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La eliminación de vehículos utilizados presuntamente por grupos delictivos marcó una nueva acción de autoridades federales en la frontera norte del país. La Fiscalía General de la República informó que fueron destruidas 18 unidades con blindaje artesanal, conocidas como “monstruos”, las cuales estaban vinculadas a diversas investigaciones abiertas por delitos federales.

La destrucción se llevó a cabo en instalaciones de la propia fiscalía ubicadas en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, zona fronteriza con Estados Unidos que ha sido escenario recurrente de operativos de seguridad. Las unidades eliminadas formaban parte de 16 carpetas de investigación relacionadas con actividades criminales, de acuerdo con lo informado por la institución.

Las autoridades señalaron que estas unidades fueron aseguradas durante operativos realizados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Las acciones se desarrollaron con la participación coordinada de autoridades municipales, estatales y federales, bajo la estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La destrucción de los vehículos se realizó como parte del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mecanismo que contempla la eliminación de instrumentos utilizados en la comisión de delitos. Esta disposición permite a las autoridades disponer de objetos asegurados que no pueden ser reutilizados o que representan un riesgo.

De acuerdo con las investigaciones, “probablemente los vehículos eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con 16 carpetas de investigación”, indicó la FGR. Las unidades, comúnmente llamadas “monstruos”, son adaptaciones construidas de forma artesanal sobre estructuras de camiones, reforzadas con gruesas capas metálicas que funcionan como blindaje.

Este tipo de vehículos ha sido identificado en distintos enfrentamientos entre organizaciones criminales, así como en choques con fuerzas de seguridad. Debido a su resistencia y dimensiones, son empleados por grupos delictivos para movilizarse en zonas de alto riesgo o durante confrontaciones armadas.

Las autoridades destacaron que el aseguramiento de estos vehículos se realizó mediante diversas acciones coordinadas en distintos puntos del estado, como parte de operativos dirigidos a reducir la capacidad operativa de grupos criminales. Tras su aseguramiento, las unidades quedaron bajo resguardo ministerial hasta que se autorizó su destrucción.

Con esta acción, la Fiscalía dio destino final a los vehículos asegurados durante los operativos realizados en el periodo señalado, al tiempo que se avanza en las investigaciones vinculadas con las 16 carpetas abiertas relacionadas con estas unidades.

La posibilidad de que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentre fuera del país ha intensificado las acciones de búsqueda en su contra, luego de que autoridades estatales y federales señalaran que el exmandatario habría escapado con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación durante un operativo realizado a inicios de marzo de 2025.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Aureoles fue localizado en el estado de Jalisco, pero logró evadir la acción desplegada entre el 1 y 2 de marzo de 2025. Según explicó, integrantes del grupo criminal facilitaron su traslado hacia el norte del país, lo que habría permitido su salida del territorio nacional.

En paralelo, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que solicitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, iniciar gestiones internacionales para ubicar al exmandatario, incluyendo la emisión de una ficha roja ante la Interpol y la colaboración con otros países.

Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2014 y 2021 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, enfrenta dos órdenes de aprehensión. La primera corresponde al presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Policía Michoacán, actualmente denominada Guardia Civil.

La segunda orden judicial está relacionada con la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas durante un operativo realizado en 2017 en la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen. En este caso también enfrenta cargos por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Por los mismos hechos, el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como 14 exfuncionarios y policías, también cuentan con órdenes de aprehensión.

El operativo en Arantepacua ocurrió el 5 de abril de 2017, cuando elementos de la Policía Michoacán intentaban recuperar cerca de cien vehículos retenidos por habitantes de la comunidad, en medio de un conflicto agrario con la población de Capácuaro, en el municipio de Uruapan. Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado que dejó un policía muerto, cuatro indígenas fallecidos —uno de ellos menor de edad—, además de 35 personas lesionadas y 38 detenidos que posteriormente fueron liberados.

En su momento, la administración estatal sostuvo que el tiroteo fue iniciado por un grupo armado vinculado a Benito Morales Jiménez, alias “El Beny”, identificado como jefe de plaza del cártel de Los Viagras y exintegrante de Los Caballeros Templarios. El presunto líder criminal no fue detenido y su paradero continúa sin esclarecerse.

