Un comité controversial: La paridad de género bajo la lupa en el Congreso de CDMX

El Congreso de la Ciudad de México ha dado luz verde al Comité de Evaluación que supervisará la elección judicial local. Este órgano será clave para evaluar a las personas aspirantes a jueces y magistrados, analizando sus expedientes y seleccionando a quienes cumplan con los requisitos legales. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémica, ya que la integración del Comité ha generado fuertes críticas por violar la paridad de género, un principio estipulado por la ley.

 

Conformado por Sandra Araceli Vivanco Morales, Mauricio Augusto Calcaneo Monts, Israel Sandoval Jiménez, Julián Güitrón Fuentevilla y Mario Juárez Ugalde, el Comité incluye solo a una mujer entre cinco integrantes, lo que va en contra de las normas que exigen una representación equitativa entre hombres y mujeres.

 

La oposición en el Congreso no tardó en señalar esta irregularidad. Legisladores como Roifyd Torres, del Movimiento Ciudadano, exigieron que se repusiera el proceso o, al menos, que se realizara una nueva votación para incluir a otra mujer en el Comité. Torres propuso que se eliminara a uno de los integrantes masculinos, sugiriendo que esto podría resolverse mediante votación o sorteo.

 

El morenista Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión Especial para la Selección de Jueces y Magistrados, admitió que el Comité no cumple con la paridad de género, pero defendió la decisión argumentando limitaciones de tiempo. Según Martínez Urincho, aplazar la instalación del Comité sería inviable debido a los plazos del proceso de elección judicial.

 

“Estas fueron las propuestas que recibimos de las diputadas y diputados. Reconocemos que no se cumple con la paridad, pero el Comité debe instalarse de inmediato”, afirmó.

 

La oposición no se conformó con estas explicaciones. Legisladoras como Tania Larios, del PRI, insistieron en que el respeto a la ley no es opcional. Subrayaron que la paridad de género es un principio legal que debe garantizarse en cualquier circunstancia.

 

A pesar de las críticas, Morena y sus aliados utilizaron su mayoría para aprobar la conformación del Comité tal como estaba propuesta, cerrando la puerta a cualquier modificación.

 

Este debate no solo refleja las tensiones políticas dentro del Congreso, sino que también pone sobre la mesa un tema fundamental: el compromiso con la igualdad de género en procesos institucionales. Mientras tanto, el Comité, cuya instalación ya está en marcha, tendrá la tarea de seleccionar a las personas más capacitadas para los cargos judiciales, con una sombra de controversia que no será fácil de disipar.

Monreal afirma que en el 2025 habrá reforma electoral y se discutirá la minuta del Infonavit

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reveló que el próximo año traerá una agenda legislativa cargada de reformas clave para el país, con temas que impactarán directamente en el ámbito social, laboral y político.

 

En febrero, el Congreso discutirá la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), buscando fortalecer los derechos y beneficios de millones de trabajadores. Monreal detalló que, antes de esa fecha, se lanzará una convocatoria en la última semana de enero para escuchar a autoridades, empresarios y sindicatos, en un ejercicio de diálogo amplio que busca construir un consenso sólido.

 

En el ámbito electoral, Monreal adelantó que en 2025 se planea una reforma de gran alcance. Aunque los detalles específicos aún no se han definido, el coordinador señaló que esta iniciativa tocará varios aspectos fundamentales, incluyendo la posible reducción de recursos destinados a los partidos políticos. “Es una reforma amplia que tocará muchos temas importantes”, afirmó para un medio informativo de noticias.

 

Entre otros asuntos prioritarios, destacó la prohibición del consumo de maíz transgénico, una propuesta que será presentada en enero por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un paquete de iniciativas. Este tema, junto con la legislación sobre concesiones de agua y temas ambientales, marcará el tono de los primeros meses del próximo año.

