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El número de personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre, aumentó a 14 tras confirmarse la muerte de una pasajera que permanecía hospitalizada desde el día del accidente. La víctima fue identificada como Hilda Alcántara, mujer de 73 años de edad, cuyo deceso se registró la mañana de este jueves 1 de enero, de acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Gobernación.

Tras el siniestro ferroviario, Hilda Alcántara fue trasladada inicialmente a la Clínica Hospital de Tehuantepec del ISSSTE, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En ese centro hospitalario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acudió la tarde del lunes para sostener un encuentro con familiares de las víctimas del accidente.

Posteriormente, la paciente fue referida a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional del IMSS-Bienestar, donde fue sometida a diversas intervenciones quirúrgicas de urgencia como consecuencia de las heridas provocadas por el descarrilamiento. Pese a los esfuerzos médicos, su estado de salud se mantuvo crítico hasta que se confirmó su fallecimiento.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Marina expresó: “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos. Nos mantenemos en coordinación con las autoridades competentes para la atención integral”. La dependencia reiteró que continúa el trabajo conjunto entre instancias federales para brindar acompañamiento a las personas afectadas por este hecho.

De acuerdo con los reportes oficiales, 13 personas perdieron la vida en el lugar del accidente, mientras que más de 100 resultaron lesionadas. Al 29 de diciembre, se mantenía el registro de 34 personas hospitalizadas, entre ellas Hilda Alcántara, quien se encontraba en estado grave.

Entre las víctimas mortales se encuentran menores de edad y adultos mayores. Las autoridades identificaron a Elena, de seis años; Luisa Camila, de 15; así como al periodista Israel Enrique Gallegos Soto. También figuran en la lista de personas fallecidas María Antonia Rosales Mendoza, de 58 años; Bersain Cruz López, de 65; María Concepción Barbosa Acevedo, de 65; Inés Alvarado Rojas, de 57; Amada Rasgado Lázaro, de 70; Patricia Medina Pérez, de 49; María Luisa Pasaron González, de 66; Raúl López Cruz, de 67; Rogelio Alfonso Luna Luna, de 63, y Honoria Medina Pérez, de 56 años.

En el ámbito de la atención a las víctimas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que se otorgará un apoyo económico inicial de 30 mil pesos tanto a las familias de las personas fallecidas como a quienes resultaron heridas. Asimismo, precisó que el proceso de reparación del daño se llevará a cabo a través de la aseguradora correspondiente al Tren Interoceánico, conforme a los procedimientos establecidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó públicamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz explicar con claridad la detención del periodista Rafael León Segovia, así como los motivos por los que se le imputó el delito de terrorismo, una figura penal que, de acuerdo con la mandataria, no cuenta con antecedentes de uso en casos relacionados con el ejercicio periodístico en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó de manera directa la decisión de la autoridad estatal de recurrir a ese tipo penal. “No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, señaló ante medios de comunicación. En ese mismo espacio, reiteró su rechazo al uso de dicho término para acusar a un comunicador, al subrayar que “nunca” se han presentado señalamientos de esa naturaleza en contextos similares.

La presidenta insistió en que corresponde exclusivamente a la fiscalía estatal detallar los fundamentos jurídicos del caso. “Tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, expresó, al tiempo que remarcó que la libertad de expresión debe prevalecer como un principio fundamental, especialmente en un entorno donde la labor periodística enfrenta riesgos constantes. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y a nivel mundial, lo que ha generado preocupación recurrente entre organizaciones y defensores de derechos humanos.

Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de diferenciar con precisión cualquier conducta ilícita del trabajo informativo. Señaló que, si existiera un delito comprobado, este debe ser plenamente acreditado y no guardar relación alguna con el ejercicio del periodismo. “Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, afirmó.

En su posicionamiento, la mandataria enumeró tres puntos que, a su juicio, deben ser aclarados por la autoridad de Veracruz: primero, el motivo por el cual se recurre a un delito que, dijo, no se ha utilizado previamente en México; segundo, la obligación de garantizar la libertad de expresión por encima de cualquier otra consideración; y tercero, la explicación puntual de los cargos en caso de que el comunicador esté detenido por algún delito ajeno a su labor periodística.

Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, fue detenido por agentes de la Policía Ministerial con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo imputó como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

La detención generó una reacción inmediata por parte de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, la cual condenó enérgicamente el caso. En un pronunciamiento público, la organización advirtió que situaciones como esta producen un efecto inhibidor para el periodismo, sobre todo en contextos marcados por altos niveles de violencia y la presencia de redes de macrocriminalidad. Asimismo, señaló que el uso del sistema penal como represalia por la labor periodística constituye un abuso incompatible con los principios de una democracia.

La mañana del domingo 28 de diciembre se registró un grave accidente ferroviario en el estado de Oaxaca, luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico que circulaba por la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en el trayecto que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz. La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que el siniestro dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información oficial, en el convoy viajaban aproximadamente 250 personas al momento del accidente. Tras las primeras evaluaciones, se determinó que 139 pasajeros se encuentran fuera de peligro. En tanto, los 98 lesionados presentan distintos niveles de gravedad: una parte sufrió lesiones menores que no comprometen su vida, mientras que decenas requirieron hospitalización. Las autoridades confirmaron que 13 personas perdieron la vida a consecuencia directa del descarrilamiento.

La Semar, a través de un comunicado, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y calificó el hecho como un lamentable accidente. Asimismo, reiteró su compromiso de brindar atención inmediata a las personas afectadas, actuar con responsabilidad y transparencia, y colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Durante las labores de auxilio y rescate, la Secretaría de Marina desplegó un amplio operativo en la zona del accidente. En estas tareas participaron 360 elementos navales, apoyados con 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, con el objetivo de ubicar a los pasajeros, brindar atención prehospitalaria y facilitar los traslados médicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó, mediante redes sociales, que instruyó al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que se trasladaran al lugar del accidente y atendieran personalmente a las familias de las víctimas. También señaló la participación de delegados del IMSS y del programa IMSS-Bienestar. La mandataria indicó que la Secretaría de Gobernación coordina las acciones de atención a los afectados y agradeció el respaldo del gobierno de Oaxaca en las tareas de respuesta.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer la apertura de una carpeta de investigación con el fin de esclarecer las causas del descarrilamiento ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Detalló que agentes del Ministerio Público Federal, personal pericial y elementos de la Agencia de Investigación Criminal trabajan de manera coordinada con autoridades federales y estatales para recabar pruebas, testimonios y dictámenes técnicos.

En el ámbito de la atención médica, el IMSS-Bienestar activó sus protocolos de emergencia y distribuyó a las personas lesionadas en tres hospitales del estado. Un total de 29 pacientes reciben atención en el Hospital IMSS-Bienestar de Matías Romero; 22 más se encuentran en el Hospital de Juchitán y 11 en el Hospital de Ixtepec, sumando 62 personas hospitalizadas.

La institución proporcionó la identificación de 25 pacientes atendidos en Juchitán e Ixtepec, y señaló que dará seguimiento puntual a la evolución clínica de todas las personas lesionadas que permanecen bajo atención médica en las unidades hospitalarias de Oaxaca.

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que se elevó a cinco el número de personas fallecidas tras el accidente de una aeronave naval ocurrido en Galveston, Texas. En el incidente, registrado mientras se realizaba un traslado médico, viajaban ocho tripulantes a bordo de un avión tipo King Air ANX 120, de los cuales dos sobrevivieron y una persona continúa desaparecida.

En una actualización oficial, la dependencia detalló que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, el balance del percance es de cinco víctimas mortales, dos personas con vida y una más aún no localizada. La institución precisó que continúan las labores de búsqueda con el apoyo de autoridades locales, con el objetivo de ubicar a la persona reportada como desaparecida.

