Miles de mujeres tomaron las calles de distintas ciudades del país durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en movilizaciones marcadas por consignas contra la violencia de género, exigencias de justicia por feminicidios y demandas de mayor seguridad. Las marchas se realizaron en la Ciudad de México y en varios estados del país, donde contingentes feministas, familias y organizaciones civiles participaron en protestas que se extendieron durante gran parte del día.

Desde temprano, colectivos convocados a través de redes sociales comenzaron a reunirse en distintos puntos de la capital. Vestidas de violeta, color representativo del movimiento feminista, las asistentes portaban pancartas con mensajes como “Nos queremos vivas”, “No estamos todas” y “Muerte al macho”, mientras avanzaban con consignas que denunciaban la violencia contra las mujeres.

La movilización principal recorrió Paseo de la Reforma, donde los contingentes corearon frases como “El violador eres tú” y “La policía no me cuida, me cuida mi familia”. Durante el recorrido, las manifestantes exigieron justicia por los feminicidios y medidas de seguridad para las mujeres. Monumentos y edificios cercanos al trayecto permanecieron protegidos por vallas metálicas, entre ellos el Ángel de la Independencia y Palacio Nacional, mientras elementos policiacos acompañaban el avance de los contingentes.

Con el paso de las horas, las participantes comenzaron a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México, punto final de la marcha en la capital. En ese lugar, un grupo de mujeres intentó derribar las vallas instaladas frente a Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México utilizando martillos, piedras y rejas.

Durante esos momentos, algunas manifestantes corearon consignas como “¡Fuimos todas!” y “¡Claudia Sheinbaum no me representa!”, mientras elementos de seguridad desplegados detrás de las estructuras metálicas rociaron gas para intentar dispersar a quienes golpeaban las barreras.

Entre las asistentes también se observó a la madre de Kimberly Hilary Moya González, adolescente desaparecida desde el 2 de octubre de 2025 en Naucalpan, caso por el que existen dos detenidos aunque las autoridades no han esclarecido lo ocurrido.

Las movilizaciones se replicaron en distintos estados del país. En Guanajuato, alrededor de 15 mil mujeres se concentraron en la Alhóndiga de Granaditas, donde se registraron pintas y el lanzamiento de bombas molotov. También hubo protestas en municipios como Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende.

En Cuernavaca, estado de Morelos, colectivos marcharon para exigir justicia por los feminicidios de las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Karen Toledo y Kimberly Joselin.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en México siete de cada diez mujeres han vivido algún tipo de violencia y, en promedio, diez mujeres son asesinadas cada día, cifras que cada año impulsan las movilizaciones del 8M en el país.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.