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México y España mantienen un intercambio activo de información tras el desmantelamiento de una red dedicada al tráfico de metanfetamina hacia Europa, operación en la que fueron detenidas nueve personas, entre ellas dos ciudadanos mexicanos originarios de Jalisco y Sinaloa. Así lo confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al detallar que la cooperación se fortaleció a partir de la identificación de los connacionales involucrados.

La acción policial forma parte de la operación “Saga”, iniciada en 2023 y considerada por las autoridades españolas como el mayor golpe al tráfico de metanfetamina en Europa. En su segunda fase, ejecutada recientemente, se logró la segunda mayor incautación de esta droga en el continente, además de la captura de integrantes clave de la estructura criminal. Entre los detenidos se encuentra un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recibía cargamentos procedentes de México.

De acuerdo con la información oficial, la organización utilizaba cargamentos de piedras de mármol importadas legalmente desde México para ocultar la metanfetamina, un método que permitió el trasiego de droga a gran escala a través de rutas comerciales formales. Este esquema evidenció el uso de actividades lícitas como fachada para el tráfico internacional de drogas sintéticas.

García Harfuch explicó que, aunque la intervención fue realizada por autoridades españolas, la detención de ciudadanos mexicanos activó de inmediato los mecanismos de cooperación bilateral. Señaló que existe un intercambio constante y efectivo de información con España, apoyado por la presencia de un delegado del Centro Nacional de Inteligencia mexicano en ese país.

El flujo de información incluye datos sobre empresas presuntamente vinculadas al caso, particularmente aquellas relacionadas con la comercialización de mármol, piedra y otros materiales. Estas referencias ya son analizadas por las autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de las acciones derivadas del caso. También se revisan posibles irregularidades en procesos aduanales y de comercio exterior relacionados con los cargamentos utilizados para introducir la droga.

La magnitud de la operación “Saga” se explica también por sus antecedentes. En su primera fase, desarrollada en 2024 con colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue desmantelado el mayor punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa. En ese momento se aseguraron mil 800 kilos de la droga a una organización hispano-mexicana que operaba rutas a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

El caso subraya la dimensión transnacional del tráfico de metanfetamina y la relevancia de la cooperación internacional para combatir estructuras criminales que aprovechan el comercio legal para actividades ilícitas.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su gobierno no tiene preocupación por lo que pueda declarar Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, en el marco del proceso judicial que enfrenta el narcotraficante en una corte de Nueva York.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Seguridad han recibido información oficial por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump respecto al caso.

Al ser cuestionada sobre si existe inquietud en su administración, Sheinbaum respondió: “No, lo que vaya a declarar, y si lo plantea la fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México tiene que pasar por pruebas y por la FGR”.

Este lunes Zambada, de 77 años, se declaró culpable ante la Corte de Nueva York en lo que sería un acuerdo con la fiscalía estadounidense, que desistió de solicitar la pena de muerte en su contra. Posteriormente, la fiscal Pam Bondi ofreció una conferencia de prensa para dar detalles sobre el proceso.

“El Mayo” enfrenta 17 cargos que incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero y narcotráfico. Considerado uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, su comparecencia ante la justicia estadounidense se convierte en un episodio clave en el combate al crimen organizado transnacional.

La presidenta Sheinbaum destacó que, en caso de que surja información relacionada con México, esta deberá ser respaldada con pruebas sólidas y procesada conforme a los canales institucionales. Reiteró que corresponde a la FGR dar seguimiento a cualquier dato que pueda tener implicaciones en el país.

El juicio de Zambada ha despertado atención internacional debido a la relevancia que ha tenido su figura en el narcotráfico durante décadas. Analistas jurídicos señalan que una declaración de culpabilidad abriría la puerta a una posible cooperación con la fiscalía estadounidense, aunque por ahora no hay información oficial compartida con el gobierno mexicano.

La administración de Sheinbaum ha insistido en mantener el respeto a las instituciones de justicia y en que cualquier caso relacionado con actividades ilícitas de ciudadanos mexicanos en el extranjero debe pasar por los mecanismos legales correspondientes en México.

Con el acuerdo judicial en curso, Zambada podría evitar la pena capital, aunque los cargos que enfrenta lo exponen a una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. El gobierno mexicano seguirá a la espera de notificaciones oficiales, mientras el caso continúa su curso en la corte neoyorquina.

Omar Reyes Colmenares ha sido designado como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su llegada fortalecerá las investigaciones relacionadas con el financiamiento de actividades ilícitas y el combate al lavado de dinero.

La designación de Reyes Colmenares fue anunciada oficialmente el lunes, después de que el sábado pasado la propia mandataria federal informara que Pablo Gómez, anterior jefe de la UIF, asumiría la presidencia de la comisión especial encargada de promover la reforma electoral. Aunque su nombramiento aún debe ser ratificado por el Poder Legislativo, Sheinbaum dejó claro que su elección no es casual: “Es un especialista en inteligencia”.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta destacó la trayectoria de Reyes Colmenares y su cercanía profesional con ella. “Nos conocemos desde hace muchos años. Trabajamos juntos en el gobierno de la ciudad de México. Los dos ‘Omares’ nos conocemos desde hace más años”, declaró, en referencia también a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad, otro integrante de su círculo de confianza.

