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En su primera participación pública como senador sin responsabilidades de coordinación dentro de Morena, Adán Augusto López Hernández negó de manera categórica que tenga previsto encabezar o coordinar la eventual campaña de Andrés Manuel López Beltrán como diputado federal en el proceso electoral de 2027. Asimismo, aseguró no tener conocimiento de ninguna investigación en su contra en Estados Unidos relacionada con presunto contrabando de combustible o “huachicol” fiscal.

El legislador tabasqueño explicó que, tras dejar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, su papel será el de un senador más, enfocado en tareas políticas y territoriales dentro del movimiento, particularmente en la cuarta circunscripción electoral. Aunque confirmó que participará activamente en el trabajo partidista rumbo a 2027, fue enfático al señalar que no asumirá funciones de coordinación en campañas específicas, ni de López Beltrán ni de otros candidatos a diputaciones federales.

López Hernández recordó que ya había sido claro respecto a las razones de su decisión de abandonar la coordinación senatorial y sobre las actividades a las que se dedicará en esta nueva etapa. Reconoció que el próximo proceso electoral representará un reto para Morena, pero afirmó desconocer si Andrés Manuel López Beltrán buscará una candidatura federal. Señaló que su último contacto con él fue hace algunas semanas y que en ese encuentro no se abordó ningún tema relacionado con aspiraciones políticas.

El senador también informó que este fin de semana iniciará actividades políticas en el estado de Puebla, como parte de su trabajo territorial. Detalló que su salida de la coordinación fue comunicada oportunamente a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al nuevo coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ignacio Mier; y a la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo.

En otro tema, López Hernández fue cuestionado sobre versiones que lo mencionan en una presunta investigación en una Corte de Houston, Texas, relacionada con “huachicol” fiscal.

Al respecto, afirmó desconocer por completo la existencia de dicho procedimiento y negó cualquier tipo de involucramiento. Señaló que esos señalamientos forman parte de un entramado de afirmaciones falsas que, según dijo, han sido construidas por actores de la oposición y por algunos integrantes del propio movimiento, plenamente identificados.

El legislador también rechazó que las referencias a su nombre en casos como el de Hernán López Bermúdez, presuntos actos de contrabando fiscal o supuestos manejos financieros en el Senado hayan influido en su decisión de dejar la coordinación parlamentaria.

Aseguró que, de existir la mínima investigación formal en su contra, él mismo se habría presentado de inmediato ante las autoridades correspondientes para rendir su declaración.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no existen elementos que vinculen a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación de Aduanas, con el caso conocido como “huachicol” fiscal. La mandataria precisó que, de acuerdo con la información disponible, el exfuncionario colaboró con las autoridades al proporcionar datos relevantes que permitieron detectar movimientos irregulares relacionados con pipas localizadas en el puerto de Tampico, en el estado de Tamaulipas.

Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que la participación de Márquez Hernández consistió en aportar información inicial sobre la presencia de un buque y las unidades detectadas en dicho puerto, lo que dio origen a una investigación más amplia encabezada por personal de la Secretaría de Marina. Este proceso de indagatoria, señaló, continúa en curso y se mantiene bajo seguimiento de las autoridades competentes.

“Este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico, de donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación”, expresó la presidenta al referirse al contexto en el que surgió el caso.

Sheinbaum detalló que la decisión de separar a Alex Tonatiuh Márquez de su cargo no fue tomada por la Presidencia, sino que correspondió directamente al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo. De acuerdo con lo expuesto, el relevo se realizó conforme a los procedimientos internos y con el conocimiento del propio exdirector.

En este marco, la presidenta subrayó que cualquier posible indagatoria administrativa o señalamiento en contra del exfuncionario deberá ser comunicada y, en su caso, conducida por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia responsable de evaluar la actuación de servidores públicos cuando existen denuncias, quejas o información derivada de notas periodísticas.