La Semar explicó que la aeronave cumplía una misión de apoyo en el marco del “Plan Marina”, en coordinación con la Fundación Michou y Mau. La tripulación estaba integrada por cuatro civiles y cuatro elementos de la Armada de México, quienes participaban en esta operación de carácter humanitario cuando ocurrió el siniestro en las inmediaciones de Galveston.

Como parte de las acciones posteriores al accidente, la Secretaría de Marina señaló que mantiene coordinación con el Consulado General de México en Houston para la realización de los trámites correspondientes y la atención a los familiares de las personas involucradas. En su comunicación, la institución reiteró sus condolencias a quienes perdieron a un ser querido y subrayó su compromiso de ofrecer información oportuna a través de los canales oficiales conforme se disponga de nuevas actualizaciones.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también expresó su pesar por el incidente y dio a conocer que se encuentra en contacto permanente con la Secretaría de Marina y con los familiares de los civiles afectados. A través de un mensaje difundido en la red social X, la Cancillería informó que, mediante el Consulado General de México en Houston, se mantiene comunicación con las autoridades locales para brindar la asistencia y el apoyo que sean necesarios a las familias.

Las autoridades mexicanas indicaron que la información continuará ampliándose conforme avancen las labores de búsqueda y las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del accidente y mantener informados a los familiares y a la opinión pública mediante comunicados oficiales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó formalmente al Senado de la República autorización para permitir el ingreso temporal de personal militar de Estados Unidos con el objetivo de impartir cursos de capacitación a la Secretaría de Marina. La petición contempla la entrada al país de 29 elementos de fuerzas especiales estadounidenses entre el 12 de enero y el 15 de abril de 2026.

De acuerdo con el oficio enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la delegación estaría integrada por 19 elementos de los Navy Seal’s y diez integrantes del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos. El documento precisa que el personal ingresaría a territorio mexicano con armamento, transportado a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense.

La solicitud presidencial señala que la participación del personal extranjero se enmarca en el “evento emergente denominado Mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales”, el cual se desarrollará del 19 de enero al 15 de abril de 2026. El objetivo central del programa es fortalecer las capacidades operativas de las unidades navales especiales de México, además de reforzar la cooperación militar bilateral y promover programas integrales de adiestramiento mediante tareas individuales y colectivas.

El plan de trabajo establece que las actividades de capacitación se realizarán en diversas instalaciones estratégicas de la Marina mexicana. Entre ellas se encuentran el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en Champotón, Campeche, así como el Mando Naval de Ciudad del Carmen, también en Campeche.

El documento destaca que la capacitación representa una oportunidad relevante para homologar criterios operativos y compartir conocimientos derivados de la experiencia práctica de ambas fuerzas. “La capacitación constituye una ocasión de alto valor para alinear criterios operativos e intercambiar conocimientos, consolidando una perspectiva compartida y aptitudes que se complementen ante los retos de seguridad”, se detalla en la solicitud.

El calendario de actividades contempla cuatro fases. La primera se desarrollará del 19 de enero al 11 de febrero de 2026 y estará enfocada en operaciones terrestres. La segunda fase, del 16 de febrero al 6 de marzo, abordará operaciones aeromóviles. Posteriormente, del 9 al 20 de marzo, se retomarán las operaciones terrestres, mientras que la última etapa, del 23 de marzo al 15 de abril, se centrará en operaciones marítimas.

En caso de obtener la autorización legislativa, la aeronave estadounidense aterrizaría el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, mismo punto desde el cual la delegación retornaría a su país el 15 de abril del mismo año.

La solicitud subraya que el artículo 76, fracción III, de la Constitución otorga al Senado la facultad exclusiva de autorizar al Ejecutivo federal el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. El oficio fue turnado a la Cámara de Senadores por la presidenta de la Comisión Permanente, Kenia López.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no existen elementos que vinculen a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación de Aduanas, con el caso conocido como “huachicol” fiscal. La mandataria precisó que, de acuerdo con la información disponible, el exfuncionario colaboró con las autoridades al proporcionar datos relevantes que permitieron detectar movimientos irregulares relacionados con pipas localizadas en el puerto de Tampico, en el estado de Tamaulipas.

