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La Fiscalía General de la República informó al Senado de la República que realizará un mapeo nacional para identificar zonas de riesgo delictivo, detectar patrones criminales y analizar posibles vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas en el país.

El anuncio fue presentado en su informe de labores y se basa en el uso del denominado “análisis de contexto”, una herramienta metodológica que permite estudiar las condiciones sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito para comprender su origen y forma de operación.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy, esta metodología incluye la recopilación de datos, revisión de investigaciones previas, testimonios y bases de datos institucionales. Con esta información se elaboran mapas que ubican zonas críticas de criminalidad, rutas de operación de grupos delictivos, domicilios relacionados con delitos y posibles fosas clandestinas.

La fiscalía explicó que este tipo de análisis permite visualizar patrones delictivos y facilitar el trabajo del Ministerio Público para identificar relaciones entre delitos, presuntos responsables y contextos en los que ocurren los hechos. El informe señala que durante 2025 se recibieron 139 solicitudes de análisis de contexto por parte de agentes del Ministerio Público para distintos casos; de ese total, 109 estudios continúan en proceso.

La elaboración de estos análisis ocurre en medio de investigaciones recientes sobre presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Entre los casos mencionados está la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de participar en secuestros y extorsiones en presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, la fiscalía mantiene abiertas indagatorias por contrabando fiscal de hidrocarburos en las que se señala la presunta participación de los hermanos Manuel Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Marina, respectivamente, quienes son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Para elaborar estos estudios, la fiscalía utiliza diversas fuentes de información, entre ellas la Plataforma México, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Detenciones, así como bases de datos internacionales. También se incorporan análisis de fuentes abiertas en internet, incluidas redes sociales como Facebook, X, Instagram y YouTube.

Según el reporte presentado al Senado, esta información permite generar productos de inteligencia para apoyar investigaciones relacionadas con desaparición de personas, delitos contra migrantes, tortura, centros clandestinos y ataques a la libertad de expresión, además de fortalecer la identificación de tendencias y riesgos delictivos en el país.

El amparo promovido en 2021 por la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) en contra de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta la posibilidad de ser desestimado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De acuerdo con la organización, el proyecto de resolución impulsado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, plantea sobreseer la garantía constitucional, lo que impediría un análisis de fondo sobre los efectos de dicha legislación en los derechos de las víctimas del delito.

MUCD advirtió, mediante un comunicado, que el proyecto presentado ante el máximo tribunal del país elimina mecanismos clave de coadyuvancia y control que permitían la participación activa de las víctimas en los procesos de investigación. La organización señaló que esta postura evita escuchar a quienes han sido directamente afectados por el delito y establece un precedente que consideran riesgoso para el acceso a la justicia, particularmente para las organizaciones civiles que, desde hace más de 27 años, acompañan a víctimas en la defensa de sus derechos.

Según la organización defensora de derechos humanos, la Ley de la FGR aprobada en 2021 no solo modificó el marco de actuación de la Fiscalía, sino que también eliminó y restringió derechos que ya estaban reconocidos para las víctimas. Entre los cambios señalados se encuentra el debilitamiento de la coadyuvancia, figura que permitía a las víctimas participar activamente en la investigación de los delitos y colaborar de manera directa con el Ministerio Público.

MUCD también destacó afectaciones en el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones relevantes del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección. A ello se suma, según la organización, una reducción en el nivel de responsabilidad de la Fiscalía General de la República dentro del Mecanismo de Apoyo Exterior y del Sistema Nacional de Búsqueda, instancias consideradas fundamentales para la atención de víctimas, especialmente en casos de desaparición.

En su posicionamiento, la organización cuestionó la interpretación contenida en el proyecto de resolución, la cual sostiene que los artículos impugnados únicamente regulan asuntos internos de la Fiscalía y que no generan un impacto directo ni en las víctimas ni en las organizaciones que las acompañan. MUCD afirmó que, bajo este criterio, la SCJN evita pronunciarse sobre el fondo del asunto y deja en manos de la propia FGR la interpretación del alcance de los derechos de las víctimas.

De acuerdo con la información difundida, el proyecto será discutido en el pleno de la Suprema Corte este miércoles 4 de enero de 2026. La resolución que adopte el máximo tribunal definirá el futuro del amparo promovido por MUCD y el alcance del control constitucional sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, así como las condiciones en las que las víctimas y organizaciones civiles podrán ejercer y defender sus derechos dentro del sistema de justicia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un juez penal autorizó 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el establecimiento Waldo’s, ubicado en Hermosillo, hecho que dejó 23 personas fallecidas, una menor en gestación y 12 personas lesionadas. La determinación judicial se tomó tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público.