“Si hay alguna queja o noticia, siempre se hacen investigaciones, pero finalmente tomó la decisión el director de aduanas de relevarlo de su cargo y él estuvo de acuerdo”, puntualizó Sheinbaum al referirse al proceso seguido.

Al ser consultada sobre el desempeño de Alex Tonatiuh Márquez durante su gestión, la presidenta reiteró que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes analizar su actuación, con base en los procedimientos administrativos establecidos y los resultados de las investigaciones que, en su caso, se determinen.

Sheinbaum enfatizó la importancia de que la información relacionada con este caso sea conocida de manera clara y sustentada, y reiteró que cualquier señalamiento deberá estar respaldado por investigaciones formales, conforme a las normas vigentes y a las atribuciones de las instancias responsables.

Ernestina Godoy Ramos quedó al frente, de manera provisional, de la Fiscalía General de la República (FGR), en un movimiento que reorganiza la estructura de procuración de justicia a nivel federal tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Su llegada ocurre a partir del cargo que él mismo asignó previamente: la Fiscalía Especial de Control de Competencia, puesto que la facultó para asumir temporalmente la conducción de la institución.

El nombramiento se hizo visible cuando Godoy compartió, en sus redes sociales, una fotografía desde las instalaciones de la FGR acompañada de un mensaje donde confirmó que tomaba la responsabilidad constitucional de dirigir el despacho. 

En ese comunicado público señaló que este nuevo encargo lo asumiría con los mismos principios que han guiado su trayectoria profesional y destacó su compromiso con la ética, la firmeza y la justicia. También expresó agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció por la confianza depositada en los diferentes cargos que ha ocupado en el ámbito de la justicia.

La exconsejera jurídica permaneció en ese puesto desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 27 de noviembre de 2025, día en que concluyó esa etapa para integrarse inmediatamente a la FGR. Al despedirse del cargo anterior, señaló sentirse orgullosa por el trabajo realizado junto a su equipo y afirmó que México continúa avanzando hacia un entorno con mayores derechos y un horizonte más humanizado.

El relevo dentro de la FGR no estuvo exento de tensiones. La renuncia de Gertz Manero generó una ola de reacciones desde la oposición, quienes apuntaron a que el exfiscal habría enfrentado presiones en medio de investigaciones sensibles. Entre los expedientes señalados se encuentran los relacionados con el “huachicol fiscal”, las detenciones vinculadas al Cártel de La Barredora y el caso de Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo.

La trayectoria reciente de Godoy ha sido objeto de constante examen público. Como fiscal de justicia de la Ciudad de México entre 2020 y 2024, encabezó investigaciones de alto impacto, incluyendo la caída del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, donde murieron 27 personas, así como el caso del Colegio Rébsamen, colapsado durante los sismos de 2017.

En ambos episodios se generaron cuestionamientos debido a las conclusiones que deslindaron de responsabilidades a la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Ya instalada como encargada del despacho en la FGR, Godoy deberá continuar el seguimiento de casos prioritarios para la institución, entre ellos las indagatorias sobre el huachicol fiscal, las operaciones atribuidas a La Barredora, las líneas de investigación alrededor de Rocha Cantú y los avances sobre el Rancho Izaguirre, además de otros expedientes abiertos que permanecen en curso.

El Senado de la República inició formalmente el proceso para elegir a la nueva persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de recibir y aprobar la renuncia de Alejandro Gertz Manero. La decisión se oficializó este jueves en el pleno de la Cámara Alta, donde se dio lectura al documento en el que Gertz informó que deja el cargo para asumir una representación diplomática ofrecida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La renuncia se presentó en un contexto marcado por recientes consignaciones de la propia FGR en casos relacionados con presuntos delitos de “huachicol” fiscal, en los que se han señalado a elementos de la Marina, empresarios y políticos. Entre esas investigaciones también figura la indagatoria contra el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presunto “huachicol” y tráfico de armas.

