Senadores de oposición y hasta aliados del oficialismo expresaron su rechazo a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para retirar el fuero a legisladores y que puedan responder por presuntos delitos. Integrantes del PRI, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que la medida debilitaría al Poder Legislativo y abriría la puerta a persecuciones políticas.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM, afirmó que la propuesta pondría en riesgo el papel de contrapeso del Congreso. Señaló que, aunque el fuero no debe convertirse en impunidad ni protección, su eliminación podría limitar la calidad crítica que debe ejercer el Poder Legislativo.

“No se trata de menguar al poder legislativo, al contrario, se trata de hacer un Poder Legislativo con más calidad. Yo estoy de acuerdo en que si hay delincuencia en el Poder Legislativo siga la ruta que tengan que seguir, sean castigados y sean puestos a disposición de los jueces, de ninguna manera el fuero debe ser impunidad o protección, pero quitarlo crea el riesgo de que entonces la calidad de contrapeso, la calidad de crítica que pueda ejercerse desde el poder legislativo se acabe”, expresó.

Ramírez Marín añadió que el fuero protege a los legisladores frente a abusos de poder de otros actores políticos: “Evita que un gobernador, valiéndose de un juez, un presidente de la República, valiéndose de su fuerza, o un legislador valiéndose de sus influencias, pueda limitar o impedir el trabajo a un legislador”.

Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, consideró que la propuesta pierde legitimidad al provenir del gobierno en turno. “Que sea la oposición quien plantea que se le quite ese blindaje nos parece que sería correcto, pero si eso viene desde quien está hoy en el poder me parece que tendría otro sentido”,sostuvo.

Recordó que el fuero surgió para proteger especialmente a legisladores opositores frente a persecuciones políticas. “El fuero en nuestro país tiene un origen muy particular, y justamente es blindar, es darle una cobertura a los legisladores, sobre todo de oposición, porque en aquellos casos en este país hace muchos años eran cuando esas figuras se veían, de persecución, me refiero, cuando un legislador levantaba la voz, la denunciaba, señalaba, eran perseguidos encarcelados, reconvenidos por sus dichos, y yo hoy no podría garantizar que esos procesos estén lejos, hemos visto que ha habido persecuciones, hay denuncias de persecuciones a voces opositoras”, destacó.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que las denuncias frívolas contra políticos pueden ser utilizadas para perseguir y encarcelar principalmente a legisladores opositores. “No vaya a ser que por venganzas políticas terminen los opositores en la cárcel como pasó en Venezuela; yo no quisiera comparar los regímenes, lo que pasa es que aquí, como van quitando tantas garantías como el amparo, ahora el fuero, modificó la reforma judicial, lo cierto es que el conjunto de cócteles es lo que puede provocar una bomba”,alertó.

La comisión presidencial encargada de la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez, anunció que lanzará una consulta nacional para conocer la postura de la ciudadanía sobre dos temas clave: la posible eliminación de senadores y diputados plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. El resultado de este ejercicio servirá para alimentar la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso.

Durante la más reciente sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el representante de Morena ante ese organismo, Guillermo Santiago, explicó que la consulta será abierta y tendrá como propósito recoger directamente la opinión de la gente. 

“Gran parte de los planteamientos y de los temas centrales que se van a encuestar es, por un lado, si debe reducirse el financiamiento público a los partidos políticos y, por otro, si es pertinente eliminar o reducir las diputaciones plurinominales. Estas preguntas no se van a contestar desde las élites, sino desde el pueblo”, afirmó.

Santiago también rechazó que revisar el presupuesto del INE sea un intento por debilitar a la institución. Agregó que la comisión presidida por Gómez escuchará “todas las voces”, desde ciudadanos y legisladores hasta expertos, académicos y organizaciones sociales.

“Queremos una democracia eficiente, queremos una democracia austera y una democracia verdaderamente representativa y legítima, no queremos que se eternicen en el poder estos viejos lobos de mar, que lo único que quieren es seguir destruyendo este país”, declaró.

