Etiqueta: Nuevo León

El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial llegó a su fin este viernes, tras varios días de tensión que paralizaron parcialmente las actividades en distintas sedes del país. De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), 16 edificios fueron reabiertos después de que se alcanzara un acuerdo con los empleados inconformes, quienes protestaban por el despido de miles de trabajadores y la falta de insumos básicos para desempeñar sus labores.

El movimiento comenzó la madrugada del 31 de octubre, cuando el Sindicato Nacional de Renovación del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Juan Prado, convocó a una suspensión de actividades. Los trabajadores cerraron inmuebles en Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León e Hidalgo, afectando aproximadamente el 5.3% de los edificios judiciales en el país. Aunque el paro fue notorio, el OAJ precisó que el 95% de las sedes continuó con sus operaciones normales.

El epicentro de las protestas se concentró en el edificio sede de San Lázaro, donde alrededor de cinco mil trabajadores y doce tribunales colegiados suspendieron actividades desde las primeras horas del día. También se cerró el edificio Prisma, ubicado en la capital, donde operan varios juzgados de distrito. Las manifestaciones surgieron luego de que el OAJ negara la solicitud de día libre para el 31 de octubre, planteada por el sindicato en el contexto de los días festivos de muertos.

Durante la jornada, las autoridades judiciales y los representantes sindicales mantuvieron comunicación directa hasta llegar a un acuerdo para reabrir las sedes y establecer una mesa de diálogo. El encuentro formal quedó programado para el lunes 3 de noviembre a las 5:00 p.m. en el edificio del Poder Judicial Federal, ubicado en Avenida Revolución 1508, donde se abordarán temas clave como el aumento salarial pendiente y la falta de insumos en los juzgados.

Los trabajadores exigieron soluciones ante la escasez de materiales básicos como papel, tóner, agua y equipo de impresión, además de manifestar preocupación por los más de cinco mil despidos recientes en diversas áreas del Poder Judicial. Pese a las diferencias, ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto para evitar futuras interrupciones de las labores.

Tras la firma del acuerdo, los edificios comenzaron a reabrir al mediodía, permitiendo el restablecimiento de actividades en todas las sedes afectadas. El sindicato confirmó que ningún trabajador participante enfrentará sanciones administrativas, como parte de los compromisos alcanzados con el OAJ.

Con el levantamiento del paro, el Poder Judicial recuperó su ritmo habitual en casi todo el país, en espera de que la reunión del lunes permita avanzar en la negociación de mejoras laborales. El cierre de esta jornada marca un respiro para el sistema judicial, tras una de las movilizaciones internas más significativas del año, y deja abierta la puerta a un proceso de diálogo que busca equilibrar las demandas sindicales con la continuidad institucional.

La Secretaría de Economía (SE) informó que las consultas públicas previas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanzan hacia la construcción de un “consenso interno” sobre las prioridades nacionales que se presentarán en la evaluación del acuerdo comercial.

Del 6 al 10 de octubre, la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard realizó mesas de trabajo con sectores productivos estratégicos, así como con representantes empresariales, académicos y de la sociedad civil, con el propósito de recabar información, comentarios y propuestas que permitan delinear la posición de México en la próxima revisión del tratado.

“Estamos haciendo una evaluación de cómo funcionó el T-MEC. Y la estamos haciendo con todos los sectores económicos relevantes y en todos los estados del país, escuchando a todos para tener una posición de consenso y legitimidad interna, de cara al proceso de revisión del acuerdo”, afirmó el titular de la SE.

En esta etapa, las consultas se enfocaron en los sectores de madera-mueble y papel, bebidas y alimentos procesados, plásticos y juguete, y minería, de acuerdo con la información oficial difundida este domingo.

Las sesiones se llevaron a cabo en los estados de Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León, con la participación de cámaras industriales, asociaciones, especialistas y representantes del sector privado vinculados al comercio con América del Norte.

La Secretaría detalló que se distribuyeron cuestionarios específicos para recabar datos y opiniones sobre los principales retos y oportunidades en la aplicación del tratado, con el fin de realizar un análisis estadístico de los sectores y clasificar las aportaciones según los capítulos del T-MEC.

Estas mesas de trabajo forman parte del proceso consultivo interno que se desarrolla de manera paralela en Estados Unidos y Canadá, con miras a la revisión del acuerdo comercial prevista para 2026, la cual fue anunciada a inicios de 2025.