Tras la aceptación de la renuncia, el Senado emitió la convocatoria pública para quienes busquen registrarse como aspirantes a encabezar la FGR. El periodo de registro se realizará del viernes 28 al domingo 30 de noviembre, luego de que el pleno dispensara el trámite de discusión en comisiones para agilizar el relevo.

De acuerdo con el procedimiento definido, las comisiones del Senado sesionarán el próximo lunes para revisar todas las solicitudes recibidas y seleccionar a un total de diez perfiles. Entre las figuras que se espera aparezcan en ese listado están el exministro Arturo Zaldívar, actualmente funcionario de la Presidencia, y Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, quien, según diversas fuentes, es una de las principales opciones para suceder a Gertz Manero.

Una vez integrada, la lista de diez aspirantes será enviada al pleno del Senado para su aprobación. Después, el documento será turnado a la presidenta Claudia Sheinbaum, encargada de reducir esta selección a una terna que deberá regresar al Senado para su resolución final.

Conforme a los tiempos previstos, la mandataria federal enviaría la terna entre el martes y el jueves de la próxima semana. El proceso concluirá con la votación del pleno senatorial, que deberá realizarse a más tardar el 4 de diciembre para definir quién ocupará la Fiscalía General de la República.

Con la convocatoria ya activa, el Senado mantiene un calendario ajustado para garantizar la continuidad institucional de la FGR y formalizar el relevo tras la salida de Gertz Manero, quien deja el cargo para integrarse al servicio diplomático del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que el robo de combustible —incluyendo el conocido “huachicol” y el llamado “huachicol fiscal”— continúa ocurriendo en México, aunque en niveles mucho menores que en años anteriores. La mandataria abordó el tema durante su conferencia matutina, donde explicó que, pese a que esta actividad ilegal no ha sido erradicada por completo, sí presenta una reducción sustancial.

Sheinbaum detalló que las tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) han disminuido “muchísimo”, aunque reconoció que aún existen casos. Señaló también que se ha reducido la importación ilegal de combustible realizada bajo la simulación de mercancías distintas para evitar el pago de impuestos. Según explicó, este tipo de operación es parte del esquema de “huachicol fiscal”, uno de los focos más recientes de atención para las autoridades.

Las declaraciones de la presidenta llegan después de que Pemex reportara a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que la extracción y el comercio ilegal de hidrocarburos representan riesgos en materia financiera y operativa. En el documento, la empresa del Estado advierte que esta actividad puede provocar incendios, explosiones y daños a la propiedad y al medio ambiente, además de derivar en pérdidas económicas relevantes.

Sheinbaum subrayó que el mercado formal del combustible ha mostrado señales positivas. “Si ha incrementado la venta legal de combustible, las ganancias de Pemex y de los privados, quiere decir que disminuye la recarga ilegal en las gasolineras de combustibles, la mejor señal”, afirmó. Aun así, puntualizó que el fenómeno no ha sido eliminado por completo: “Todavía ocurre, sí todavía, en una proporción bastante menor y tenemos que combatirlo hasta que no haya absolutamente nada”.

El tema del huachicol ha sido recurrente en la agenda pública durante los últimos años. En su primer informe de gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que su administración había “eliminado prácticamente” el robo de combustible. No obstante, en meses recientes se han revelado nuevos esquemas de “huachicol fiscal”, algunos de ellos asociados a operaciones en las que se ha señalado participación de elementos de la Marina mexicana.

Con el reconocimiento de que la problemática sigue presente, el gobierno federal mantiene bajo observación la actividad vinculada al mercado ilegal de hidrocarburos, al tiempo que Pemex continúa reportando riesgos y reforzando las acciones destinadas a proteger su infraestructura y sus ingresos.

Durante su comparecencia en el Senado, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) avanza en un proceso de recuperación financiera que apunta a convertirla en una empresa moderna, eficiente y sostenible.

Frente a legisladores, explicó que la estrategia económica implementada por el gobierno federal busca reducir la deuda histórica de la petrolera y estabilizar su producción, aunque evitó profundizar en temas polémicos como el “huachicol” fiscal, la operación de la refinería de Dos Bocas o el derrame de petróleo en Veracruz.

