La Fiscalía General de la República informó al Senado de la República que realizará un mapeo nacional para identificar zonas de riesgo delictivo, detectar patrones criminales y analizar posibles vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas en el país.

El anuncio fue presentado en su informe de labores y se basa en el uso del denominado “análisis de contexto”, una herramienta metodológica que permite estudiar las condiciones sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito para comprender su origen y forma de operación.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy, esta metodología incluye la recopilación de datos, revisión de investigaciones previas, testimonios y bases de datos institucionales. Con esta información se elaboran mapas que ubican zonas críticas de criminalidad, rutas de operación de grupos delictivos, domicilios relacionados con delitos y posibles fosas clandestinas.

La fiscalía explicó que este tipo de análisis permite visualizar patrones delictivos y facilitar el trabajo del Ministerio Público para identificar relaciones entre delitos, presuntos responsables y contextos en los que ocurren los hechos. El informe señala que durante 2025 se recibieron 139 solicitudes de análisis de contexto por parte de agentes del Ministerio Público para distintos casos; de ese total, 109 estudios continúan en proceso.

La elaboración de estos análisis ocurre en medio de investigaciones recientes sobre presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Entre los casos mencionados está la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de participar en secuestros y extorsiones en presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, la fiscalía mantiene abiertas indagatorias por contrabando fiscal de hidrocarburos en las que se señala la presunta participación de los hermanos Manuel Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Marina, respectivamente, quienes son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Para elaborar estos estudios, la fiscalía utiliza diversas fuentes de información, entre ellas la Plataforma México, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Detenciones, así como bases de datos internacionales. También se incorporan análisis de fuentes abiertas en internet, incluidas redes sociales como Facebook, X, Instagram y YouTube.

Según el reporte presentado al Senado, esta información permite generar productos de inteligencia para apoyar investigaciones relacionadas con desaparición de personas, delitos contra migrantes, tortura, centros clandestinos y ataques a la libertad de expresión, además de fortalecer la identificación de tendencias y riesgos delictivos en el país.

Entre el 1 de octubre, fecha en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, y el 31 de agosto, se registraron 13 mil 219 personas desaparecidas y no localizadas en el país. La cifra representa 5 mil 145 casos más que los reportados durante los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En su primer informe de gobierno, la presidenta se refirió al tema de desapariciones en una sola ocasión, mencionando únicamente reformas en materia de justicia y atención a víctimas. No ofreció resultados ni cifras sobre las acciones emprendidas para atender la crisis que incluye identificación de cuerpos, labores de búsqueda o datos actualizados sobre fosas clandestinas. Según cifras de 2021 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, existen al menos mil 749 fosas clandestinas en el país.

La Ley General establece la obligación de contar con un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). La institución reconoce su existencia, pero el documento no es público.

En el balance estatal, la Ciudad de México, gobernada previamente por Sheinbaum, se posicionó como la entidad con mayor número de personas desaparecidas en el periodo, con mil 986 casos. Le sigue el Estado de México, donde la morenista Delfina Gómez es gobernadora, con mil 857 reportes. En tercer lugar está Sinaloa, escenario de enfrentamientos entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” tras la detención en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López y de Ismael “El Mayo” Zambada.

El impacto de la crisis ha alcanzado directamente a las familias buscadoras. A finales de agosto, fue asesinada Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas. Ella buscaba a su hija, Goretty Guadalupe, desaparecida en junio.

El hallazgo en marzo pasado del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron localizados restos humanos, intensificó las demandas de colectivos para que los gobiernos implementen acciones efectivas en búsqueda e identificación.

La presión social derivó en la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, en julio, después de un año y 11 meses en el cargo. Actualmente, 27 personas participan en el proceso de entrevistas para encabezar la institución. La Secretaría de Gobernación prevé presentar los perfiles más idóneos a la presidenta el 10 de septiembre.

Entre los pendientes más señalados está la apertura del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, que concentra información forense sobre localización, recuperación e identificación de restos. 

También se mantiene la exigencia de transparentar los datos del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, que debe incluir información de cementerios y panteones municipales, así como de sitios clandestinos detectados en todo el país.