 

Monreal recordó que las reformas constitucionales enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, y que no se aprobaron, han quedado sin efecto. Esto significa que las iniciativas deberán ser presentadas nuevamente para iniciar el proceso legislativo desde cero.

 

El líder de Morena subrayó que a partir de febrero comenzará un periodo de intenso trabajo legislativo, con más de 40 modificaciones a leyes reglamentarias y nuevas propuestas. Entre los temas más relevantes también están las pensiones dignas, los topes salariales para servidores públicos y la protección ambiental, elementos que, según Monreal, requieren una atención urgente.

 

“Vamos a trabajar para garantizar derechos fundamentales y construir un país más justo. Las reformas serán el pilar del próximo periodo legislativo”, concluyó Monreal.

“La violencia en Sinaloa no nos define”: Rocha Moya en su tercer informe de gobierno

En su tercer informe de gobierno, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, abordó sin rodeos uno de los temas más críticos para el estado: la inseguridad. Reconoció la persistencia de actos violentos, pero aseguró que no permitirán que la violencia paralice a la sociedad ni detenga los esfuerzos por recuperar la paz.

 

Desde el Congreso de Sinaloa, Rocha Moya admitió que los enfrentamientos entre grupos criminales y delitos como el robo de vehículos y homicidios son una realidad que las autoridades enfrentan cada día. “Tenemos una propaganda que dice que en Sinaloa no se puede estar por la violencia; no la negamos, pero tampoco es como para inmovilizarnos”, declaró.

 

El mandatario destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el apoyo de las Fuerzas Armadas como pilares en la lucha contra la delincuencia. “Cada mañana planificamos cómo proceder ante los desafíos de seguridad, con operativos específicos que ya están dando resultados”, afirmó.

 

El gobernador no eludió mencionar los recientes hechos violentos, como los homicidios registrados en casas clandestinas de juego. También subrayó que el combate al crimen organizado incluye estrategias de inteligencia, programas sociales dirigidos a jóvenes y una firme intención de restaurar la paz en el estado. “No negamos la violencia, pero tampoco nos inmoviliza”

 

Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Sinaloa registró 14 homicidios dolosos en un solo día, lo que refuerza la urgencia de las acciones emprendidas por el gobierno estatal.

 

En contraste con el optimismo del informe, las inmediaciones del Congreso estatal fueron escenario de protestas. Un grupo de ciudadanos se manifestó exigiendo la revocación del mandato del gobernador, cuestionando los resultados en materia de seguridad y justicia.

 

Rocha Moya concluyó su informe con un mensaje de compromiso: “Nunca he negado ni negaré que la inseguridad aún existe, pero téngase bien presente: no cederé en este compromiso hasta que la ciudadanía recobre su derecho a circular segura y libremente por los espacios públicos”.

 

Aunque los retos persisten, el mandatario aseguró que el trabajo conjunto entre autoridades y sociedad es el camino para que Sinaloa supere la sombra de la violencia y recupere su verdadera esencia: la de un estado fuerte y resiliente.

Presupuesto 2025: Polémica, desafíos, perspectivas y cifras ambiciosas en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados avanza con paso firme en la discusión del presupuesto que definirá el rumbo financiero del gobierno de Claudia Sheinbaum en su primer año al frente de México. Este lunes, la Comisión de Hacienda aprobó los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) y la Ley de Derechos 2025, enviándolos al Pleno de San Lázaro para su revisión final. Sin embargo, no todo ha sido consenso: la oposición cuestiona duramente las proyecciones macroeconómicas y la falta de estrategias recaudatorias a largo plazo.

 

Los documentos aprobados proyectan ingresos presupuestarios por 8.056 billones de pesos, un aumento real del 5.4% respecto a 2024. Este optimismo se sustenta en un crecimiento económico esperado de entre 2% y 3% para 2025, cifras que, según la oposición, distan de las expectativas del mercado financiero. “Es irresponsable proyectar un crecimiento tan optimista sin medidas claras para fomentar la inversión y el empleo”, señaló un diputado del PAN durante la sesión.