La propuesta, sin embargo, ya ha provocado reacciones de la oposición. Juan Ignacio Zavala, representante legislativo de Movimiento Ciudadano, criticó el regreso de las comisiones presidenciales y señaló que el simple hecho de anticipar los temas de la encuesta sin esperar los resultados refleja que el ejercicio será “pura simulación”.

Desde el PRI, Emilio Suárez advirtió que esta sería la primera vez en la historia de México que se intenta impulsar una reforma electoral sin la participación de los partidos políticos. El legislador calificó como sorprendente que, en medio de acusaciones desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado, lo primero que se plantee sea eliminar el financiamiento público. Según dijo, esa decisión abriría la puerta a que recursos ilícitos ingresen con mayor facilidad a las campañas.

Por su parte, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, alertó que, si la propuesta presidencial llega al Congreso y se aprueba sin modificaciones, el país correría el riesgo de un retroceso democrático. “Eso sería un golpe directo a la democracia mexicana, un golpe de Estado, porque eliminaría el debate público, la participación de partidos políticos y de la sociedad civil, y convertiría las reglas electorales en un decreto unilateral de un poder del Estado”, sostuvo.

La consulta nacional se perfila como un ejercicio que no solo medirá la opinión ciudadana, sino que también marcará el rumbo de una de las discusiones políticas más relevantes del sexenio: cómo construir una democracia que sea, al mismo tiempo, representativa, legítima y austera.

Morena puso en marcha una ambiciosa estrategia de reorganización territorial a nivel nacional con la mira puesta en las elecciones intermedias de 2027, donde estarán en juego cargos federales y 17 gubernaturas. La presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, arrancó la gira nacional en Tlaxcala, entidad donde también se renovará el gobierno estatal en ese proceso electoral.

Durante una conferencia de prensa, Alcalde delineó la nueva estructura de los comités seccionales de Morena, la cual abarcará las 71 mil 541 secciones electorales del país. En el diseño, el partido busca fortalecer su presencia de base con dos niveles bien definidos de operación, orientados a la movilización, captación de simpatizantes y vinculación directa con la dirigencia.

El primer nivel de esta estructura estará conformado por figuras políticas del partido que asumirán el rol de “mentores” y que tendrán a su cargo la organización de diez secciones electorales cada uno. Este nivel incluirá a senadores, diputados federales y locales, regidores, consejeros estatales y nacionales, entre otros perfiles activos del movimiento.

“Vamos a salir a las calles, vamos a estar viendo tanto a la presidenta del comité, al presidente del consejo, a nuestros senadores, a nuestros diputados locales y federales, a nuestros consejeros y consejeras estatales y nacionales, a nuestras regidoras, nuestros regidores, todos vamos a ser mentores de diez secciones electorales”, afirmó la dirigente nacional.

El segundo nivel estará compuesto por cinco personas por comité, con capacidad de comunicación directa con la dirigencia estatal y nacional. Dentro de cada comité se elegirá una presidencia seccional y una secretaría ejecutiva. Además, estos órganos recibirán materiales como el periódico Regeneración y tendrán participación en actividades organizativas permanentes.

Luisa María Alcalde destacó que todos los integrantes de estos comités seccionales participarán de forma voluntaria, sin recibir remuneración económica. “No es gente que le demos un apoyo, no, son militantes de a pie, es la señora del mercado, el señor que vive y que quiere participar de manera más activa”.

Además de esta estructura territorial, Morena implementará un plan de capacitación técnica y política para presidentes municipales, síndicos y regidores, quienes deberán prepararse en temas como gestión de recursos y austeridad republicana. La capacitación será obligatoria, y se incluirá también una directriz de atención ciudadana permanente: cada funcionario deberá dedicar al menos un día a la semana para recibir y atender directamente las inquietudes de la población.

Esta organización territorial tiene antecedentes dentro del movimiento desde 2011, cuando se fundaron los primeros comités bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Su crecimiento ha sido progresivo en cada proceso electoral, y en 2024 tuvieron un papel activo en la promoción del voto.

