En un acto de protesta que refleja el descontento creciente entre los transportistas, la mañana de este viernes se registraron bloqueos significativos en la caseta Amozoc-Puebla y en la carretera Xul-Ha-Chetumal en Quintana Roo. Los manifestantes, en su mayoría transportistas involucrados en el traslado de materiales para el emblemático proyecto del Tren Maya, exigen el pago de adeudos acumulados. 

En la caseta Amozoc-Puebla, los transportistas colocaron camiones y vallas metálicas, impidiendo el tránsito vehicular. La protesta no solo interrumpió el flujo habitual de vehículos, sino que también incluyó la colocación de carteles dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, instando a que se resuelvan los pagos pendientes por el transporte de materiales esenciales para la construcción del Tren Maya.

Mary Flores, vocera de la organización Transportistas Unidos, expresó con firmeza: “Nosotros somos familias, todos estos transportistas que están aquí, tienen familia y, ¿dónde está el beneficio? Nosotros suministramos el balasto para el Tren Maya, un balasto que pagamos con nuestros propios recursos, nosotros como transportistas también hacemos el acarreo y los gastos corren por nuestra cuenta”. Estas palabras reflejan la desesperación y el impacto económico que enfrentan los transportistas.

En Quintana Roo, el bloqueo parcial de la carretera Xul-Ha-Chetumal también captó la atención de la opinión pública. Utilizando un camión de carga para obstruir parte de la vía, los manifestantes colocaron carteles denunciando la corrupción y exigiendo los pagos adeudados, señalando directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La elección de las ubicaciones estratégicas para estos bloqueos subraya la seriedad de las demandas y la frustración de los involucrados.

La protesta en Puebla llevó a un cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista Puebla-Córdoba, según reportó la Guardia Nacional a través de la red social X, alrededor de las 11:00 de la mañana. La situación dejó a numerosos vehículos, incluyendo camiones y autobuses, varados en la carretera, provocando una interrupción significativa en la movilidad y afectando tanto a transportistas como a ciudadanos comunes.

La vocera Mary Flores destacó que aproximadamente 500 transportistas han sido afectados por la falta de pagos. La organización a la que representa, Transportistas Unidos, ha dejado claro que los manifestantes permanecerán en sus posiciones hasta que se abra un diálogo con las autoridades federales. Este llamado busca no solo resolver los adeudos, sino también establecer un canal de comunicación permanente que evite futuros conflictos.

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno actual, ha sido el foco de diversas controversias, desde preocupaciones ambientales hasta problemas con las comunidades locales. Sin embargo, el actual conflicto con los transportistas agrega una nueva capa de complejidad a su ejecución, resaltando la necesidad de una gestión más efectiva y transparente en los pagos y contratos asociados al proyecto.

Los bloqueos en Puebla y Quintana Roo son un reflejo del descontento palpable entre los transportistas que han cumplido con sus obligaciones, pero se enfrentan a una incertidumbre económica debido a la falta de pagos. Este acto de protesta, que ha captado la atención a nivel nacional, demanda una respuesta rápida y eficaz por parte del gobierno para garantizar que los trabajadores sean compensados adecuadamente y que el proyecto del Tren Maya pueda avanzar sin más contratiempos. 

En medio de la contienda electoral en Tabasco, se ha desatado una controversia en torno a la participación de los funcionarios de casilla debido a la inseguridad en la región. La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tabasco, Elizabeth Tapia Quiñones, ha desmentido rotundamente la renuncia masiva de 8 mil funcionarios de casilla, aunque ha confirmado la decisión de 308 ciudadanos de no participar por motivos de miedo. 

Tapia Quiñones aclaró que las cifras proporcionadas por el Partido Acción Nacional (PAN) sobre las renuncias masivas son imprecisas e inexactas. Según los datos proporcionados por el INE, las sustituciones de funcionarios de casilla en Tabasco ascienden a 8,784 en total. De estos, 612 fueron imposibles de localizar, 88 por impedimentos legales, 148 por impedimentos normativos, 2,051 por motivos de salud, 3,684 por cuestiones laborales, 2,196 rechazos y 308 debido al miedo a participar.

“A mi me parece que hay mucha diferencia entre 308 a más de 8 mil, que corresponde el 8 mil al cien por ciento de sustituciones y que engloba la totalidad de las razones por las que un funcionario de casilla puede ser sustituido”, aclaró la vocal ejecutiva del INE en Tabasco.

La inseguridad en la región ha generado preocupación no solo en el ámbito electoral, sino también en la organización del proceso en todo el país. Los rumores sobre posibles incidentes durante la jornada electoral han aumentado la tensión y representan un desafío adicional para el desarrollo del proceso.

Ante esta situación, Tapia Quiñones aseguró que el INE mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la policía estatal para garantizar la seguridad antes, durante y después del proceso electoral. La presencia de elementos de seguridad en la entrega del material electoral el pasado sábado es un claro ejemplo de las medidas que se están implementando para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y el desarrollo adecuado de la jornada electoral.

La renuncia de funcionarios de casilla por motivos de inseguridad plantea interrogantes sobre la situación de violencia que prevalece en la región y sus implicaciones en el ejercicio democrático. Además, pone de manifiesto la importancia de fortalecer las medidas de seguridad para garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral y preservar la integridad de los funcionarios que desempeñan un papel fundamental en la jornada electoral.

La comunidad de San José Independencia, en Oaxaca, se encuentra de luto tras el trágico hallazgo del candidato de Morena a la presidencia municipal, Alberto Antonio García, quien fue encontrado sin vida luego de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado miércoles. El fatal desenlace ocurrió en la carretera Loma Bonita-Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

El descubrimiento de la muerte de García se produce mientras su esposa, Agar Cancino Gómez, quien también se encontraba desaparecida, fue encontrada con vida. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó el hallazgo con vida de la presidenta municipal, mientras que fuentes de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca informaron sobre el lamentable fallecimiento del candidato morenista.

Según fuentes de seguridad, tras el secuestro de la pareja, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían ubicado una residencia relacionada con el caso. La desaparición de ambos tuvo lugar en la carretera que conecta a Loma Bonita con Tuxtepec, específicamente en el tramo conocido como “Plan de los Pájaros”.

Hasta el momento, ni la fiscalía oaxaqueña ni el partido han respondido a la pregunta de si Alberto Antonio García fue asesinado, dejando incertidumbre sobre los detalles precisos de este trágico suceso.

El 27 de febrero, García, quien se desempeñaba como tesorero municipal, fue anunciado como candidato de Morena para suceder a su esposa en la administración municipal. Este mismo día, otro incidente lamentable sacudió a la política mexicana cuando el candidato a la presidencia municipal de El Mante, Tamaulipas, por la coalición Fuerza y Corazón por México, Noé Ramos Ferretiz, fue asesinado durante un acto proselitista.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas envió policías de Investigación y peritos al lugar de los hechos para recabar evidencia con el objetivo de esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Estos trágicos acontecimientos ponen de manifiesto los desafíos de seguridad que enfrentan los candidatos políticos en México, así como la urgente necesidad de abordar la violencia y la impunidad que amenazan la estabilidad y la democracia en el país. La comunidad política y la sociedad en su conjunto deben unirse en la condena de estos actos violentos y exigir justicia para las víctimas y sus familias.