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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará en noviembre su propuesta de reforma electoral, de acuerdo con lo informado por su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. La titular del organismo confirmó que los trabajos de elaboración del documento ya comenzaron formalmente este jueves en la sede central del instituto.

Taddei explicó que el proceso incluirá la consulta a todas las áreas del INE con el objetivo de integrar propuestas que fortalezcan el desempeño institucional y consoliden un planteamiento integral. “Estamos pensando que para finales de noviembre, entiendo que en enero se presentará la iniciativa (de la presidenta Claudia Sheinbaum), estaremos entregando el documento, justo hoy empiezan los trabajos aquí en el instituto”, señaló.

La presidenta del órgano electoral detalló que la elaboración del proyecto se realiza de manera interna y con la participación de los distintos equipos técnicos y operativos del instituto. Con ello, se busca garantizar que la propuesta refleje la experiencia acumulada del INE en más de tres décadas de organización de procesos electorales en México.

En torno a la posibilidad de que la propuesta sea tomada en cuenta por la comisión presidencial para la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, o por los legisladores de mayoría de Morena, Taddei reconoció que no existe una garantía formal. “Esa garantía la va a dar la comisión para la reforma en el Congreso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levantar la voz, decir quiénes somos, hablar de la experiencia, poner a consideración de estas dos instancias la experiencia acumulada de más de 35 años”, sostuvo.

La titular del INE subrayó que el instituto cumplirá con su responsabilidad de participar en el proceso de análisis y discusión de la reforma desde su ámbito técnico y operativo, aportando información, diagnósticos y propuestas sustentadas en la experiencia institucional.

De manera paralela, este jueves integrantes del Colegio de Ejecutivos Electorales de México entregaron al INE su propia propuesta de reforma electoral, con el objetivo de contribuir al debate y fortalecer el proceso de revisión del sistema electoral mexicano.

Con estos trabajos, el INE avanza en la construcción de un documento que buscará incidir en la discusión nacional sobre la reforma electoral que se prevé sea presentada por el Ejecutivo federal en enero. El organismo electoral trabaja en consolidar una propuesta basada en su experiencia y conocimiento técnico, a fin de mantener un papel activo dentro del proceso de transformación institucional que se avecina.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley de Amparo, asegurando que el dictamen avalado es “prácticamente la misma propuesta” que ella envió al Congreso. La iniciativa fue aprobada durante la madrugada del miércoles, tras más de 15 horas de discusión en el recinto legislativo de San Lázaro, donde se realizaron algunos ajustes al texto original.

Pese a las modificaciones, la mandataria subrayó que los cambios no alteran el sentido principal de la propuesta y destacó que podrían realizarse ajustes adicionales ahora que el proyecto regrese al Senado de la República para su revisión. “Es prácticamente la misma propuesta que presentó aquí el ministro Zaldívar”, declaró Sheinbaum, al referirse a la participación del actual coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, quien fue impulsor inicial de esta iniciativa.

Durante su intervención, Sheinbaum explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con jurisprudencia que delimita los casos en los que pueden aplicarse nuevas leyes procesales. En ese sentido, detalló que el artículo transitorio aprobado en la Cámara baja se basó en esos criterios de la Corte, para definir “a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, y qué casos se aplica la ley anterior”.

La presidenta enfatizó además que las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados se centraron en mantener la posibilidad de la suspensión provisional, con el objetivo de conservar la estructura vigente de la ley en ese aspecto. “Se hicieron cambios para que se quedara como está actualmente”, señaló, al tiempo que descartó la aplicación retroactiva de la reforma, una preocupación que había generado debate en días anteriores.

El pasado 3 de octubre, Arturo Zaldívar participó en la conferencia matutina del Gobierno federal, donde instó a los legisladores a clarificar el artículo transitorio para evitar interpretaciones erróneas. “El precepto no tiene la suficiente claridad y ha dado lugar a un debate innecesario y a ciertas críticas, descalificaciones y también preocupaciones legítimas”, advirtió en ese momento.

La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo marca un nuevo paso en el proceso legislativo impulsado por el Ejecutivo, en busca de ajustar los alcances de este instrumento jurídico. Ahora, el proyecto volverá al Senado para su análisis final, donde se podrían incorporar precisiones adicionales antes de su eventual promulgación.