 

En cuanto a los ingresos por derechos, se anticipa una recaudación de 137,500 millones de pesos, un salto significativo respecto a los 59,091 millones aprobados para 2024. Parte de este aumento provendrá de ajustes como la elevación del derecho especial sobre minería del 7.5% al 8.5%, medida que, según la Secretaría de Hacienda, busca equilibrar los beneficios obtenidos por las empresas mineras frente a los recursos no renovables de la nación.

 

Otro punto de debate ha sido la autorización de un endeudamiento neto interno por 1.5 billones de pesos, destinado a cubrir los ingresos faltantes del Presupuesto de Egresos, que asciende a 9.226 billones de pesos. La oposición critica que esta decisión compromete la sostenibilidad financiera del país. “Estamos hipotecando el futuro para financiar proyectos sin un impacto claro en el crecimiento económico”, advirtió un legislador de Movimiento Ciudadano.

 

Por otro lado, la Ley de Derechos incluye una distribución específica de los recursos obtenidos por el uso de aeropuertos federales: el 60% será destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional y el 40% a la Secretaría de Marina para infraestructura y operaciones. Esta decisión busca fortalecer el desarrollo aeroportuario bajo la gestión de estas dependencias.

 

La supermayoría de Morena y sus aliados en el Congreso apunta a aprobar el paquete el próximo 27 de noviembre, pero no sin enfrentar cuestionamientos. Desde la ausencia de funcionarios de Hacienda durante las discusiones hasta la falta de una política recaudatoria clara, el debate está lejos de terminar. “México merece un presupuesto realista y responsable que atienda las necesidades actuales sin hipotecar el futuro”, expresó un diputado del PRI.

Zacatecas avanza en justicia reproductiva al legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación

En una votación que marca un hito en la historia de los derechos reproductivos en México, el Congreso de Zacatecas aprobó con 21 votos a favor y seis en contra la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. Con esta decisión, Zacatecas se suma a otros 16 estados que han reconocido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, consolidando un avance crucial en la agenda de derechos humanos en el país.

 

Esta reforma al Código Penal estatal no solo elimina las sanciones legales para las mujeres que opten por interrumpir su embarazo en las primeras doce semanas, sino que también establece mecanismos claros para garantizar procedimientos seguros y accesibles. Según el dictamen aprobado, esta medida busca erradicar el estigma social y prevenir embarazos no deseados, especialmente en adolescentes y niñas, además de reforzar el acceso a servicios médicos de calidad.

 

La modificación también incluye sanciones específicas para el aborto forzado, penalizando a quienes, sin el consentimiento de la persona gestante, interrumpan el embarazo en cualquier momento. Esto resalta el enfoque integral de la reforma, que no solo protege el derecho a decidir, sino que también salvaguarda a las mujeres contra actos de violencia y coacción.

 

Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que promovieron un amparo en 2023 declarando inconstitucionales los artículos que prohibían el aborto en Zacatecas, celebraron esta victoria. “Es un triunfo para las mujeres y personas gestantes de Zacatecas, pero también un mensaje para el resto del país: los derechos sexuales y reproductivos no son negociables”, declaró una representante de GIRE tras la votación.

 

Además, la reforma obliga a la Secretaría de Salud estatal a garantizar el acceso gratuito y seguro a los procedimientos de aborto, sin criminalización para las pacientes ni el personal médico que participe en ellos. Esto pone fin a una larga historia de discriminación y temor legal que enfrentaban quienes buscaban ejercer su derecho a decidir.

 

Este avance se da en un panorama donde las mujeres en México aún enfrentan barreras significativas para ejercer sus derechos reproductivos. Si bien 17 estados han despenalizado el aborto, en muchas regiones del país persisten restricciones que criminalizan a las mujeres por interrumpir sus embarazos.

 

“Es hora de que el resto de las entidades sigan este ejemplo. No es solo un tema legal, es un tema de justicia social y salud pública”, añadió una activista local.

