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La propuesta de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal abrió un nuevo frente de confrontación política en la San Lázaro, donde legisladores de oposición advirtieron cambios en la elección de diputados, el acceso a resultados preliminares y las reglas de representación política en el Congreso.

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, afirmó que la iniciativa podría propiciar el uso de “acordeones” para influir en la elección de legisladores. Señaló que el nuevo modelo contempla la designación de 100 diputados mediante circunscripciones plurinominales, lo que, aseguró, facilitaría la imposición de perfiles y el fortalecimiento de estructuras políticas locales.

El planteamiento establece que cada partido presentará listas de 40 candidaturas, de las cuales los electores podrán elegir a un hombre y una mujer. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que este mecanismo busca ampliar la participación ciudadana en la selección de representantes. Sin embargo, Moreira sostuvo que este esquema podría debilitar a la oposición y consolidar grupos de poder regionales.

Otro de los puntos señalados es la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), herramienta que permite conocer tendencias la noche de la elección. El legislador advirtió que su desaparición limitaría el acceso inmediato a la información electoral. También cuestionó la intención de eliminar la lista de senadores de representación proporcional, mecanismo que permitió ampliar la pluralidad política desde su creación.

Moreira recordó que este modelo fue impulsado por Porfirio Muñoz Ledo y afirmó que su eliminación modificaría la integración del Senado. Además, señaló que su bancada no participará en el debate bajo las condiciones actuales, al considerar que la mayoría legislativa pretende modificar reglas fundamentales del sistema electoral.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, condicionó cualquier respaldo a la inclusión de medidas contra el financiamiento ilícito. Entre ellas, propuso rastrear recursos en campañas, anular elecciones con intervención criminal, retirar el registro a partidos involucrados y sancionar a dirigentes responsables.

El legislador también cuestionó el origen de la iniciativa presentada por Pablo Gómez, al señalar que no refleja un ejercicio amplio de consulta. La reforma continúa en discusión y plantea cambios en la integración del Congreso y el funcionamiento del sistema electoral mexicano.

Más de un mes después de la fecha prevista, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió finalmente uno de los casos más comentados de la pasada elección judicial. En una sesión decisiva, el Tribunal revocó las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) había impuesto a 176 candidatos, quienes habían sido sancionados por supuestamente beneficiarse de los llamados “acordeones”, listas de apoyo difundidas de forma física y digital durante el proceso de votación.

Las sanciones, que sumaban más de 6.3 millones de pesos, incluían multas a aspirantes de alto perfil. Entre ellos estaban Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos González y Giovanni Azael Figueroa Mejía, quienes enfrentaban montos individuales que iban desde los 94 mil hasta los 255 mil pesos. Sin embargo, con la nueva resolución, todos ellos quedan exentos de pago.

El INE había determinado que los candidatos eran responsables de la difusión de los acordeones por haber resultado “beneficiados” con su circulación. Pero el TEPJF consideró que esta decisión se tomó sin pruebas suficientes y sin demostrar que los aspirantes tuvieran conocimiento o participación directa en la creación o difusión del material. En su análisis, el Tribunal concluyó que el INE actuó sin fundamento ni motivación adecuada, al no comprobar ni el beneficio real ni la intención de los involucrados.

La revocación fue aprobada por mayoría, con votos de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes, quienes respaldaron los proyectos que anularon las sanciones. En contraste, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón emitieron votos particulares, al considerar que el caso debía regresar al INE para que ampliara las investigaciones antes de cerrar el expediente.

Durante la sesión, el pleno también aceptó la excusa de los magistrados Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, quienes participaron en la elección judicial y se apartaron del análisis por razones de imparcialidad.

Con esta resolución, el TEPJF dejó sin efecto las multas impuestas por el INE y marcó un precedente sobre los límites de responsabilidad de los candidatos en la propaganda generada por terceros. Según la decisión del Tribunal, no basta con que existan materiales de apoyo para atribuir una falta, sino que es indispensable probar la relación directa o el conocimiento de los involucrados.

La sentencia pone fin a un proceso que había acumulado más de 400 juicios pendientes, y devuelve al tablero político un mensaje claro: las autoridades electorales deben fundamentar sus decisiones con pruebas sólidas antes de sancionar. Para los 176 candidatos, esta decisión representa el cierre de un episodio que los mantenía bajo cuestionamiento desde la pasada elección judicial.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña presentó un proyecto en el que propone declarar válida la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina de Justicia Federal, a pesar de una impugnación que cuestionaba la legalidad del proceso por presuntas irregularidades. La propuesta será discutida y votada en los próximos días por la Sala Superior.