El modelo de Morena guarda similitudes con estructuras políticas en América Latina. El Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia desarrolló comités barriales; el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil consolidó núcleos de base; y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) operó a través de brigadas territoriales. Experiencias similares también se han visto en Uruguay, Chile, Nicaragua, El Salvador y España. En Estados Unidos, los Democratic Socialists of America (DSA) mantienen acciones organizativas especialmente en barrios marginados.

Con esta estructura, Morena refuerza su base organizativa en preparación para un proceso electoral clave, apostando a la territorialidad, la militancia activa y la capacitación constante de sus cuadros locales.

En medio de tensiones internas y una creciente presión mediática, Morena llevó a cabo su Consejo Nacional este domingo en la Ciudad de México, con la asistencia de senadores, diputados, gobernadores y figuras clave del partido. La presidenta nacional, Luisa María Alcalde, y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, marcaron postura clara: no habrá protección para quienes incurran en actos de corrupción y es momento de cerrar filas.

Desde su llegada, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, denunció lo que calificó como una “ofensiva mediática terrible” en contra de su coordinador parlamentario, refiriéndose a los señalamientos hacia el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez. Reconoció que hay “algo de fuego amigo”, pero aseguró que se trata principalmente de una estrategia de la derecha. “La verdad es que traen una ofensiva mediática terrible contra el senador”, declaró, dejando claro que, mientras no haya denuncias formales, todo es “golpeteo”.

Rechazó cualquier comparación con el caso de Genaro García Luna: “García Luna está preso, confeso, sentenciado. Cualquier similitud con ese caso es absurdo”, subrayó. También criticó que los medios no exijan explicaciones a Felipe Calderón.

Por su parte, Luisa María Alcalde fue contundente al afirmar que Morena no solapará a nadie que traicione los principios del movimiento. “No protegemos a persona alguna que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro Movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia”, puntualizó. Aseguró que si hay dudas o señalamientos, será la autoridad quien deberá resolver, sustentada en pruebas.

Alcalde reiteró que el compromiso de Morena es combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. “Todo aquel que se desvíe de estos principios, debe responder por sus actos”, sostuvo en su intervención ante el pleno del Consejo Nacional.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, llamó a la militancia a dialogar con madurez y colaborar con profesionalismo. Reconoció que algunas tensiones internas se deben a iniciativas y reacciones de los propios cuadros del partido, por lo que pidió cuidar que las diferencias no impongan costos políticos a la organización ni al gobierno.

Durazo instó a territorializar la defensa de la Cuarta Transformación y recordó que, aunque existan enfoques distintos, el objetivo es común. “Podemos pensar distinto, pero no luchamos por cosas distintas. Entre nosotros puede haber enfoques distintos, pero hay algo que no podemos perder de vista: el origen y el objetivo común de nuestra lucha”, dijo.

El Consejo Nacional se realizó en un contexto de presiones internas y externas que, según Durazo, buscan abrir grietas en el movimiento. “Voces malintencionadas apuestan también a la fractura de nuestro movimiento”, advirtió, al tiempo que pidió pensar en las consecuencias de cada diferencia antes de que se convierta en crisis.

El encuentro cerró con llamados a la unidad, el compromiso ético y la defensa organizada de los principios que dieron origen a Morena.

Tras la jornada del 1 de junio relacionada con la reforma al Poder Judicial, el PAN prepara una contrarreforma que pretende evitar la repetición del proceso en 2027. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del partido, anunció esta iniciativa como una medida directa para impedir que, según sus palabras, “esta locura se repita en el año 2027”.

Durante su pronunciamiento, Anaya calificó el reciente procedimiento como una simulación que careció de legitimidad desde su arranque. Argumentó que no existió una elección real de jueces y magistrados, y que en lugar de una consulta democrática, se impuso un comité compuesto por cinco personas, a las que describió como incompetentes. De ese grupo surgieron los nombres que finalmente aparecieron en las boletas de votación.