Senadores de oposición y hasta aliados del oficialismo expresaron su rechazo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el fuero a legisladores y que puedan responder por presuntos delitos. Integrantes del PRI, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que la medida debilitaría al Poder Legislativo y abriría la puerta a persecuciones políticas.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, afirmó que la propuesta pondría en riesgo el papel de contrapeso del Congreso. Señaló que, aunque el fuero no debe convertirse en impunidad ni protección, su eliminación podría limitar la calidad crítica que debe ejercer el Poder Legislativo.

“No se trata de menguar al poder legislativo, al contrario, se trata de hacer un Poder Legislativo con más calidad. Yo estoy de acuerdo en que si hay delincuencia en el Poder Legislativo siga la ruta que tengan que seguir, sean castigados y sean puestos a disposición de los jueces, de ninguna manera el fuero debe ser impunidad o protección, pero quitarlo crea el riesgo de que entonces la calidad de contrapeso, la calidad de crítica que pueda ejercerse desde el poder legislativo se acabe”, expresó.

Ramírez Marín añadió que el fuero protege a los legisladores frente a abusos de poder de otros actores políticos: “Evita que un gobernador, valiéndose de un juez, un presidente de la República, valiéndose de su fuerza, o un legislador valiéndose de sus influencias, pueda limitar o impedir el trabajo a un legislador”.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta pierde legitimidad al provenir del gobierno en turno. “Que sea la oposición quien plantea que se le quite ese blindaje nos parece que sería correcto, pero si eso viene desde quien está hoy en el poder me parece que tendría otro sentido”,sostuvo.

Recordó que el fuero surgió para proteger especialmente a legisladores opositores frente a persecuciones políticas. “El fuero en nuestro país tiene un origen muy particular, y justamente es blindar, es darle una cobertura a los legisladores, sobre todo de oposición, porque en aquellos casos en este país hace muchos años eran cuando esas figuras se veían, de persecución, me refiero, cuando un legislador levantaba la voz, la denunciaba, señalaba, eran perseguidos encarcelados, reconvenidos por sus dichos, y yo hoy no podría garantizar que esos procesos estén lejos, hemos visto que ha habido persecuciones, hay denuncias de persecuciones a voces opositoras”, destacó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que las denuncias frívolas contra políticos pueden ser utilizadas para perseguir y encarcelar principalmente a legisladores opositores. “No vaya a ser que por venganzas políticas terminen los opositores en la cárcel como pasó en Venezuela; yo no quisiera comparar los regímenes, lo que pasa es que aquí, como van quitando tantas garantías como el amparo, ahora el fuero, modificó la reforma judicial, lo cierto es que el conjunto de cócteles es lo que puede provocar una bomba”,alertó.

La comisión presidencial encargada de la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, anunció que lanzará una consulta nacional para conocer la postura de la ciudadanía sobre dos temas clave: la posible eliminación de senadores y diputados plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. El resultado de este ejercicio servirá para alimentar la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso.

Durante la más reciente sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el representante de Morena ante ese organismo, Guillermo Santiago, explicó que la consulta será abierta y tendrá como propósito recoger directamente la opinión de la gente. 

“Gran parte de los planteamientos y de los temas centrales que se van a encuestar es, por un lado, si debe reducirse el financiamiento público a los partidos políticos y, por otro, si es pertinente eliminar o reducir las diputaciones plurinominales. Estas preguntas no se van a contestar desde las élites, sino desde el pueblo”, afirmó.

Santiago también rechazó que revisar el presupuesto del INE sea un intento por debilitar a la institución. Agregó que la comisión presidida por Gómez escuchará “todas las voces”, desde ciudadanos y legisladores hasta expertos, académicos y organizaciones sociales.

“Queremos una democracia eficiente, queremos una democracia austera y una democracia verdaderamente representativa y legítima, no queremos que se eternicen en el poder estos viejos lobos de mar, que lo único que quieren es seguir destruyendo este país”, declaró.

La propuesta, sin embargo, ya ha provocado reacciones de la oposición. Juan Ignacio Zavala, representante legislativo de Movimiento Ciudadano, criticó el regreso de las comisiones presidenciales y señaló que el simple hecho de anticipar los temas de la encuesta sin esperar los resultados refleja que el ejercicio será “pura simulación”.

Desde el PRI, Emilio Suárez advirtió que esta sería la primera vez en la historia de México que se intenta impulsar una reforma electoral sin la participación de los partidos políticos. El legislador calificó como sorprendente que, en medio de acusaciones desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado, lo primero que se plantee sea eliminar el financiamiento público. Según dijo, esa decisión abriría la puerta a que recursos ilícitos ingresen con mayor facilidad a las campañas.

