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El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el combate al tráfico de fentanilo y avanzar en el desmantelamiento de las redes que distribuyen drogas sintéticas entre ambos países.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la reunión forma parte de las acciones impulsadas por el titular de la cancillería para consolidar el intercambio de estrategias e información con autoridades estadounidenses. A través de este diálogo, se busca “fortalecer” el combate al tráfico de fentanilo y “desarticular aún más las cadenas de suministro” vinculadas a estas sustancias ilícitas.

El encuentro se realizó en el marco de la visita oficial de Sara Carter a México, acompañada por el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. La cancillería destacó que esta coordinación bilateral también contempla el intercambio de buenas prácticas orientadas a la prevención del consumo de drogas, así como acciones conjuntas contra el tráfico ilegal de armas y otras drogas sintéticas.

De acuerdo con la SRE, estas reuniones forman parte de una estrategia basada en el respeto irrestricto a la soberanía nacional y el fortalecimiento de mecanismos de cooperación internacional. La dependencia señaló que el seguimiento de estas acciones ha permitido debilitar a organizaciones criminales transnacionales y reforzar la protección de las comunidades en ambos lados de la frontera.

Previo a su reunión con el canciller, la directora de la ONDCP sostuvo encuentros con autoridades mexicanas responsables de la seguridad nacional en Palacio Nacional. Entre los funcionarios participantes estuvieron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. Durante esas reuniones, Carter reiteró que Estados Unidos trabaja “día y noche” en coordinación con México para eliminar a los cárteles y frenar el tráfico de drogas.

La visita de la funcionaria estadounidense ocurre días después del operativo realizado el 22 de febrero en Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras el despliegue, tanto Carter como el embajador Johnson reconocieron el resultado del operativo y felicitaron a las autoridades mexicanas.

Por su parte, la ONDCP confirmó que la reunión encabezada por el canciller mexicano forma parte de los esfuerzos conjuntos para avanzar en el combate al tráfico de drogas y consolidar la cooperación bilateral. Con este encuentro, la cancillería mexicana reafirma su papel en la coordinación internacional para enfrentar las redes criminales vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, construyó durante más de tres décadas una trayectoria dentro del narcotráfico que lo llevó a encabezar una de las organizaciones criminales con mayor alcance internacional. Fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consolidó un grupo con presencia en todo México y operaciones en al menos 40 países, cifra equiparable a la del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el más reciente informe de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, comunidad del municipio de Aguililla, Michoacán, Oseguera pasó más de la mitad de su vida vinculado al tráfico de drogas. Su incursión en el crimen organizado comenzó con el Cártel de los Valencia, también denominado Cártel del Milenio, grupo asentado en Michoacán dedicado a la producción y distribución de drogas sintéticas. Su relación con esta organización marcó también su entorno personal al contraer matrimonio con Rosalinda González Valencia, integrante de ese clan.

Conforme fueron detenidos o abatidos los líderes de los Valencia en la década de los 2000, Oseguera escaló posiciones. El punto de inflexión ocurrió tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa y socio de los Valencia, en julio de 2010. A partir de entonces, “El Mencho” se separó de los remanentes del grupo y fundó el CJNG, organización que la DEA describe como una de las más poderosas, influyentes y violentas.

Desde 2014 su nombre figura en una corte federal en el Distrito de Columbia por múltiples cargos de narcotráfico. La acusación lo señala por coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y por el tráfico de metanfetaminas hacia Australia y territorio estadounidense. 

Bajo su liderazgo, el CJNG fue identificado como proveedor relevante de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos, motivo por el cual Washington lo incluyó desde 2025 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

En la lista de fugitivos prioritarios de la DEA, Oseguera ocupaba el primer lugar con una recompensa de 15 millones de dólares; en México, la Fiscalía General de la República ofrecía 30 millones de pesos por información que condujera a su captura.

Antes de consolidarse como líder criminal, tuvo antecedentes penales en Estados Unidos: fue detenido en 1986 en San Francisco por portación de arma de fuego y posesión de objetos robados, y años después enfrentó cargos por distribución de heroína. Cumplió tres años de condena y fue deportado a México.

La última ocasión en que estuvo cerca de ser capturado públicamente ocurrió en mayo de 2015, cuando un operativo fue repelido y un helicóptero militar fue derribado. Su detención definitiva se produjo este domingo en Tapalpa, Jalisco, a unos 300 kilómetros de su lugar de origen, en una operación de fuerzas especiales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

Tras su caída, queda una estructura criminal que, según la DEA, dispone de amplios recursos financieros, opera en decenas de países y ha mantenido influencia mediante redes de corrupción y violencia sistemática.

Un campamento utilizado para la producción de drogas sintéticas fue desmantelado en el municipio de Petatlán, Guerrero, como parte de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. La acción se llevó a cabo este jueves y derivó en el aseguramiento de una importante cantidad de precursores y sustancias químicas, así como en la inhabilitación total del sitio, el cual estaría presuntamente vinculado a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la información oficial, en este campamento operado por la delincuencia organizada se producía de manera simultánea metanfetaminas, la droga conocida como “Tusi” y opioides sintéticos. Las autoridades señalaron que el lugar funcionaba como un punto estratégico para la elaboración de distintos tipos de estupefacientes, lo que evidencia un alto nivel de capacidad operativa y logística.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante el operativo no solo se logró desmantelar el campamento, sino que también fue asegurada una bodega donde se almacenaban aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas. Este aseguramiento representa uno de los decomisos más relevantes en la región en materia de precursores químicos.

