El Senado de la República realizará una sesión este domingo, en la cual participarán únicamente legisladores del bloque oficialista, para aprobar la declaratoria de dos importantes reformas constitucionales: una sobre la Guardia Nacional y otra que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Estas serán las últimas reformas que entrarán en vigor antes del final del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, subrayó que la reforma que integra la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya ha sido avalada por 21 congresos estatales hasta el viernes, al igual que la reforma relacionada con los derechos de los pueblos indígenas.

Gutiérrez Escalante desestimó las críticas de la oposición, las cuales argumentan que la reforma de la Guardia Nacional implica una militarización del país, afirmando que dichas opiniones carecen de fundamentos sólidos. La senadora señaló que la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena no significa una militarización, sino una mejora en la capacitación y el mando para proteger mejor a la ciudadanía.

La legisladora del Estado de México también recordó que estas reformas forman parte de las 20 iniciativas que el presidente López Obrador envió en febrero. Hasta ahora, dos de ellas han recibido la declaratoria de reforma constitucional.

Finalmente, la senadora adelantó que la próxima semana se aprobará otra reforma de gran relevancia, que garantizará que el incremento del salario mínimo nunca sea inferior a la tasa de inflación anual, una medida que ya fue avalada por la Cámara de Diputados.

Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial de la oposición, está evaluando la posibilidad de crear un nuevo partido político, aunque dejó claro que no buscará la presidencia en 2030. “Pensar en crear un partido para uno mismo me parece algo desagradable”, expresó.

En entrevista con el diario 24 HORAS, Gálvez comentó que durante sus recorridos de agradecimiento por el país, muchas personas le han solicitado que impulse una nueva fuerza política, alejada de las prácticas que criticaron durante su campaña presidencial.

Ante estas demandas, Gálvez está considerando si unirse a un proyecto ya existente, como el que impulsa la sociedad civil a través del Frente Cívico, o bien, iniciar uno completamente nuevo. “Debo decidir si me sumo a uno de los proyectos que están buscando crear un partido innovador, disruptivo y patriótico, algo que sea inclusivo y hasta divertido”, indicó la exsenadora.

Gálvez subrayó que uno de los mayores desafíos será conformar un partido con personas comprometidas, que participen activamente en la política y no vean en el partido una forma de subsistencia. “El partido no puede ser un refugio para quienes buscan vivir de él. Si eso sucede, todo se arruinará”, advirtió.

Además, destacó la importancia de que el nuevo partido cuente con liderazgos jóvenes, con ideas frescas y deseos de hacer las cosas bien, afirmando que esta fuerza política no debe ser controlada por una sola persona, sino estar abierta a los mejores hombres y mujeres que puedan encabezar un proyecto sólido.

La también exsenadora adelantó que tomará una decisión este mes de octubre, cuando anunciará si se une al Frente Cívico o si emprende su propio camino. “Creo que debe haber un esfuerzo conjunto, porque no será fácil con un INE que, en mi opinión, está al servicio de Morena”, señaló.

Por último, Gálvez afirmó que estará atenta a los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral (INE) publique sobre el proceso de creación de nuevos partidos políticos, ya que este organismo requiere que la intención se presente en enero de 2025, seguida por las asambleas necesarias para cumplir con los requisitos.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) informó que los manifestantes en los accesos del Senado de la República se han replegado para permitir el libre tránsito de los legisladores. A través de un comunicado, JUFED desmintió las versiones que señalaban que las protestas impedían el acceso, negando cualquier intención de obstruir el trabajo legislativo, pese a su oposición a la reforma judicial.

La asociación destacó que mantienen un diálogo constante con el personal de custodia del Senado para garantizar el acceso y aseguraron que un notario público certificará, una vez concluidas las protestas, que los accesos estén despejados. Además, invitaron a los medios de comunicación a presenciar la verificación.

Por último, JUFED hizo un llamado a los legisladores a votar en contra de la reforma judicial, y exhortó al bloque oficialista a permitir que sus miembros voten libremente, tras recibir apoyo de algunos parlamentarios que se oponen a la medida.

Ana Lucía Medina, miembro de la Marea Rosa, informó a este medio que están organizando una convocatoria a nivel nacional para que más estados se sumen a la manifestación en los Congresos locales, debido a su papel en el constituyente permanente. La protesta está programada para el próximo 8 de septiembre, donde expresarán su rechazo al autoritarismo.

Medina enfatizó que el objetivo principal de esta convocatoria es defender la democracia, manifestando su oposición al autoritarismo que, según ellos, se refleja en el “plan C”, especialmente en la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Además, la protesta también abordará el rechazo a la militarización de la Guardia Nacional, la desaparición de órganos autónomos y la eliminación de los legisladores de representación proporcional, quienes representan la diversidad y las minorías en la sociedad.

La marcha comenzará el 8 de septiembre en el Ángel de la Independencia y culminará en el Senado de la República, donde esperan una lucha significativa para impedir la aprobación de estas reformas. Medina subrayó que en el Senado, el oficialismo no tiene la mayoría calificada necesaria para aprobar dichas reformas, y exigirán a los senadores de oposición que no traicionen el mandato de sus electores.

La oposición dio su aprobación a un primer conjunto de reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las últimas de su sexenio, destinadas a elevar a rango constitucional los programas sociales y mejorar las condiciones de los trabajadores en pensiones, salarios y vivienda. Anoche, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó estos cuatro dictámenes con el voto favorable de los partidos opositores, aunque rechazaron todas las reservas propuestas por los diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) que buscaban perfeccionar el marco legal.

