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Un campamento utilizado para la producción de drogas sintéticas fue desmantelado en el municipio de Petatlán, Guerrero, como parte de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. La acción se llevó a cabo este jueves y derivó en el aseguramiento de una importante cantidad de precursores y sustancias químicas, así como en la inhabilitación total del sitio, el cual estaría presuntamente vinculado a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la información oficial, en este campamento operado por la delincuencia organizada se producía de manera simultánea metanfetaminas, la droga conocida como “Tusi” y opioides sintéticos. Las autoridades señalaron que el lugar funcionaba como un punto estratégico para la elaboración de distintos tipos de estupefacientes, lo que evidencia un alto nivel de capacidad operativa y logística.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante el operativo no solo se logró desmantelar el campamento, sino que también fue asegurada una bodega donde se almacenaban aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas. Este aseguramiento representa uno de los decomisos más relevantes en la región en materia de precursores químicos.

En las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad se observan tambos de color azul y costales que contendrían “sosa en escamas”, insumo comúnmente empleado en la elaboración de drogas sintéticas. El material gráfico permitió dimensionar la magnitud de las operaciones que se realizaban en el sitio, así como el volumen de sustancias almacenadas.

Las autoridades federales vinculan este campamento con Inés Omar Coronel Aispuro, conocido como “Coronel”, quien es identificado como integrante del Cártel del Pacífico, específicamente de la facción denominada “Los Chapitos”. De acuerdo con los antecedentes oficiales, Coronel Aispuro está señalado por haber participado en la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del narcotráfico en México.

Además, se informó que Inés Omar Coronel Aispuro cuenta con antecedentes penales registrados entre 2013 y 2015, relacionados con delitos como la producción de marihuana y la portación de arma de fuego. Estos datos forman parte de los registros oficiales de las autoridades de seguridad.

Con este operativo, el Gobierno federal busca debilitar las capacidades de producción de drogas sintéticas de los grupos delictivos que operan en Guerrero, así como reducir el flujo de estupefacientes mediante la destrucción de infraestructura y el aseguramiento de insumos clave utilizados en su fabricación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó este viernes el respaldo del Estado para fortalecer la seguridad en Sinaloa, entidad afectada por la violencia derivada de la lucha entre facciones de Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante su visita al puerto de Mazatlán, dentro de su gira por el primer año de gobierno, subrayó que las instituciones federales seguirán presentes en el estado para combatir la inseguridad.

Sheinbaum enfatizó que el Gabinete de Seguridad continuará realizando visitas constantes a Sinaloa, con la participación de los secretarios de Marina, Defensa y Seguridad. “Apoyando al pueblo de Sinaloa y vamos a seguir así”, afirmó la mandataria al destacar que se mantendrán los elementos de todas las corporaciones.

“Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar. Tiene que ver con atender las causas, también con fortalecer la Guardia Nacional con inteligencia, investigación, judicialización y mucha coordinación”, expresó en su discurso.

En su conferencia matutina del 24 de septiembre, Sheinbaum reconoció que existían condiciones para encabezar su acto público en Mazatlán, pese a la violencia reciente. Esto ocurrió después de que los escoltas de la nieta del gobernador Rubén Rocha fueran atacados a balazos en Culiacán mientras viajaban en una camioneta. Aunque no se refirió directamente al incidente, reiteró que su administración respalda al gobierno estatal y “seguirá construyendo la paz desde abajo y construyendo el bienestar para el pueblo de México”.

La presidenta informó que uno de los principales temas tratados con el gobierno de Estados Unidos fue la seguridad fronteriza. “Si, coordinación, si colaboración, pero no al injerencismo y no a la pérdida de la soberanía”, señaló. “Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Nos hemos ganado el respeto”.

Sheinbaum anunció que el viernes se realizó la primera reunión del comité creado para dar seguimiento a los asuntos de seguridad, derivado de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a inicios de septiembre. Explicó que se logró un acuerdo inédito: “lo prioritario no es lo que va de México a los Estados Unidos, ahora queremos que por primera vez, lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México y ayer logramos un acuerdo de que EU va a reforzar los operativos para controlar el paso de armas a México, nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”.