 

Con esta decisión, Zacatecas envía un mensaje claro: los derechos de las mujeres son prioritarios y deben garantizarse en todos los niveles. Este paso es un recordatorio de que el camino hacia la equidad y la justicia continúa, pero que cada avance cuenta.

Apoyo sin precedentes para los adultos mayores y educación dentro del presupuesto 2025

El proyecto de presupuesto 2025, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pone en el centro de sus prioridades el fortalecimiento de los programas sociales, con un énfasis particular en la Pensión para Adultos Mayores. Este programa absorbe el 58% del presupuesto total destinado a becas y pensiones, con una asignación histórica de 483 mil 427 millones de pesos, un incremento de 18 mil millones respecto a 2024.

 

“Este presupuesto es un reflejo de nuestro compromiso con quienes más lo necesitan. No se trata solo de números, sino de justicia social”, señaló Sheinbaum al respecto.

 

El gasto social propuesto alcanza los 835 mil 705.5 millones de pesos, lo que representa un importante respaldo a 18 programas prioritarios del gobierno federal. Entre estos destacan:

 

  • Becas Benito Juárez, con un presupuesto de 131 mil 926.5 millones de pesos, de los cuales 78 mil 840.7 millones estarán destinados a la nueva Beca Rita Cetina, un apoyo bimestral de 1,900 pesos por familia, con un bono adicional de 700 pesos por cada hijo extra.

 

  • Sembrando Vida, que recibirá 39 mil 100 millones de pesos, reforzando su misión de revitalizar el campo mexicano.

 

  • Jóvenes Construyendo el Futuro, con 24 mil 205 millones de pesos, destinados a la integración laboral de los jóvenes.

 

  • La Escuela es Nuestra, con 25 mil millones de pesos, aunque con una reducción de 3 mil 358 millones respecto al presupuesto de 2024.

 

La administración Sheinbaum también incluyó dos programas de reciente creación, pensados para atender necesidades específicas:

 

  • Apoyo a Mujeres de 60 a 64 años: Con un presupuesto de 15 mil millones de pesos, este programa entregará 3 mil pesos bimestrales a mujeres en este rango de edad, iniciando en 2025.

 

  • Bienestar Casa por Casa: Diseñado para llevar atención médica a domicilio a adultos mayores, contará con 2 mil millones de pesos para asegurar que doctores y enfermeras brinden cuidado sanitario periódico.

 

El Congreso tiene hasta el 15 de diciembre para aprobar el presupuesto. Sin embargo, algunos legisladores ya han expresado inquietudes sobre las reducciones en programas educativos y posibles ajustes en la ejecución de otros proyectos.

 

“Es un presupuesto ambicioso y necesario, pero requiere un seguimiento minucioso para garantizar que cada peso se traduzca en resultados tangibles”, opinó un analista económico.

 

Con este plan, el gobierno de Sheinbaum busca no solo consolidar su legado de bienestar social, sino también preparar el terreno para un México más equitativo, donde el apoyo a los sectores más vulnerables sea el motor del desarrollo nacional.

El INAI pende de un hilo: Monreal anuncia su extinción mientras dicha institución defiende su autonomía

La posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está en la agenda del Congreso, y la incertidumbre crece tanto para los defensores de la transparencia como para los empleados del Instituto. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, confirmó que la extinción del INAI podría ser discutida en el Legislativo en los próximos días, una propuesta que ha generado preocupación en quienes ven en el organismo una pieza clave para la defensa de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México.

 

En un encuentro reciente con los comisionados del INAI, Monreal recibió sus inquietudes y planteamientos, pero fue contundente al señalar que la permanencia del Instituto parece improbable. “No creo que eso sea posible”, afirmó Monreal, aunque aseguró que el empleo de los 816 trabajadores del INAI está garantizado en un régimen de transición, indicando que podrían ser reubicados en otras dependencias. “Habría que buscar la forma, pero sus trabajos están garantizados. Tendrán opciones distintas; eso lo veremos en los transitorios de la reforma”, declaró.