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que las órdenes de captura fueron libradas luego de que se expusieran ante el juez los elementos recabados durante la investigación. “Fueron libradas por un Juez Penal un total de 25 órdenes de aprehensión”, precisó la dependencia al referirse a las personas presuntamente implicadas en el siniestro.

De ese total, siete órdenes ya fueron cumplimentadas, por lo que las personas detenidas serán presentadas ante el juzgado la tarde de este día para que se determine su situación jurídica. La autoridad señaló que para ejecutar las detenciones se autorizaron técnicas de investigación, entre ellas cateos judiciales, con el objetivo de dar cumplimiento a los mandatos emitidos por el juez.

En el mismo informe, la Fiscalía estatal indicó que también se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación a la persona moral, programada para este 24 de diciembre a las 17:00 horas, en la capital sonorense, ante un Juez Oral Penal. Esta diligencia forma parte del proceso penal derivado del caso identificado oficialmente como “Waldo’s”.

La audiencia inicial fue programada a pocas horas de la celebración de la Nochebuena, en el marco de una investigación que continúa abierta y que ha permitido establecer las causas del incendio. De acuerdo con los resultados obtenidos por las autoridades, el siniestro se originó por la explosión de un transformador eléctrico que se encontraba instalado de manera irregular dentro del inmueble.

Las indagatorias también revelaron que el establecimiento no contaba con las medidas básicas exigidas por Protección Civil, lo que incrementó el riesgo y las consecuencias del incendio. Además, se documentó la omisión de funcionarios estatales y municipales en la realización de revisiones de la infraestructura, situación que forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por la Fiscalía.

El incendio del comercio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, es considerado uno de los hechos más graves registrados en la entidad por el número de víctimas fatales y personas lesionadas. Con la emisión de las órdenes de aprehensión y el desarrollo de las audiencias programadas, las autoridades judiciales avanzan en la etapa de definición legal para las personas señaladas como presuntas responsables, conforme a los tiempos y procedimientos establecidos en el sistema penal.

La situación jurídica del empresario Raúl Rocha Cantú, también propietario del certamen Miss Universo, permanece sin una postura pública definitiva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara a la dependencia informar sobre el cambio de medida cautelar y la reactivación de una orden de aprehensión en su contra. El tema fue abordado durante una conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, donde la mandataria federal fue cuestionada directamente sobre el estatus legal del caso.

Durante su intervención, Sheinbaum precisó que corresponde exclusivamente a la FGR dar a conocer los detalles relacionados con la situación jurídica del empresario. “Tiene que informarlo la fiscalía, es un tema de la fiscalía y tienen que informar, pero sí tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la fiscalía”, señaló la presidenta ante los medios, al subrayar la autonomía de la institución encargada de la investigación.

Horas más tarde, la Fiscalía General de la República emitió un posicionamiento a través de su cuenta oficial en la red social X, en el que indicó que dará a conocer información sobre el caso una vez que sea legalmente procedente. En el mensaje, la dependencia señaló que actúa conforme al marco jurídico vigente y en estricto apego al debido proceso. “En cuanto exista información que sea susceptible de ser difundida, lo haremos del conocimiento de la opinión pública”, informó la FGR, sin detallar plazos ni precisar el alcance de las actuaciones en curso.

El contexto de este pronunciamiento se da después de que el medio Latinus reportara, la noche anterior, la existencia de una orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, presuntamente relacionada con el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con dicha información, la orden fue autorizada por un juez del estado de Querétaro el pasado 15 de diciembre de 2025. Posteriormente, la propia Fiscalía indicó que desconoce el paradero actual del empresario.

Según los elementos presentados por el Ministerio Público para solicitar la orden de aprehensión, Rocha Cantú no cuenta con un domicilio plenamente identificable para su localización. La documentación judicial refiere que el domicilio proporcionado por el imputado fue verificado por personal de la FGR y se constató que no es habitado por él. Este hecho fue integrado como parte de las pruebas que sustentaron la solicitud ante la autoridad judicial.

En el texto de la orden de captura se establece que el empresario no tiene un arraigo domiciliario comprobable en el Estado de México, Querétaro ni en la Ciudad de México. Asimismo, se señala que en el inmueble registrado nunca ha pernoctado y que se trata de un domicilio irregular, presuntamente proporcionado con el fin de evitar su ubicación por parte de las autoridades.

