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A más de un año de las elecciones intermedias de 2027, el Movimiento Regeneración Nacional puso en marcha una estrategia de reorganización territorial a nivel nacional con la instalación de 2 mil 53 Consejos Municipales, una estructura que busca reforzar la coordinación interna del partido y consolidar su presencia en todo el país.

El arranque de este despliegue comenzó este sábado con la instalación inicial de 260 Consejos Municipales distribuidos en 5 mil 839 secciones electorales. La operación forma parte de un plan que se extenderá hasta el 31 de mayo, con excepción de los fines de semana del 4 y 5 de abril, así como del 9 y 10 de mayo, fechas en las que se suspenderán temporalmente las actividades.

La dirigencia nacional del partido explicó que estos nuevos órganos estarán integrados por las Presidencias y Secretarías de los 71 mil 541 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación. Entre sus principales funciones se encuentran la promoción de los principios del movimiento, la defensa del voto durante los procesos electorales, la distribución del periódico Regeneración, la organización de actividades de formación política y el impulso a la afiliación partidista.

Este movimiento organizativo ocurre meses antes del inicio formal del proceso electoral, previsto para septiembre de 2026, cuando el Instituto Nacional Electoral comience la preparación de los comicios federales y locales programados para 2027.

Como parte del arranque, la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, encabezó la instalación del Consejo Municipal en Chalco, Estado de México. De manera paralela, la secretaria general, Carolina Rangel Gracida, participó en la conformación del órgano correspondiente en Sahuayo, Michoacán.

La creación de estos Consejos Municipales se deriva del acuerdo aprobado durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del partido, celebrada el pasado 7 de marzo, donde se definió el inicio de esta etapa organizativa con el objetivo de consolidar lo que la dirigencia denomina como “Partido-Movimiento”.

El despliegue territorial se enfoca en la preparación de los comicios en 17 entidades donde se renovarán cargos de elección popular. Los estados contemplados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Además, en Veracruz se renovarán únicamente el Congreso local y los ayuntamientos, mientras que en Durango solo se elegirá el Congreso estatal, debido a que los procesos municipales se realizaron previamente en 2025.

La instalación escalonada de los Consejos Municipales representa la primera movilización territorial del partido rumbo a los comicios intermedios, con el objetivo de reforzar su estructura organizativa y coordinar a sus comités seccionales en todo el país.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, oficializó una serie de cambios en la estructura territorial de la Fiscalía General de la República al designar a 11 nuevos titulares en delegaciones estatales. Los movimientos abarcan entidades como Baja California, Campeche, Durango, Ciudad de México, Hidalgo y Jalisco, entre otras.

De acuerdo con el comunicado institucional, los perfiles seleccionados cuentan con experiencia previa como Ministerios Públicos y trayectoria dentro de la propia FGR, particularmente en áreas de investigación y litigación.

En Baja California fue nombrada Teófila González Lozada, quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Ensenada. En Campeche asumió Margarita Galván Rodríguez, fiscal jefa del equipo de Investigación y Litigación en Guanajuato desde 2021.

Para la Ciudad de México fue designada Laura Gabriela Chang Marroquí, quien encabezaba desde 2022 la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos en la Fecor. En Durango quedó al frente Rosalía Juárez Ramírez, con más de dos décadas de trayectoria como Ministerio Público.

Ana Cristina Maturano Ramos asumió en Hidalgo, con experiencia tanto en funciones ministeriales como en asesoría jurídica. En Jalisco fue nombrado Enrique Landeros Curiel, ex fiscal en jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan.

La lista continúa con Mario Esquivel Ayala en Nayarit, quien era agente del Ministerio Público en la fiscalía federal de esa entidad; José Guadalupe González Guajardo en Nuevo León, ex titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en Reynosa; y Damaris Baglietto Hernández en Oaxaca, quien desde marzo de 2023 encabezaba la Unidad de Investigación y Litigación en la fiscalía federal capitalina.

En San Luis Potosí fue designado Gabriel Campos Piña, procedente de la fiscalía federal en Nayarit, mientras que Manuel Eduardo León Torres asumirá en Tamaulipas, tras desempeñarse como agente del Ministerio Público y fiscal en jefe.

La FGR señaló que estos relevos buscan fortalecer la coordinación con autoridades estatales y consolidar el trabajo institucional. En el comunicado se destaca que Godoy Ramos reconoció la trayectoria de las y los nuevos fiscales federales y les deseó éxito en sus responsabilidades.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que los ajustes forman parte del programa de trabajo de la fiscal general. “Ella lo que está haciendo es fortalecer las delegaciones (…) más que limpia es un fortalecimiento”, expresó, al referirse a la revisión interna y al nombramiento de nuevos representantes en las fiscalías estatales. Con estos movimientos, la FGR actualiza su estructura operativa en 11 entidades del país como parte de su reorganización institucional.