Por su parte, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, alertó que, si la propuesta presidencial llega al Congreso y se aprueba sin modificaciones, el país correría el riesgo de un retroceso democrático. “Eso sería un golpe directo a la democracia mexicana, un golpe de Estado, porque eliminaría el debate público, la participación de partidos políticos y de la sociedad civil, y convertiría las reglas electorales en un decreto unilateral de un poder del Estado”, sostuvo.

La consulta nacional se perfila como un ejercicio que no solo medirá la opinión ciudadana, sino que también marcará el rumbo de una de las discusiones políticas más relevantes del sexenio: cómo construir una democracia que sea, al mismo tiempo, representativa, legítima y austera.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que marca un cambio significativo en la política de salud local: la prohibición de la venta y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en la capital. La medida se enmarca en una estrategia más amplia que también sanciona la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.

El proyecto, avalado por mayoría, modifica los artículos 9, “Ciudad Solidaria”, y 10, “Ciudad Productiva”, de la Constitución Política de la Ciudad de México. En el dictamen se establece con claridad: “La ley de la materia y demás aplicables, sancionarán toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley”.

Durante la discusión en el Congreso capitalino, el diputado de Morena, Alberto Vanegas Arenas, explicó que la iniciativa busca fortalecer el derecho humano a la salud. Argumentó que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores no representan una alternativa segura, especialmente porque los principales consumidores en el país son adolescentes. “Llegan a fumar casi el doble que un consumidor adulto”, aseguró el legislador.

Desde otra perspectiva, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, propuso que en lugar de prohibir se regulara el mercado de vapeadores. Afirmó que con controles de calidad estrictos, el Estado podría obtener beneficios económicos. “El mercado de vapeadores podría llegar a significar siete mil millones de pesos anuales en impuestos”, destacó.

El debate también contó con la postura del diputado del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villarreal Cantú, quien respaldó la prohibición señalando que estos dispositivos no contribuyen a disminuir el consumo de tabaco. “Generan la adicción a sustancias más nocivas”, dijo. Además, citó estudios que revelan que casi un millón de adolescentes de entre 12 y 17 años han utilizado vapeadores, lo que evidencia un riesgo de salud pública que requiere medidas urgentes.

La aprobación del dictamen se suma a los esfuerzos del gobierno capitalino por establecer políticas más estrictas contra el consumo de productos nocivos y sustancias ilícitas. El enfoque no se limita al ámbito del tabaquismo, sino que refuerza la lucha contra drogas sintéticas como el fentanilo, considerado una de las amenazas más graves para la salud en el país y en el continente.

Con esta decisión, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia de las restricciones sobre vapeadores en Latinoamérica. La medida abre el camino a nuevos retos en materia de aplicación y fiscalización, así como a un debate nacional que podría extenderse en los próximos meses.

El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que a partir del 1 de septiembre, cuando asuma el cargo, impulsará un cambio profundo en el sistema judicial del país, con una visión que incluya y respete la diversidad cultural de México.

El anuncio se dio el viernes 8 de agosto de 2025 durante una conferencia magistral en el Congreso de Guerrero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto. Aguilar Ortiz subrayó que el máximo tribunal velará por el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios, ya reconocidos en la Constitución.

En su gira por la capital guerrerense, el próximo presidente de la SCJN sostuvo un encuentro con el senador Félix Salgado Macedonio, a quien expresó que la Corte vivirá una etapa de transformación. “Vamos a cambiar el sistema de justicia de este país, vamos a sentar las bases”, afirmó.

El evento reunió a líderes y representantes indígenas que aprovecharon para recordarle al ministro electo la deuda histórica con estas comunidades. Ezequiel Catalán, coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), pidió que no desvíe la mirada de las necesidades de los pueblos originarios y afromexicanos. “Hay mucha injusticia aún, hace falta combatir la discriminación, la pobreza y la desigualdad que siguen siendo abismales”, recalcó.

Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, denunció que la discriminación persiste incluso dentro de las instituciones. “Si nosotros, que estamos aquí, sufrimos violencia y discriminación, imagínense quienes están allá afuera”, expresó.

En este contexto, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) para la Protección de Personas Defensoras presentó un informe que evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos de las comunidades indígenas en México. El documento reporta que 68 defensores del territorio y de derechos humanos han sido asesinados, 17 fueron víctimas de desaparición forzada —cinco de ellas aún no localizadas—, y que entre las víctimas se cuentan 82 hombres, nueve mujeres y una persona no binaria.