Sheinbaum subrayó que Reyes Colmenares no sólo es un perfil técnico, sino una pieza clave dentro de su estrategia de seguridad e inteligencia financiera. La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, juega un papel central en la identificación y análisis de operaciones financieras relacionadas con delitos como el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado.

Al reconocer la gestión de Pablo Gómez, la presidenta destacó que “hizo un trabajo extraordinario” al frente del organismo, lo que deja a Reyes Colmenares el reto de mantener e impulsar las capacidades de la UIF en un contexto nacional donde el flujo de recursos ilícitos sigue siendo una amenaza persistente.

El cambio en la UIF forma parte de una serie de movimientos dentro del gabinete federal orientados a consolidar el equipo de seguridad e inteligencia de Sheinbaum, reforzando estructuras clave con personas de su confianza y con experiencia directa en administraciones anteriores.

La llegada de Reyes Colmenares a la UIF apunta a una estrategia de continuidad y fortalecimiento técnico en la vigilancia de los flujos financieros ilegales, y representa un paso más en la conformación del gabinete federal que acompañará a Claudia Sheinbaum en el arranque de su sexenio presidencial.

En un impresionante golpe contra el robo de combustibles, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 933 mil litros de hidrocarburos en el municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. El operativo fue ejecutado con precisión quirúrgica en un predio ubicado en la colonia Barrio de la Cruz, a tan solo una hora de la capital estatal, Xalapa.

La acción fue coordinada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Veracruz, con apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM) y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). También participaron activamente elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, integrando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública.

El decomiso incluyó, además del combustible ilegal, un total de 64 vehículos de distintos tipos, entre ellos motocicletas, tractocamiones, pipas, maquinaria pesada, así como tres cisternas de diferentes capacidades y contenedores cilíndricos metálicos. Todo fue hallado dentro de un predio que ahora permanece bajo resguardo del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con las investigaciones correspondientes.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Veracruz, ejecutó un cateo en Las Vigas de Ramírez, en dicha entidad, donde aseguró 933 mil litros de hidrocarburo, 64 vehículos, tres cisternas, contenedores y un predio”, comunicó la dependencia federal de forma oficial.

La magnitud del hallazgo refuerza la alerta en la región, pues se suma a otros decomisos importantes realizados recientemente en el estado. Apenas unos días antes, en el sur de Veracruz, fue descubierta una minirrefinería clandestina que se dedicaba al procesamiento ilícito de combustibles. Asimismo, durante diciembre pasado, las autoridades hallaron más de un millón de litros de huachicol en el municipio de Tlalixcoyan y medio millón más en otro punto de Medellín.

Estos operativos forman parte de una estrategia nacional que busca frenar el mercado negro de hidrocarburos, una actividad que por años ha representado una amenaza para la seguridad energética del país. El aseguramiento de Las Vigas de Ramírez se suma a una lista creciente de acciones contundentes contra el llamado huachicol en Veracruz, entidad que continúa siendo un punto clave para este tipo de actividades ilícitas.

Las autoridades federales mantienen el seguimiento del caso con firmeza, dejando bajo custodia judicial tanto los recursos materiales decomisados como el inmueble intervenido, en espera del avance en las diligencias legales correspondientes.

La verdad sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha salido a la luz con una crudeza que no deja espacio para dudas. Desde 2021, autoridades locales tenían conocimiento de las actividades ilícitas que ahí se realizaban, según reveló Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había alertado a las instancias municipales sobre los hechos, pero las advertencias fueron ignoradas.

Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero fue contundente: el rancho operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las pruebas son sólidas y datan de hace casi cuatro años. A pesar de las evidencias, ninguna autoridad municipal presentó una denuncia federal ante el Ministerio Público, omisión que retrasó cualquier intervención por parte de instancias superiores.

La respuesta llegó tarde. No fue sino hasta septiembre de 2024 cuando un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales terminó en un violento enfrentamiento con individuos armados, ligados directamente al CJNG. La acción dejó como saldo la detención de diez personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un hombre asesinado, cuya identidad permanece sin confirmar.

Apenas 35 días antes de la conferencia, la FGR logró atraer la investigación. La tardanza en el proceso expuso una cadena de negligencias locales que, según el fiscal, facilitaron que el rancho operara con absoluta impunidad durante años.

En medio del escándalo, surgieron versiones que señalaban al rancho como un posible “campo de exterminio”. Colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, encontraron más de 400 pares de zapatos en el lugar, incrementando la sospecha de atrocidades cometidas ahí. Sin embargo, Gertz Manero negó categóricamente esta versión.

“Tenemos estudios periciales que demuestran que en el sitio no hubo cremaciones. No se hallaron restos calcinados, ni temperaturas superiores a 200 grados en la tierra o materiales analizados”, explicó el fiscal. Además, aseguró que fuera del cadáver encontrado el día del operativo, no se han localizado más restos humanos, ni osamentas completas o parciales.