Durante el acto, el gobernador Rubén Rocha pidió aplausos para la presidenta y la llamó sinaloense. Recordó que el esposo de Sheinbaum es originario de Mazatlán, a lo que la mandataria respondió: “sí, es cierto, soy sinaloense por adopción y por amor, qué le voy a hacer. Arriba Sinaloa, arriba el pueblo de Sinaloa”.

Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, está a punto de declararse culpable de dos cargos por crimen organizado en Estados Unidos. La fiscalía estadounidense confirmó que el narcotraficante mexicano alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) para evitar un juicio y enfrentar su proceso bajo una negociación judicial.

De acuerdo con un oficio enviado por la fiscalía al juez Brian Cogan, quien encabeza el caso en Brooklyn, Nueva York, Zambada aceptó declararse culpable del cargo de “empresa criminal continua” en esa corte y de “conspiración RICO” en el Distrito Oeste de Texas. Ambos forman parte de los 24 cargos acumulados en su contra.

El Mayo enfrenta actualmente 17 delitos en la corte federal de Brooklyn, relacionados con tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, mariguana y fentanilo, además de posesión de armas de fuego y lavado de dinero. A estos se suman siete acusaciones en Texas, entre ellas la violación de la Ley RICO (Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado).

El 18 de agosto de 2025, el DOJ informó que la acusación criminal que pesaba en la corte de El Paso fue transferida a la corte federal de Brooklyn. La decisión obedece a la norma 20 de las Reglas Federales de Procedimientos Penales, que permite concentrar procesos en una sola jurisdicción. Con ello, el narcotraficante de 76 años enfrentará todo su expediente en Nueva York, el mismo tribunal que enjuició a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En un documento firmado, Zambada García reconoció su intención de declararse culpable: “Yo, Ismael Zambada García, acusado, he sido informado que hay una acusación pendiente en mi contra en la causa arriba mencionada y en el Distrito Oeste de Texas. Quiero declararme culpable de la ofensa acusada para consentir la disposición del caso en el Distrito Este de Nueva York en el cual me encuentro retenido, y renunciar al juicio en el Distrito Oeste de Texas”.

La acusación de Texas señala que Zambada y sus asociados coordinaron rutas de tráfico de cocaína y mariguana hacia Estados Unidos a través de puentes internacionales en Ciudad Juárez-El Paso y por zonas desérticas del Valle de Juárez, además de supervisar la distribución de drogas en Texas y otros estados.

Zambada fue entregado a autoridades estadounidenses en 2024, tras ser presuntamente traicionado por Joaquín Guzmán López, “El Güero”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Después de su arresto inicial en El Paso, el DOJ decidió trasladarlo a Nueva York, donde se centralizarán todos los procesos judiciales en su contra.

Con la aceptación de culpabilidad, El Mayo Zambada busca resolver su situación legal mediante un acuerdo con el gobierno estadounidense. De esta manera, enfrentará formalmente 24 cargos, sin necesidad de un juicio largo y mediático.

El conflicto entre el gobierno mexicano y Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, continúa escalando. El litigante volvió a lanzar fuertes críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que esta asegurara que su administración seguirá exigiendo a Estados Unidos toda la información disponible sobre el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

A través de su cuenta de X, Lichtman ironizó la postura de la mandataria: “Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para de pedir su regreso”. Con esta declaración, el abogado del también hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a poner sobre la mesa sus cuestionamientos al actuar del gobierno mexicano en temas de narcotráfico.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron durante su gira por el estado de Sinaloa, una de las regiones más golpeadas por la presencia del Cártel de Sinaloa, liderado históricamente por “El Mayo”. Desde ahí, la presidenta calificó como “irrespetuosas” las declaraciones previas de Lichtman, quien ha acusado públicamente a su gobierno de actuar bajo intereses poco claros.

