evadir la acción desplegada entre el 1 y 2 de marzo de 2025. Según explicó, integrantes del grupo criminal facilitaron su traslado hacia el norte del país, lo que habría permitido su salida del territorio nacional.

En paralelo, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que solicitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, iniciar gestiones internacionales para ubicar al exmandatario, incluyendo la emisión de una ficha roja ante la Interpol y la colaboración con otros países.

Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2014 y 2021 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, enfrenta dos órdenes de aprehensión. La primera corresponde al presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Policía Michoacán, actualmente denominada Guardia Civil.

La segunda orden judicial está relacionada con la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas durante un operativo realizado en 2017 en la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen. En este caso también enfrenta cargos por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Por los mismos hechos, el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como 14 exfuncionarios y policías, también cuentan con órdenes de aprehensión.

El operativo en Arantepacua ocurrió el 5 de abril de 2017, cuando elementos de la Policía Michoacán intentaban recuperar cerca de cien vehículos retenidos por habitantes de la comunidad, en medio de un conflicto agrario con la población de Capácuaro, en el municipio de Uruapan. Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado que dejó un policía muerto, cuatro indígenas fallecidos —uno de ellos menor de edad—, además de 35 personas lesionadas y 38 detenidos que posteriormente fueron liberados.

En su momento, la administración estatal sostuvo que el tiroteo fue iniciado por un grupo armado vinculado a Benito Morales Jiménez, alias “El Beny”, identificado como jefe de plaza del cártel de Los Viagras y exintegrante de Los Caballeros Templarios. El presunto líder criminal no fue detenido y su paradero continúa sin esclarecerse.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la firma de un acuerdo estratégico con las farmacéuticas Moderna, Liomont y la empresa estatal Birmex para producir en México vacunas basadas en tecnología de ARN mensajero. El convenio marca un paso relevante en la política de salud pública y desarrollo científico del país, al contemplar no solo la fabricación de biológicos, sino también investigación conjunta en territorio nacional.

El anuncio fue realizado por la mandataria a través de un mensaje en video difundido desde Palacio Nacional, donde precisó que el alcance del acuerdo va más allá de la producción de vacunas contra el Covid-19. “Estamos firmando un acuerdo para la producción de vacunas aquí y en México, no solamente la producción de vacunas para Covid-19, sino también otro tipo de vacunas”, señaló Sheinbaum al detallar el objetivo del proyecto.

Uno de los ejes centrales del convenio es la colaboración científica entre las empresas participantes y especialistas mexicanos en el área de biomedicina. De acuerdo con la presidenta, “quizás lo más importante es que va a haber desarrollo de investigación científica conjunto de las y los investigadores mexicanos en biomedicina”, lo que permitirá fortalecer capacidades nacionales en innovación y desarrollo farmacéutico.

Sheinbaum explicó que este esfuerzo busca sentar las bases para crear nuevas vacunas que respondan a necesidades específicas del país. Entre los ejemplos mencionados se encuentran una vacuna contra el dengue y la posibilidad de avanzar en el desarrollo de una vacuna contra el cáncer, siempre a partir de procesos de investigación realizados en México.

La presidenta subrayó que estas acciones forman parte de un compromiso previo orientado a posicionar al país como un referente en ciencia y tecnología. “Se van a desarrollar pues todas estas investigaciones en nuestro país con el objetivo en que, como lo prometí en alguna ocasión, seamos realmente una potencia científica en diversas áreas del conocimiento”, afirmó.

El anuncio se produce en un contexto sanitario complejo. México enfrenta actualmente un brote de sarampión que ha llevado al Gobierno federal a reforzar la campaña de vacunación mediante la instalación de módulos en espacios públicos. De acuerdo con las cifras oficiales, el país acumula 8 mil 459 casos de sarampión, de los cuales 2 mil 27 se han registrado en lo que va de 2026, lo que coloca a México como la nación con mayor número de contagios en América.