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que la participación de Márquez Hernández consistió en aportar información inicial sobre la presencia de un buque y las unidades detectadas en dicho puerto, lo que dio origen a una investigación más amplia encabezada por personal de la Secretaría de Marina. Este proceso de indagatoria, señaló, continúa en curso y se mantiene bajo seguimiento de las autoridades competentes.

“Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico, de donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación”, expresó la presidenta al referirse al contexto en el que surgió el caso.

Sheinbaum detalló que la decisión de separar a Alex Tonatiuh Márquez de su cargo no fue tomada por la Presidencia, sino que correspondió directamente al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo. De acuerdo con lo expuesto, el relevo se realizó conforme a los procedimientos internos y con el conocimiento del propio exdirector.

En este marco, la presidenta subrayó que cualquier posible indagatoria administrativa o señalamiento en contra del exfuncionario deberá ser comunicada y, en su caso, conducida por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia responsable de evaluar la actuación de servidores públicos cuando existen denuncias, quejas o información derivada de notas periodísticas.

“Si hay alguna queja o noticia, siempre se hacen investigaciones, pero finalmente tomó la decisión el director de aduanas de relevarlo de su cargo y él estuvo de acuerdo”, puntualizó Sheinbaum al referirse al proceso seguido.

Al ser consultada sobre el desempeño de Alex Tonatiuh Márquez durante su gestión, la presidenta reiteró que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes analizar su actuación, con base en los procedimientos administrativos establecidos y los resultados de las investigaciones que, en su caso, se determinen.

Sheinbaum enfatizó la importancia de que la información relacionada con este caso sea conocida de manera clara y sustentada, y reiteró que cualquier señalamiento deberá estar respaldado por investigaciones formales, conforme a las normas vigentes y a las atribuciones de las instancias responsables.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo una reunión de alto nivel con funcionarios del Gobierno mexicano, luego del ataque de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el océano Pacífico, hecho que generó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con los reportes, el diplomático estadounidense arribó la tarde de este martes a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde sostuvo un diálogo con el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, Raymundo Morales. La reunión se realizó a petición expresa de la mandataria mexicana, tras conocerse los ataques que dejaron un sobreviviente y la destrucción de al menos cuatro vehículos marítimos.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó haber solicitado el encuentro con el embajador, tras calificar de inaceptables las acciones realizadas por las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. “Nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan”, declaró.

La mandataria explicó que el llamado se realizó “en el marco del acuerdo de seguridad con Estados Unidos”,con el objetivo de analizar a fondo la situación y exigir explicaciones formales sobre los hechos ocurridos.

Sheinbaum agregó que la Secretaría de Marina será la encargada de ofrecer detalles sobre el incidente, el cual tuvo lugar a 830 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, dentro de aguas internacionales. “Les daremos la información con Secretaría de Marina de este sobreviviente. Lo que sí, fue en aguas internacionales”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que los ataques se realizaron el lunes, cuando fuerzas estadounidenses emprendieron una operación contra cuatro embarcaciones en el océano Pacífico, que dejó 14 personas muertas y un sobreviviente.

Aunque el gobierno estadounidense no ha precisado aún las causas ni el objetivo de la operación, la reacción del Gobierno de México ha sido inmediata, con el llamado a mantener la cooperación bilateral bajo los tratados vigentes y el respeto al derecho internacional.

La reunión entre Ronald Johnson, Juan Ramón de la Fuente y Raymundo Morales se desarrolla en un contexto de tensión diplomática, mientras ambos países buscan esclarecer los hechos y garantizar que los mecanismos de seguridad conjunta se mantengan dentro de los marcos legales establecidos.

Con 344 votos a favor y 127 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, una reforma que redefine las facultades y estructura de la institución naval. La iniciativa presidencial busca fortalecer su papel en el combate a las amenazas marítimas, dotarla de herramientas para la ciberdefensa y la ciberseguridad, y autorizar el uso de inteligencia artificial como apoyo en sus operaciones.

