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En una operación quirúrgica y certera, la Fiscalía General de la República (FGR), en colaboración con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ha logrado un decomiso de alto impacto en la lucha contra el narcotráfico. La incautación de 62 kilogramos de probable fentanilo y 77 kilogramos de otras sustancias, además de maquinaria para la producción de narcóticos, dejó al descubierto un sofisticado centro de fabricación de drogas sintéticas.

 

Este operativo es uno de los más importantes en la región, y su éxito se suma a una serie de acciones estratégicas del gobierno para combatir el tráfico de estupefacientes. El fentanilo decomisado, una droga que es hasta 50 veces más potente que la heroína, representa una amenaza letal no solo para México, sino también para Estados Unidos, donde la crisis de sobredosis ha alcanzado niveles alarmantes.

 

La redada reveló un laboratorio clandestino equipado con maquinaria especializada: una mezcladora metálica y una tableteadora. Estas herramientas son capaces de producir miles de pastillas en cuestión de horas, facilitando la distribución masiva de narcóticos en el mercado negro. Según expertos en seguridad, estos centros de producción se han multiplicado en los últimos años, adaptándose a nuevas tecnologías y métodos para evadir a las autoridades.

 

El inmueble y los materiales confiscados han sido puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones para identificar y detener a los responsables detrás de esta operación criminal. “Este es un paso decisivo, pero no el final del camino. Seguiremos golpeando a los cárteles donde más les duele: en sus centros de producción”, afirmaron fuentes cercanas a la investigación.

 

El decomiso en Mexicali se produce en un contexto de intensificación de esfuerzos a nivel nacional. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la incautación más grande de pastillas de fentanilo registrada en México, llevada a cabo en Sinaloa. En esa operación del 3 de diciembre, se lograron confiscar 300 kilogramos de fentanilo en un domicilio y otros 800 kilogramos en un vehículo.

 

Estos golpes sincronizados reflejan una estrategia clara: asfixiar la producción y distribución del fentanilo, una droga que no solo enriquece a los cárteles, sino que alimenta una espiral de violencia y destrucción social.

 

Mientras México intensifica sus operativos contra el narcotráfico, las tensiones con Estados Unidos por el tráfico de armas siguen latentes. Las autoridades mexicanas han señalado en repetidas ocasiones que el flujo de armas ilegales desde el norte fortalece a los grupos criminales, aumentando la letalidad de la violencia en el país.

 

La reciente incautación en Mexicali es una pieza más en este complicado tablero. La lucha contra el fentanilo es una batalla que no se libra solo en laboratorios clandestinos o en decomisos espectaculares; es una guerra que involucra cooperación internacional, inteligencia y, sobre todo, una firme voluntad política.

 

Este decomiso es un recordatorio de que la vigilancia y la acción coordinada son esenciales para frenar la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas. “Cada gramo que se incauta salva potencialmente cientos de vidas”, afirmó un oficial de la SSPC. La expectativa es clara: que estos operativos continúen debilitando las estructuras criminales y protejan a las comunidades más vulnerables.

El Senado de la República vivió un acalorado debate al aprobar la reforma que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito del fentanilo. Con 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la iniciativa generó una marcada división entre las bancadas, especialmente por las implicaciones de incluir estas medidas en la Constitución. Mientras Morena defendió la medida como un paso hacia la protección de la salud pública, la oposición cuestionó la efectividad de la prohibición y advirtió sobre posibles consecuencias negativas.

 

La reforma, que modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución, busca sancionar actividades relacionadas con dispositivos como vapeadores, además de precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas. Aunque el dictamen fue aprobado en lo general, la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votó en contra en lo particular, argumentando que la prohibición solo fortalecerá el mercado negro.

 

“Prohibir no soluciona el problema, lo magnifica”, afirmó la senadora Karla Toledo del PRI. “En lugar de destinar 15 mil millones de pesos a educación y salud, dejamos esos recursos en manos del crimen organizado”. Toledo urgió a regular, en lugar de prohibir, como una medida más efectiva para abordar los riesgos asociados.

 

Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma como una respuesta integral a las crisis de salud y seguridad generadas por el consumo de estas sustancias. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, enfatizó que “los vapeadores contienen sustancias altamente tóxicas que afectan gravemente la salud, mientras que el fentanilo ha incrementado la violencia y debilitado el tejido social”.

 

Inzunza también destacó que el marketing dirigido a adolescentes ha contribuido al auge del uso de vapeadores, promovidos como alternativas inofensivas. “Esto es un engaño que debemos detener”, añadió, subrayando la importancia de proteger a las nuevas generaciones.

 

El panista Ricardo Anaya calificó la reforma como un acto contradictorio y desmedido. “Estamos prohibiendo los vapeadores desde una Constitución que no prohíbe otras drogas igual de peligrosas, como la cocaína o la heroína”, declaró. Además, acusó a varios legisladores de hipocresía, señalando que muchos de ellos usan vapeadores de manera habitual. “Es absurdo legislar desde la contradicción“, afirmó.

 

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García alertó que el prohibicionismo incrementará el control de los cárteles sobre estos productos. “La regulación debe ser una herramienta para tratar este problema como un tema de salud pública, no de seguridad nacional”, dijo.

 

Con la aprobación de esta reforma, México se enfrenta al desafío de implementar medidas que eviten el crecimiento del mercado ilícito, a la vez que protege a los sectores más vulnerables de la población.

En una sesión que desató intensos debates, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir cigarrillos electrónicos, vapeadores, fentanilo y otras drogas sintéticas. Con 327 votos a favor y 118 en contra, el dictamen busca endurecer las sanciones contra la producción, distribución y comercialización de estas sustancias. Ahora, el proyecto pasa al Senado, donde continuará su análisis.

La reforma no solo prohíbe estas actividades, sino que establece que “queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad relacionada” con estos productos. Mientras los partidarios argumentan que es una medida necesaria para combatir una crisis de salud pública y narcotráfico, los opositores lo consideran un ataque a las libertades individuales.

La diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, llevó la controversia a otro nivel al vapear en plena tribuna como protesta. “Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíban nuestras libertades. Su política de salud no da para más que prohibir, prohibir, prohibir”, declaró. Reyes cuestionó el enfoque restrictivo del gobierno, acusándolo de abandonar su supuesta agenda de izquierda.

Por su parte, Morena defendió la medida como un esfuerzo necesario contra el narcotráfico. La diputada Danisa Flores enfatizó que el fentanilo no solo representa una crisis de salud pública, sino también un peligro para la seguridad nacional. “Prohibir su distribución y producción contribuye a disminuir el impacto del narcotráfico y fortalece nuestra relación con socios internacionales, como Estados Unidos, que exigen acciones más contundentes”, afirmó.

La oposición no tardó en cuestionar la efectividad de la reforma. Paulina Rubio, legisladora del PAN, criticó la medida como insuficiente para resolver problemas estructurales. “Esto es darle una aspirina a un paciente con cáncer. Nuestro país no es una serie como Breaking Bad donde podemos adelantar al peor capítulo. Vivimos una realidad devastadora, mucho peor que cualquier ficción”, sostuvo, subrayando que el narcotráfico ha permeado todos los aspectos de la vida en México.

Con el dictamen aprobado, el Senado se enfrenta a una decisión trascendental. El debate no solo gira en torno a la prohibición de productos dañinos, sino también al equilibrio entre derechos individuales y la necesidad de proteger a la sociedad de amenazas sistémicas.