En este escenario, el acuerdo con Moderna, Liomont y Birmex se inscribe en una estrategia más amplia para fortalecer la producción nacional de vacunas, ampliar la capacidad científica del país y responder a los retos actuales y futuros en materia de salud pública.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera categórica que autoridades de Estados Unidos hayan participado en operativos dentro del territorio nacional tras la detención del exatleta canadiense Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Durante su conferencia de este lunes, la mandataria subrayó que no existen acciones conjuntas con agencias estadounidenses y señaló que será el propio director del FBI, Kash Patel, quien deba explicar por qué afirmó que se trató de una operación bilateral en México.

Sheinbaum aseguró que desconoce el motivo de dicha declaración y reiteró que su gobierno ha sido enfático en marcar límites claros a la actuación de agencias extranjeras. “No hay operaciones conjuntas y se lo hemos planteado varias veces al gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo, al tiempo que insistió en que la decisión de calificar la detención como un esfuerzo conjunto fue exclusivamente del funcionario estadounidense.

La presidenta también indicó que la versión de una operación bilateral ha sido desmentida por diversas instancias. Señaló que la embajada de Estados Unidos en México confirmó que Ryan Wedding se entregó voluntariamente a las autoridades, lo que refuerza la postura del gobierno mexicano. En ese mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que se haya tratado de un operativo conjunto.

Wedding enfrenta en Estados Unidos cargos graves por tráfico de cocaína y asesinato, lo que lo colocó durante años entre los prófugos más buscados por el FBI. De acuerdo con Sheinbaum, su entrega fue voluntaria, e incluso un representante del detenido difundió una fotografía en redes sociales tras el hecho.

La mandataria aprovechó el espacio para reiterar que no hay presencia de agentes federales estadounidenses participando en acciones operativas en México. Afirmó que este punto ha sido comunicado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la postura de su administración en materia de soberanía y seguridad.

“No hay operaciones conjuntas en México”, enfatizó, y añadió que los agentes del FBI u otras agencias tienen plenamente definidas sus limitaciones legales. Explicó que la relación bilateral en seguridad se basa en la coordinación y el intercambio de información, no en la intervención directa. Según detalló, su gobierno comparte datos con instancias como el Comando Norte y, a partir de esa información, México es quien ejecuta las acciones correspondientes dentro de su territorio.

Finalmente, Sheinbaum justificó la presencia en México del director del FBI, Kash Patel, al señalar que su visita estaba programada previamente como parte de los mecanismos de entendimiento en materia de seguridad entre ambos países y coincidió con la detención de uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos. La presidenta reiteró que cualquier aclaración sobre las declaraciones del FBI corresponde exclusivamente a su director.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no fue notificado con anticipación sobre la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) para el espacio aéreo mexicano y de otros países de América Latina. Durante su conferencia matutina, explicó que se trató de una comunicación estrictamente aeronáutica y que ningún país recibió aviso previo.

Tras la emisión de la alerta, la mandataria indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores activaron los protocolos correspondientes y establecieron contacto con la embajada de Estados Unidos para conocer con precisión el contenido y alcance de la medida. Señaló que el posicionamiento de la Secretaría de Comunicaciones se difundió horas después debido a que se estaba corroborando que no existieran sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio nacional.

Sheinbaum reconoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le informó sobre esta alerta durante la llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos que sostuvieron la semana pasada. La advertencia de la FAA se dio a conocer horas después de que el gobierno estadounidense solicitara a México resultados tangibles en el combate al narcotráfico. En el aviso, la FAA pidió “tener precaución” en el espacio aéreo de México y de países del sur del continente debido a actividades militares previstas del 16 de enero al 17 de marzo.

En otro tema, la presidenta se refirió al aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca y aseguró que dicha operación no requería autorización del Senado, ya que no implicó el ingreso de tropas. “No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos ni mucho menos”, declaró ante la prensa.

Explicó que este tipo de autorizaciones se otorgaron desde octubre del año pasado y que las actividades estaban relacionadas con capacitación previamente programada. Añadió que aeronaves estadounidenses han ingresado al país en otras ocasiones y que, en este caso, la diferencia fue únicamente el aeropuerto de arribo.

