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El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el combate al tráfico de fentanilo y avanzar en el desmantelamiento de las redes que distribuyen drogas sintéticas entre ambos países.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la reunión forma parte de las acciones impulsadas por el titular de la cancillería para consolidar el intercambio de estrategias e información con autoridades estadounidenses. A través de este diálogo, se busca “fortalecer” el combate al tráfico de fentanilo y “desarticular aún más las cadenas de suministro” vinculadas a estas sustancias ilícitas.

El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial de Sara Carter a México, acompañada por el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. La cancillería destacó que esta coordinación bilateral también contempla el intercambio de buenas prácticas orientadas a la prevención del consumo de drogas, así como acciones conjuntas contra el tráfico ilegal de armas y otras drogas sintéticas.

De acuerdo con la SRE, estas reuniones forman parte de una estrategia basada en el respeto irrestricto a la soberanía nacional y el fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional. La dependencia señaló que el seguimiento de estas acciones ha permitido debilitar a organizaciones criminales transnacionales y reforzar la protección de las comunidades en ambos lados de la frontera.

Previo a su reunión con el canciller, la directora de la ONDCP sostuvo encuentros con autoridades mexicanas responsables de la seguridad nacional en Palacio Nacional. Entre los funcionarios participantes estuvieron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. Durante esas reuniones, Carter reiteró que Estados Unidos trabaja “día y noche” en coordinación con México para eliminar a los cárteles y frenar el tráfico de drogas.

La visita de la funcionaria estadounidense ocurre días después del operativo realizado el 22 de febrero en Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras el despliegue, tanto Carter como el embajador Johnson reconocieron el resultado del operativo y felicitaron a las autoridades mexicanas.

Por su parte, la ONDCP confirmó que la reunión encabezada por el canciller mexicano forma parte de los esfuerzos conjuntos para avanzar en el combate al tráfico de drogas y consolidar la cooperación bilateral. Con este encuentro, la cancillería mexicana reafirma su papel en la coordinación internacional para enfrentar las redes criminales vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

Una investigación de The New York Times documentó que organizaciones criminales mexicanas han utilizado municiones calibre .50 fabricadas en una planta estadounidense propiedad del gobierno de Estados Unidos, destinada originalmente al abastecimiento del Ejército de ese país. De acuerdo con el reportaje, estas municiones provienen de la planta Lake City Army Ammunition, ubicada en el estado de Missouri, una de las principales instalaciones productoras de cartuchos militares en territorio estadounidense.

El artículo, elaborado por los periodistas Ben Dooley, Isabella Cota y Emiliano Rodríguez, detalla que, aunque la planta opera bajo control gubernamental, distintos acuerdos comerciales han permitido que parte de su producción llegue al mercado minorista. Este esquema ha facilitado que las municiones crucen hacia la frontera y, posteriormente, sean adquiridas por grupos delictivos en México.

Las municiones calibre .50 son utilizadas en armas de alto poder, como el fusil Barret M8, diseñado para disparos de largo alcance y con capacidad para perforar blindajes. De acuerdo con el reportaje, este tipo de cartuchos ha sido asegurado por autoridades federales mexicanas en el estado de Sinaloa, en el contexto de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, intensificada tras el traslado a Estados Unidos y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

Según documentos revisados por The New York Times, los acuerdos entre el Ejército estadounidense y contratistas privados han permitido que las municiones calibre .50 puedan ser comercializadas, lo que ha convertido a la planta de Lake City en una fuente relevante de este tipo de cartuchos para los cárteles mexicanos. El reportaje también señala que el propio gobierno de México ha adquirido municiones a esta instalación, en operaciones distintas a las detectadas en el mercado ilegal.