El pasado 11 de julio, Ovidio Guzmán López, apodado “El Ratón”, se declaró culpable en la Corte de Chicago, Illinois, como parte de un acuerdo que lo libró de cargos en la Corte de Nueva York. A raíz de ese movimiento judicial, el abogado Lichtman ha sostenido una serie de acusaciones contra autoridades mexicanas, sugiriendo incluso que Sheinbaum actúa como “vocera de relaciones públicas de una organización narcotraficante”.

En respuesta, la presidenta informó que su administración presentó formalmente una demanda por difamación contra el abogado estadounidense. Este recurso legal fue interpuesto en México por la Consejería Jurídica de Presidencia y, según señaló Sheinbaum, no ofrecerá más detalles al respecto: “Para mí ya no es tema”.

La mandataria evitó profundizar en las posibles medidas de resarcimiento que su gobierno espera obtener con esta demanda. No obstante, su equipo legal continúa adelante con el proceso en tribunales nacionales.

Lichtman, por su parte, ha insinuado que podría revelar más información si las críticas y acciones legales en su contra continúan. “Al parecer, la presidenta de México Claudia Sheinbaum está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos”, escribió en sus redes sociales.

Con esta nueva ofensiva del abogado defensor de Ovidio Guzmán, el enfrentamiento con la Presidencia de México se intensifica y refuerza la tensión entre el ámbito judicial estadounidense y el discurso político mexicano en torno al narcotráfico y sus protagonistas históricos.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, ha dado un giro inesperado a su historia al declararse culpable ante la Corte de Chicago por cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada. En una audiencia encabezada por la jueza Sharon Coleman, el hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán reconoció haber liderado una organización criminal dedicada al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Esta confesión lo convierte en el primer miembro de los Guzmán en aceptar su responsabilidad penal ante un tribunal estadounidense.

La declaración de culpabilidad forma parte de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Estados Unidos, mediante el cual se busca reducir su condena a cambio de asistencia sustancial a las autoridades. Aunque aún no se ha detallado el alcance de la información que ofrecerá, el pacto ya incluye el compromiso de pagar 80 millones de dólares. Vestido con el clásico uniforme naranja de prisión y encadenado de pies y manos, Guzmán también reconoció sufrir depresión, aunque aseguró a la jueza que la medicación que recibe no interfiere con su testimonio.

A principios de julio, Guzmán López solicitó el traslado de su caso desde la Corte de Nueva York a la Corte de Illinois, donde actualmente se encuentra procesado. En ese momento ya había firmado su aceptación de culpa por seis cargos. A ellos se suman otros cinco en Chicago y uno más en el Distrito de Columbia, que inicialmente lo enfrentaban a una posible cadena perpetua.

Este cambio de estrategia ocurre en un contexto judicial cada vez más tenso para los herederos del Cártel de Sinaloa. La presión sobre Ovidio ha sido constante desde su detención en enero de 2023 en Jesús María, Sinaloa, tras un operativo que dejó un saldo trágico de diez militares muertos. Su captura fue un episodio clave en la historia del narcotráfico en México, especialmente tras el fallido intento de arresto en 2019, conocido como el “Culiacanazo”.

La familia Guzmán enfrenta múltiples procesos judiciales en Estados Unidos. Sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín también están en la mira del gobierno estadounidense por su presunta implicación en el tráfico de fentanilo. A esta presión legal se suma la reciente entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades, organizada por Joaquín Guzmán, alias “El Güero”, quien supuestamente lo secuestró y lo trasladó en avión a territorio estadounidense. Ambos permanecen bajo custodia.

Este movimiento desató una guerra interna entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, dos facciones del narcotráfico con profundo arraigo en Sinaloa. En medio de esta lucha, los tribunales estadounidenses se convierten en un nuevo campo de batalla. Se espera que Joaquín Guzmán comparezca el 15 de septiembre, en una audiencia clave que podría confirmar su cooperación con la justicia, al igual que su hermano Ovidio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su inconformidad ante la postura de Estados Unidos, cuestionando la aparente contradicción entre declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y, al mismo tiempo, negociar con sus líderes. También ha recordado el sacrificio de los soldados que murieron en el operativo que capturó a Guzmán López, y ha solicitado mayor coordinación bilateral: “Es importante para nuestro país”.

