Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit, deja la custodia Federal en EE.UU.

El exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, también conocido como “El Diablo”, ya no se encuentra bajo custodia federal en Estados Unidos, según el registro de la Oficina Federal de Prisiones. De acuerdo con la información oficial, Veytia estaba recluido en la prisión de Ashland, en Kentucky, y dejó de estar bajo custodia el pasado 10 de febrero.

Veytia había sido sentenciado en 2019 por su participación en una conspiración internacional de fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. 


Originalmente, su condena era de 20 años, pero en abril de 2024, una jueza redujo su sentencia a 10 años, estableciendo su liberación para 2027. Sin embargo, esta pena se acortó nuevamente, y según registros consultados a finales de 2023, su liberación estaba programada para octubre de 2024. Ahora, ha salido de custodia antes de lo previsto.

 

El exfiscal fue detenido en marzo de 2017 y, tras dos años en proceso judicial, fue declarado culpable el 26 de febrero de 2019. Durante su estancia en prisión, Veytia se convirtió en uno de los testigos clave en el juicio estadounidense contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón y también fue declarado culpable de narcotráfico.

 

La salida de custodia de Veytia ha generado interrogantes sobre las razones detrás de su liberación anticipada. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado declaraciones sobre los motivos exactos de su excarcelación antes de la fecha programada. Su caso sigue siendo de interés debido a su vinculación con altos funcionarios y el impacto de su testimonio en procesos judiciales clave contra el crimen organizado.

 

Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre su situación legal y su posible regreso a México, donde también enfrenta señalamientos por sus actividades durante su gestión como fiscal de Nayarit.

Ovidio Guzmán López, Hijo de “El Chapo”, Habría Sido Liberado en Estados Unidos

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, habría sido liberado el pasado martes 23 de julio, según el sitio de consulta pública del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.

En la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Guzmán López aparece con el número de registro 72884-748. Ovidio Guzmán fue extraditado de México a Estados Unidos el 18 de septiembre de 2023 y estuvo recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, un rascacielos de 28 pisos en el centro de la ciudad de Illinois.

La noticia sobre la aparente liberación de Ovidio Guzmán surgió el mismo día en que Joaquín Guzmán López, también hijo de “El Chapo”, fue detenido en Texas junto con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa.

Ovidio, conocido por su papel en el “Culiacanazo”, enfrenta 12 cargos relacionados con narcotráfico y aún no ha sido juzgado. Apodado “El Ratón”, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y marihuana. Fue arrestado el 5 de enero de 2023 en Culiacán, marcando su segunda detención después de haber sido liberado en octubre de 2019 por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar un aumento de la violencia.

Alvarez Maynez propone legalización de drogas

La legalización controlada de ciertas drogas emerge como una propuesta destacada en la campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en su búsqueda por abordar la violencia y la inseguridad en México.

Durante su intervención en el foro “Provoca tu futuro”, realizado en la Universidad Regiomontana (U-ERRE) el 12 de marzo, Álvarez Máynez delineó su visión para un México transformado, enfatizando la necesidad de un nuevo enfoque en el sistema de justicia.

Esta propuesta de legalización se inscribe en su Plan Nacional de Pacificación, que comprende cinco ejes fundamentales: la dignificación de la labor policial mediante la creación de una academia especializada, la reforma del sistema penitenciario para priorizar la reinserción social, el cambio del modelo de prohibición de drogas, la democratización del sistema judicial y el enfoque prioritario en las víctimas.

La estrategia de Álvarez Máynez contrasta con las propuestas de sus rivales. Mientras Claudia Sheinbaum, del partido en el poder, aboga por consolidar la Guardia Nacional, y Xóchitl Gálvez, de la oposición, propone la construcción de megaprisiones.

El candidato argumenta que las políticas punitivas y prohibicionistas han demostrado ser ineficaces en la lucha contra el consumo de drogas. “El mercado negro no contribuye a la capacidad del Estado para controlarlo”, afirmó.

Un estudio de la Consultora AC revela que en México operan al menos 175 grupos criminales, cubriendo hasta el 80 % del territorio nacional, lo que, según expertos, refleja el fracaso de las estrategias de seguridad desde 2006.

Ante este panorama, Álvarez Máynez propone medidas como la legalización del consumo de drogas, la recaudación de impuestos sobre estas sustancias, la inclusión de comunidades afectadas en los beneficios de la regulación, la eliminación del delito de posesión simple y la amnistía para aquellos en prisión por delitos relacionados con el cannabis.

El candidato señala ejemplos exitosos en Estados Unidos, como Colorado y California, donde se ha implementado la regulación de la marihuana con resultados positivos.

Imer Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subraya la necesidad de repensar las políticas de prohibición y guerra contra las drogas, abogando por una cooperación internacional en la implementación de estrategias preventivas.

En 2021, México se convirtió en el segundo país latinoamericano en aprobar el uso recreativo de la marihuana, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó la prohibición del uso lúdico de esta planta. Sin embargo, el comercio y la importación de cannabis siguen estando prohibidos.

El uso medicinal de la marihuana fue legalizado por el Senado mexicano en 2016, y en 2020 se aprobó un dictamen que regula su uso con fines médicos, recreativos e industriales.