La aeronave, identificada como RCH149, despegó el sábado desde la Base de la Fuerza Aérea Dyess, en Abilene, Texas, y aterrizó en Toluca alrededor de las 14:40 horas por motivos logísticos. No obstante, el domingo se difundió la llegada de un avión Hércules C-130, lo que generó cuestionamientos en el Senado.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que la Cámara Alta no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras, como lo establece la Constitución. En respuesta, el gabinete de seguridad federal confirmó que el vuelo fue autorizado por autoridades mexicanas y correspondió a actividades de capacitación, precisando que la solicitud presidencial contemplaba el ingreso de 19 elementos de fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos.

El avance del gusano barrenador del ganado encendió la alerta máxima en todo México. Lo que comenzó como un problema focalizado en la frontera sur ahora se convirtió en una amenaza nacional que llevó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a extender el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal a los 32 estados del país. El objetivo: contener la propagación de esta plaga que afecta directamente al sector pecuario y amenaza la exportación de animales vivos.

El anteproyecto, publicado por la Sader en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), busca reforzar las acciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para evitar que el gusano barrenador continúe desplazándose hacia el norte. Este parásito, capaz de infestar heridas abiertas en animales y provocar graves daños, se ha extendido desde el sur hasta el centro del país, poniendo en riesgo regiones ganaderas que hasta ahora se mantenían libres de la plaga.

Las nuevas medidas obligan a todos los propietarios de animales a notificar de inmediato cualquier caso sospechoso de “gusanera” detectado en sus hatos. Además, para mover cualquier ejemplar —bovino, bufalino, ovino, caprino, porcino o bisonte— será obligatorio contar con un Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), expedido por Senasica.

Obtener este documento no será un simple trámite: el ganado deberá recibir un tratamiento con lactonas macrocíclicas entre tres y cinco días antes de la solicitud, seguido de un baño insecticida y una inspección física para confirmar que no existan larvas ni heridas activas.

Si el traslado del ganado no ocurre de inmediato, el protocolo exige repetir el tratamiento entre seis y quince días después. En caso de que pasen más de quince días, todo el proceso deberá reiniciarse desde cero. Estas medidas buscan garantizar que ningún animal infectado pueda ser movilizado dentro del territorio nacional, reduciendo así el riesgo de contagio en regiones productoras.

El acuerdo, registrado bajo el expediente 12/0076/061125, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que sea aprobado. Su aplicación busca no solo contener la plaga, sino también recuperar la confianza sanitaria de los socios comerciales, especialmente de Estados Unidos, que desde noviembre de 2024 mantiene cerrada la frontera a la importación de ganado mexicano.

Ese cierre, decretado por el Departamento de Agricultura estadounidense, frenó el comercio de más de un millón de cabezas de ganado al año y afectó a miles de productores nacionales. Con las nuevas medidas de emergencia, México intenta proteger su cabaña ganadera, restaurar su estatus sanitario y reabrir una de las rutas comerciales más importantes del sector agropecuario.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este viernes un encuentro en Washington con el senador republicano por Texas, Ted Cruz, en el que se abordaron temas clave de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la conversación incluyó los avances en la estrategia de seguridad, los vínculos económicos que unen a ambos países, los acuerdos en la distribución de agua del río Bravo y las negociaciones en torno a la exportación de jitomate mexicano.

En un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia subrayó que la relación entre México y Estados Unidos “se basa permanentemente en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y cooperación sin subordinación”.

Uno de los puntos destacados fue la distribución de agua en la zona fronteriza. Cabe recordar que en abril pasado ambos países alcanzaron un acuerdo respecto al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, tras tensiones generadas cuando Washington acusó a México de no garantizar los volúmenes comprometidos en la zona del Río Bravo. Dicho tratado regula desde hace décadas el manejo conjunto de los recursos hídricos compartidos.

Otro de los temas sobre la mesa fue el comercio agrícola, particularmente la exportación del jitomate mexicano hacia Estados Unidos. En julio, la Casa Blanca estableció una cuota compensatoria del 17.09% al señalar que los productores mexicanos estaban incurriendo en prácticas de competencia desleal en perjuicio de agricultores de Florida. Esta medida generó preocupación en el sector exportador mexicano, por lo que la Cancillería ha buscado mantener el diálogo para evitar afectaciones mayores en un producto que representa miles de empleos en territorio nacional.