 

Monreal explicó que los cuatro comisionados del INAI han buscado alternativas para salvar la institución, apelando a diversas instancias gubernamentales y federales. Según el líder morenista, los comisionados incluso se reunieron con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien les indicó que la decisión final recae en el Poder Legislativo.

 

Por su parte, Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI, ofreció un mensaje a medios en el que reiteró la importancia de contar con una institución autónoma que respalde los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, derechos fundamentales en cualquier democracia. “Es indispensable que el Estado mexicano cuente con una institución autónoma que garantice estos derechos humanos”, expresó Alcalá, defendiendo la vigencia del Instituto y su misión como garante de transparencia y privacidad para los ciudadanos.

 

“Estamos convencidos de que el INAI es esencial en el panorama actual”, subrayó Alcalá. “Nuestro país merece una sede independiente que brinde seguridad a los ciudadanos en cuanto a sus datos personales y acceso a la información pública. Seguiremos dialogando, insistiendo en esta posición en el marco de este proceso legislativo”, añadió.

 

Esta iniciativa de reforma surge en un contexto donde la autonomía de los órganos reguladores ha sido un tema polémico, con propuestas que buscan reestructurar o eliminar organismos autónomos. En ese sentido, el INAI se enfrenta a un escenario complejo en el que sus defensores consideran que su extinción sería un retroceso en términos de transparencia y acceso a la información en México. Diversas voces dentro de la sociedad civil han alzado la voz en defensa de esta institución, considerando que su desaparición podría abrir la puerta a prácticas de opacidad.

 

Con la primera lectura de la propuesta legislativa programada para esta semana, el futuro del INAI se definirá pronto, dejando en claro que las próximas decisiones tendrán repercusiones significativas en la forma en que el Estado mexicano maneja la información pública y protege los datos personales. La sociedad y los expertos en transparencia están atentos a lo que se decida, conscientes de que esta posible reforma marcará un antes y un después en la historia de los derechos ciudadanos en México.

 

El INAI, que ha jugado un papel fundamental en la rendición de cuentas, enfrenta su mayor desafío, y mientras sus comisionados luchan por preservar su autonomía, el Congreso será el campo de batalla donde se defina su destino. Monreal dejó claro que esta decisión será compleja, pero su firmeza en la casi inminencia de la reforma no deja dudas: el INAI está en la cuerda floja, y su futuro depende de la discusión legislativa que se avecina.

Claudia Sheinbaum Anuncia Extinción del INAI y Reforma a Organismos Autónomos

La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está cerca de su desaparición. Luego de la reunión que sostuvieron los comisionados del instituto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no se alcanzaron los resultados esperados. Las propuestas presentadas por el INAI, incluyendo una reducción presupuestal de 300 millones de pesos y un plan de reingeniería, no fueron suficientes y han llegado “demasiado tarde”, indicó Sheinbaum en la conferencia de este martes.

Sheinbaum ha puesto fin a la esperanza de los comisionados de evitar la desaparición del INAI, argumentando que su existencia como organismo autónomo carece de sentido. La reforma constitucional que prevé la eliminación de siete organismos y entes autónomos, incluido el INAI, sigue en curso. La mandataria sugirió que el papel de garantizar la transparencia podría ser asumido por la Secretaría de la Función Pública, ahora llamada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Este cambio, sin embargo, plantea dudas sobre la imparcialidad, ya que concentraría la responsabilidad de supervisar al gobierno en manos del propio Estado. “La clave es garantizar la transparencia no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo y el Poder Judicial”, enfatizó.

El pasado 16 de octubre, tras la reunión entre Gobernación y el INAI, la Administración de Sheinbaum solicitó un ajuste mayor al presupuesto del organismo, sobrepasando los 300 millones de pesos propuestos originalmente. Sin embargo, la mandataria descartó cualquier ajuste en los gastos del instituto, señalando que la propuesta de desaparición ya ha sido presentada en el Congreso.

