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Las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos ya no esperarán años para llegar a la Fiscalía. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que presentó 21 denuncias penales relacionadas con un posible daño al erario superior a los 600 millones de pesos, derivadas de auditorías practicadas a las cuentas públicas de 2020 a 2024.

Los recursos fueron interpuestos el pasado 26 de junio y representan las primeras denuncias promovidas durante la gestión de Aureliano Hernández Palacios Cardel al frente del órgano fiscalizador, cargo que asumió tras ser designado por la Cámara de Diputados a principios de marzo.

Las investigaciones alcanzan a instituciones federales, gobiernos estatales, municipios y una universidad pública. Entre los casos se encuentran tres denuncias contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y una más contra Talleres Gráficos de México.

También figuran el gobierno de Nayarit, con cinco denuncias penales; la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México; el municipio de Alvarado, Veracruz, con cinco denuncias; además de Matehuala, San Luis Potosí, y Maravatío, Michoacán.

El auditor superior explicó que la ASF modificó el momento en que decide acudir a la vía penal cuando identifica posibles ilícitos durante sus procesos de revisión. “Ya no tenemos que esperar a que acabe un proceso de fiscalización para presentar una denuncia en varios años cuando ya nadie se acuerde ni siquiera qué pasó. Ahora lo que decimos es: en el momento que nos damos cuenta, vamos y la presentamos. ¿Contra quién? Contra la entidad en la cual nos damos cuenta que existe el posible ilícito y contra los servidores públicos posibles responsables”, declaró.

Añadió que será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar, mediante las investigaciones correspondientes, quiénes son los funcionarios presuntamente involucrados. “Será la Fiscalía General de la República que, a través de sus investigaciones, determine quiénes fueron estos funcionarios que pueden ir a la cárcel por uno de estos delitos”, señaló.

Además de las acciones penales, Hernández Palacios informó ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que la ASF remitió 30 expedientes por presuntas responsabilidades administrativas graves, relacionados con posibles colusiones y contrataciones indebidas en procedimientos de contratación pública.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación faculta a la Auditoría Superior para presentar denuncias penales cuando sus auditorías detecten probables delitos en el ejercicio de recursos públicos, así como para colaborar con la Fiscalía Especi

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este martes a los gobiernos estatales y municipales de Querétaro, Puebla, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, luego de las críticas por la gestión de las recientes inundaciones que han dejado hasta el momento 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó de “ruin” la búsqueda de culpables y los señalamientos en torno al manejo de la emergencia.

“Es ruin esta búsqueda de culpables y este zopiloteo (…) Yo creo que todo ser humano, si tiene un poco de corazón en el sentido figurado de solidaridad y de generosidad, lo que busca es apoyar”, expresó Sheinbaum ante los medios.

La presidenta destacó que los cinco gobernadores de los estados afectados, así como los presidentes municipales, han actuado con responsabilidad y desde el primer momento de la emergencia. “Lo más importante es que están actuando los cinco gobernadores, todos los presidentes municipales también. En todo caso, ya después se puede hacer un balance, pero todos están actuando de manera muy responsable”, afirmó.

Sheinbaum insistió en que la magnitud de las lluvias que afectaron la región entre el 6 y el 9 de octubre fue difícil de prever y negó que los gobiernos locales no hayan alertado a las comunidades sobre el posible incremento en los niveles de los ríos.

 “Hay en las redes, incluso desde las propias áreas de Protección Civil de los municipios, de los gobiernos, alertando desde la noche que iba a haber crecimiento del río porque (…) difícilmente pudo haberse previsto la cantidad de lluvia que iba a caer en esta zona”, señaló.

Durante la conferencia, un momento llamó la atención cuando la presidenta pidió en voz baja al secretario de Salud, David Kershenobich, que no mencionara los municipios afectados durante la presentación del “Reporte del Sector Salud Emergencia por Inundaciones”. “No digas municipios afectados”, se alcanzó a escuchar en el micrófono mientras el secretario se acercaba al atril. Aunque la instrucción se dio en voz baja, la primera parte fue audible para los asistentes.

Kershenobich respondió con un “¿mande?”, se acercó a la mandataria y asintió antes de comenzar su informe. En su exposición, el secretario de Salud informó que actualmente hay 90 personas hospitalizadas en tres estados, ninguna de ellas fallecida por heridas relacionadas con las inundaciones. Agregó que la red hospitalaria continúa operando con mínimos daños estructurales y que solo tres hospitales funcionan con plantas de emergencia.

El funcionario federal precisó que los principales retos actuales se relacionan con la incomunicación y los deslaves que impiden el acceso a zonas afectadas. “La parte importante es cómo atender a la población que no puede acceder a los sitios de atención médica”, indicó. 

Para atender la emergencia, se han desplegado 471 brigadas de vacunación y 242 brigadas médicas móviles, con la meta de superar las mil brigadas en los próximos días. Además, se activaron brigadas de vectores para prevenir brotes de dengue en los estados afectados.

En su reporte, Kershenobich no mencionó los cerca de 111 municipios impactados por las lluvias, donde se han reportado daños en viviendas, estructuras colapsadas y decenas de desaparecidos.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

El uso de fuegos artificiales en celebraciones oficiales podría tener los días contados en México. Diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) presentarán este miércoles una iniciativa que busca reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objetivo de limitar los artificios pirotécnicos en eventos públicos y reemplazarlos por alternativas tecnológicas como drones, espectáculos de luces o láser.

La propuesta, impulsada por Laura Ballesteros Mancilla, Iraís Reyes de la Torre y Miguel Ángel Sánchez Rivera, pretende reducir la contaminación atmosférica que generan los fuegos artificiales, además de disminuir riesgos para la salud y reforzar la seguridad en concentraciones masivas.

El texto legislativo establece que los gobiernos estatales, municipales y las alcaldías de la Ciudad de México deberán condicionar los permisos de espectáculos o el uso de suelo para eventos sociales, prohibiendo el uso de pirotecnia en caso de declararse una contingencia ambiental el día de la celebración.

La iniciativa también propone que, tras la realización de actos públicos donde se utilicen fuegos artificiales, las autoridades competentes evalúen el impacto ambiental y determinen si es necesario activar una contingencia. Para ello se deberán atender los niveles de contaminación generados y los parámetros ya establecidos en la normatividad vigente.

En caso de aprobarse, las nuevas disposiciones entrarían en vigor a partir de las próximas fiestas patrias, lo que marcaría un giro en las tradicionales celebraciones mexicanas que han estado históricamente acompañadas de pirotecnia.

Los legisladores de MC destacaron antecedentes en el país que respaldan su propuesta. Recordaron que el municipio de Tehuacán, Puebla, se convirtió en el primero en México y América Latina en prohibir de manera definitiva el uso de fuegos artificiales. La medida, explicaron, fue resultado de un amparo promovido por la asociación ambientalista TAC Una Protección al Entorno A.C. y el colectivo Círculo de Amparo.

De aprobarse, el cambio no solo tendría impacto en las celebraciones nacionales como las del 15 y 16 de septiembre, sino también en fiestas locales, ferias patronales y eventos sociales donde los fuegos artificiales forman parte del atractivo. La propuesta subraya que alternativas como los drones y los espectáculos de luces ofrecen innovaciones capaces de mantener el carácter festivo, reduciendo al mismo tiempo la huella ambiental y los riesgos a la salud pública.

Con esta iniciativa, la bancada de MC busca alinear las celebraciones mexicanas con prácticas sostenibles que ya se aplican en distintas ciudades del mundo, donde los espectáculos de luces han sustituido paulatinamente a la pirotecnia tradicional.