Mientras se definen los acuerdos judiciales, el destino de los principales líderes del narcotráfico mexicano se juega en las cortes estadounidenses. Las alianzas, traiciones y confesiones configuran un escenario en el que las decisiones legales ya tienen consecuencias más allá de los juzgados, afectando directamente la estructura del crimen organizado en México.

La audiencia de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” y señalado como uno de los líderes de Los Chapitos, fue aplazada nuevamente por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Originalmente programada para el 15 de julio en la Corte Federal de Chicago, Illinois, la comparecencia fue reprogramada para el próximo 15 de septiembre como parte de los procesos penales en su contra por cargos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico.

Este no es el primer cambio en la agenda judicial del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La audiencia inicial estaba prevista para el 2 de junio, pero fue cancelada y luego reagendada para mediados de julio. Sin embargo, se tomó la decisión de posponerla una vez más. El movimiento dentro de los tribunales coincide con las negociaciones que mantiene la defensa de Joaquín con la fiscalía estadounidense.

Joaquín Guzmán López enfrenta cinco cargos graves: tráfico de drogas, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Cargos similares recaen sobre su hermano Ovidio Guzmán, mejor conocido como “El Ratón”, con quien ha compartido responsabilidades dentro del grupo criminal que lideran junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El proceso de Guzmán López cobra especial relevancia tras el reciente giro en el caso de Ovidio, quien se declarará culpable de al menos uno de los cargos que pesan sobre él. La audiencia de Joaquín estaba prevista para desarrollarse cuatro días después de esa declaración. Ambos han seguido una línea similar de defensa: buscar acuerdos de culpabilidad con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia reducida, evitando así un juicio.

Dentro de estas negociaciones, “El Güero” habría obtenido puntos a favor al haber participado en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del Cártel de Sinaloa. Según versiones judiciales, dicha entrega habría ocurrido en julio de 2024, como parte de un elaborado engaño en el que el propio Joaquín Guzmán también se habría entregado en Washington.

Joaquín fue capturado en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Desde entonces, las autoridades han trabajado en la integración del caso en su contra. La declaración de Zambada García, en la que asegura que fue entregado por la fuerza por parte de Los Chapitos, ha sido clave en la narrativa legal, incluso motivando que su defensa solicitara la intervención del gobierno mexicano ante lo que calificaron como una entrega irregular.

Mientras avanzan las investigaciones y negociaciones en la Corte de Chicago, la atención se mantiene sobre lo que podría convertirse en un importante acuerdo judicial, no solo para Joaquín Guzmán López, sino también para el futuro de Los Chapitos dentro del entramado del crimen organizado internacional.

A tan solo días de que Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, enfrente su próxima audiencia en la Corte del Distrito Norte de Illinois, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló públicamente que el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de compartir con la Fiscalía General de la República (FGR) los detalles del acuerdo de culpabilidad que habría aceptado el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó que México fue parte clave del proceso, ya que entregó en extradición a Ovidio Guzmán en septiembre de 2023, luego de su captura en Culiacán, Sinaloa. En ese contexto, subrayó que es una obligación de Washington trabajar de manera coordinada con las instituciones mexicanas, tal como establecen los acuerdos internacionales entre ambos países.

“Pues, no conocemos el acuerdo, tenemos conocimiento de que se va a declarar culpable, pero no es público ningún trato al que hayan llegado”, declaró Sheinbaum, evidenciando la falta de transparencia en el proceso judicial estadounidense.

La presidenta también recordó que en el operativo de captura de “El Ratón” murieron soldados mexicanos, por lo que calificó como necesario y urgente conocer los términos del acuerdo que podría beneficiar al líder del llamado Nuevo Cártel de Sinaloa.