La delegación mexicana estuvo encabezada por Juan Ramón de la Fuente, acompañado por Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte, y Cristina Planter, directora general de Estrategia Diplomática para América del Norte. Por parte del legislador texano asistieron el embajador Ronald Johnson y el asesor principal de Políticas y Comunicación, Omri Ceren.

El encuentro se da en un contexto de intensa agenda bilateral. Apenas dentro de cinco días, la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en lo que será su primer encuentro oficial de alto nivel con la administración estadounidense desde que asumió el cargo.

La conversación entre De la Fuente y Cruz refrenda el interés de ambas naciones por mantener un diálogo directo en temas de seguridad, economía y cooperación fronteriza. Estos espacios buscan dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en meses recientes y abrir paso a nuevas negociaciones que refuercen la relación estratégica entre México y Estados Unidos.

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, oficializó el cierre de los cómputos distritales de las seis elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio, marcando así el fin de un proceso inédito en la historia electoral del país. En esta jornada, la ciudadanía participó activamente para decidir sobre 881 cargos judiciales, en un proceso que implicó más de 3 mil 395 candidaturas en todo el territorio nacional.

La cifra total reportada asciende a 458.7 millones de votos emitidos, una cantidad que incluye tanto los votos válidos como los anulados y aquellos no utilizados por los electores. Esta magnitud representa más del doble de los sufragios registrados en la última elección federal, un dato que dimensiona la envergadura del proceso y la complejidad logística enfrentada por el organismo electoral.

“Cada votante tomó hasta 39 decisiones en una misma jornada. La magnitud del esfuerzo es difícil de dimensionar”, compartió la consejera presidenta al presentar el balance de la elección. Este ejercicio democrático es calificado como extraordinario por su carácter pionero y por la intensidad de su operación en todo el país.

La participación de la ciudadanía también alcanzó cifras sin precedentes. Un total de 170 mil personas fungieron como observadores electorales, tanto en las casillas como en los cómputos, un número que multiplica por seis el registrado durante la elección presidencial anterior. Esta presencia masiva fortaleció el monitoreo y seguimiento del proceso, aportando una capa adicional de legitimidad y transparencia.

Taddei Zavala destacó que el INE actuó con estricto apego al marco constitucional y con total transparencia, cumpliendo con la organización de una elección inédita de jueces, magistrados y ministros. “Hemos sido leales al mandato constitucional, demostrando una vez más que cuando las instituciones trabajan con profesionalismo y transparencia, los resultados están a la altura de las expectativas ciudadanas”, señaló.

El reconocimiento también se extendió al personal operativo que trabajó en los 300 distritos electorales y en los 32 consejos locales, así como a las y los funcionarios de casilla que hicieron posible el ejercicio ciudadano. Según Taddei, la jornada representa un paso fundamental para acercar el sistema judicial a la población.

Si bien se presentó el total de votos computados, que incluyen 47 millones 976 mil 253 sufragios anulados o no utilizados, no se desglosaron cifras específicas de votos nulos por tipo de elección o motivo. Esta omisión marca una diferencia frente a otros procesos, en los que se solía detallar el porcentaje de votos inválidos.

Con la conclusión oficial del conteo, el INE cierra un capítulo inédito en la historia democrática del país, abriendo paso a una etapa de transformación en la justicia mexicana. La jornada electoral del 1 de junio no solo estableció nuevos estándares en términos de participación y magnitud operativa, sino que también sentó las bases para una mayor cercanía entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Este ejercicio marca un precedente relevante y muestra un sistema electoral con capacidad para enfrentar desafíos complejos con estructura, vigilancia ciudadana y compromiso institucional.

El ambiente político en México se encendió tras la reciente difusión de mensajes considerados discriminatorios hacia la comunidad migrante, contratados por el gobierno de Estados Unidos para su transmisión en medios mexicanos. Las reacciones no se hicieron esperar, y desde el Congreso surgió un pronunciamiento claro y contundente.

Las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su rechazo absoluto a la intervención extranjera en territorio nacional mediante propaganda. En un comunicado conjunto, calificaron la acción como “inaceptable” y señalaron que constituye tanto una injerencia política como una falta de respeto hacia la población migrante y hacia México como país soberano.