La impugnación fue interpuesta por una ciudadana que también participó en la contienda. En su recurso, señaló que la elección violó principios electorales, acusando que el partido Morena habría repartido “acordeones” para influir en el voto. Además, denunció que se vulneró la representatividad democrática debido a una división arbitraria de los circuitos judiciales, y que existió incertidumbre en las reglas del proceso a causa de contradicciones normativas.

El recurso incluyó como pruebas 87 acordeones en formato físico, 225 en versión digital, así como publicaciones en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, en su proyecto, De la Mata consideró que los señalamientos eran infundados y que los documentos presentados no demostraban la comisión de faltas graves.

“Las pruebas privadas que fueron aportadas por la actora no acreditan las presuntas violaciones graves y no demuestran los hechos que manifiesta la actora”, se lee en el documento.

El magistrado precisó que no existe constancia de que los acordeones se hubieran distribuido durante la jornada electoral ni de que los votantes tuvieran acceso a ellos. Tampoco se acreditó la manera en que fueron obtenidos, lo que impide comprobar su uso real.

“De estos documentos no hay forma de saber si se distribuyeron, si el electorado contaba con un ejemplar el día de la elección, además no se prueba cómo se obtuvieron y no hay certeza de si se trata de una prueba constituida”, sostiene el proyecto.

Ante la falta de elementos que comprueben las acusaciones, De la Mata plantea declarar inoperantes los señalamientos y validar la elección, lo que permitiría que los magistrados electos asuman sus cargos.

El Tribunal de Disciplina de Justicia Federal estará conformado por Celia Maya García, Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyves, Rufino León Tovar e Indira Isabel García, quienes fueron designados en este proceso electoral interno.

De aprobarse el proyecto, la Sala Superior confirmará oficialmente la integración del nuevo órgano disciplinario, que tendrá la responsabilidad de vigilar el desempeño de jueces y magistrados federales.

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Arturo Castillo pidió no declarar la validez de la reciente elección judicial, tras advertir que el uso de “acordeones” influyó de forma significativa en los resultados. La propuesta se sustentó en lo que definió como “dudas razonables” sobre la legalidad del proceso, sin que ello impidiera entregar constancias de mayoría a quienes resultaron ganadores.

El consejero señaló que se identificaron 818 casillas con irregularidades, incluyendo boletas sin extraer de las urnas, resultados con 100 por ciento de apoyo para ciertas candidaturas y una “inducción evidente” al voto mediante los llamados acordeones. Aunque este conjunto representa apenas el 0.97 por ciento de las casillas instaladas a nivel nacional, el funcionario lo calificó como “sumamente grave”.

En un momento clave del proceso electoral, Castillo fue el primero en exponer estas anomalías en la sesión dedicada a validar el cómputo nacional y entregar constancias de mayoría a los 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, electos por voto popular por primera vez.

Durante su intervención, afirmó: “Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones, porque las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones. 22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de tercero y por lo tanto, prohibidos”.

Castillo detalló que al menos 37 modelos distintos de acordeones fueron distribuidos en 15 estados del país y a nivel nacional. Estos documentos coincidieron hasta en un 80 por ciento con las candidaturas ganadoras a nivel de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para las Salas Regionales, el porcentaje de coincidencia alcanzó el 85 por ciento.

El consejero sostuvo que se trató de una “estrategia propagandística intencionada para beneficiar a las mismas candidaturas”, lo cual, a su juicio, generó un entorno de inequidad. Agregó que el INE no puede pasar por alto los indicios, aunque aclaró que estos no constituyen prueba plena.

Su propuesta consistió en no declarar la validez —que no implica declarar la invalidez— de las elecciones para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Salas Regionales, salvo la de Toluca. También planteó entregar las constancias correspondientes y dar vista a las autoridades competentes.

El Consejo General continúa deliberando sobre cómo validar los resultados, mientras se mantiene en análisis un cambio respecto al proyecto inicial, que solo consideraba excluir 11 casillas de Michoacán, Guerrero y Chiapas. El nuevo enfoque contempla omitir las más de 800 casillas señaladas, sin que eso altere el resultado general.