Karina Barrón, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, fue enviada a prisión preventiva oficiosa junto con otras dos personas, tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

Un juez de control determinó que la funcionaria, identificada como Karina “N”, así como Deborah “N” y el abogado Gustavo “N”, permanecerán en aislamiento en un penal estatal mientras se define su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el sábado 7 de marzo.

La detención fue realizada el domingo por la Fiscalía General de la República. Un día después se desarrolló la audiencia de imputación en los juzgados federales ubicados junto al Penal de Cadereyta.

Según la acusación, Barrón habría solicitado en abril de 2024 a una asistente localizar a una mujer para realizar un “trabajo especial” con una remuneración de un millón de pesos. Posteriormente, presuntamente se contrató a Deborah “N”, quien viajó desde Ciudad de México a Monterrey para interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León contra el entonces candidato al Senado, acusándolo de violación y amenazas. Tras presentar la querella, regresó a la capital del país.

De acuerdo con la denuncia, también se señala que el abogado vinculado al caso habría realizado una llamada telefónica a Fernández para exigirle la renuncia a la campaña electoral y la entrega de cinco millones de pesos.

Al término de la audiencia, el senador ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó: “Yo presenté una denuncia por hechos, yo presenté una denuncia por extorsión porque recibí una llamada de extorsión, esto fue días antes de la elección”. Además, sostuvo que fue víctima de “guerra sucia” y de un montaje, señalando que la denuncia por violación fue admitida sin que existiera identificación formal de la denunciante ni dictámenes médicos o psicológicos.

En agosto del año pasado, el equipo legal del legislador amplió la denuncia ante la FGR por extorsión y amenazas. Un mes después, la Fiscalía de Nuevo León determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra.

La asistente de Barrón renunció posteriormente y presentó una denuncia en la Fiscalía General de Tamaulipas por amenazas telefónicas intimidatorias. Mientras avanza el proceso judicial, los tres imputados permanecerán bajo prisión preventiva hasta que el juez resuelva su situación legal en la audiencia programada.

Con la colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque formal de una obra que dotará a la entidad de 560 camas y ampliará la capacidad de atención médica en la región.

El complejo hospitalario contará con 2 mil 63 trabajadores dedicados a áreas como urgencias, cuidados intensivos, atención neonatal, servicios para adultos y pediatría. Incluirá mastógrafos, tomógrafos, resonancia magnética, rayos X y ultrasonido, además de nueve quirófanos y 49 especialidades médicas. La construcción responde a una demanda planteada desde hace cinco años y busca reducir la saturación en los servicios de salud.

Durante el acto, la mandataria señaló que hasta 1983 se habían construido 37 mil camas hospitalarias en el país; entre ese año y 2018 se sumaron solo 4 mil, pese al incremento en el número de derechohabientes, lo que derivó en presión operativa para el instituto. Indicó que su administración impulsará el fortalecimiento del IMSS “no privatizando, sino rescatándolo”, y detalló que entre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el suyo se proyecta la construcción de 12 mil camas en un periodo de 12 años.

En el mismo evento, Sheinbaum supervisó los avances del tren México–Saltillo, proyecto ferroviario iniciado en octubre de 2025 y previsto para concluir antes de 2030. La ruta conectará Ciudad de México con Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Nuevo Laredo, integrando además a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila dentro del corredor.

La presidenta informó que el tramo Ciudad de México–Querétaro presenta buen avance; posteriormente se licitará la fase Querétaro–San Luis Potosí; después continuará hacia Saltillo, mientras que el segmento Saltillo–Nuevo Laredo ya se trabaja, con una parte pendiente por licitar este año. El proyecto contempla un tren de alta velocidad que cubriría el trayecto completo en aproximadamente cuatro horas.

Sheinbaum destacó que la reactivación del servicio de pasajeros busca fortalecer la conectividad y detonar el desarrollo regional. “El tren no solo es un medio de transporte muy bueno, sino que además permite el desarrollo de muchas localidades que antes vivían del tren (…) ahora vamos recuperar todas esas estaciones del tren y eso va a ayudar a todo el desarrollo del todo el país”, afirmó. Con el hospital en marcha y el avance ferroviario en proceso, Coahuila se integra a dos proyectos estratégicos federales enfocados en infraestructura de salud y movilidad.