La desaparición del INAI forma parte de una serie de reformas constitucionales heredadas de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que buscan la eliminación de siete organismos autónomos, entre ellos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. El argumento del gobierno para esta extinción masiva se basa en que estos organismos son prescindibles, cuentan con prácticas cuestionables y los recursos destinados a ellos podrían redirigirse a otras necesidades prioritarias. Según Sheinbaum, la función de transparencia recaerá en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

 

Taddei niega rupturas en el INE y enfrenta debate por ‘Superpoderes’

Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta con firmeza la controversia en torno a las facultades unilaterales que el Congreso le ha conferido para designar a los titulares de unidades técnicas dentro del organismo. A pesar de la decisión mayoritaria de seis consejeros de llevar el asunto ante la Suprema Corte, Taddei rechazó tajantemente que exista un conflicto interno en el INE. “No hay ningún conflicto interno en un consejo colegiado capaz de no ser resuelto”, afirmó.

 

La polémica surge tras la iniciativa de Sergio Gutiérrez Luna, legislador de Morena, quien propuso elevar a rango constitucional los “superpoderes” de Taddei. Esto permitiría que la presidenta del INE tenga la facultad exclusiva de nombrar a los responsables de direcciones ejecutivas e integrantes de la Junta General Ejecutiva, facultades que tradicionalmente se han otorgado de manera colegiada. Durante su intervención en la instalación de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados, Taddei se mostró serena, destacando que el debate y las diferencias de opinión son naturales en un organismo colegiado.

 

“La toma de decisiones en un consejo como el INE implica acuerdos, y algunas veces se logran de manera unánime y otras no; lo importante es que todos buscamos siempre el bienestar del sistema electoral”, explicó. Taddei recalcó que, aunque cuestiona la decisión de sus colegas de impugnar sus nuevas facultades, respeta la autonomía de cada consejero. La iniciativa de controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte por seis consejeros del INE es inédita, pues busca limitar la concentración de poderes en una sola persona dentro de un órgano colegiado. Este planteamiento ha generado un intenso debate sobre la independencia del INE y la manera en que debe estructurarse la toma de decisiones en el organismo.

 

“No existe siquiera la atribución de interponer una controversia constitucional en este caso, pero es un acuerdo tomado por el Consejo General, y así debemos asimilarlo”, puntualizó Taddei, sugiriendo que el asunto debería resolverse dentro del propio consejo, sin necesidad de involucrar a la Suprema Corte.

 

Además del debate interno, Taddei enfatizó la prioridad del INE en asegurar un proceso electoral exitoso en 2025, que incluye la compleja elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta aseguró que la experiencia y el profesionalismo del organismo garantizarán que la jornada electoral del próximo año se desarrolle sin contratiempos. “La complejidad de un proceso electoral no debe confundirse con la capacidad del INE para ejecutarlo de manera imparcial y eficiente”, señaló.

 

Por su parte, los consejeros que apoyan la controversia constitucional han subrayado que su objetivo es proteger el carácter democrático del INE. Argumentan que centralizar las decisiones en una sola persona podría poner en riesgo la imparcialidad del organismo electoral en momentos clave para el país. Uno de los consejeros, bajo condición de anonimato, comentó que “el INE ha sido un baluarte de la democracia en México, y debemos cuidar que su estructura colegiada se mantenga intacta”.

 

Esta situación se da en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno y el INE, con la reforma política-electoral como un tema de fondo en la agenda legislativa. La Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados, donde Taddei estuvo presente, discutirá en las próximas semanas la propuesta de Gutiérrez Luna y otros puntos de la reforma que podrían redefinir la organización del INE de cara a las elecciones de 2025.