El dictamen, que será enviado al Senado para su análisis y eventual aprobación, plantea una reorganización interna de los niveles de mando de la Armada. Entre los cambios más relevantes se encuentra la sustitución del Estado Mayor General por la nueva Jefatura de Operaciones Navales, órgano especializado encargado de concentrar la planeación, ejecución y supervisión de las operaciones marítimas.

El alto mando, encabezado por el titular de la Secretaría de Marina, contará con tres órganos asesores clave: la Jefatura de Operaciones Navales, el Consejo del Almirantazgo y la Unidad de Inteligencia Naval, los cuales proporcionarán elementos técnicos y estratégicos para la toma de decisiones de alto nivel.

Durante la sesión, el diputado panista Agustín Rodríguez presentó una moción suspensiva para devolver el dictamen a comisiones, argumentando que el proceso legislativo había incurrido en violaciones a los plazos establecidos. Criticó la falta de análisis profundo y acusó a la mayoría oficialista de actuar con “prisas e improvisación”, lanzando irónicos comentarios sobre las actividades sociales de legisladores de Morena en los días previos.

En contraste, el morenista y presidente de la Comisión de Marina, Humberto Coss, defendió la iniciativa al señalar que representa un paso hacia la modernización del sector marítimo. “Con su voto a favor reafirmamos nuestro compromiso con México, con su soberanía y con el fortalecimiento de su Armada, garantizando que esta institución cuente con el marco legal y las herramientas necesarias para proteger nuestros mares, nuestros recursos, nuestro pueblo y nuestro futuro”, afirmó el legislador y almirante en retiro.

La nueva ley otorga a la Armada atribuciones directas para perseguir, abordar, registrar e inspeccionar buques y embarcaciones en la zona económica exclusiva de México y en altamar, en cumplimiento de tratados internacionales contra delitos en el mar. Asimismo, consolida su papel como Guardia Costera, con facultades para implementar el derecho de visita y persecución, así como coordinar la entrega de presuntos responsables y objetos asegurados ante la autoridad competente, conforme al protocolo naval.

La propuesta también incorpora la participación de la institución en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad, así como en la elaboración e implementación de políticas de defensa que instruya el Mando Supremo. De igual forma, prevé el uso de inteligencia artificial como herramienta tecnológica en la conducción de operaciones militares y el fortalecimiento de la seguridad marítima nacional.

Otro de los puntos centrales es la colaboración de la Armada con la Guardia Nacional como parte de la fuerza armada permanente, además de su apoyo en tareas de seguridad y protección aeroportuaria, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum busca que la institución naval mantenga actualizada la política nacional de defensa marítima, asegurando su capacidad de respuesta ante amenazas contemporáneas tanto en el ámbito físico como digital. Con esta nueva legislación, la Armada de México se perfila para asumir un papel más amplio y estratégico en la seguridad del país y en la protección de sus intereses marítimos.

Un derrame de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrido en el municipio de Álamo, en el norte de Veracruz, se extendió hasta el río Tuxpan, provocando preocupación entre los habitantes de la zona por el posible daño ambiental. Aunque la empresa aseguró que la fuga fue controlada y que el alcance fue de ocho kilómetros, pobladores y usuarios en redes sociales reportaron que la mancha del hidrocarburo continúa expandiéndose sin control y podría superar los 15 kilómetros.

De acuerdo con Pemex, tras detectar la fuga, se activaron de inmediato los protocolos de contención y saneamiento en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como autoridades locales y estatales. La empresa informó que se instalaron barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec, con el objetivo de evitar el avance del hidrocarburo hacia el río Tuxpan.

Por su parte, la Secretaría de Marina confirmó que personal especializado realiza labores de saneamiento y remediación en las riberas y zonas aledañas afectadas por el derrame. Indicó que las acciones son coordinadas desde el Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participan representantes de los tres niveles de gobierno para garantizar la atención integral a la población y al ecosistema afectado.