El T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue suscrito en 2018 durante el primer mandato del entonces presidente estadounidense Donald Trump e implementado el 1 de julio de 2020. La próxima evaluación del tratado ocurre en un contexto internacional marcado por la guerra arancelaria global impulsada por la administración de Trump y las nuevas dinámicas del comercio mundial.

De acuerdo con la SE, los resultados de las consultas permitirán definir una postura nacional sólida y consensuada frente a los socios de Norteamérica, con base en los intereses de los distintos sectores económicos del país y en las condiciones actuales del comercio regional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno analiza implementar medidas adicionales para enfrentar la plaga del gusano barrenador, responsable de frenar desde mayo las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, Sheinbaum explicó que tras el brote detectado recientemente en Nuevo León se aplicaron de inmediato los protocolos correspondientes para evitar la propagación. La mandataria detalló que el caso se presentó en un ejemplar que no pudo ser identificado en la revisión inicial y fue confirmado durante el transporte, lo que permitió activar las medidas de control establecidas.

“Se están evaluando acciones adicionales por este caso (…) se detectó de inmediato y se hicieron las medidas que normalmente se hacen en estos casos”, precisó la jefa del Ejecutivo federal, quien añadió que actualmente se están tomando “acciones todavía mayores” para contener la situación.

México ocupa un lugar clave como proveedor de ganado bovino en pie para Estados Unidos, con más de un millón de cabezas exportadas cada año. Sin embargo, la suspensión de envíos derivada de la plaga ha generado un fuerte impacto económico. El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) estima pérdidas cercanas a mil 300 millones de dólares, además de la interrupción del traslado de alrededor de 650 mil cabezas de ganado.

A pesar del nuevo brote, Sheinbaum reiteró su confianza en que la frontera con Estados Unidos pueda reabrirse en noviembre, como está previsto. Señaló que hasta el momento no existe notificación alguna de la Secretaría de Agricultura de ese país que indique un cambio en el calendario.

La mandataria recordó que México cuenta con el acompañamiento de un equipo técnico estadounidense que se encuentra en el país para supervisar los avances en la contención de la plaga. Destacó además que se pondrá en marcha la instalación de una planta de producción de moscas esterilizadas, herramienta fundamental para el control biológico del gusano barrenador.

“Hay un equipo aquí y la mayoría ha regresado, hay un reporte técnico y sobre eso se va a basar la decisión”,puntualizó Sheinbaum.

El brote en el norte del país se suma a los registrados previamente en el sureste mexicano, donde la plaga ha afectado al sector pecuario y retrasado la reactivación de las exportaciones. Con la colaboración binacional y el refuerzo de medidas sanitarias, las autoridades buscan garantizar el restablecimiento del comercio ganadero con Estados Unidos en las próximas semanas.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó una cifra que refleja la magnitud del combate a las irregularidades fiscales en la importación de hidrocarburos. En los primeros nueve meses de su administración se detectaron 2 mil 937 casos de “huachicol” fiscal, lo que equivale a un promedio de casi 11 reportes diarios en distintas aduanas del país.

El “huachicol” fiscal consiste en la evasión de impuestos por parte de empresas importadoras de productos petrolíferos e hidrocarburos, mediante la declaración de fracciones arancelarias que no corresponden a las características reales de las mercancías. Esta práctica permite pagar tarifas menores a las establecidas, afectando directamente la recaudación del Estado.

De acuerdo con el documento entregado al Legislativo, al detectar estas irregularidades el gobierno interviene para realizar la correcta clasificación arancelaria, lo que deriva en un aumento de las tarifas correspondientes. Como parte de las acciones para enfrentar este delito, se llevaron a cabo supervisiones en aduanas estratégicas como Reynosa, Guadalajara, Manzanillo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 

Estas revisiones generaron 176 recomendaciones emitidas por las autoridades. El reporte coincide con la detención de al menos 14 personas en operativos desplegados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, vinculados al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. Entre los señalados se encuentra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien fue detenido junto a empresarios, marinos y exfuncionarios de aduanas.

La investigación se fortaleció tras el aseguramiento, en marzo pasado, de 10 millones de litros de diésel en una embarcación localizada en el puerto de Tampico, Tamaulipas. A partir de este hallazgo, las autoridades federales rastrearon las operaciones de una red que presuntamente se dedicaba a manipular declaraciones de importación para evadir aranceles y colocar en el mercado combustibles de manera ilícita.