Otro de los puntos que generó crítica fue la aparente contradicción de la política exterior estadounidense. La mandataria mencionó que mientras se ha clasificado al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista, el país norteamericano parecería haber negociado con uno de sus líderes, lo cual, según dijo, rompe con la doctrina histórica de no establecer tratos con organizaciones criminales. “No se entiende muy bien, el gobierno estadounidense, por un lado, nombran como terroristas a organizaciones delictivas, y tiene una política de no negociar con los criminales”, señaló.

La audiencia en la que se prevé que Ovidio Guzmán se declare culpable está programada para el próximo 9 de julio a las 11:00 horas en la Corte de Chicago. Está acusado de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego.

Ovidio fue arrestado el 5 de enero de 2023 en un fuerte operativo militar en Sinaloa y su traslado a Estados Unidos fue uno de los momentos más delicados de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Su hermano, Joaquín Guzmán López, fue detenido el 25 de julio de 2023 al ingresar a Estados Unidos por El Paso, Texas. Enfrenta 17 cargos criminales y, a diferencia de Ovidio, se declaró no culpable en la audiencia realizada el 30 de septiembre.

Sheinbaum ha reiterado que, más allá del proceso judicial en Estados Unidos, México merece claridad en el caso, sobre todo por el alto costo humano que implicó su detención.

Silvia Rocío Delgado García, quien formó parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, obtuvo los votos necesarios en el proceso de elección judicial en Chihuahua para asumir como jueza penal de primera instancia y menores en el distrito de Ahumada. El cómputo final de la elección, cerrado este martes, registró un total de 23 mil 605 votos a su favor.

El proceso judicial en Chihuahua contempla cinco vacantes disponibles para jueces locales, por lo que, con la validación del Instituto Estatal Electoral, Delgado García ocupará una de esas posiciones como funcionaria judicial del ámbito penal.

Durante su carrera profesional, Delgado García se desempeñó como parte de la defensa legal del exlíder del Cártel de Sinaloa. Su participación como abogada en ese equipo quedó registrada en agosto de 2016, cuando representó a Guzmán Loera ante instancias federales mientras este se encontraba recluido en el penal federal de Ciudad Juárez.

En diciembre del mismo año, promovió un recurso legal en favor de su cliente para que se le entregaran cobijas, debido a las bajas temperaturas reportadas en el centro penitenciario, argumentando afectaciones a la salud del entonces detenido.

El proceso de elección judicial, impulsado por el Congreso del Estado y validado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, permitió que ciudadanos postularan y eligieran a candidatas y candidatos a diferentes posiciones judiciales. La participación de Silvia Delgado no pasó desapercibida, debido a sus antecedentes profesionales.

A pesar del respaldo ciudadano en las urnas, organizaciones como Defensorxs han manifestado su oposición a que Delgado García ocupe el cargo. El colectivo anunció que interpondrá un juicio electoral con el fin de impugnar su nombramiento, al considerar que no cumple con el requisito de “buena fama pública”, estipulado en las recientes reformas judiciales aprobadas por legisladores del partido en el poder.

Este criterio de buena fama es uno de los filtros considerados para garantizar la idoneidad ética y moral de los aspirantes a cargos judiciales. Según la organización, la trayectoria de la abogada no se alinea con dichos parámetros, lo cual representa un punto clave para su posible inhabilitación.

El Instituto Estatal Electoral aún debe concluir el proceso de validación de los resultados. Hasta que ello ocurra, las posiciones no serán formalmente adjudicadas. Sin embargo, los resultados preliminares colocan a Delgado García como una de las cinco personas más votadas para ocupar las vacantes disponibles.

El proceso de elección judicial ha generado múltiples reacciones en la entidad debido a la inédita participación ciudadana en la designación de jueces, así como por el perfil de algunos de los aspirantes ganadores. Diversas organizaciones civiles y observatorios del sistema judicial han dado seguimiento puntual al proceso, particularmente en los casos donde se señala que podría haber conflictos éticos, históricos o de interés.

