Municiones calibre .50 de origen militar estadounidense terminan en manos de cárteles en México: NYT

Una investigación de The New York Times documentó que organizaciones criminales mexicanas han utilizado municiones calibre .50 fabricadas en una planta estadounidense propiedad del gobierno de Estados Unidos, destinada originalmente al abastecimiento del Ejército de ese país. De acuerdo con el reportaje, estas municiones provienen de la planta Lake City Army Ammunition, ubicada en el estado de Missouri, una de las principales instalaciones productoras de cartuchos militares en territorio estadounidense.

El artículo, elaborado por los periodistas Ben Dooley, Isabella Cota y Emiliano Rodríguez, detalla que, aunque la planta opera bajo control gubernamental, distintos acuerdos comerciales han permitido que parte de su producción llegue al mercado minorista. Este esquema ha facilitado que las municiones crucen hacia la frontera y, posteriormente, sean adquiridas por grupos delictivos en México.

Las municiones calibre .50 son utilizadas en armas de alto poder, como el fusil Barret M8, diseñado para disparos de largo alcance y con capacidad para perforar blindajes. De acuerdo con el reportaje, este tipo de cartuchos ha sido asegurado por autoridades federales mexicanas en el estado de Sinaloa, en el contexto de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, intensificada tras el traslado a Estados Unidos y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

Según documentos revisados por The New York Times, los acuerdos entre el Ejército estadounidense y contratistas privados han permitido que las municiones calibre .50 puedan ser comercializadas, lo que ha convertido a la planta de Lake City en una fuente relevante de este tipo de cartuchos para los cárteles mexicanos. El reportaje también señala que el propio gobierno de México ha adquirido municiones a esta instalación, en operaciones distintas a las detectadas en el mercado ilegal.

El texto destaca que el mercado civil para rifles calibre .50 en Estados Unidos es limitado, por lo que este tipo de munición no suele ser adquirida con frecuencia por compradores particulares. Aun así, los cartuchos han sido rastreados hasta escenarios de violencia en México, donde, según el artículo, han sido utilizados por organizaciones criminales en ataques armados, incluidos derribos de helicópteros y homicidios cometidos con rifles de este calibre.

En este contexto, el pasado 24 de enero se llevó a cabo la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS). De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese encuentro ambos gobiernos acordaron reforzar las acciones conjuntas para combatir el tráfico de armas, uno de los factores clave en el fortalecimiento del poder de fuego de los cárteles en territorio mexicano.

Muertes Electorales en México Enciende Alarmas por Incesante Violencia

Muertes Electorales en México Enciende Alarmas por Incesante Violencia

En un atentado que ha sacudido a la política mexicana, la candidata a la presidencia municipal de Celaya por el partido Morena, Gisela Gaytán, no fue la única víctima. Se ha confirmado la muerte del candidato a regidor del mismo partido, Adrián Guerrero Caracheo, en el mismo evento. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expresó su consternación y aseguró que estos crímenes no quedarán impunes. 

El trágico incidente tuvo lugar durante un mitin político en la localidad de San Miguel Octopan, en Celaya, Guanajuato. Se reportaron al menos siete disparos, algunos de los cuales alcanzaron a Guerrero, como se observa en un video filtrado en redes sociales que muestra a ambos candidatos caminando entre la multitud.

 

Este ataque resalta una preocupante tendencia de violencia política en México, donde candidatos y funcionarios electorales se han convertido en blancos de grupos armados. Ejemplos recientes incluyen el asesinato del alcalde de Churumuco, Michoacán, Guillermo Torres, así como el candidato a la alcaldía de Acatzingo, Puebla, Jaime González, ambos víctimas de ataques armados.

 

La escalada de violencia no se detiene ahí. A mediados de marzo, Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección en el municipio de Pihuamo, Jalisco, fue asesinado por hombres armados, mientras que Tomás Morales, precandidato a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, también perdió la vida en circunstancias similares.

 

Estos hechos sombríos forman parte de un patrón más amplio de violencia electoral que ha cobrado la vida de 50 personas entre el 4 de junio de 2023 y el 26 de marzo de 2024, según un informe de la consultora Laboratorio Electoral. Alarmantemente, 26 de estas víctimas eran aspirantes a cargos de elección popular, lo que subraya la gravedad de la situación.

 

Ante este panorama, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, ha prometido que el ataque contra Gisela Gaytán no quedará impune. Asimismo, ha anunciado esfuerzos coordinados para brindar protección a los candidatos por parte de las autoridades estatales.

 

Estos trágicos eventos plantean serias preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral mexicano, especialmente en vísperas de las elecciones presidenciales del 2 de junio. La violencia no solo amenaza la vida de los candidatos, sino también la estabilidad democrática del país.

 

En medio de este clima de incertidumbre y temor, es crucial que las autoridades mexicanas tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los candidatos y proteger la integridad del proceso electoral. La democracia y el Estado de derecho están en juego, y es responsabilidad de todos asegurar que prevalezcan sobre la violencia y la intimidación.

Cuestiones de Política 

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