Según el informe, de los detenidos tres son empresarios relacionados con la importación de combustibles, seis son elementos activos de la Marina y cinco exfuncionarios que laboraron en distintas aduanas. Todos enfrentan procesos judiciales por su probable participación en actividades de “huachicol” fiscal.

El gobierno federal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia contra la evasión fiscal y el contrabando en el sector energético, considerada una de las principales fuentes de ingresos ilegales para grupos delictivos.

La cifra de casi 3 mil casos detectados en menos de un año se coloca como uno de los ejes centrales del primer balance de Sheinbaum, que ha puesto énfasis en la vigilancia de aduanas y en el combate a redes de corrupción vinculadas al comercio de hidrocarburos.

Entre 2022 y 2024, México registró una reducción histórica en la pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de personas en esta condición pasó de 46.8 a 38.5 millones, lo que equivale a 8.3 millones menos y una baja de 17.7 por ciento. Esta medición, realizada por primera vez por el Inegi tras la desaparición del Coneval, evalúa la pobreza multidimensional, que considera ingresos, acceso a derechos sociales y contexto territorial.

En 2024, el 29.6 por ciento de la población —tres de cada diez personas— vivía en pobreza multidimensional, una disminución de 6.8 puntos porcentuales respecto a 2022. De este total, 31.5 millones enfrentaban pobreza moderada y 7 millones pobreza extrema.

A nivel estatal, Chiapas encabezó la lista con el mayor porcentaje de población en pobreza, con 66 por ciento, seguido de Guerrero (58.1%), Oaxaca (51.6%), Veracruz (44.5%) y Puebla (43.4%). En el extremo opuesto, Baja California reportó el menor índice, con 9.9 por ciento, seguido por Baja California Sur (10.2%), Nuevo León (10.6%), Coahuila (12.4%) y Sonora (14.1%).

La pobreza extrema también mostró un retroceso, al pasar de 9.1 millones de personas en 2022 a 7 millones en 2024, equivalente a 5.3 por ciento de la población. Las entidades con mayores porcentajes en esta categoría fueron Chiapas (27.1%), Guerrero (21.3%), Oaxaca (16.3%), Veracruz (8.8%) y Puebla (7.3%). En contraste, Baja California (0.4%), Nuevo León (0.5%), Aguascalientes (0.6%), Coahuila (0.8%) y Colima (1%) presentaron los menores niveles.

Si se observa el periodo completo de la administración de la Cuarta Transformación, la reducción es aún mayor. En 2018, 51.9 millones de personas (41.9% de la población) vivían en pobreza, cifra que en 2024 descendió en 13.4 millones, con una caída de 12.3 puntos porcentuales.

El Inegi reportó mejoras en varias carencias sociales. El rezago educativo bajó de 19.4% a 18.6%, beneficiando a cerca de un millón de personas. El acceso a servicios de salud mejoró de 39.1% a 34.2%, lo que representa 6.4 millones de personas más con cobertura médica. En cuanto a la seguridad social, la carencia se redujo de 50.2% a 48.2%, equivalente a 2.6 millones de personas.

La presidenta del Inegi, Graciela Márquez, aseguró que la medición mantuvo la metodología empleada por el Coneval durante más de 20 años, garantizando su continuidad y comparabilidad. Por su parte, la coordinadora de Medición de Pobreza, Claudia Maldonado, destacó que todas las carencias registraron reducciones.

El análisis del Inegi atribuye la disminución de la pobreza principalmente a mejoras en salarios y condiciones laborales, más que al efecto de los programas de apoyo social. Sin estos programas, la cifra de personas en pobreza sería de 42.7 millones, y la de pobreza extrema de 9 millones, ambas aún menores que las registradas en 2022.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró un receso durante la sesión donde se discutiría la validez de la elección de magistrados de circuito, debido a múltiples irregularidades detectadas en los perfiles de algunos de los candidatos electos. La pausa fue determinada tras señalarse el incumplimiento del requisito académico de promedio mínimo y la existencia de denuncias de violencia y acoso sexual contra varios de los aspirantes.

El proyecto presentado al Consejo General del INE incluía una propuesta que contemplaba aceptar un promedio de 7.6 como equivalente a 8 en la licenciatura para los candidatos a magistrados. Esta medida fue rechazada por los consejeros Claudia Zavala, Rita Bell, Uuc-kib Espadas y Carla Humphrey, quienes argumentaron que la flexibilización del criterio atentaría contra los requisitos formales del cargo.