Mientras la orden judicial permanece vigente y la localización del empresario no ha sido confirmada, la Fiscalía General de la República mantiene reserva sobre el avance de las actuaciones. La dependencia reiteró que cualquier información adicional será comunicada públicamente cuando así lo permita el proceso legal en curso.

Raúl Navarro, quien encabezó la Secretaría de Hacienda de Sonora en el gobierno de Claudia Pavlovich, fue sometido a proceso judicial tras determinarse su posible implicación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. La resolución se dio en una audiencia reciente, donde un juez valoró los elementos presentados por el Ministerio Público y consideró que existían bases suficientes para continuar con la investigación en su contra.

La fiscalía estatal informó que, a partir de la determinación judicial, se fijó un periodo de seis meses para que la indagatoria sea concluida. En su comunicado, la autoridad destacó que los datos de prueba expuestos permitieron establecer la probable responsabilidad del ex funcionario. El caso está relacionado con contratos de servicios profesionales firmados entre 2017 y 2020, los cuales estaban dirigidos a la realización de asesorías vinculadas con procedimientos administrativos.

La vinculación de Navarro ocurre en un contexto donde otros ex integrantes del gabinete de Pavlovich también han enfrentado procesos similares. En agosto, las autoridades detuvieron a José Víctor Guerrero González, quien se desempeñó como secretario de Educación durante el mismo sexenio, igualmente por presunto peculado.

Mientras tanto, la trayectoria política de la exgobernadora ha continuado bajo la mirada pública. Tras desempeñarse como cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich fue ratificada en agosto por la Comisión Permanente del Congreso como embajadora de México en Panamá, luego del nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su toma de protesta, la senadora panista Lilly Téllez interrumpió la ceremonia al gritar “¡corrupta, corrupta!”, acusándola de encubrir el incendio ocurrido en 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo. El señalamiento fue parte de la protesta de la legisladora, quien ha mantenido críticas constantes hacia la exmandataria.

El caso de Navarro añade un nuevo capítulo a las investigaciones emprendidas por presuntas irregularidades durante el sexenio pasado en Sonora. Las autoridades continúan integrando los expedientes relacionados con el manejo de recursos públicos y la celebración de contratos de asesoría durante ese periodo. Con la vinculación a proceso formalizada, los próximos meses serán clave para determinar el rumbo de la acusación y el desarrollo de las diligencias que la fiscalía deberá completar conforme al plazo establecido.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa que busca enfrentar uno de los delitos que más afectan a la población mexicana: la extorsión mediante llamadas y cobro de piso. Con 110 votos de todas las fuerzas políticas, el dictamen avanzó con modificaciones y ahora regresará a la Cámara de Diputados para su revisión.

La nueva ley establece un marco jurídico uniforme para combatir la extorsión en todo el país, ordenando que todas las instituciones de seguridad y justicia actúen bajo criterios legales y procedimentales homologados. El objetivo es que estados y federación cuenten con herramientas alineadas para prevenir, investigar y sancionar este delito.

El proyecto prevé la creación y consolidación de unidades especializadas en extorsión, así como policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados y certificados para atender estos casos. Con ello se busca fortalecer la persecución de un delito que, según legisladores, ocupa el tercer lugar entre los que más afectan a los mexicanos.

La minuta original enviada por la Cámara de Diputados proponía castigos de entre 6 y 15 años de prisión. Sin embargo, las comisiones del Senado detectaron discrepancias con los mínimos establecidos en distintas entidades, que van de 7 a 15 años. Entre ellas destacan Baja California (7 años), Tamaulipas (10), Ciudad de México (10), Estado de México (8), Zacatecas (8), Nayarit (10), Chiapas (10), Morelos (15), Quintana Roo (15) y Michoacán (15).

Ante esto, el Senado decidió elevar el rango de penalidad para evitar beneficios legales como la libertad anticipada. “De mantener la sanción de 6 años como mínimo, abriría la puerta para que las personas sancionadas por esa conducta pudieran solicitar la libertad anticipada, aprovechando la aplicación retroactiva en su beneficio. Por esa razón consideramos aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25 años”, explicó el morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia.

La ley también incorpora medidas específicas para combatir la extorsión generada desde centros penitenciarios, un foco constante de denuncias. Se contempla una pena de 6 a 12 años de prisión para quien introduzca sin autorización teléfonos móviles, componentes o cualquier tecnología que permita transmitir voz, datos, video o geolocalización dentro de los penales.