Con estos datos, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se convirtió en un llamado urgente a garantizar justicia y protección para quienes luchan por preservar la identidad, los derechos y las tierras de las comunidades originarias del país. Aguilar Ortiz asumirá su cargo en medio de estas demandas, con la expectativa de que su promesa de una justicia pluricultural se traduzca en acciones concretas.

El antiguo recinto de Xicoténcatl volverá a cobrar vida este mes con el traslado de las últimas tres sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, luego de que el Senado anunciara una serie de adecuaciones en su sede principal para recibir a más de 881 nuevos jueces, magistrados y ministros que rendirán protesta el próximo 1 de septiembre.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que no se trata de una remodelación del salón del pleno, sino de ajustes operativos y logísticos necesarios para el desarrollo del evento, que reunirá a integrantes del Poder Judicial de todo el país. La ceremonia de protesta se llevará a cabo en siete rondas, desde las 7:30 de la tarde hasta cerca de las 11:30 de la noche.

Los primeros en rendir protesta serán los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguidos por magistrados y jueces. La magnitud del acto ha obligado al Senado a modificar su dinámica regular de trabajo, trasladando las sesiones a Xicoténcatl para mantener su actividad legislativa sin interrupciones.

Como parte de la preparación, ya se han realizado simulacros con personal interno, incluyendo brigadas de limpieza, para garantizar que el protocolo se cumpla con precisión. Además, el Senado implementará un sistema de apoyo virtual y telefónico con al menos dos operadores, quienes se encargarán de orientar a los invitados sobre el acceso al recinto y la entrega del documento oficial de toma de protesta.

Cada uno de los más de 800 juzgadores llegará acompañado, por lo menos, de una persona, lo que incrementa significativamente el flujo de asistentes al recinto legislativo. La operación logística contempla horarios escalonados para la llegada de los grupos, con el objetivo de evitar aglomeraciones y asegurar que la ceremonia fluya sin contratiempos.

El Senado convertirá ese día en un operativo de alta coordinación, tanto por la relevancia del acto como por la cantidad de participantes. La actividad legislativa regular continuará de forma paralela, aunque en una sede distinta, para no interferir con los preparativos y desarrollo de este evento judicial sin precedentes.

Así, el recinto de Xicoténcatl se prepara para recibir de nuevo la actividad parlamentaria, mientras el Senado se convierte en sede de una de las tomas de protesta más significativas en la historia reciente del Poder Judicial mexicano.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado 3 de agosto la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una instancia que será encabezada por el economista y exlegislador Pablo Gómez Álvarez. El objetivo central de esta nueva comisión es realizar un diagnóstico profundo del sistema electoral mexicano y diseñar una propuesta de reforma legislativa acorde a los desafíos actuales del país.

La decisión fue comunicada a través de una tarjeta informativa emitida por Presidencia, en la que se detalla que la comisión analizará de manera integral el modelo actual de representación política, así como los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de impulsar una reforma que atienda los problemas estructurales del sistema de partidos y fortalezca la democracia representativa.

Con esta designación, Pablo Gómez concluyó su gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargo en el que había sido ratificado el 3 de octubre de 2023. Su experiencia legislativa y técnica ha sido clave en procesos de transformación política previos, incluida la promoción de reformas electorales durante su paso por el Congreso.

De acuerdo con la Presidencia, en los próximos días se dará a conocer la integración completa de la Comisión, que trabajará de manera conjunta con legisladores, académicos, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos para diseñar una propuesta legislativa que será discutida en el Congreso de la Unión.

Según el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el debate formal de esta reforma iniciará a partir del 1 de septiembre, fecha de arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Pablo Gómez, egresado de la UNAM, ha sido diputado federal en cuatro ocasiones y senador de la República, además de activista desde su juventud, cuando participó en el movimiento estudiantil de 1968. A lo largo de su trayectoria ha sido autor y coautor de diversos libros, además de colaborador en medios nacionales.

En 2022, mientras encabezaba la UIF, Gómez Álvarez ya había anticipado que una eventual reforma electoral debería enfocarse en cerrar el paso a la injerencia del crimen organizado en las elecciones, proponiendo modelos de proporcionalidad pura y mecanismos de listas abiertas que permitan una mayor transparencia en la selección de candidatos.

El anuncio marca el inicio formal de un nuevo capítulo en la discusión sobre el futuro del sistema electoral mexicano, con la intención de modernizar las reglas del juego democrático e incorporar garantías para una representación ciudadana más efectiva y menos vulnerable a intereses externos.