Maestros de telesecundaria interrumpieron en dos ocasiones un mensaje público de la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira de trabajo en San Luis Potosí, para exigir el cumplimiento de la promesa de regularizar sus salarios y avanzar en la federalización de esta modalidad educativa. El reclamo se produjo en un mitin de corta duración, de aproximadamente 16 minutos, en el que la presencia y consignas del magisterio superaron a la porra organizada.

El acto formó parte de una visita relámpago de la mandataria a la entidad. Mientras Sheinbaum dirigía su mensaje, docentes de telesecundaria alzaron la voz para recordar el compromiso asumido en septiembre pasado, cuando se ofreció atender el rezago en los pagos y resolver la situación laboral de quienes trabajan bajo este esquema educativo que no fue federalizado.

Ante las consignas, la presidenta respondió públicamente al reclamo. “Estoy encargando al gobernador y también a Mario Delgado en Palacio Nacional con autoridades de la Secretaría de Hacienda que se resuelva la federalización de las telesecundarias”, afirmó desde el templete, en referencia al secretario de Educación Pública y a las gestiones que se realizarían a nivel federal.

La protesta se reactivó minutos después, cuando Sheinbaum hacía un recuento histórico para explicar la visión oficial sobre las llamadas cuatro transformaciones del país. Nuevamente, los maestros solicitaron ser escuchados, lo que llevó a la presidenta a interrumpir su discurso. Visiblemente molesta, declaró: “Bueno, ya dije de las telesecundarias, vamos a hablar de otras cosas”, frase tras la cual cesaron las manifestaciones durante el evento.

El antecedente del reclamo se remonta al sábado 13 de septiembre de 2025, cuando la presidenta, durante su gira denominada La Transformación Avanza, ofreció atender el problema de los adeudos y la situación administrativa de los docentes de telesecundaria. Desde entonces, el magisterio ha insistido en la regularización de los salarios y en la incorporación plena de esta modalidad al sistema federal.

Tras concluir el evento en San Luis Potosí, la presidenta Sheinbaum y su comitiva continuaron con la agenda programada y se trasladaron al municipio de García, en el estado de Nuevo León, como parte de la misma gira de trabajo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la incorporación de volúmenes de agua provenientes de otras cuencas del norte del país, incluido el río San Juan en Nuevo León, para cumplir con los compromisos internacionales de agua con Estados Unidos se realizó bajo un esquema de impacto reducido para el sector agrícola nacional. La mandataria afirmó que las medidas adoptadas generan una afectación mínima para los productores de la franja fronteriza.

Las declaraciones fueron emitidas durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, luego de que el gobierno federal anunciara la aplicación de acciones extraordinarias para atender las entregas de agua del río Bravo a Estados Unidos, conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944. Este anuncio se dio en un contexto de presión por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió sobre un posible incremento de aranceles ante el incumplimiento del acuerdo.

Sheinbaum explicó que el diseño del esquema se realizó en coordinación con los gobernadores de las entidades del norte del país, entre ellas Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. El objetivo, dijo, fue distribuir los volúmenes necesarios mediante el uso de otras cuencas, de manera que se atendiera la deuda hídrica sin comprometer de forma significativa las actividades productivas.

“Se buscó resarcir con aguas de otras cuencas que permitieran atender el tema de la deuda de agua. Todos estuvieron de acuerdo y eso nos va a permitir que la afectación sea mínima. Prácticamente, no hay afectación a los agricultores del norte de México. Creo que fue un buen acuerdo”, señaló la presidenta.

Un día antes, el gobierno federal informó que las acciones extraordinarias se ajustan a las disposiciones del propio tratado y a sus actas 234 y 331, considerando la disponibilidad actual en la cuenca mexicana del río Bravo. Entre estas medidas se encuentra la entrega de volúmenes del río San Juan, operación que se llevará a cabo tomando en cuenta las limitaciones operativas y priorizando tanto el uso agrícola en México como el consumo humano.

Sheinbaum subrayó que el procedimiento es legal y cuenta con antecedentes en administraciones anteriores. “Nosotros no hacemos nada ilegal (…) En otras épocas también se ha hecho”, indicó, al precisar que el esquema fue presentado a Estados Unidos en una mesa de negociación y que su aplicación será transparente.

Como parte del acuerdo, la presidenta adelantó que se reforzarán las inversiones de la Comisión Nacional del Agua en sistemas de riego eficiente y en estrategias orientadas a reducir el consumo hídrico en el campo, con el objetivo de elevar la productividad, incluyendo la sustitución de cultivos de alto consumo por otros de menor demanda de agua.