El texto destaca que el mercado civil para rifles calibre .50 en Estados Unidos es limitado, por lo que este tipo de munición no suele ser adquirida con frecuencia por compradores particulares. Aun así, los cartuchos han sido rastreados hasta escenarios de violencia en México, donde, según el artículo, han sido utilizados por organizaciones criminales en ataques armados, incluidos derribos de helicópteros y homicidios cometidos con rifles de este calibre.

En este contexto, el pasado 24 de enero se llevó a cabo la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS). De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese encuentro ambos gobiernos acordaron reforzar las acciones conjuntas para combatir el tráfico de armas, uno de los factores clave en el fortalecimiento del poder de fuego de los cárteles en territorio mexicano.

La embajada de Estados Unidos en México difundió este domingo un mensaje dirigido a personas migrantes en el que subrayó que la frontera sur estadounidense no sólo está reforzada en tierra, sino también en el cauce del río Bravo, mediante la instalación de barreras flotantes. La advertencia fue publicada en redes sociales y estuvo acompañada por un video que muestra una extensa línea de boyas de color naranja colocadas sobre el afluente, mientras suena de fondo la canción “Down by the Riverside” de Willie Jones.

En el mensaje, la representación diplomática señaló que quienes intenten cruzar el río Bravo se encontrarán con obstáculos físicos y vigilancia constante. “Si intentas cruzar el río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante”, destacó la embajada al referirse a esta infraestructura instalada a lo largo de más de 800 kilómetros del río, que funciona como frontera natural entre Estados Unidos y México, particularmente en el tramo que divide Texas y el estado de Tamaulipas.

La publicación enfatizó que el reforzamiento fronterizo es integral y continuo. “Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces entre puertos de entrada”, indicó el mensaje oficial, que además exhortó a las personas migrantes a no intentar el cruce irregular y a regresar a su país de origen. La advertencia fue acompañada de una frase directa: “Serás detenido y deportado, ni lo intentes”, en referencia a las consecuencias legales de ingresar sin autorización al territorio estadounidense.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, este sistema de boyas forma parte de la estrategia federal para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas. La funcionaria explicó que el llamado “muro flotante” es financiado con recursos incluidos en el proyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump, al que el propio mandatario ha descrito como un “gran y hermoso proyecto de ley”. Esta iniciativa contempla diversas acciones de fortalecimiento de la seguridad fronteriza, tanto en tierra como en zonas acuáticas.

Las barreras flotantes han sido presentadas por las autoridades estadounidenses como un elemento disuasivo para evitar cruces no autorizados por el río Bravo, una de las rutas más utilizadas por migrantes debido a su extensión y complejidad geográfica. El despliegue de estas estructuras se suma a otros mecanismos de control, como patrullajes constantes y sistemas de vigilancia.

No obstante, organizaciones y activistas defensores de los derechos de las personas migrantes han manifestado su preocupación por el impacto de estas medidas. Han calificado la barrera acuática como una “trampa mortal”, al advertir que las boyas pueden provocar lesiones graves a quienes intenten atravesarlas, especialmente en un entorno donde las corrientes del río y las condiciones climáticas representan riesgos adicionales.

La difusión del video y el mensaje por parte de la embajada estadounidense marca un nuevo episodio en la comunicación oficial sobre el endurecimiento de la política migratoria, al destacar visualmente que el control fronterizo se extiende más allá de los muros terrestres y alcanza también las aguas que separan a ambos países.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera categórica cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, al tiempo que subrayó que la relación bilateral se mantiene activa en materia de seguridad bajo un esquema de colaboración y responsabilidad compartida. Las declaraciones fueron realizadas este domingo durante una visita oficial al estado de Hidalgo, en un contexto internacional marcado por el reciente operativo estadounidense en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro.

Al ser cuestionada por medios de comunicación, la mandataria federal dejó claro que el gobierno mexicano ha fijado una posición firme frente a Washington. “Ya saben ellos que esa —una intervención— no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando, responsabilidad compartida, también”, expresó. Con ello, reiteró que la cooperación entre ambos países se desarrolla dentro de los márgenes del respeto a la soberanía nacional.