“Es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos contrate propaganda en nuestro territorio para discriminar a los connacionales”, sentenció Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, al encabezar el pronunciamiento.

La controversia se intensificó luego de que un mensaje emitido por la secretaria de Seguridad de Estados Unidos fuera difundido en medios nacionales. En el contenido, se hizo referencia a personas migrantes como “criminales”, lo que desató una ola de indignación entre los legisladores y diversos sectores sociales.

“Rechazo esta injerencia y esta discriminación a nuestros paisanos”, puntualizó Gutiérrez Luna. El llamado desde el Legislativo fue directo: evitar la difusión de cualquier contenido que fomente el odio o la estigmatización, especialmente cuando proviene de actores extranjeros.

El exhorto se dirigió específicamente a televisoras y plataformas digitales mexicanas, instándolas a no servir como canal para transmitir mensajes que atenten contra los derechos y la dignidad de las personas migrantes. “Quienes tenemos conciencia social y entendemos las dificultades que día a día viven las personas migrantes, nos manifestamos profundamente indignados”, señalaron los legisladores.

En contraste, las bancadas del PAN y PRI optaron por deslindarse del manifiesto. Sin embargo, Rubén Moreira, coordinador del PRI, también ofreció una postura crítica. Subrayó que la diplomacia mexicana ha sido insuficiente para responder a este tipo de provocaciones y lamentó que la reacción del gobierno federal se centrara en atacar a los medios nacionales en lugar de emitir una nota de protesta formal hacia el gobierno estadounidense.

“Otro gobierno viene acá y hace lo que quiere”, dijo Moreira al cuestionar la aparente pasividad de la Cancillería. Las tensiones políticas continúan escalando mientras se exige una respuesta más firme y clara desde el Ejecutivo mexicano. La controversia no solo revela un conflicto diplomático en potencia, sino que también enciende el debate sobre los límites de la soberanía mediática en tiempos de migración y campañas transfronterizas.

Una conversación clave tuvo lugar en el corazón político de México. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este lunes en Palacio Nacional a Jane Fraser, directora general de Citigroup, en un encuentro que marca un nuevo capítulo para la presencia del gigante financiero estadounidense en territorio nacional.

“Me reuní en Palacio Nacional con Jane Fraser, una mujer muy inteligente que dirige Citigroup, para hablar sobre las grandes oportunidades que tiene México”, expresó la mandataria a través de su cuenta oficial en X. La frase, breve pero cargada de intención, pone sobre la mesa la dimensión de la reunión, no sólo como acto protocolario, sino como parte de una estrategia que busca consolidar la relación entre el Estado mexicano y uno de los bancos más influyentes del mundo.

El contexto del encuentro está directamente relacionado con el proceso de transformación que vive Citigroup en México. Tras anunciar su separación de Banamex, el grupo financiero se prepara para operar como una entidad independiente bajo el nombre de Grupo Financiero Citi México. Esta nueva etapa estará enfocada exclusivamente en la banca institucional, un modelo que busca otorgar créditos únicamente a empresas, dejando atrás el enfoque de banca minorista que compartió durante años con Banamex.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio luz verde a esta reestructura, aprobando la creación del nuevo grupo financiero. Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Citi México tendrá participación directa en operaciones bursátiles, lo que confirma su orientación hacia los grandes capitales y mercados corporativos.

Jane Fraser, quien lidera Citigroup desde 2019 como presidenta y directora ejecutiva de Banca de Consumo, ha impulsado cambios relevantes dentro del conglomerado financiero global. Su presencia en Palacio Nacional apunta a un interés real por fortalecer los lazos de cooperación con el gobierno mexicano en esta nueva etapa.

Este movimiento no solo representa una modificación empresarial, sino también un reacomodo en el mapa financiero del país. Con la creación del Grupo Financiero Citi México, se redefine el papel del banco estadounidense en el desarrollo económico nacional, enfocándose en proyectos empresariales e inversiones a gran escala.

La visita de Fraser también se interpreta como una señal de confianza hacia la administración de Sheinbaum, así como una apuesta por el potencial económico del país en un momento clave para los mercados internacionales. La visión de futuro comienza a trazarse desde los espacios más altos del poder político y económico.