Según lo establecido, México deberá liberar un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas programadas a partir de la semana del 15 de diciembre y la meta de concluir el plan antes del 31 de enero de 2026. El Tratado de Aguas de 1944 contempla que Estados Unidos entregue anualmente a México mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que México debe aportar 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva ofensiva legal para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas en México. El anuncio se dio tras revelarse una investigación federal que detectó 13 establecimientos con operaciones irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

La medida busca actualizar un marco legal que ha quedado rebasado por el auge de las apuestas en línea. En los últimos años, las plataformas digitales de juego se han multiplicado y, al no estar sujetas a una regulación clara, muchas han operado al margen de la supervisión financiera y tributaria. Este vacío legal ha facilitado movimientos económicos difíciles de rastrear y el uso de flujos internacionales sin justificación formal.

El plan de reformas incluirá ajustes para que tanto los casinos físicos como los digitales cumplan con reglas similares en materia de transparencia, control financiero y prevención de lavado de dinero. Con ello, se busca cerrar los huecos legales que permiten que operen sin una supervisión estricta y con riesgos para los usuarios y para el sistema financiero nacional.

La investigación que detonó esta decisión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas dependencias detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales sin respaldo y el uso de plataformas no registradas ante la autoridad mexicana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos bajo investigación operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Algunos de estos lugares, además de las casas de apuestas tradicionales, contaban con vínculos directos con sitios digitales que manejaban apuestas y transferencias desde el extranjero.

La indagatoria también contó con apoyo de organismos internacionales como FINCEN y la OFAC, ambos de Estados Unidos, que aportaron información sobre movimientos financieros sospechosos hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estos flujos incluían transferencias injustificadas y esquemas de simulación fiscal.

La iniciativa de reforma que prepara el gobierno federal buscará establecer un marco moderno para supervisar los juegos de azar tanto en línea como presenciales. Con esta actualización, las autoridades pretenden evitar que las apuestas digitales se conviertan en canales para operaciones ilícitas y reforzar la vigilancia sobre un sector que ha crecido aceleradamente sin una regulación sólida.

El proyecto será presentado en las próximas semanas y marcará el primer intento integral del país por poner orden en un negocio que, hasta ahora, se movía entre la diversión, la falta de control y el riesgo financiero.

El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó oficialmente la Copa Mundial FIFA 2026 desde el Complejo Cultural Los Pinos, marcando el inicio de una etapa clave en la preparación de México como una de las tres sedes del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

Con la mirada puesta en el 11 de junio, día de la inauguración, se confirmó una inversión de 9 mil millones de pesos para modernizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), uno de los principales puntos de llegada de los más de 5.5 millones de visitantes que se esperan durante el evento.

Las obras de infraestructura avanzan a ritmo acelerado en distintas zonas del país. Además de la remodelación del AICM, se desarrolla un tren de pasajeros que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la estación Buenavista, con el fin de mejorar la movilidad hacia la zona hotelera de la capital.

Este nuevo sistema de transporte busca facilitar el traslado de los turistas que arriben a cualquiera de los aeropuertos de la zona metropolitana y ofrecer una experiencia eficiente y moderna para los asistentes al Mundial.

El impacto económico del torneo será significativo. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey —las tres ciudades sede en México— se preparan para recibir un flujo sin precedentes de visitantes, aficionados y delegaciones deportivas. Se espera una importante derrama económica en sectores como turismo, transporte, hotelería, gastronomía y entretenimiento, consolidando al país como un epicentro de actividad global durante el verano de 2026.

Sheinbaum adelantó que el próximo lunes los gobernadores de Nuevo León, Samuel García; Jalisco, Pablo Lemus; y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentarán los avances de las obras en sus respectivas entidades. Este encuentro busca coordinar las estrategias de infraestructura, seguridad y movilidad necesarias para garantizar que México esté listo para su tercera experiencia mundialista, después de haber sido sede en 1970 y 1986.

Junto con la inversión pública, también se impulsan proyectos privados vinculados al evento, entre ellos la modernización del Estadio Azteca, que será sede del partido inaugural y uno de los símbolos más representativos del futbol internacional.

El Mundial 2026 no solo marcará un hito deportivo, sino también una oportunidad económica y logística sin precedentes para México. Con una inversión histórica, el país se alista para recibir a millones de visitantes y volver a colocarse en el centro del mundo futbolístico, en un evento que unirá a tres naciones bajo una misma pasión.

El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial llegó a su fin este viernes, tras varios días de tensión que paralizaron parcialmente las actividades en distintas sedes del país. De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), 16 edificios fueron reabiertos después de que se alcanzara un acuerdo con los empleados inconformes, quienes protestaban por el despido de miles de trabajadores y la falta de insumos básicos para desempeñar sus labores.