La presentación formó parte de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la Comisión de Energía del Senado. En un discurso enfocado en resultados económicos, la funcionaria destacó que desde 2019 se puso en marcha un plan para fortalecer las finanzas de Pemex, con medidas como la reducción del derecho de utilidad compartida —del 65% al 40%— y la creación del derecho petrolero para el bienestar, que simplificó los impuestos que la empresa debía pagar. Este nuevo esquema fiscal, aseguró, permitió estabilizar los ingresos y recuperar parte de la capacidad de inversión.

Entre los datos presentados, González señaló que Pemex logró disminuir sus pérdidas en casi 90% y generar ahorros por más de 20 mil millones de pesos gracias a un programa de eficiencia y control del gasto. Además, informó sobre la colocación de bonos precapitalizados a cinco años por 12 mil millones de dólares, medida que contribuyó a aligerar la deuda y cumplir con pagos a proveedores y contratistas por alrededor de 300 mil millones de pesos.

La secretaria también habló sobre los objetivos de producción: mantener la extracción de crudo en torno a 1.8 millones de barriles diarios y alcanzar los 5 mil millones de pies cúbicos de gas al día. En agosto de 2025, la producción nacional fue de 1.745 millones de barriles diarios, con la expectativa de cerrar el año alcanzando la meta.

Sin embargo, durante la comparecencia, la funcionaria evitó abordar de fondo temas que los senadores consideraron prioritarios. No ofreció detalles sobre el papel actual de la refinería de Dos Bocas en la producción nacional, ni sobre las acciones emprendidas tras el derrame de petróleo en el río Pantepec, Veracruz, que afecta a comunidades del norte del estado.

El punto más tenso de la sesión se dio cuando legisladores de oposición insistieron en obtener información sobre el llamado “huachicol” fiscal, un esquema de evasión en el comercio de combustibles. Ante esto, la titular de Energía respondió únicamente que su dependencia colabora con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana para coordinar acciones y esclarecer los casos.

Acompañada por el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y por el titular del Cenagas, Cuitláhuac García, la secretaria cerró una comparecencia de casi tres horas enfocada en cifras y planes financieros, pero con más reservas que respuestas sobre los temas que aún generan dudas en el sector energético.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia federal de seguridad implementada en el actual sexenio mantiene “saldo a favor” y que los resultados son tangibles en la reducción de delitos y el debilitamiento de grupos criminales en distintas regiones del país.

A su llegada al Senado de la República, donde compareció en el marco de la glosa del primer informe de gobierno, el funcionario rechazó que la estrategia haya sido rebasada por los recientes hechos de violencia, como el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán y del presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano.

“No estamos diciendo que ya no haya delitos o que ya no haya crímenes o hechos lamentables como los que suceden en varios estados de la República. Lo que la ciudadanía tiene que saber es que hay 27 homicidios menos diarios, que hay un 32% menos homicidios y una cantidad sin precedentes de droga asegurada. Estamos trabajando en conjunto con las entidades federativas; los miles de detenidos son resultado de la coordinación con los estados”, señaló el secretario.

García Harfuch destacó que los resultados de la política de seguridad son “muy medibles” y responden a un trabajo sostenido entre las fuerzas federales y estatales. Subrayó que la estrategia actual se centra en la cooperación interinstitucional y en acciones conjuntas que han permitido importantes decomisos, detenciones y una baja constante en los indicadores de homicidio.

Cuestionado sobre la posibilidad de alcanzar la pacificación del país durante el sexenio, el funcionario respondió que el gobierno avanza año con año hacia ese objetivo. “Estamos con saldo mucho a favor de lo que comenzamos”, expresó, al tiempo que reiteró que los esfuerzos de seguridad han dado resultados concretos desde el inicio de la administración.