“La Empresa Pública del Estado coordina las acciones a través del Puesto de Mando Unificado… para dar seguimiento a las labores y garantizar atención integral a la población”, detalló la Semar en un comunicado.

Asimismo, la dependencia informó que se desplegó personal y material especializado, además de que se activó el Plan Regional de Contingencias y Mando Unificado. Entre las medidas aplicadas destacan la colocación de barreras de contención en puntos estratégicos, la recuperación del hidrocarburo, el uso de sustancias químicas para dispersión y el desvío del flujo del derrame. También se realizaron vuelos de reconocimiento para evaluar la magnitud del daño y monitorear el avance de la mancha.

En redes sociales, habitantes de las comunidades cercanas compartieron imágenes y videos donde se observan amplias zonas del río cubiertas por una capa de hidrocarburo. Algunos usuarios difundieron tomas aéreas que muestran una extensión mayor a la reconocida por Pemex, lo que incrementó la alarma entre los pobladores.

La población expresó su preocupación ante el riesgo de que el hidrocarburo llegue al mar a través del río Tuxpan, lo que podría provocar un daño ambiental más severo si no se refuerzan las acciones de contención y limpieza. Mientras tanto, las autoridades federales y estatales continúan con los trabajos para evitar la propagación del derrame y mitigar su impacto en la zona.

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, aseguró que el llamado “huachicol fiscal” —una práctica de contrabando y evasión relacionada con combustibles y mercancías— ya está detenido definitivamente en el país, tras la detección de redes de corrupción en las aduanas nacionales.

“Ya ahorita está detenido definitivamente el ‘huachicol fiscal’, era por las aduanas del norte y de los puertos”,declaró el funcionario al llegar al Senado de la República, donde acudió para presentar ante legisladores la minuta de reforma a la Ley Aduanera.

Marín Mollinedo explicó que el desmantelamiento de esta red fue posible gracias al trabajo conjunto con autoridades federales, especialmente con la Secretaría de Marina, institución que colabora en la vigilancia y control de las aduanas marítimas y fronterizas. Añadió que la coordinación interinstitucional ha permitido cerrar los principales canales de evasión y contrabando fiscal.

El titular de la ANAM precisó que, aunque no puede garantizar que no existan nuevos intentos de contrabando, los mecanismos de detección y reacción están activos. “No te lo puedo asegurar, pero sí lo hemos atajado y estamos pendientes. Si se llegara a descubrirse uno, procedemos inmediatamente y le damos parte a la Fiscalía General de la República, y ellos son los que están actuando cuando se detecta algo”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia de control y transparencia en las aduanas ha tenido resultados directos en la recaudación fiscal, al registrar un incremento superior a 200 mil millones de pesos respecto al año anterior. Este aumento, destacó, es resultado del combate a la corrupción interna y del fortalecimiento en los procesos de revisión y fiscalización.

“Sí hay algunos elementos que no dan resultados, vemos que no sube la recaudación y tomamos acciones. Hay algunos que ya están hasta procesados, de los que salieron de la Marina, que cometieron esos abusos, entonces estamos vigilando permanentemente”, explicó Marín Mollinedo.

El titular de la ANAM subrayó que las acciones de supervisión continúan en todas las aduanas del país, con el propósito de mantener la integridad institucional y garantizar la transparencia en las operaciones comerciales y fiscales.

“Se han detectado algunos elementos desleales y se han estado moviendo, y eso no está ayudando a poner orden”, reconoció, al destacar que la vigilancia constante y las sanciones a quienes incurren en prácticas irregulares son parte de la estrategia para mantener controladas las aduanas mexicanas.

Con estas medidas, la Agencia Nacional de Aduanas de México busca consolidar un sistema más eficiente, limpio y confiable, reforzando el papel del Estado en el control de la entrada y salida de mercancías, así como en el combate al contrabando fiscal que por años afectó la economía nacional.