Un video difundido en redes sociales detonó una investigación federal por el saqueo de huevos de tortuga golfina en la costa de Oaxaca. Las imágenes muestran a tres hombres extrayendo los huevos directamente de la arena mientras los ejemplares se encontraban en pleno proceso de desove, lo que provocó la intervención de autoridades ambientales y de procuración de justicia.

La denuncia fue presentada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que confirmó que el caso ya es analizado por la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El incidente ocurrió el 23 de marzo en Playa Escobilla, considerada la zona de anidación más importante del mundo para la tortuga golfina.

Las grabaciones evidencian a tres sujetos utilizando costales para recolectar los huevos mientras manipulan a las tortugas antes de que concluyan el proceso de anidación. Incluso, en una de las escenas, uno de los individuos arroja a un ejemplar, mientras continúan retirando los huevos de los nidos. El saqueo se realizó a plena luz del día y sin que se observara presencia de vigilancia en el lugar.

Habitantes del municipio de Santa María Tonameca alertaron sobre lo ocurrido, lo que llevó a que el material audiovisual se viralizara y derivara en la denuncia formal ante las autoridades. La Conanp señaló que, pese a estos intentos de saqueo, las labores de conservación continúan en la zona.

“El trabajo no se detiene a pesar de los recientes intentos de saqueo de huevos de tortuga golfina (que ya fueron denunciados y están siendo investigados), la fuerza de la comunidad es más grande”, informó la dependencia en redes sociales.

De acuerdo con la comisión, actualmente más de 117 personas participan en actividades de vigilancia y monitoreo biológico en Escobilla, Vainilla y Barra del Potrero. Estas acciones forman parte de un esquema de conservación que, durante dos décadas, ha involucrado a comunidades locales y autoridades de seguridad nacional, incluyendo la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional.

Además, la Conanp mantiene activos proyectos de subsidio enfocados en la protección de especies prioritarias, en los que participan habitantes de Escobilla, Vainilla, Macahuite, Guapinole y Barra del Potrero, quienes colaboran en tareas de resguardo de nidos y monitoreo ambiental.

La tortuga golfina cuenta con protección legal en México debido a su condición de riesgo. La normativa NOM-059-SEMARNAT-2010 prohíbe cualquier aprovechamiento extractivo, comercial o de subsistencia de tortugas marinas, incluidos sus huevos. Asimismo, el Código Penal Federal establece sanciones de entre uno y nueve años de prisión para quienes cometan este delito.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del saqueo ocurrido durante el periodo de desove en una de las playas más relevantes del mundo para la reproducción de la tortuga golfina.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, a un año y siete meses de la detención de Ismael Zambada García, autoridades de Estados Unidos no han esclarecido completamente las circunstancias en las que ocurrió su arresto en Nuevo México. Durante una conferencia en Sinaloa, la mandataria señaló que la falta de claridad sobre ese hecho coincide con el incremento de la violencia en la entidad.

“Nunca quedó claro qué fue lo que pasó y a partir de ahí se incrementa la violencia”, expresó la presidenta, al referirse al traslado del líder criminal a territorio estadounidense. Añadió que el enfoque del gobierno federal se mantiene en la protección de la población y en la implementación de estrategias orientadas a reducir la impunidad y atender las causas estructurales de la violencia.

En el mismo acto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que los homicidios en Sinaloa han disminuido 50% desde junio de 2025. No obstante, en contraste con esa reducción, las lesiones provocadas por arma de fuego registraron un incremento de 36.1% en el estado. Las autoridades federales no presentaron cifras actualizadas sobre desapariciones, pese a que este delito ha tenido presencia relevante en la entidad en meses recientes.

Sheinbaum también destacó indicadores relacionados con la actividad económica y turística, particularmente en Mazatlán, donde señaló que el desarrollo de eventos como el carnaval impulsó la ocupación hotelera. Indicó que el hotel donde se hospedó reportó prácticamente lleno, con presencia significativa de visitantes internacionales.

Ismael Zambada, de 77 años, es identificado como cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera. Fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, en Estados Unidos. Posteriormente, el propio Zambada aseguró mediante una carta que fue engañado y llevado a ese país en contra de su voluntad.

Según esa versión, Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio, lo citó a una reunión en Sinaloa en la que presuntamente estarían presentes el gobernador Rubén Rocha Moya y el exfuncionario Héctor Melesio Cuén para abordar un conflicto político. Sin embargo, al encontrarse en privado, hombres armados ingresaron al sitio, lo sometieron y lo trasladaron a una pista aérea, donde fue obligado a abordar una avioneta con destino a Estados Unidos.

