En un giro impactante del caso Ayotzinapa, José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como “El Mochomo” y presunto implicado en la desaparición de los normalistas, salió en libertad en octubre del año pasado. A pesar de la acusación de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, un juez lo absolvió, generando sorpresa y controversia.

La Fiscalía General de la República (FGR) se encontró con la noticia de su liberación mientras impugnaba el fallo del juez de Distrito en el Estado de México. La apelación fue admitida, pero “El Mochomo” ya no estaba en prisión, lo que levantó interrogantes sobre los procedimientos judiciales.

La conexión de “El Mochomo” con el caso Ayotzinapa ha sido motivo de preocupación. Una llamada interceptada por la DEA reveló sus conversaciones con sus hermanos sobre el ataque a los estudiantes en 2014. Aunque la FGR buscaba mantenerlo tras las rejas, el juez decidió absolverlo.

El proceso legal enfrentó varios obstáculos, incluida la negación de amparo en julio de 2020 y la revelación en 2023 de una llamada entre los abogados de “El Mochomo” y su madre, coordinando un presunto soborno de dos millones de dólares para asegurar su liberación.

Este escándalo arroja dudas sobre la integridad del sistema judicial mexicano y plantea interrogantes sobre la influencia indebida en el proceso legal. La liberación de “El Mochomo” a pesar de las evidencias en su contra resalta la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos que garantizan la justicia en casos cruciales como el de Ayotzinapa.

El papel del presunto líder de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas no ha sido pasado por alto. La FGR insiste en su implicación, mientras que la sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que casos tan sensibles no se vean afectados por irregularidades judiciales.

El momento de la liberación de “El Mochomo” coincide con los esfuerzos continuos de la FGR por resolver el caso Ayotzinapa. A pesar de las complejidades legales y las acusaciones de soborno, la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas persiste.

El hecho de que “El Mochomo” haya eludido las consecuencias legales nuevamente pone de manifiesto los desafíos que enfrenta México en su lucha contra la impunidad. La comunidad internacional, así como los ciudadanos mexicanos, están observando de cerca este caso emblemático, exigiendo transparencia y responsabilidad en el sistema judicial.

En un firme pronunciamiento, el Partido Acción Nacional (PAN) aboga por la eliminación del fuero presidencial, proponiendo su aplicación de forma retroactiva y sin prescripción para delitos graves. Esta iniciativa surge como respuesta directa al anuncio reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea presentar una propuesta similar, pero para el próximo periodo presidencial.

Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, manifestó la disposición del partido a respaldar la eliminación del fuero, siempre y cuando tenga un impacto inmediato y afecte al actual presidente. Cortés cuestionó la postura de López Obrador, señalando que sus anteriores anuncios solo resultaron en reformas que ampliaron el catálogo de delitos sin abordar el artículo del fuero presidencial.

El dirigente panista recordó la promesa del presidente en 2021 sobre la eliminación del fuero, calificándola como una simulación. Destacó la importancia de aprobar la iniciativa rápidamente, argumentando que los expresidentes deben rendir cuentas por acciones y omisiones durante sus respectivos mandatos.

Cortés señaló cifras alarmantes en materia de homicidios, la gestión de la pandemia de Covid-19, la falta de atención médica para enfermedades graves como el cáncer y el desabasto de medicamentos para adultos mayores. Por este motivo, instó al presidente a no evadir la responsabilidad y a establecer un precedente para garantizar la igualdad entre ciudadanos y funcionarios públicos.

“Que no le saque el presidente, que se quede sin fuero y ponga el ejemplo para que prevalezca una verdadera igualdad entre ciudadanos y funcionarios públicos. Que pague por la inseguridad y la violencia, por la corrupción, la impunidad y el desfalco que ha hecho a millones de mexicanas y mexicanos”, concluyó Cortés.