Estos cuatro dictámenes fueron remitidos a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, avanzando así las primeras cuatro de un total de 18 iniciativas de reformas constitucionales, además de dos cambios a leyes secundarias, presentadas por el presidente el pasado 5 de febrero. Aunque el voto favorable fue casi unánime, se anticipa que no será el mismo para las iniciativas más controvertidas, como la extinción de organismos autónomos o la reforma judicial, que aún están pendientes. Estas propuestas serán discutidas por la 66ª Legislatura que inicia en septiembre, con una posible mayoría calificada de Morena y sus aliados, en el último mes del mandato de López Obrador.

La propuesta original presentada en febrero por el presidente incluía la creación de un fondo para que el gobierno pudiera complementar las pensiones y asegurar que los trabajadores se retiraran con el 100% de su salario, siempre y cuando no superaran los 16,777 pesos, el salario promedio registrado en el IMSS. Este beneficio sería para los trabajadores de 65 años que comenzaron a cotizar desde el 1 de julio de 1997 en el IMSS y aquellos en el régimen de cuentas individuales del ISSSTE. Aunque Morena y sus aliados no tienen actualmente la mayoría necesaria para reformar la Constitución, en abril aprobaron estos cambios vía legislación secundaria. Ahora, el dictamen busca confirmar estos cambios legales y elevarlos a nivel constitucional con 38 votos de integrantes de Morena, sus aliados y opositores en la Comisión. A propuesta del morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana, se modificó el carácter de la pensión, especificando que será por vejez, no por retiro.

Otro cambio significativo fue la eliminación del artículo tercero transitorio, que indicaba las fuentes de financiamiento, y el quinto, que establecía las reglas para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, ya que estos puntos fueron incluidos en la ley reformada en abril.

Además, se aprobó con 38 votos la reforma del artículo 123 de la Constitución, estableciendo que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o su revisión, “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”. También se indicó que los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, recibirán un salario mensual no inferior al salario promedio registrado ante el IMSS.

Otra reforma aprobada fue la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores. Se rechazaron las reservas presentadas por la diputada Susana Prieto, quien propuso que los salarios mínimos quedaran exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por el priísta Rubén Moreira, quien pidió ampliar los beneficiarios incluyendo a maestros de educación inicial, preescolar, primaria y rurales.

Además, se incluyó en el segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un apoyo mensual equivalente al salario mínimo a jóvenes desempleados entre 18 y 29 años para que se capaciten para el trabajo por un año. La reforma fue aprobada con 37 votos a favor y una abstención, rechazando las reservas del PAN y Movimiento Ciudadano.

Finalmente, se avaló la creación de un sistema de vivienda para todos los trabajadores y se estableció que toda empresa estará obligada a proporcionar viviendas cómodas e higiénicas y a realizar aportaciones a un Fondo Nacional de Vivienda. Este fondo permitirá a los trabajadores obtener créditos para la adquisición o mejora de viviendas y podrá invertir en la construcción de viviendas para su adquisición o arrendamiento.

La legalización controlada de ciertas drogas emerge como una propuesta destacada en la campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en su búsqueda por abordar la violencia y la inseguridad en México.

Durante su intervención en el foro “Provoca tu futuro”, realizado en la Universidad Regiomontana (U-ERRE) el 12 de marzo, Álvarez Máynez delineó su visión para un México transformado, enfatizando la necesidad de un nuevo enfoque en el sistema de justicia.

Esta propuesta de legalización se inscribe en su Plan Nacional de Pacificación, que comprende cinco ejes fundamentales: la dignificación de la labor policial mediante la creación de una academia especializada, la reforma del sistema penitenciario para priorizar la reinserción social, el cambio del modelo de prohibición de drogas, la democratización del sistema judicial y el enfoque prioritario en las víctimas.

La estrategia de Álvarez Máynez contrasta con las propuestas de sus rivales. Mientras Claudia Sheinbaum, del partido en el poder, aboga por consolidar la Guardia Nacional, y Xóchitl Gálvez, de la oposición, propone la construcción de megaprisiones.

El candidato argumenta que las políticas punitivas y prohibicionistas han demostrado ser ineficaces en la lucha contra el consumo de drogas. “El mercado negro no contribuye a la capacidad del Estado para controlarlo”, afirmó.

Un estudio de la Consultora AC revela que en México operan al menos 175 grupos criminales, cubriendo hasta el 80 % del territorio nacional, lo que, según expertos, refleja el fracaso de las estrategias de seguridad desde 2006.

Ante este panorama, Álvarez Máynez propone medidas como la legalización del consumo de drogas, la recaudación de impuestos sobre estas sustancias, la inclusión de comunidades afectadas en los beneficios de la regulación, la eliminación del delito de posesión simple y la amnistía para aquellos en prisión por delitos relacionados con el cannabis.

El candidato señala ejemplos exitosos en Estados Unidos, como Colorado y California, donde se ha implementado la regulación de la marihuana con resultados positivos.

Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subraya la necesidad de repensar las políticas de prohibición y guerra contra las drogas, abogando por una cooperación internacional en la implementación de estrategias preventivas.

En 2021, México se convirtió en el segundo país latinoamericano en aprobar el uso recreativo de la marihuana, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición del uso lúdico de esta planta. Sin embargo, el comercio y la importación de cannabis siguen estando prohibidos.

El uso medicinal de la marihuana fue legalizado por el Senado mexicano en 2016, y en 2020 se aprobó un dictamen que regula su uso con fines médicos, recreativos e industriales.