La impugnación anunciada se sumará al análisis legal que deberá resolver el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. En caso de proceder, podría derivar en la revocación de la designación y abrir la puerta para el nombramiento de otros aspirantes que también participaron en el proceso electoral judicial.

Hasta ahora, Delgado García no ha emitido declaraciones públicas sobre los cuestionamientos ni sobre el proceso de impugnación en curso. Su nombre continúa en la lista oficial de aspirantes con mayor respaldo ciudadano en las votaciones recientes, en espera de la resolución definitiva de las autoridades electorales estatales.

El proceso judicial contra Ovidio Guzmán López, conocido como ‘El Ratón’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha dado un giro contundente. El gobierno de Estados Unidos confirmó que el capo sinaloense alcanzó un acuerdo para declararse culpable de múltiples delitos de narcotráfico. La audiencia que tenía lugar el 12 de mayo fue cancelada y una nueva se programó para julio, mes en que Ovidio formalizará su declaración.

El expediente, dado a conocer por el Departamento de Justicia estadounidense, establece que el gobierno deberá entregar al tribunal una copia del acuerdo al menos tres días antes de la audiencia. Este movimiento implica la renuncia a cualquier juicio en su contra por parte de Guzmán López, quien ya no figura como parte del sistema de custodia del Buró Federal de Prisiones.

El Ratón enfrenta cinco cargos ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, registrados en el expediente 1:09-cr-00383. Las acusaciones incluyen posesión de drogas con intención de distribuirlas, conspiración para la distribución de sustancias controladas, lavado de dinero, portación de armas de fuego y participación continua en una empresa criminal. La decisión de declararse culpable podría impactar el destino judicial de sus hermanos y socios, aún en libertad.

Junto a él, sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar —también conocidos como líderes de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa— siguen prófugos. Ambos son señalados como generadores clave de violencia en Sinaloa y son responsables de una sangrienta disputa interna con La Mayiza, facción encabezada por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.

El conflicto entre Los Chapitos y La Mayiza se intensificó el 25 de julio de 2024, fecha que marcó una ruptura histórica: los hijos de El Chapo entregaron a El Mayo Zambada al gobierno estadounidense, desatando una guerra interna sin precedentes. Desde el 9 de septiembre, el territorio sinaloense ha sido escenario de enfrentamientos con un saldo devastador de más de 900 muertos y más de mil personas desaparecidas o secuestradas.

Mientras la figura de Ovidio Guzmán se encamina hacia una sentencia en territorio norteamericano, la estructura del Cártel de Sinaloa se fractura en medio de una batalla sangrienta. La caída de uno de sus rostros más visibles marca una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico, pero también deja en evidencia el poder de las divisiones internas que están redefiniendo el mapa criminal en México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez vinculó a proceso a Mauro “N”, alias “El Jando”, por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, específicamente por la posesión con fines de comercio de fentanilo y clorhidrato de metanfetamina. 

Durante su detención el pasado 8 de febrero, se le aseguró un arma de fuego, dos cargadores y 59 cartuchos, además de mil tabletas de fentanilo y una bolsa con 990 gramos de clorhidrato de metanfetamina. 

Debido a la gravedad de los cargos, el juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Almoloya de Juárez determinó su vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social 1 “Altiplano”. Asimismo, se estableció un periodo de tres meses para la investigación complementaria.

Mauro “N” es identificado como piloto aviador civil y operador de Los Chapitos, grupo ligado al narcotráfico y dirigido por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su rol dentro de la organización habría sido clave para el transporte de sustancias ilícitas.

A pesar de su detención, la semana pasada un juez federal otorgó a “El Jando” una suspensión de plano dentro de un juicio de amparo, lo que impide cualquier proceso de extradición en su contra mientras se resuelve su situación legal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el nivel de participación del acusado en las operaciones del grupo delictivo y su posible implicación en otros delitos relacionados con el narcotráfico.

Mauro “N” es identificado como piloto aviador civil, operador de Los Chapitos, y colaborador cercano de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.