Además, el texto establece protocolos de protección para víctimas, testigos y participantes en los procesos judiciales. Las autoridades deberán garantizar su vida, integridad física o mental y evitar cualquier intento de intimidación. Entre las medidas previstas se encuentran la reserva de identidad, la participación remota mediante tecnología, el resguardo de datos personales, la notificación a través de asesores jurídicos o del Ministerio Público y el bloqueo de identificadores como el IMSI y el IMEI.

Con estas modificaciones, el Senado completa una etapa clave para homologar criterios frente a la extorsión y refuerza la respuesta institucional ante un delito que afecta a miles de personas en el país. El dictamen ahora deberá ser revisado nuevamente por la Cámara de Diputados.

Un cambio inesperado acaba de sacudir el caso Ayotzinapa. A menos de dos meses de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, el rostro que tomará las riendas de la investigación es Mauricio Pazarán Álvarez. Su nombre tal vez no suena tanto, pero su trayectoria dice mucho: pasó 15 años trabajando en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la CDMX, y ahora es el nuevo fiscal provisional del caso que ha marcado a México entero.

La salida de Rosendo Gómez al frente de la investigación, quien estaba en el cargo desde 2022, fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 16 de julio. Y con su renuncia, también se levantó el polvo de una investigación que ha estado envuelta en reclamos, frustraciones y señalamientos por su lentitud y poca claridad.

Pazarán no es ajeno a las fiscalías. Ha sido secretario y Ministerio Público en asuntos del fuero común durante gran parte de su carrera. Entre 2000 y 2015 estuvo enfocado en atender delitos sexuales en la capital del país. Luego, de 2015 a 2021, se movió a la Fiscalía de Narcomenudeo, y después estuvo en la Fiscalía de Asuntos Relevantes. También tuvo una breve pasada por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, donde estuvo dos meses en el área de Apelaciones y Amparos. Nada en su currículum lo vincula directamente con desapariciones forzadas… hasta ahora.

Su llegada al caso no ha pasado desapercibida. El Centro Prodh, una de las organizaciones que ha acompañado a las familias desde el inicio, dejó clara su postura: “El relevo del titular de la Unidad Especializada en la Investigación del caso Ayotzinapa, tras escándalos de corrupción y malas prácticas, tardíamente da la razón a las familias”. Y no se quedaron ahí: recalcaron que se perdió tiempo valioso encargando la investigación a un perfil “no idóneo”.

El nuevo fiscal carga con la presión de once años sin respuestas claras y con la exigencia, cada vez más intensa, de verdad y justicia. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez no se anduvo con rodeos: pidió que se recupere el tiempo perdido y que se avance hacia la verdad.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Las familias siguen esperando. Y el caso Ayotzinapa escribe, otra vez, un nuevo capítulo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de sus listas de discusión un proyecto que proponía limitar la prisión preventiva oficiosa, figura jurídica señalada por organismos internacionales por su uso automático y sin control judicial. La propuesta, elaborada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quedará ahora en manos del nuevo pleno que se conformará tras la toma de protesta de nueve ministros electos por voto popular.

Este proyecto respondía a la acción de inconstitucionalidad 49/2021 y fue incluido inicialmente en la agenda del máximo tribunal para ser abordado en las últimas sesiones del periodo actual. Sin embargo, ya no aparece en el orden del día de la próxima reunión del pleno, prevista para el martes siguiente a su publicación.

En el documento retirado, Ríos Farjat planteaba que el uso automático de la prisión preventiva, previsto en el artículo 19 de la Constitución, debía interpretarse a la luz de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México. En su análisis, proponía que los jueces abrieran el debate sobre su aplicación sin requerir solicitud expresa del Ministerio Público, acercando el procedimiento al de la prisión preventiva justificada.

 “El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente” es la frase constitucional cuya interpretación fue central en el proyecto. La ministra sugería entenderla como una obligación del juzgador de iniciar un análisis sobre la pertinencia de aplicar esta medida cautelar, sin que ello implicara su imposición automática. Esta interpretación buscaba alejar al sistema penal del uso obligatorio de medidas privativas de libertad sin revisión judicial adecuada.

El retiro del proyecto coincidió con la revelación de una solicitud del gobierno federal dirigida a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández. En dicha petición, se planteó posponer la discusión y votación de todos los temas vinculados a la prisión preventiva oficiosa. Esta medida también incluye los asuntos relacionados con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual condenó a México a eliminar la figura del arraigo y a reformular la prisión preventiva oficiosa conforme a los estándares internacionales.

Con la decisión de la SCJN, el análisis del tema queda aplazado hasta que los nuevos ministros se integren al pleno. La Corte, en consecuencia, no resolverá en el corto plazo una de las controversias más relevantes en materia de derechos humanos y justicia penal que enfrenta el sistema jurídico mexicano.