Durante el desarrollo de la sesión, la consejera Carla Humphrey presentó casos específicos de candidatos que no cumplen con los criterios académicos ni con los de integridad. Entre ellos, Joel Iscac Rangel Agüeros, Eduardo Torres Carrillo y Guadalupe López Arvizu, todos con promedios inferiores al mínimo requerido. La consejera remarcó que el Instituto no puede otorgar la constancia de mayoría a quienes no acrediten el cumplimiento total de los requisitos establecidos.

A las irregularidades académicas se sumaron acusaciones graves contra otros magistrados electos. Jaime Vladimir Ángel Cisneros de la Cruz, designado para el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito en Nuevo León, enfrenta señalamientos por hostigamiento y violencia docente cuando se desempeñaba como profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su defensa, el candidato declaró que las acusaciones son calumnias anónimas, y no presentó el formato de declaración de cumplimiento conocido como “ocho de ocho”.

Otro caso mencionado fue el de Genaro Antonio Valerio Pinillos, electo para el tribunal civil y de trabajo del quinto circuito en Sonora, quien tiene abiertos siete procedimientos de investigación por denuncias de acoso, hostigamiento y abuso de poder. Ocho mujeres han presentado acusaciones en su contra.

La consejera Humphrey también expuso irregularidades relacionadas con la paridad de género. Señaló que el Senado envió listas incompletas que no permiten verificar el cumplimiento de los criterios de equidad. Candidatas como Zaira Gallegos (Guerrero), Lilia Hermosillo (Jalisco), Luz Elba De la Torre (Guanajuato) y Melina Hernández (Nayarit) denunciaron que la regla de paridad no fue respetada en sus respectivas entidades.

Asimismo, se hizo mención de que otras candidatas, como Alicia del Carmen Hernández (Chihuahua) y Alelí Feria (Veracruz), reportaron haber recibido mayor cantidad de votos sin haber sido consideradas en la asignación alternada, lo que representa un posible incumplimiento en la garantía de igualdad de oportunidades para mujeres en el proceso.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ordenó un receso de 45 minutos con el objetivo de reorganizar la votación de la elección y atender las observaciones presentadas por los consejeros. La sesión se mantiene en pausa mientras se determina la ruta a seguir para garantizar que los nombramientos cumplan con los principios de legalidad, paridad y elegibilidad.

La automotriz surcoreana Hyundai Motor reafirmó su compromiso con México al confirmar que la producción de su popular modelo SUV, Tucson, continuará en la planta ubicada en Pesquería, Nuevo León. La compañía desmintió los rumores sobre un posible traslado de operaciones a Estados Unidos, manteniendo intacta su estrategia de manufactura en territorio mexicano.

En una declaración dirigida a medios nacionales, Hyundai subrayó que la producción de la Tucson permanecerá en México, destinándose a países con los que existen tratados de libre comercio. La compañía explicó que esta decisión responde a un análisis del entorno global, considerando aspectos geopolíticos, económicos y comerciales.

La postura oficial fue respaldada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien destacó a través de redes sociales que la empresa surcoreana no moverá su producción fuera de Monterrey. “La producción de Hyundai en Monterrey continuará”, compartió, validando la información proporcionada por Carlos Carrasco, director Jurídico y de Relaciones con el Gobierno de la empresa. Minutos más tarde, agregó: “Las Tucson se venderán en otros mercados pero seguirán produciéndose en México. Buenas noticias”.

La Tucson, uno de los modelos más emblemáticos y exitosos de la firma, se ensambla en Pesquería, localidad que se ha consolidado como un núcleo estratégico de producción dentro del ecosistema de Hyundai Motor Group. A esa región también pertenecen otras importantes filiales del grupo como Hyundai WIA México, Hyundai Steel México y Hyundai Mobis México. Entre todas, generan componentes clave como motores, sistemas de fundición, estructuras de acero y módulos de autopartes.

Recientemente, Hyundai formó un grupo de trabajo con el objetivo de mitigar el impacto de los nuevos aranceles anunciados por el expresidente estadounidense Donald Trump. Esta célula buscará soluciones enfocadas en aumentar el suministro local de autopartes y reducir los costos de importación, manteniendo la competitividad global del grupo.

En el plano financiero, Hyundai reportó un crecimiento del 2% en sus utilidades operativas durante el primer trimestre del año, con ventas en concesionarios estadounidenses al alza, impulsadas por el interés de los compradores antes de la implementación del nuevo esquema tributario. Las ventas minoristas crecieron un 11%, reflejando la fuerte demanda de sus modelos actuales.