La crítica se extendió a la dinámica del ejercicio, donde, según Anaya, se presionó a la ciudadanía a votar por ciertos perfiles. “Era gente tan desconocida que en realidad fue una feria de acordeones”, expresó, en referencia a la forma en que se habría instruido a los votantes. Además, resaltó el bajo nivel de participación ciudadana, señalando que nueve de cada diez personas decidieron no acudir a las urnas.

El planteamiento de la contrarreforma ha generado diversas reacciones en el entorno político. Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, consideró que la propuesta del PAN tiene posibilidades de concretarse. No obstante, señaló que sería inviable respaldarla en alianza con el PRI, debido a la postura pasiva de su dirigencia. En sus palabras, “no se ve ni siquiera una oposición, ni siquiera cercana a poder dar puntos de vista que permitan ver voces diferentes a las de gobierno”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue aludido por Osorio Chong al considerar que sus recientes declaraciones responden más a un intento de llamar la atención que a una estrategia política articulada.

Por otro lado, Osorio Chong subrayó que la reforma judicial ya está consumada, por lo que ahora la prioridad debe ser vigilar el desempeño de quienes integran el nuevo Poder Judicial. Afirmó que garantizar certeza jurídica es fundamental para proteger la estabilidad económica del país y evitar una posible fuga de inversiones que afecte a sectores clave.

La contrarreforma que plantea el PAN se perfila como el siguiente capítulo en el debate legislativo sobre el rumbo del sistema judicial en México. La discusión promete marcar una nueva etapa de confrontación entre los partidos, con miras a redefinir el modelo de justicia del país en los próximos años.

En una acción sin precedentes dentro del nuevo proceso electoral judicial en México, las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas. Esta solicitud, presentada por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, apunta directamente a la integridad de los aspirantes involucrados.

Las objeciones se basan en dos frentes contundentes. El primero, de carácter legal y ético: 18 de las personas impugnadas se encuentran presuntamente vinculadas a investigaciones penales federales, algunas con órdenes de aprehensión activas. Las acusaciones incluyen delitos de alto impacto como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y presunta relación con la delincuencia organizada. A juicio de los legisladores, esta situación representa una clara violación del requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, indispensable para aspirar a un cargo judicial.

El segundo punto crítico recae en el desempeño académico. Ocho candidaturas adicionales han sido impugnadas por no alcanzar el promedio mínimo requerido de 8.0 en estudios de licenciatura. Las calificaciones de estas personas oscilan entre 7.0 y 7.93, lo cual, según Gutiérrez Luna, pone en entredicho no solo la preparación profesional, sino la calidad ética que debe caracterizar a los futuros jueces, juezas y magistrados. “La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, puntualizó el diputado.

El informe presentado a las autoridades electorales incluye documentación sobre carpetas de investigación abiertas, así como detalles de las relaciones de algunos aspirantes con personajes vinculados al crimen organizado. También se hace referencia a casos en los que los candidatos han ejercido como abogados defensores de individuos procesados por delitos de alto perfil, generando así posibles conflictos de interés.

En palabras de Gutiérrez Luna, “la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”. Su declaración resalta la importancia de proteger la legitimidad del Poder Judicial frente al contexto electoral que, por primera vez en la historia de México, permitirá a la ciudadanía elegir directamente a jueces, magistrados y otros cargos de este poder del Estado.

El 1 de junio de 2025, más de 99 millones de votantes están convocados a las urnas para elegir 881 cargos entre más de 3,400 postulaciones. En medio del proceso, las campañas —que finalizarán el 28 de mayo— se desarrollan bajo la mirada atenta de la sociedad civil, organismos internacionales y la oposición, que han encendido alertas sobre una posible injerencia del crimen organizado y del Poder Ejecutivo.

La impugnación de estas candidaturas podría marcar un precedente clave en la consolidación de una justicia verdaderamente independiente, transparente y profesional en el país.