Sheinbaum explicó que el acuerdo binacional en materia de seguridad establece compromisos específicos para ambas partes. Según detalló, México trabaja para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mientras que el gobierno estadounidense tiene la obligación de impedir el flujo de armas hacia territorio mexicano. Este esquema, afirmó, forma parte de una estrategia conjunta que reconoce que el fenómeno de la violencia y el crimen organizado requiere acciones coordinadas desde ambos lados de la frontera.

Durante su mensaje, la presidenta también hizo referencia a la situación en Venezuela y expresó un posicionamiento de carácter diplomático. “Siempre con el pueblo de Venezuela y nuestra solidaridad”, señaló, sin abundar en detalles adicionales sobre la postura del gobierno mexicano frente a los acontecimientos recientes en ese país.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron el mismo día en que realizó una visita a la refinería de Tula, donde supervisó la colocación de un reactor como parte del proceso de modernización de las instalaciones. Este proyecto fue iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la capacidad de refinación del país.

El posicionamiento de la mandataria mexicana ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera declaraciones en las que aseguró que en México no gobierna Claudia Sheinbaum, sino los cárteles del narcotráfico, y sugiriera que “hay que hacer algo” frente a esa situación. Ante ese contexto, la presidenta optó por recalcar la existencia de canales de diálogo y cooperación, sin dar espacio a escenarios de intervención directa.

Con este pronunciamiento, el gobierno mexicano reafirma su rechazo a cualquier acción unilateral de carácter militar, al tiempo que mantiene abiertos los mecanismos de colaboración en seguridad con Estados Unidos, basados en compromisos mutuos y en el reconocimiento de responsabilidades compartidas.

Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue detenida este viernes en la frontera de Nogales tras ser deportada de Estados Unidos, donde permanecía en calidad de prófuga de la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se realizó a través de un proceso de deportación controlada, gestionado en coordinación con autoridades estadounidenses y ejecutado en la garita fronteriza Dennis DeConcini.

Téllez Nieves es señalada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas derivados del incendio ocurrido en junio de 2009 en la Guardería ABC, tragedia que dejó 49 menores fallecidos y decenas más heridos.

En 2016, un juez la sentenció a 28 años de prisión por los hechos, aunque posteriormente, al apelar, consiguió la reducción de la pena a cinco años y obtuvo su libertad anticipada bajo la condición de presentarse periódicamente a firmar el libro de procesados para no evadirse de la justicia.

Sin embargo, la imputada dejó de cumplir las medidas cautelares y se refugió en Estados Unidos, motivo por el cual se giró una orden de captura con apoyo de Interpol en 2022. Fue detenida en Arizona y permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy antes de ser entregada a las autoridades mexicanas.

“Con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, ello para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”, señaló la FGR en un comunicado. 

La dependencia precisó que su detención fue posible gracias a la coordinación entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Tras la deportación controlada, Téllez Nieves fue trasladada a la capital sonorense para ser internada en el Centro Femenil de Reinserción Social de Hermosillo, donde quedó a disposición del juez correspondiente para el cumplimiento de su sentencia.

El incendio de la Guardería ABC, ocurrido durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, es considerado una de las tragedias más graves en la historia reciente del país. 

La deflagración no solo cobró la vida de 49 bebés, sino que dejó a muchos otros con secuelas permanentes. Sandra Lucía Téllez Nieves es una de las propietarias señaladas como responsables del siniestro y ahora enfrentará nuevamente a la justicia mexicana tras años de permanecer prófuga en territorio estadounidense.

Durante su gira por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este sábado un plan de apoyo por 831 millones de pesos para enfrentar los efectos del cierre de la frontera de Estados Unidos a la importación de ganado mexicano, debido a la presencia del gusano barrenador.