En relación con las investigaciones por la red de “huachicol fiscal”, en la que estarían implicados empresarios y elementos de la Marina, García Harfuch informó que las detenciones comenzaron en marzo y que las investigaciones continúan para desmantelar por completo las estructuras involucradas.

El titular de Seguridad también respondió a los cuestionamientos sobre la persistencia de los cárteles del narcotráfico y la aparición de nuevos grupos criminales, como “La Chokiza”, que opera principalmente en el Estado de México. “¿Usted cree que no se ha podido debilitar? ‘La Chokiza’, la detención la hizo la Estrategia de Seguridad Nacional. Nosotros fuimos quienes los detuvimos en coordinación con el estado y con la Fiscalía General de la República. Cuando no hay detenciones, no pueden bajar los delitos. Nosotros, mes con mes, estamos presentando detenciones”, afirmó.

García Harfuch reiteró que la coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales ha sido clave para mantener la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto. “La estrategia de seguridad federal está funcionando”, insistió, al destacar que los datos muestran una disminución sostenida de homicidios y un incremento en los aseguramientos y detenciones en todo el territorio nacional.

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, aseguró que el llamado “huachicol fiscal” —una práctica de contrabando y evasión relacionada con combustibles y mercancías— ya está detenido definitivamente en el país, tras la detección de redes de corrupción en las aduanas nacionales.

“Ya ahorita está detenido definitivamente el ‘huachicol fiscal’, era por las aduanas del norte y de los puertos”,declaró el funcionario al llegar al Senado de la República, donde acudió para presentar ante legisladores la minuta de reforma a la Ley Aduanera.

Marín Mollinedo explicó que el desmantelamiento de esta red fue posible gracias al trabajo conjunto con autoridades federales, especialmente con la Secretaría de Marina, institución que colabora en la vigilancia y control de las aduanas marítimas y fronterizas. Añadió que la coordinación interinstitucional ha permitido cerrar los principales canales de evasión y contrabando fiscal.

El titular de la ANAM precisó que, aunque no puede garantizar que no existan nuevos intentos de contrabando, los mecanismos de detección y reacción están activos. “No te lo puedo asegurar, pero sí lo hemos atajado y estamos pendientes. Si se llegara a descubrirse uno, procedemos inmediatamente y le damos parte a la Fiscalía General de la República, y ellos son los que están actuando cuando se detecta algo”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, la estrategia de control y transparencia en las aduanas ha tenido resultados directos en la recaudación fiscal, al registrar un incremento superior a 200 mil millones de pesos respecto al año anterior. Este aumento, destacó, es resultado del combate a la corrupción interna y del fortalecimiento en los procesos de revisión y fiscalización.

“Sí hay algunos elementos que no dan resultados, vemos que no sube la recaudación y tomamos acciones. Hay algunos que ya están hasta procesados, de los que salieron de la Marina, que cometieron esos abusos, entonces estamos vigilando permanentemente”, explicó Marín Mollinedo.

El titular de la ANAM subrayó que las acciones de supervisión continúan en todas las aduanas del país, con el propósito de mantener la integridad institucional y garantizar la transparencia en las operaciones comerciales y fiscales.

“Se han detectado algunos elementos desleales y se han estado moviendo, y eso no está ayudando a poner orden”, reconoció, al destacar que la vigilancia constante y las sanciones a quienes incurren en prácticas irregulares son parte de la estrategia para mantener controladas las aduanas mexicanas.

Con estas medidas, la Agencia Nacional de Aduanas de México busca consolidar un sistema más eficiente, limpio y confiable, reforzando el papel del Estado en el control de la entrada y salida de mercancías, así como en el combate al contrabando fiscal que por años afectó la economía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su gobierno trabaja en un proceso de recopilación y cruce de datos entre varias dependencias federales para determinar con precisión el daño económico causado por el llamado “huachicol” fiscal, una red de contrabando de combustibles que opera desde hace años en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos, mencionada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, no corresponde a una estimación oficial. Explicó que los cálculos que circularon en días recientes surgieron de un análisis elaborado por un diputado federal, por lo que “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sheinbaum detalló que actualmente un grupo de trabajo interinstitucional revisa los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía y Aduanas, con el fin de consolidar una sola fuente de información confiable sobre la producción, importación y venta de combustibles.