CDMX Implementará la Licencia Permanente para conducir, un cambio que busca simplificar la movilidad

A partir de noviembre de este año, la Ciudad de México dará un paso importante hacia la simplificación de trámites para automovilistas con la introducción de la Licencia Permanente para conducir. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que este lunes enviará al Congreso de la Ciudad una iniciativa para reformar el Código Fiscal, con el objetivo de establecer este nuevo derecho para los capitalinos. “Hoy es un día importante para la movilidad en la Ciudad de México, estamos comprometidos con facilitar la vida de quienes usan el automóvil como parte de su día a día”, declaró Brugada en conferencia de prensa.

 

La medida busca eliminar la necesidad de renovar periódicamente la licencia de conducir, facilitando a los ciudadanos un trámite más sencillo y económico. Una vez aprobada la iniciativa por el Congreso, la expedición de la Licencia Permanente arrancará en noviembre de 2024 y estará disponible hasta diciembre de 2025. El costo para obtenerla será de 1,500 pesos, y los fondos recaudados se destinarán a un fideicomiso público que financiará importantes proyectos de infraestructura, movilidad no motorizada y seguridad vial.

 

“Con esta licencia, estamos eliminando una carga administrativa para los ciudadanos y generando un beneficio económico a largo plazo. Sabemos que muchos automovilistas estarán felices de no tener que preocuparse por renovaciones periódicas”, afirmó Brugada. Además, la jefa de Gobierno destacó que este cambio no afectará negativamente las finanzas de la capital, asegurando que la ciudad cuenta con las condiciones económicas necesarias para llevar a cabo el proyecto sin comprometer sus recursos.

 

El trámite para obtener la Licencia Permanente se podrá realizar tanto de forma digital como presencial, en los módulos de la Secretaría de Movilidad. Las personas que tramiten por primera vez su licencia deberán aprobar un examen teórico, cuyos detalles serán anunciados una vez que se apruebe la convocatoria oficial. Los conductores que ya cuenten con una licencia de al menos tres años podrán obtener la Licencia Permanente de forma automática, sin necesidad de examen.

 

Uno de los puntos más relevantes del anuncio de Brugada fue la importancia que se le dará a la seguridad vial. El gobierno capitalino convocará a la sociedad civil para participar en la construcción de un gran Programa de Seguridad Vial, que estará vinculado a la emisión de la nueva licencia. “Queremos que la sociedad participe activamente en la construcción de este programa. La seguridad vial es una responsabilidad compartida”, subrayó Brugada.

 

Asimismo, la jefa de Gobierno aclaró que la Licencia Permanente no significa inmunidad ante infracciones. Los motivos de revocación seguirán siendo estrictos y estarán basados en la legislación actual. Entre las causas de cancelación se encuentran: ser responsable de un accidente de tránsito con víctimas graves o mortales, reincidir en el programa “Conduce sin Alcohol”, acumular infracciones monetarias o causar daños al mobiliario urbano, entre otros. “No vamos a tolerar que quienes conduzcan irresponsablemente mantengan su licencia, la seguridad de todos está primero”, enfatizó.

 

La implementación de la Licencia Permanente es vista como una iniciativa inclusiva que beneficiará a miles de conductores en la capital. “Este proyecto representa un avance importante en la simplificación de trámites en la ciudad, pero también refuerza nuestro compromiso con la seguridad y la movilidad sustentable”, afirmó Brugada. Para facilitar el acceso, se habilitarán más módulos de la Secretaría de Movilidad en caso de que la demanda lo requiera, garantizando que todos los ciudadanos puedan realizar el trámite sin contratiempos.

 

Finalmente, Brugada subrayó que la Licencia Permanente será válida únicamente para automovilistas de la Ciudad de México, y reiteró que aquellos que deseen obtenerla deberán cumplir con los requisitos establecidos, ya sea mediante la aprobación del examen o automáticamente si ya cuentan con una licencia previa. La prueba se podrá realizar de manera virtual o presencial, con asesorías disponibles en los módulos correspondientes.