En las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad se observan tambos de color azul y costales que contendrían “sosa en escamas”, insumo comúnmente empleado en la elaboración de drogas sintéticas. El material gráfico permitió dimensionar la magnitud de las operaciones que se realizaban en el sitio, así como el volumen de sustancias almacenadas.

Las autoridades federales vinculan este campamento con Inés Omar Coronel Aispuro, conocido como “Coronel”, quien es identificado como integrante del Cártel del Pacífico, específicamente de la facción denominada “Los Chapitos”. De acuerdo con los antecedentes oficiales, Coronel Aispuro está señalado por haber participado en la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del narcotráfico en México.

Además, se informó que Inés Omar Coronel Aispuro cuenta con antecedentes penales registrados entre 2013 y 2015, relacionados con delitos como la producción de marihuana y la portación de arma de fuego. Estos datos forman parte de los registros oficiales de las autoridades de seguridad.

Con este operativo, el Gobierno federal busca debilitar las capacidades de producción de drogas sintéticas de los grupos delictivos que operan en Guerrero, así como reducir el flujo de estupefacientes mediante la destrucción de infraestructura y el aseguramiento de insumos clave utilizados en su fabricación.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que marca un cambio significativo en la política de salud local: la prohibición de la venta y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en la capital. La medida se enmarca en una estrategia más amplia que también sanciona la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.

El proyecto, avalado por mayoría, modifica los artículos 9, “Ciudad Solidaria”, y 10, “Ciudad Productiva”, de la Constitución Política de la Ciudad de México. En el dictamen se establece con claridad: “La ley de la materia y demás aplicables, sancionarán toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley”.

Durante la discusión en el Congreso capitalino, el diputado de Morena, Alberto Vanegas Arenas, explicó que la iniciativa busca fortalecer el derecho humano a la salud. Argumentó que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores no representan una alternativa segura, especialmente porque los principales consumidores en el país son adolescentes. “Llegan a fumar casi el doble que un consumidor adulto”, aseguró el legislador.

Desde otra perspectiva, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, propuso que en lugar de prohibir se regulara el mercado de vapeadores. Afirmó que con controles de calidad estrictos, el Estado podría obtener beneficios económicos. “El mercado de vapeadores podría llegar a significar siete mil millones de pesos anuales en impuestos”, destacó.

El debate también contó con la postura del diputado del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villarreal Cantú, quien respaldó la prohibición señalando que estos dispositivos no contribuyen a disminuir el consumo de tabaco. “Generan la adicción a sustancias más nocivas”, dijo. Además, citó estudios que revelan que casi un millón de adolescentes de entre 12 y 17 años han utilizado vapeadores, lo que evidencia un riesgo de salud pública que requiere medidas urgentes.

La aprobación del dictamen se suma a los esfuerzos del gobierno capitalino por establecer políticas más estrictas contra el consumo de productos nocivos y sustancias ilícitas. El enfoque no se limita al ámbito del tabaquismo, sino que refuerza la lucha contra drogas sintéticas como el fentanilo, considerado una de las amenazas más graves para la salud en el país y en el continente.

Con esta decisión, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia de las restricciones sobre vapeadores en Latinoamérica. La medida abre el camino a nuevos retos en materia de aplicación y fiscalización, así como a un debate nacional que podría extenderse en los próximos meses.

En una operación estratégica, la Secretaría de Marina (Semar) desmanteló un laboratorio clandestino de dimensiones impresionantes en Zacatecas, donde se fabricaban drogas sintéticas a gran escala. La intervención se llevó a cabo en el poblado de Carrizalillo, tras patrullajes de vigilancia terrestre realizados por personal naval. 

El complejo, ubicado en plena sierra, abarcaba una extensión de 395 mil metros cuadrados y estaba equipado con tecnología avanzada utilizada por grupos delictivos. En la zona fueron asegurados un total de 36 reactores, 56 tambos, 65 tinas, nueve mezcladoras, 77 tanques de gas, 209 bidones, cuatro motogeneradores, 62 condensadores y 94 quemadores, además de otros insumos utilizados en el procesamiento y fabricación de drogas sintéticas.

En el área de almacenamiento de pre-precursores químicos se incautaron aproximadamente 63 mil 100 litros de sustancias, destacando el cloruro de bencilo, y 125 kilogramos de sosa cáustica. Asimismo, en la zona de síntesis de precursores químicos se hallaron 10 mil 950 litros de sustancias diversas y 15 mil 950 kilogramos de otros compuestos, con el ácido tartárico como el más predominante.

Durante la operación, los agentes destruyeron precursores químicos y material diverso para impedir su uso en la producción de drogas sintéticas. La Secretaría de Marina destacó que este aseguramiento evitó la fabricación de 27,930 kilogramos de metanfetamina, equivalentes a 698 millones 250 mil dosis.

Desde el inicio de la actual administración, la Marina ha logrado incautar aproximadamente 34 mil 232 kilogramos de metanfetamina, 202 mil 907 litros de precursores químicos y 122 mil 598 kilogramos de estos mismos compuestos.

Con este golpe al crimen organizado, se refuerza la lucha contra el tráfico de drogas en el país, debilitando la producción ilícita y evitando que toneladas de sustancias lleguen a las calles. El operativo refleja el compromiso de las fuerzas federales para mantener la seguridad y combatir el narcotráfico en México.