La presidenta Claudia Sheinbaum se fue con todo y publicó en una sola jugada 11 reformas nuevas en el Diario Oficial de la Federación. Todas salidas del reciente periodo extraordinario del Congreso, y sí, entre ellas va esa que en redes ya bautizaron como “la ley espía”. 

Con esta reforma, ahora el gobierno tiene permiso de crear una base nacional con datos biométricos de todos los mexicanos y usar la CURP como identificación oficial obligatoria. También se abrió la puerta para que las autoridades puedan rastrear celulares en tiempo real. Según el texto, esto se aplicará sobre todo en casos de personas desaparecidas, aunque la oposición no tardó en prender las alertas.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión también viene en el paquete. Con ella, se formaliza la posibilidad de localizar teléfonos móviles sin tener que dar tantas vueltas legales. Todo, bajo el argumento de reforzar tareas de seguridad.

Otra de las grandes reformas es a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, donde se busca mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Aquí entra fuerte el CURP con datos biométricos, que se convertirá en la identificación nacional por excelencia. Así como suena: aceptación universal, uso obligatorio y monitoreo en tiempo real en ciertos casos.

El paquete también incluye una actualización a la Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Básicamente, se endurecen las reglas contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y todo lo que huela a redes criminales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tendrá ahora más poder y más herramientas para rastrear movimientos sospechosos.

Adiós también al Coneval. A partir de ahora, sus facultades pasan al Inegi, gracias a los cambios en leyes de presupuesto, contabilidad gubernamental y desarrollo social. Se cierra un capítulo en temas de evaluación de política pública, y se abre otro con más control central.

Otra bomba: nace la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que sustituye a la antigua Cofece. Cambia el nombre, cambia la estructura, pero el objetivo es el mismo: ir contra quienes controlen mercados de forma abusiva. Todo esto respaldado por reformas a leyes de competencia económica y de entidades paraestatales.

También fue publicada la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca que hacer un trámite no sea una tortura. Además, se actualizaron reglas para la Guardia Nacional, el sistema de inteligencia y seguridad pública.

Y como broche final: se prohíbe el uso de animales marinos en espectáculos. Así que los delfines quedan fuera del show por ley. Literal.

Once reformas, una sola tarde y mucha tela por cortar. La administración de Sheinbaum arranca con fuerza y un combo legal que va a dar de qué hablar.

Cuauhtémoc Blanco, actual diputado federal por Morena y exgobernador de Morelos, puso en venta su departamento ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. La propiedad, adquirida por el exfutbolista en 2007, cuando jugaba para el equipo Chicago Fire, se encuentra a unos pasos del paseo de playa más popular de esa ciudad, en un sector rodeado por tiendas de lujo y exclusivos restaurantes.

El precio original del inmueble fue de 450 mil dólares, según los registros públicos del condado de Cook revisados por Latinus. En marzo de 2025, este departamento fue puesto a la venta a través de distintas plataformas inmobiliarias, con un precio inicial de 400 mil dólares, lo que equivale a poco más de ocho millones de pesos mexicanos. Sin embargo, en los últimos días, el valor ofertado ya bajó a 380 mil dólares, conforme a información proporcionada por tres agencias inmobiliarias con sede en Estados Unidos.

Esta propiedad cobró relevancia pública desde el año 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó al Congreso del estado abrir una investigación contra Blanco por presunto enriquecimiento ilícito. La indagatoria incluyó la revisión de bienes del entonces gobernador, entre ellos, este departamento en territorio estadounidense.

En su más reciente declaración patrimonial, presentada en septiembre de 2024 como parte de sus funciones como legislador federal, Cuauhtémoc Blanco reportó la posesión de cinco propiedades. No obstante, en dicha documentación oficial no se especifica que alguno de esos inmuebles haya sido adquirido ni valuado en dólares.

Este movimiento inmobiliario se suma a un contexto de cuestionamientos legales que rodean al exfutbolista, convertido en figura política, quien ha sido objeto de diversas investigaciones por presuntas irregularidades en su patrimonio.

El departamento, cuya ubicación privilegiada lo convierte en un bien altamente cotizado, representa uno de los bienes más emblemáticos ligados al historial financiero de Blanco desde su etapa como jugador profesional en la liga estadounidense de fútbol.

La situación patrimonial del diputado ha sido observada con atención tanto por las autoridades como por la opinión pública, debido al contraste entre sus ingresos reportados y las propiedades que ha acumulado a lo largo de su carrera en el deporte y la política.