El traslado incluyó el uso de sedantes, de acuerdo con el relato difundido posteriormente. La detención del líder criminal marcó un punto relevante en el contexto de seguridad regional, mientras autoridades mexicanas continúan señalando la necesidad de esclarecer plenamente el proceso que derivó en su captura y traslado internacional.

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, detonó una serie de bloqueos y hechos violentos en al menos 14 estados del país, de acuerdo con reportes oficiales difundidos este domingo.

Autoridades federales informaron que las afectaciones incluyeron quema de vehículos y cierres en vías primarias y secundarias. Entre las entidades con incidentes se encuentran Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes y Quintana Roo.

Según la Guardia Nacional, el primer bloqueo fue reportado a las 9:32 horas en Michoacán; minutos después se notificó otro en Jalisco por un vehículo incendiado. En esa entidad, el Gabinete de Seguridad indicó que hasta las 14:00 horas se contabilizaban 21 bloqueos carreteros activos. 

Cinco de ellos habían sido controlados, mientras fuerzas federales y estatales permanecían desplegadas para restablecer la circulación. La autoridad precisó que en los puntos intervenidos se mantenía flujo vehicular lento pero constante.

La Fiscalía del Estado de Jalisco detalló que, derivado de los hechos en la entidad, se registraron seis personas detenidas y un presunto agresor abatido. En avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle fueron aseguradas dos personas y un vehículo; en ese punto, uno de los involucrados murió. 

En la carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, se reportaron cuatro detenciones adicionales y el aseguramiento de otro automóvil. Además, se confiscaron dos vehículos en el cruce de avenida Periférico y avenida Guadalupe.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el abatimiento del líder criminal. Durante una visita a Coahuila, fue abordada por medios de comunicación mientras saludaba a asistentes desde una camioneta. Ante los cuestionamientos, respondió: “Lo va a informar el Gabinete de Seguridad”.

Horas antes, en un acto público en San Pedro, Coahuila, la mandataria centró su mensaje en programas sociales y no hizo referencia a los hechos relacionados con el operativo. Al insistirle la prensa para enviar un mensaje a la ciudadanía tras la muerte de “El Mencho”, reiteró que será el Gabinete de Seguridad el encargado de proporcionar la información oficial.

Hasta el momento, las fuerzas federales no han presentado un informe ampliado sobre el operativo ni sobre el balance total de los incidentes registrados en las distintas entidades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que no existen registros de amenazas ni actos de intimidación dirigidos a la empresa minera canadiense Vizsla Silver ni a sus trabajadores antes del secuestro de 10 empleados en el municipio de Concordia, Sinaloa. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los primeros elementos oficiales del caso.

De acuerdo con el funcionario federal, los reportes recabados por las autoridades no muestran antecedentes de amedrentamiento previo contra el personal de la compañía. “En los primeros reportes que tenemos es que no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa”, afirmó García Harfuch al referirse a las condiciones en las que operaba la minera antes del hecho.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad precisó que la zona donde ocurrió la privación de la libertad es un territorio bajo operación de una célula criminal identificada como parte de “Los Chapitos”. Añadió que ya se tiene identificado a uno de los líderes que mantienen actividades en ese sector, dato que forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

El secuestro se registró el 24 de enero. Una vez que se presentó el reporte correspondiente, el Gabinete de Seguridad activó acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional. La empresa Vizsla Silver notificó la desaparición de 10 de sus empleados, quienes se encontraban alojados en una vivienda rentada por la propia compañía dentro del fraccionamiento La Clementina, en Concordia.

Tras cinco días sin que se lograra la localización de los trabajadores, la minera canadiense anunció la suspensión de sus operaciones en el municipio. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, los empleados fueron vistos por última vez alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando un grupo armado arribó al inmueble donde se hospedaban y los privó de la libertad.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa no ha hecho públicas las fichas de búsqueda de los 10 empleados desaparecidos. Entre las personas reportadas como no localizadas se encuentran Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdez, Antonio Jiménez, Antonio de la O y Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien es el único que cuenta con una ficha oficial difundida por las autoridades.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades federales mantienen las acciones de localización en la región, mientras se da seguimiento al contexto de seguridad en el área donde ocurrieron los hechos.

Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos arribó a México durante el fin de semana como parte de actividades previamente autorizadas por el gobierno mexicano, informó el Gabinete de Seguridad. La llegada de la aeronave ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Toluca y fue confirmada por autoridades federales a través de redes sociales, donde se precisó que el vuelo tuvo fines de capacitación y se realizó conforme a los acuerdos de colaboración entre ambos países.

De acuerdo con datos de la plataforma de rastreo aéreo Flightradar24, el avión identificado con la matrícula RCH149 despegó alrededor del mediodía del sábado desde la Base de la Fuerza Aérea Dyess, ubicada en Abilene, Texas. El trayecto se efectuó sin escalas y concluyó ese mismo día aproximadamente a las 14:40 horas, tiempo del centro de México, en Toluca, una de las principales terminales aéreas del centro del país.

La aeronave corresponde a un Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules, un modelo de transporte táctico ampliamente utilizado por la Fuerza Aérea estadounidense. Según información del fabricante, este tipo de avión está diseñado para cumplir misiones diversas, entre ellas evacuaciones médicas, reabastecimiento aéreo para labores de combate de incendios y traslado de ayuda humanitaria, además de operaciones logísticas y de entrenamiento.

El aterrizaje se produjo horas después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera una advertencia dirigida a operadores aéreos sobre posibles actividades militares en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica, así como en zonas marítimas del Pacífico y el Golfo de California. La alerta recomendó extremar precauciones ante eventuales interferencias en sistemas de navegación.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el gobierno federal no tiene registro de operaciones militares estadounidenses dentro del territorio nacional y afirmó que no existe información sobre maniobras fuera de lo ordinario en el espacio aéreo mexicano.

Hasta el momento, ni autoridades mexicanas ni estadounidenses han detallado de manera pública los motivos específicos del arribo del avión a Toluca. No obstante, el Gabinete de Seguridad reiteró que el vuelo fue autorizado y que se ajustó a los protocolos establecidos, en un escenario de cooperación bilateral vigente entre México y Estados Unidos.

Autoridades federales desmantelaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, como parte de acciones diferenciadas que derivaron en el aseguramiento de más de 700 kilogramos de droga terminada, así como 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos. Las intervenciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se desarrollaron en puntos distintos del territorio nacional.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó en redes sociales que estas operaciones “debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población”,con énfasis en la protección de jóvenes. La dependencia federal precisó que los aseguramientos ocurrieron en eventos independientes, cada uno con resultados específicos.

La primera acción se realizó en la localidad de Carricitos, en el estado de Durango, durante recorridos terrestres de vigilancia. En el sitio se localizaron instalaciones con amplias áreas de operación destinadas a la producción de drogas sintéticas. Las autoridades incautaron mil 150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos, además de diverso material y accesorios empleados en los procesos de elaboración. Todo el equipo fue inhabilitado para impedir su reutilización.

En una segunda intervención, en el poblado de Los Cedros, Sinaloa, fuerzas federales desmantelaron otro laboratorio clandestino. En ese punto se aseguró aproximadamente 750 kilogramos de producto terminado, así como mil 150 litros y 695 kilogramos de sustancias químicas utilizadas como precursores, junto con insumos vinculados a la fabricación de narcóticos sintéticos.

El tercer laboratorio fue localizado en la comunidad de La Escondida, Michoacán, en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del estado. En este lugar se decomisaron 9 mil 700 litros y 500 kilogramos de precursores químicos, además de equipo y herramientas empleadas en la producción de drogas. Las instalaciones también fueron desmanteladas para evitar que volvieran a operar.

En los operativos participaron de manera conjunta la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México; la Secretaría de la Defensa Nacional; la SSPC; la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, como parte de un esquema de coordinación interinstitucional para combatir la fabricación y distribución de estupefacientes.

Estas acciones se enmarcan en la operación “Frontera Norte”, iniciada el pasado 5 de febrero, tras un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientado a frenar el flujo de migrantes y drogas, y a evitar la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos. Desde el arranque de esta estrategia, las autoridades reportan la detención de 10 mil 627 personas y el aseguramiento de 7 mil 766 armas de fuego, como parte de los resultados acumulados.

El sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana del 2 de enero de 2026, con epicentro en San Marcos, Guerrero, provocó afectaciones en diversas unidades hospitalarias del centro y sur del país; sin embargo, las autoridades federales de salud confirmaron que no se reportaron daños graves ni estructurales, y que las revisiones continúan como medida preventiva.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:58 horas y activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 10:00 de la mañana se habían contabilizado 271 réplicas posteriores al evento principal.

En Guerrero, el ISSSTE informó daños superficiales en el Hospital Regional de Acapulco, principalmente vidrios rotos y desprendimiento de plafones, así como afectaciones en la Clínica Hospital de Chilpancingo. En el municipio de Iguala, las inspecciones continuaban al cierre del primer reporte para descartar riesgos adicionales.

En la capital del país, 17 unidades médicas del ISSSTE ubicadas en la zona norte fueron evacuadas de manera preventiva. Tras una primera revisión de la infraestructura, no se detectaron daños estructurales, por lo que pacientes y personal regresaron a las instalaciones. El organismo también señaló que en entidades como Veracruz, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro no se reportaron afectaciones, aunque las evaluaciones seguían en curso.

El IMSS, por su parte, reportó afectaciones menores en Guerrero, específicamente en la Unidad Médica número 25 de Ometepec y la Unidad Médica número 12 de San Marcos. En la Ciudad de México, se identificaron daños leves y sin compromiso estructural en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Magdalena de las Salinas. También se registraron afectaciones en un quirófano del Hospital General de Zona número 7, en Cuautla, Morelos.

La alcaldía Azcapotzalco informó que el Hospital de Especialidades del IMSS “La Raza” presentó daños en acabados de yeso, tablaroca y plafones, los cuales fueron clasificados como superficiales y sin riesgo estructural tras la revisión del inmueble.

En cuanto a los efectos del sismo en la población, la alcaldía Benito Juárez confirmó el fallecimiento de un hombre de 60 años durante la evacuación de un edificio en la colonia Álamos. Las autoridades detallaron que el deceso se habría producido por un posible paro cardiorrespiratorio tras una caída. Además, se reportó la caída de un árbol en la colonia Portales y de un poste en Narvarte Poniente, sin personas lesionadas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que 12 personas resultaron lesionadas a causa del sismo, sin precisar la gravedad de las heridas, y aclaró que no se registraron fallecimientos directamente atribuibles al movimiento telúrico en la capital.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE) informaron que el ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), programado para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, no provocará aumentos en el precio final de la gasolina. Ambas dependencias precisaron que la medida fiscal no tendrá efectos adversos para los consumidores y se mantendrá la estabilidad en el costo del combustible a nivel nacional.

A través de un documento oficial, las autoridades federales detallaron que la actualización del IEPS por inflación aplicable a la gasolina no modificará los elementos de la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina, mecanismo que se encuentra en operación en todo el país. En ese sentido, subrayaron que el ajuste tributario no se reflejará en incrementos para el usuario final ni alterará el esquema vigente de control y supervisión de precios.

La SHCP y la SE explicaron que esta estrategia permite amortiguar variaciones derivadas de factores fiscales o de mercado, asegurando que los ajustes al impuesto no se traduzcan en afectaciones directas al consumidor. En el mismo contexto, reafirmaron que la política de estabilidad se mantendrá activa sin cambios en sus lineamientos operativos.

Las dependencias recordaron que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina está vigente desde el 1 de marzo y establece un tope máximo para la gasolina con octanaje menor a 21, cuyo precio no podrá superar los 24 pesos por litro. Este acuerdo continúa aplicándose como referencia para garantizar certidumbre en el mercado de combustibles.

El esquema de estabilización es resultado de una coordinación interinstitucional en la que participan las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estas instancias trabajan de manera conjunta para dar seguimiento a la aplicación del acuerdo y verificar su cumplimiento en los distintos puntos de venta.

A este esfuerzo se suman la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encargada de la supervisión y vigilancia de precios al público, y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que participa en el control y regulación del sector. Petróleos Mexicanos (Pemex) también forma parte del esquema de coordinación, contribuyendo a la implementación de la estrategia en el ámbito de suministro y distribución.

Con este anuncio, las autoridades federales reiteraron que el ajuste al IEPS previsto para 2026 se realizará sin repercusiones en el precio final de la gasolina, manteniendo las condiciones actuales de estabilidad establecidas en la estrategia nacional y sin afectar a los consumidores en el país.