El rancho Izaguirre, que en apariencia era solo una propiedad rural, escondía en su interior una maquinaria de violencia organizada, enraizada en la inacción de quienes debieron actuar desde un inicio. La gravedad del caso obligó a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación que ahora apuntan a descubrir si existen otros centros de adiestramiento similares en el estado de Jalisco.

Cada dato confirmado, cada detalle expuesto, dibuja un panorama de alarmante omisión que permitió que un grupo criminal fortaleciera su estructura operativa a plena vista. Lo que parecía un terreno olvidado era, en realidad, una pieza fundamental para una de las organizaciones más peligrosas del país.

El mensaje de Gertz Manero resuena claro: la falta de acción tiene consecuencias. Y ahora, más que nunca, la vigilancia sobre otros puntos del estado será crucial para evitar que la historia se repita.

Una operación encubierta encabezada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca culminó con la detención de José Benito “T”, alias “Tláloc”, identificado como líder de una célula criminal con operaciones en Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec. La organización mantenía un esquema de extorsión, cobro de piso y presunto lavado de dinero, valiéndose de negocios aparentemente legales.

Los informes oficiales revelan que esta red criminal camuflaba sus actividades ilícitas mediante la administración de hoteles, bodegas y una empresa de extracción y venta de grava. Estas fachadas comerciales no solo servían para aparentar legalidad, sino que permitían el movimiento encubierto de recursos obtenidos mediante la venta de hidrocarburos de manera ilegal.

El grupo utilizaba las ganancias para financiar sus operaciones, mantener su estructura y ampliar su control territorial, según indicó la Fiscalía. Las actividades eran respaldadas por una dinámica de intimidación constante en contra de comerciantes y empresarios locales, quienes eran obligados a pagar cuotas bajo amenaza de represalias.

Las autoridades estatales confirmaron que el grupo también se encontraba involucrado en el tráfico ilegal de combustible, uno de los pilares financieros de la organización. Esta actividad, sumada a los ingresos generados por extorsión, colocó a “Tláloc” como figura clave en el panorama delictivo regional.

La presencia de la célula en Matías Romero no pasó desapercibida para los habitantes de la zona, quienes durante años convivieron con la sombra del miedo. El uso de la violencia como método de control y la diversificación de actividades ilícitas fueron parte de una estrategia sostenida por la organización para consolidar su influencia en el Istmo.

La captura de José Benito “T” representa un golpe importante para las estructuras criminales que operan en la entidad, y marca un avance en las investigaciones que buscan erradicar redes que, como ésta, mezclan actividades legales con operaciones delictivas de alto impacto.

La Fiscalía continúa con las indagatorias correspondientes para ubicar a otros posibles implicados, así como rastrear los recursos obtenidos a través de esta red. Las investigaciones apuntan a un sistema organizado, con operaciones financieras complejas y nexos con otras actividades delictivas que aún se encuentran bajo análisis.

Con esta detención, se refuerza el mensaje de que las autoridades estatales mantienen su estrategia para desmantelar estructuras criminales que operan en el sur del país, y devuelven, poco a poco, la tranquilidad a zonas afectadas por el crimen.

Un operativo a gran escala ha asestado un golpe contundente contra el crimen organizado en México. Con la participación de las principales fuerzas de seguridad del país, se logró el decomiso de narcóticos, armamento y dinero en efectivo por un valor cercano a los 400 millones de pesos. 

Estas acciones, lideradas por la Estrategia Nacional de Seguridad, involucraron a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y diversas autoridades estatales. La coordinación entre estas instituciones permitió la detención de decenas de personas vinculadas con actividades ilícitas y la confiscación de toneladas de drogas.

Uno de los hallazgos más impactantes fue la intercepción de seis kilos de fentanilo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un paquete con destino a Nueva Jersey. Se estima que su valor en el mercado supera los 48.7 millones de pesos. En Sinaloa, el Ejército y la Guardia Nacional incautaron 140 kilos de metanfetamina, armamento y más de 4,000 cartuchos, con un valor de 42 millones de pesos.

Además, en Sonora, se aseguraron 10 kilos de metanfetamina junto con vehículos y armas de alto calibre. En los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, fueron destruidas más de 24 hectáreas de cultivos ilícitos, incluyendo plantíos de amapola y marihuana.

La lucha contra el tráfico de drogas también incluyó la incineración de más de cinco toneladas de cocaína en distintas localidades, destacando operativos en Culiacán, Michoacán e Isla Mujeres. En paralelo, las fuerzas de seguridad incautaron dinero en efectivo y cheques por millones de pesos en diversos cateos, además de desmantelar una toma clandestina de hidrocarburos en Guanajuato.

El impacto de estos decomisos no solo representa pérdidas millonarias para los grupos criminales, sino que también refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. La operación ha sido un claro mensaje de que la seguridad nacional sigue en pie de lucha para frenar estas actividades ilícitas.