A pesar del debate, esta misma tarde el INE entregará las constancias de mayoría a cinco ministras y cuatro ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras la jornada del 1 de junio relacionada con la reforma al Poder Judicial, el PAN prepara una contrarreforma que pretende evitar la repetición del proceso en 2027. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del partido, anunció esta iniciativa como una medida directa para impedir que, según sus palabras, “esta locura se repita en el año 2027”.

Durante su pronunciamiento, Anaya calificó el reciente procedimiento como una simulación que careció de legitimidad desde su arranque. Argumentó que no existió una elección real de jueces y magistrados, y que en lugar de una consulta democrática, se impuso un comité compuesto por cinco personas, a las que describió como incompetentes. De ese grupo surgieron los nombres que finalmente aparecieron en las boletas de votación.

La crítica se extendió a la dinámica del ejercicio, donde, según Anaya, se presionó a la ciudadanía a votar por ciertos perfiles. “Era gente tan desconocida que en realidad fue una feria de acordeones”, expresó, en referencia a la forma en que se habría instruido a los votantes. Además, resaltó el bajo nivel de participación ciudadana, señalando que nueve de cada diez personas decidieron no acudir a las urnas.

El planteamiento de la contrarreforma ha generado diversas reacciones en el entorno político. Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, consideró que la propuesta del PAN tiene posibilidades de concretarse. No obstante, señaló que sería inviable respaldarla en alianza con el PRI, debido a la postura pasiva de su dirigencia. En sus palabras, “no se ve ni siquiera una oposición, ni siquiera cercana a poder dar puntos de vista que permitan ver voces diferentes a las de gobierno”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue aludido por Osorio Chong al considerar que sus recientes declaraciones responden más a un intento de llamar la atención que a una estrategia política articulada.

Por otro lado, Osorio Chong subrayó que la reforma judicial ya está consumada, por lo que ahora la prioridad debe ser vigilar el desempeño de quienes integran el nuevo Poder Judicial. Afirmó que garantizar certeza jurídica es fundamental para proteger la estabilidad económica del país y evitar una posible fuga de inversiones que afecte a sectores clave.

La contrarreforma que plantea el PAN se perfila como el siguiente capítulo en el debate legislativo sobre el rumbo del sistema judicial en México. La discusión promete marcar una nueva etapa de confrontación entre los partidos, con miras a redefinir el modelo de justicia del país en los próximos años.

Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, actuales ministras y candidatas para continuar en el Poder Judicial, se deslindaron formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de cualquier relación con los llamados “acordeones” que circularon en redes y calles para orientar el voto ciudadano hacia perfiles afines al oficialismo.

El deslinde fue presentado por escrito, en línea con lo que también hicieron alrededor de cien aspirantes más. La acción busca evitar que esos materiales sean considerados como parte de sus gastos de campaña, en el marco de la fiscalización que el INE ya realiza tras las elecciones judiciales celebradas recientemente.

Entre quienes también presentaron su deslinde se encuentran Claudia Valle Aguilasocho y Dolores Ruvalcaba, aspirantes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Luis Ibarra Navarrete, candidato a juez de distrito en la Ciudad de México, así como otros dos aspirantes a magistrado regional en materia electoral y al Tribunal de Disciplina Judicial.

La consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que estos escritos buscan deslindar a los candidatos de una posible vinculación con el financiamiento, producción y distribución de los acordeones. Aclaró que la Unidad Técnica de Fiscalización ya indaga el origen de los recursos destinados a ese material propagandístico.

En caso de que la investigación detecte una relación directa entre los materiales y alguna candidatura, el costo será sumado al tope de gastos correspondiente. Si dicho límite es rebasado, se aplicará la sanción correspondiente, conforme a la normativa vigente.

La fiscalización en curso se centra en los más de 3 mil 300 aspirantes que compitieron por 881 cargos dentro del Poder Judicial. De acuerdo con Humphrey, la mayoría ya entregó sus informes de gastos, y será el próximo 18 de julio cuando la Comisión de Fiscalización resuelva si existen anomalías. Posteriormente, el Consejo General del INE aprobará los informes definitivos el 28 de julio.

La consejera aclaró que estos procedimientos no afectan la entrega de constancias de mayoría, prevista para el 15 de junio, ni el proceso de toma de posesión de los cargos, programada para el 1 de septiembre. Añadió que, durante ese periodo, podrán presentarse impugnaciones que serán atendidas conforme al marco legal.