El programa, dirigido inicialmente a los estados de Sonora, Coahuila y Durango, contempla apoyos directos y créditos para productores bovinos. Según explicó la mandataria, más adelante podría ampliarse a Chihuahua y Tamaulipas.

“Es el programa que les presento ahora, de 831 millones de pesos”, anunció Sheinbaum en Hermosillo, como parte de los informes de su gobierno en territorio estatal. Previamente, en una visita a Coahuila, había señalado que los recursos destinados alcanzarían 700 millones de pesos, aunque en Sonora precisó el monto actualizado.

Entre los componentes del plan, se encuentra la entrega de sementales bovinos a los productores, la creación de un fondo de crédito con bajas tasas de interés para la engorda de ganado y la construcción de un centro integral de ganadería. Este último tendrá como objetivo impulsar la producción de carne tanto para el consumo interno como para la exportación.

“Ya está el recurso, así que antes de que acabe septiembre empezamos con las primeras entregas. En esta primera etapa incluye Sonora, Coahuila y Durango, y ya en una segunda etapa es probable que vayamos a Chihuahua y Tamaulipas, los estados del norte del país, pero ya este año iniciamos y esperemos que el próximo año estemos con exportación y producción de carne en nuestro país”, afirmó Sheinbaum.

La mandataria estuvo acompañada en su visita por miembros de su gabinete y por el gobernador Alfonso Durazo. Durante su mensaje, destacó además algunas de las obras que se ejecutan actualmente en Sonora, como la modernización de los aeropuertos de Ciudad Obregón y Guaymas, así como el libramiento ferroviario en Nogales.

Sheinbaum también anunció la construcción de 47 estancias infantiles en el estado, las cuales habían sido suspendidas durante el sexenio anterior. Estos espacios operarán bajo el nuevo esquema de Centros de Educación y Cuidado Infantil (Cecis).

La presidenta explicó que, en el pasado, las guarderías del IMSS fueron subrogadas a operadores privados, pero que ahora se recuperará el modelo original administrado por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. “Vamos a hacer en el país mil centros de educación y cuidado infantil para las madres trabajadoras”,señaló.

Como anécdota personal, compartió que sus hijos asistieron a guarderías del IMSS y expresó su reconocimiento a las trabajadoras del instituto. “Una forma de retribuir es apoyando a las madres trabajadoras y al IMSS”, dijo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves a Estados Unidos establecer indicadores técnicos claros y específicos que regulen el cierre de la frontera ante casos sanitarios como el del gusano barrenador del ganado. La mandataria subrayó que no se puede aceptar que “por cualquier pretexto” se detenga el comercio binacional, afectando a miles de productores ganaderos mexicanos y provocando efectos negativos también en el mercado estadounidense.

Sheinbaum precisó que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Agricultura y su titular, Julio Berdegué, mantiene un diálogo constante con las autoridades estadounidenses para lograr una reapertura basada en criterios científicos y técnicos. El país ha cumplido con medidas sanitarias rigurosas como filtros sanitarios, inspección por parte de veterinarios certificados y procesos de lavado para el ganado.

Durante su conferencia matutina, la presidenta puntualizó que la existencia de un solo caso, como el registrado en Veracruz, no debe justificar el cierre de toda la frontera, especialmente considerando la distancia entre estados como Sonora —vecino fronterizo con EE.UU.— y el estado afectado. “No se puede seguir así, que porque se encontró uno en tal lugar, entonces ya se cierra la frontera”, declaró.

La mandataria reiteró que México está solicitando lineamientos específicos y verificables para que ambos países actúen con base en evidencia técnica. Detalló que ya existe un grupo técnico binacional trabajando en esos indicadores y que, según le informó Berdegué, ya hay un avance sustancial en la definición de estos criterios, aunque aún deben ser revisados para garantizar una solución de largo plazo.