“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”, indicó la presidenta.

El objetivo, explicó, es contar antes de que concluya octubre con un sistema que permita tener trazabilidad total de los combustibles en tiempo real, algo que, según reconoció, no existía en administraciones anteriores. Con esta herramienta, el gobierno podrá identificar si se comercializa más combustible del que se produce o importa legalmente, y así determinar el tamaño real del contrabando.

La mandataria precisó que hasta ahora existen querellas por 16 mil millones de pesos relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, una cifra que coincide con la reportada por la Procuraduría Fiscal.

El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el inicio de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en una red de contrabando que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible bajo el argumento de que eran aditivos, para luego venderlos dentro del país y evadir impuestos.

Entre los señalados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con la depuración de cifras y la integración de datos entre dependencias, el gobierno federal busca cerrar el paso a las prácticas que alimentaron durante años el mercado ilícito de combustibles y reforzar el control sobre toda la cadena energética nacional.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una sesión marcada por acusaciones de corrupción, protestas opositoras y un intenso debate político. Con 338 votos a favor, 129 en contra y sin abstenciones, el pleno dio luz verde al dictamen que busca modernizar el sistema aduanero del país y reforzar la vigilancia sobre las operaciones fiscales y comerciales.

De acuerdo con el gobierno federal, la iniciativa contempla modificar 65 artículos, adicionar 44 y derogar nueve de la actual legislación. El objetivo central, explicó la bancada oficialista, es combatir la corrupción, cerrar espacios a la evasión fiscal y lograr una operación más eficiente y transparente en las aduanas mexicanas, consideradas puntos críticos en el flujo de mercancías nacionales e internacionales.

Durante la discusión, la oposición acusó al bloque oficialista de intentar encubrir irregularidades dentro del sector. La diputada Verónica Martínez García, del PRI, afirmó que Morena pretende “lavarse las manos” en el tema del llamado “huachicol fiscal” y advirtió que la reforma podría afectar a la industria farmacéutica, uno de los sectores más regulados del país.

En la misma línea, el legislador José Elías Lixa, del PAN, aseguró que el dictamen favorece a empresas vinculadas con Pemex y que el fenómeno del huachicol fiscal surgió durante el actual gobierno de Morena.

Los reclamos alcanzaron un punto álgido cuando el diputado panista Federico Döring subió al pleno con un bidón de gasolina para ejemplificar lo que llamó “el saqueo fiscal desde la Marina”. Sus compañeros de bancada desplegaron carteles denunciando que el huachicol fiscal tiene un costo anual de 600 mil millones de pesos, en medio de abucheos y consignas.

Por su parte, los legisladores de Morena defendieron la iniciativa presidencial y destacaron su intención de limpiar las aduanas de prácticas desleales y corruptas. El diputado José Narro Céspedes sostuvo que la reforma “busca modernizar y eliminar las malas prácticas en las agencias aduanales”, además de fortalecer la rendición de cuentas de los agentes que operan en los puntos fronterizos y portuarios.

El dictamen también incluye nuevos requisitos para ingresar como agente aduanal, entre ellos no ser servidor público y presentar un informe patrimonial, con el fin de garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés. Asimismo, establece que los agentes aduanales deberán verificar que los importadores y exportadores cumplan con las regulaciones y normativas vigentes.

Otro punto relevante es la vigencia prorrogable de las patentes y autorizaciones de las agencias aduanales, lo que busca dar mayor certidumbre al sector sin perder control gubernamental.

La aprobación en lo general marca un paso clave para la agenda económica del Ejecutivo, mientras que la discusión en lo particular continuará en los próximos días para revisar reservas y ajustes propuestos por las distintas bancadas.