Sin emitir juicios, el INE mantiene en marcha la revisión del ejercicio electoral que marcó un precedente al abrir a votación popular la integración de instancias clave del sistema judicial. Mientras tanto, el proceso continúa, con la lupa puesta en los gastos, la legalidad y la legitimidad de los resultados.

En un paso clave para asegurar la equidad en la inédita elección judicial de este domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, de manera unánime, prohibir el reparto o la exhibición de los conocidos “acordeones” durante el periodo de veda y la jornada electoral.

Estos documentos, impresos o digitales, que contienen listados con nombres de candidaturas sugeridas, han circulado intensamente en redes sociales, lo que generó denuncias por su posible uso como herramienta de coacción o propaganda indebida en una contienda que abarca más de 880 cargos en el Poder Judicial.

La decisión fue tomada a partir del proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que valida el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobado el pasado jueves, en el que se pide frenar la difusión de cualquier material que pueda influir en el voto durante la veda electoral.

El TEPJF dejó claro que el acuerdo no vulnera derechos constitucionales. La ciudadanía sí podrá llevar anotaciones o listas con sus preferencias electorales al momento de votar, siempre que estos materiales no sean visibles ni compartidos públicamente, como parte de una decisión individual y privada.

“No se le impide a los votantes que cuenten con elementos físicos o electrónicos en los que se indiquen las candidaturas de su preferencia”, señaló el tribunal, subrayando que la restricción solo aplica a la difusión masiva y al uso público de este tipo de apoyos visuales.

La medida busca blindar la elección contra prácticas que puedan influir en la decisión libre del electorado. Así lo expresó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, durante una sesión extraordinaria en la que urgió detener cualquier acción que intente “persuadir o inhibir el voto” de los casi 100 millones de ciudadanos convocados a las urnas.

Esta elección marcará un antes y un después en la historia democrática del país. Por primera vez, la población mexicana podrá elegir directamente a ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Más de 3 mil 400 candidaturas están en competencia, con niveles de participación esperados que podrían no superar el 20%. Herramientas como “Conóceles”, plataforma oficial del INE, han permitido acceder a la trayectoria de los aspirantes en un intento por fomentar un voto informado.

Con esta resolución, las autoridades electorales buscan garantizar una jornada transparente y respetuosa de la libertad ciudadana en un proceso que definirá el nuevo rostro del sistema judicial en México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó formalmente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) la apertura de investigaciones por posibles delitos relacionados con la distribución de “acordeones” con instrucciones de voto en el marco de la elección del Poder Judicial. Este tipo de materiales, impresos y sistematizados, se estarían utilizando para influir en el sufragio ciudadano a favor de candidaturas específicas.

Dos denuncias ciudadanas activaron la alerta. La primera se refiere a presuntas acciones de funcionarios públicos en el estado de Nuevo León; la segunda, a hechos ocurridos en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, donde personas identificadas como Servidores de la Nación habrían participado en la entrega de estos documentos. En ambos casos, los señalados forman parte de estructuras gubernamentales, lo que genera preocupación sobre el uso de recursos públicos y la posible coacción del voto.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE fue la encargada de dar vista a la FISEL, con el objetivo de que se inicien las indagatorias correspondientes. La legislación vigente prohíbe tajantemente la distribución de propaganda electoral que induzca al voto, especialmente si esta proviene de actores vinculados al servicio público.

Desde el Consejo General del INE, las voces de alerta fueron claras. La consejera Claudia Zavala subrayó que las herramientas oficiales como los simuladores de boletas están diseñadas para ayudar al electorado a prepararse, pero advirtió que existe una línea muy clara entre el apoyo informativo y la inducción al voto. “Tiene que revisarse si esto implica alguna inducción o coacción al voto”, indicó.

Por su parte, la consejera Norma Irene De La Cruz señaló que la producción masiva e impresa de estos “acordeones” podría representar un gasto significativo que deberá ser fiscalizado. Advirtió que algunos de los nombres incluidos en las listas niegan haber promovido dicha propaganda, lo que refuerza la necesidad de rastrear su origen y financiamiento.

El INE recalcó que estas denuncias aún están en fase preliminar de investigación interna. Las autoridades competentes buscan establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados, y si existen elementos suficientes para que el caso sea judicializado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá la última palabra sobre la validez y consecuencias de estas acciones.

Las investigaciones siguen su curso, mientras el INE mantiene su llamado a la ciudadanía para ejercer un voto libre e informado, en un proceso electoral que se perfila como uno de los más complejos del año.