Culiacán vivió una jornada tensa marcada por la renuncia del secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Antonio Leyva López, quien dejó el cargo por motivos personales. Su salida se registró apenas unas horas antes de un altercado entre agentes municipales y estatales ocurrido la noche del lunes 2 de junio, a las afueras de una clínica privada donde fueron ingresados dos hombres con heridas de bala.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el enfrentamiento comenzó cuando elementos estatales acudieron al hospital tras recibir una denuncia anónima sobre la presencia de personas lesionadas por arma de fuego. Al intentar acceder al lugar, fueron interceptados por policías municipales que, según el comunicado oficial, adoptaron una “conducta agresiva” y trataron de impedir la entrada al inmueble.

Como resultado del incidente, siete agentes municipales fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Se trata de seis hombres y una mujer, identificados como Reyna Gloria “N”, Luciano “N”, Pedro Luis “N”, Saúl “N”, Luis “N”, Alberto “N”, Jasiel Humberto “N” y Jesús Manuel “N”. Las investigaciones buscarán determinar responsabilidades y aclarar la actuación de los elementos involucrados.

El presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó la renuncia del secretario Leyva López y detalló que ya se ha solicitado formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional la designación de un elemento del Ejército para ocupar el cargo vacante. Esta medida, explicó, busca garantizar estabilidad en la corporación municipal y fortalecer la coordinación con otras instancias de seguridad.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de los dos hombres heridos ni sobre las circunstancias en las que resultaron baleados. Tampoco se ha emitido información oficial sobre si estas personas están vinculadas a alguna investigación en curso.

El episodio reaviva el debate sobre la coordinación entre cuerpos de seguridad municipales y estatales, así como los retos que enfrenta Culiacán en materia de seguridad pública. El gobierno local se mantiene en espera de una pronta respuesta por parte de la Secretaría de la Defensa para cubrir la vacante en la jefatura de seguridad, en un contexto marcado por la tensión operativa entre corporaciones.

La atención se centra ahora en el desarrollo de las investigaciones y en las decisiones que tomen las autoridades para evitar nuevas confrontaciones que puedan obstaculizar las labores de seguridad en la capital sinaloense.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ejercerá un uso discrecional sobre datos biométricos. Así lo afirmó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien destacó que toda acción relacionada con bases de datos y procesos de investigación estará bajo la estricta conducción del Ministerio Público.

En conferencia de prensa, luego de un extenso encuentro con coordinadores parlamentarios, García Harfuch reiteró el respeto institucional a los procedimientos legales. La comparecencia, realizada a puerta cerrada y con duración de tres horas, fue escenario para acordar la instalación de mesas de trabajo incluyentes. Estas instancias contarán con la participación de todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar transparencia en la legislación relacionada con seguridad y tecnologías de vigilancia.

“No es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera”, aclaró, subrayando el carácter colaborativo del trabajo legislativo y la necesidad de mantener la tranquilidad entre las distintas bancadas.

En relación al proceso electoral del 1 de junio, el funcionario fue enfático al garantizar condiciones de seguridad en todo el país. En la jornada se renovarán autoridades judiciales y se celebrarán elecciones municipales en Durango y Veracruz. “Definitivamente habrá seguridad”, aseguró. Destacó que la estrategia incluye un despliegue importante de la Guardia Nacional, con 3,500 elementos en Veracruz y 2,500 en Durango, en coordinación estrecha con gobiernos estatales.

García Harfuch subrayó que este esfuerzo responde a una visión preventiva y coordinada, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La premisa es clara: no habrá espacio para provocaciones ni actos represivos. El compromiso, aseguró, es garantizar el bienestar de la ciudadanía, replicando la disciplina mostrada por la policía capitalina en fechas recientes.

El titular de la SSPC también abordó el reciente ataque armado en la alcaldía Benito Juárez, donde perdieron la vida Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Aunque evitó especulaciones, fue tajante al rechazar vínculos con los atentados ocurridos en 2020 contra su persona y el perpetrado en 2022 contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que las investigaciones del caso avanzan con firmeza, profesionalismo y total compromiso. Reafirmó que no habrá impunidad, al igual que en otros hechos ocurridos en la capital: “No importa el tiempo que tarden, las investigaciones son firmes y vamos a dar resultados”.

La jornada electoral contará con respaldo institucional y vigilancia constante. En medio del contexto nacional, el mensaje es directo: la legalidad no se negocia y la ciudadanía contará con el respaldo total del Estado.