El movimiento comenzó la madrugada del 31 de octubre, cuando el Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Juan Prado, convocó a una suspensión de actividades. Los trabajadores cerraron inmuebles en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo, afectando aproximadamente el 5.3% de los edificios judiciales en el país. Aunque el paro fue notorio, el OAJ precisó que el 95% de las sedes continuó con sus operaciones normales.

El epicentro de las protestas se concentró en el edificio sede de San Lázaro, donde alrededor de cinco mil trabajadores y doce tribunales colegiados suspendieron actividades desde las primeras horas del día. También se cerró el edificio Prisma, ubicado en la capital, donde operan varios juzgados de distrito. Las manifestaciones surgieron luego de que el OAJ negara la solicitud de día libre para el 31 de octubre, planteada por el sindicato en el contexto de los días festivos de muertos.

Durante la jornada, las autoridades judiciales y los representantes sindicales mantuvieron comunicación directa hasta llegar a un acuerdo para reabrir las sedes y establecer una mesa de diálogo. El encuentro formal quedó programado para el lunes 3 de noviembre a las 5:00 p.m. en el edificio del Poder Judicial Federal, ubicado en Avenida Revolución 1508, donde se abordarán temas clave como el aumento salarial pendiente y la falta de insumos en los juzgados.

Los trabajadores exigieron soluciones ante la escasez de materiales básicos como papel, tóner, agua y equipo de impresión, además de manifestar preocupación por los más de cinco mil despidos recientes en diversas áreas del Poder Judicial. Pese a las diferencias, ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto para evitar futuras interrupciones de las labores.

Tras la firma del acuerdo, los edificios comenzaron a reabrir al mediodía, permitiendo el restablecimiento de actividades en todas las sedes afectadas. El sindicato confirmó que ningún trabajador participante enfrentará sanciones administrativas, como parte de los compromisos alcanzados con el OAJ.

Con el levantamiento del paro, el Poder Judicial recuperó su ritmo habitual en casi todo el país, en espera de que la reunión del lunes permita avanzar en la negociación de mejoras laborales. El cierre de esta jornada marca un respiro para el sistema judicial, tras una de las movilizaciones internas más significativas del año, y deja abierta la puerta a un proceso de diálogo que busca equilibrar las demandas sindicales con la continuidad institucional.

La Secretaría de Economía (SE) informó que las consultas públicas previas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanzan hacia la construcción de un “consenso interno” sobre las prioridades nacionales que se presentarán en la evaluación del acuerdo comercial.

Del 6 al 10 de octubre, la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard realizó mesas de trabajo con sectores productivos estratégicos, así como con representantes empresariales, académicos y de la sociedad civil, con el propósito de recabar información, comentarios y propuestas que permitan delinear la posición de México en la próxima revisión del tratado.

“Estamos haciendo una evaluación de cómo funcionó el T-MEC. Y la estamos haciendo con todos los sectores económicos relevantes y en todos los estados del país, escuchando a todos para tener una posición de consenso y legitimidad interna, de cara al proceso de revisión del acuerdo”, afirmó el titular de la SE.

En esta etapa, las consultas se enfocaron en los sectores de madera-mueble y papel, bebidas y alimentos procesados, plásticos y juguete, y minería, de acuerdo con la información oficial difundida este domingo.

Las sesiones se llevaron a cabo en los estados de Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León, con la participación de cámaras industriales, asociaciones, especialistas y representantes del sector privado vinculados al comercio con América del Norte.

La Secretaría detalló que se distribuyeron cuestionarios específicos para recabar datos y opiniones sobre los principales retos y oportunidades en la aplicación del tratado, con el fin de realizar un análisis estadístico de los sectores y clasificar las aportaciones según los capítulos del T-MEC.

Estas mesas de trabajo forman parte del proceso consultivo interno que se desarrolla de manera paralela en Estados Unidos y Canadá, con miras a la revisión del acuerdo comercial prevista para 2026, la cual fue anunciada a inicios de 2025.

El T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue suscrito en 2018 durante el primer mandato del entonces presidente estadounidense Donald Trump e implementado el 1 de julio de 2020. La próxima evaluación del tratado ocurre en un contexto internacional marcado por la guerra arancelaria global impulsada por la administración de Trump y las nuevas dinámicas del comercio mundial.

De acuerdo con la SE, los resultados de las consultas permitirán definir una postura nacional sólida y consensuada frente a los socios de Norteamérica, con base en los intereses de los distintos sectores económicos del país y en las condiciones actuales del comercio regional.