Como parte de los acuerdos bilaterales en marcha, Estados Unidos aportará 30 millones de dólares para instalar una planta productora de la mosca estéril, el único medio biológico efectivo para eliminar al gusano barrenador. La instalación ya tiene ubicación definida y se están coordinando los trabajos con el único fabricante en el mundo de este tipo de equipamiento. Se estima que la planta estará lista en aproximadamente 10 a 11 meses, aunque Sheinbaum aclaró que esto no implica una reapertura inmediata de la frontera.

Recordó además que, en cada zona donde se detecta un animal infectado, deben transcurrir 28 días sin nuevos casos para declararla libre de la plaga. Por ello, se continúa trabajando estrechamente con el gobierno estadounidense, particularmente con la Secretaría de Agricultura de ese país.

Sheinbaum señaló que los cierres fronterizos intermitentes generan incertidumbre para los productores mexicanos y también impactan a Estados Unidos al generar escasez de carne y, con ello, el aumento en los precios. “Un día cierran, otro día no y otro día sí, y afectan a quienes se dedican a esto y también afectan a Estados Unidos porque el precio de la carne sube cuando no hay suficiente oferta”, indicó.

La suspensión más reciente fue anunciada el pasado 9 de julio por la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, luego de confirmarse un nuevo caso de gusano barrenador en Veracruz. Este cierre, el tercero en apenas ocho meses, se produjo tan solo tres días después de que se reanudaran los envíos, con un primer cargamento de 900 cabezas de ganado.

Sheinbaum concluyó que el tema técnico está siendo atendido y confió en que pronto se pueda restablecer de forma estable el flujo de ganado mexicano hacia Estados Unidos, uno de los principales destinos para la ganadería nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia clara desde San Luis Potosí: México está listo para movilizarse en defensa de los migrantes y sus remesas. El nuevo impuesto del 3.5% propuesto por la administración de Donald Trump, recientemente aprobado por el Congreso de Estados Unidos, ha encendido las alarmas en el gobierno mexicano, que lo considera injusto y violatorio de acuerdos bilaterales.

“Nos vamos a movilizar”, declaró Sheinbaum ante un público atento, refiriéndose a los millones de mexicanos que envían dinero desde Estados Unidos para sostener a sus familias. Sin rodeos, subrayó que los migrantes trabajan duro, pagan impuestos en el país vecino y no deberían enfrentar un nuevo gravamen por ayudar a los suyos en México.

La mandataria reiteró el respaldo total del gobierno federal a la comunidad migrante, enfatizando que no se permitirá que una carga fiscal adicional afecte a quienes ella considera “héroes y heroínas de la patria”.Alrededor de 40 millones de mexicanos residen en Estados Unidos, y en 2024 enviaron casi 65 mil millones de dólares en remesas, una cifra récord que representa casi el 4% del PIB nacional.

Sheinbaum enfatizó que este flujo de recursos no solo mantiene a flote a millones de familias en México, sino que también contribuye de forma significativa a la economía estadounidense. “Estados Unidos no es lo que es si no fuera por las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”, sentenció.

La polémica medida fiscal fue impulsada por la actual administración de Trump, quien regresó al poder con un plan que inicialmente contemplaba un impuesto del 5% a las remesas. El Congreso estadounidense ajustó la propuesta a una tasa del 3.5%, ahora pendiente de discusión en el Senado. Mientras tanto, Sheinbaum ha comenzado a llamar a la acción, pidiendo a los paisanos que se manifiesten mediante cartas, mensajes en redes sociales y otras formas de presión ciudadana.

La presidenta también recordó que este tipo de medidas contradicen el tratado bilateral firmado en 1994, que impide la doble tributación entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano ha insistido en que esta iniciativa representa un retroceso en la cooperación internacional y afecta de manera directa a las personas más vulnerables en ambos lados de la frontera.

Aunque Sheinbaum no detalló cómo serían las posibles movilizaciones, dejó claro que el país seguirá informando paso a paso sobre sus acciones frente a esta medida. El llamado es a mantenerse atentos y unidos frente a lo que considera una amenaza directa a la economía de millones de familias mexicanas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encendió las alarmas este viernes con la publicación de la Recomendación 175VG/2025, en la que responsabiliza al Ejército mexicano de “graves violaciones a los derechos humanos” tras un operativo que terminó en tragedia. El hecho ocurrió en octubre pasado, cuando soldados abrieron fuego contra un vehículo que transportaba migrantes en el estado de Chiapas. Seis personas perdieron la vida, entre ellas una menor de edad.

La CNDH confirmó que los migrantes, provenientes de Egipto, El Salvador y Perú, fueron víctimas de un uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además de los fallecidos, nueve personas resultaron heridas y 19 más sobrevivieron sin lesiones. La Comisión fue clara al señalar que los militares involucrados no utilizaron métodos menos letales antes de disparar y que tampoco justificaron que el uso de armas de fuego fuera inevitable.

Como parte de su resolución, la CNDH exigió a la Sedena la reparación del daño a las víctimas y la creación de un protocolo de atención específico para personas migrantes. También se identificó a dos soldados como posibles responsables directos del ataque, por lo que se espera que haya acciones legales en su contra.

Este suceso tuvo lugar el 1 de octubre, el primer día de la administración de Claudia Sheinbaum, mientras los militares realizaban patrullajes en una región atravesada por la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupos criminales que se enfrentan por el control de las rutas de tráfico de drogas y personas en el sur del país.

Pese a que la presidenta Sheinbaum ha manifestado su negativa a militarizar aún más la frontera sur, su administración ha mantenido la estrategia de despliegue militar heredada del gobierno anterior. En su punto más alto, más de 36 mil elementos del Ejército participaron en tareas de control migratorio durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El llamado de la CNDH se suma a una creciente preocupación nacional e internacional sobre el trato a las personas migrantes que transitan por México. A medida que aumenta la presión desde Estados Unidos para reforzar los controles migratorios, la política de seguridad en la frontera sur se encuentra bajo la lupa.

La tragedia en Chiapas marca un punto de inflexión. Las instituciones mexicanas están obligadas a actuar con responsabilidad y apego a los derechos humanos, especialmente en un contexto tan delicado como el tránsito migrante en territorios conflictivos.

El gobierno de Estados Unidos ha ordenado el despliegue de 3 mil tropas adicionales en la frontera con México, elevando el número total de efectivos en la región a aproximadamente 9 mil. La medida responde a la directriz del presidente Donald Trump de fortalecer la seguridad fronteriza y evitar la migración ilegal.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que el refuerzo incluirá un Equipo de Combate de la Brigada Stryker (SBCT, en inglés) y un Batallón de Aviación de Apoyo General, con la finalidad de expandir las operaciones en la zona. Según un comunicado del Pentágono, estas tropas llegarán en las próximas semanas y su presencia reafirma el compromiso del gobierno de Trump con la “soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Estados Unidos”.

Este despliegue se suma a los mil 100 soldados de apoyo del Comando Norte del ejército anunciados el viernes, lo que marca la segunda oleada significativa de tropas en servicio activo destinadas a la frontera desde la toma de posesión de Trump el pasado 20 de enero.

A diferencia de administraciones anteriores, que optaban por el uso de reservistas o un menor número de efectivos, el gobierno actual apuesta por una estrategia más agresiva para contener el flujo migratorio. La decisión también subraya el enfoque de Trump de diferenciar su política fronteriza de la de sus predecesores, incluso en un momento en el que las cifras de cruces irregulares no han mostrado un aumento alarmante.

El Washington Post señala que este incremento en la presencia militar podría influir en las relaciones bilaterales con México y en el debate interno sobre el papel del ejército en tareas de seguridad fronteriza. Con este refuerzo, la administración busca mantener un estricto control migratorio y enviar un mensaje de firmeza sobre su postura en la frontera sur.