El fabricante también informó que no habrá modificaciones en los precios de sus vehículos hasta el próximo 2 de junio, cuando se valorará una actualización flexible según las condiciones del mercado.

Con esta decisión, Hyundai reafirma su confianza en la capacidad productiva de México y en el potencial de sus tratados internacionales, fortaleciendo su presencia en el mercado norteamericano sin abandonar el suelo donde se ensamblan con precisión y tecnología sus unidades más exitosas.

En un panorama que exige atención y acción inmediata, México enfrenta una ola de incendios forestales con 123 siniestros activos distribuidos en 28 de los 32 estados del país. De acuerdo con el más reciente reporte emitido por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la superficie afectada ya supera las 52 mil hectáreas 

El esfuerzo por contener los incendios ha movilizado a un ejército de 4 mil 315 combatientes. Estos brigadistas, provenientes de la Conafor y de diversas instituciones, trabajan sin descanso para mitigar el avance del fuego y proteger tanto la biodiversidad como a las comunidades cercanas.

Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Durango y Sinaloa encabezan la lista de los estados más afectados. Cada día representa un reto para los equipos que luchan contra las llamas en terrenos escarpados, bajo altas temperaturas y condiciones que cambian rápidamente.

La Conafor ha logrado avances importantes en algunos puntos críticos. En Tepoztlán, Morelos, dentro del área natural protegida “El Tepozteco”, el incendio forestal que afecta al predio Santo Domingo Ocotitlán se encuentra con un 85% de liquidación, tras impactar preliminarmente 1,200 hectáreas. En la Autopista México-Cuernavaca, otro incendio ya se encuentra completamente controlado, con un 90% de liquidación sobre una superficie de 35 hectáreas.

Otro punto relevante se ubica entre Tlalnepantla, Morelos, y Milpa Alta, Ciudad de México, donde las Áreas Nacionales Protegidas Corredor Biológico Chichinautzin y El Tepozteco registran un control total y un 90% de liquidación, tras haber sido afectadas 240 hectáreas.

En Aramberri, Nuevo León, el predio Cañón de Vacas reporta un 95% de control y 90% de liquidación, con mil hectáreas afectadas. En Xilitla, San Luis Potosí, el avance del incendio ha sido contenido en un 85% y presenta un 70% de liquidación.

En el estado de Puebla, el municipio de Libres enfrenta un incendio con 900 hectáreas afectadas, y un progreso del 90% en el control del fuego. Por su parte, en los límites de Puebla y Tlaxcala, el área del Pico de Orizaba muestra avances, con un 80% de control y 60% de liquidación en una zona de mil 500 hectáreas.

La Conafor ha lanzado un llamado contundente a la población: evitar el uso del fuego en áreas forestales, no dejar basura y, especialmente, no arrojar colillas encendidas. También hizo hincapié en que la participación voluntaria en el combate a los incendios debe realizarse únicamente bajo condiciones seguras, con capacitación, equipo adecuado y dentro de brigadas organizadas.

En México, la temporada más crítica de incendios se extiende de enero a junio, especialmente en las regiones centro, norte, noreste, sur y sureste. En el noroeste del país, el riesgo se eleva de mayo a septiembre. La situación actual exige responsabilidad ciudadana y coordinación constante para evitar una mayor catástrofe ambiental.

Nuevo León sigue marcando la pauta en turismo deportivo con la llegada del Nitro Circus World Tour México 2025, un espectáculo de deportes extremos que promete encender la adrenalina y atraer miles de visitantes. 

El Estadio Mobil Super en Monterrey será el epicentro de esta experiencia sin precedentes el 12 de abril de 2025, con la participación de más de 30 atletas de renombre internacional, entre ellos Brody Wilson, Keth Sayers, Adam Jones, Brady Baker, Harley Allen y Kurtis Downs. La conducción estará a cargo de Travis Pastrana, leyenda del motocross y estrella de MTV, garantizando un show inolvidable.

El espectáculo espera convocar a 27,000 asistentes, con una proyección de entre 30% y 40% de visitantes foráneos, lo que equivale a más de 8,100 personas viajando a la ciudad para disfrutar de la acción extrema. Esto beneficiará a la industria turística, comercios, hoteles y transporte, fortaleciendo la economía del estado.

Maricarmen Martínez Villarreal, Secretaria de Turismo de Nuevo León, y Stephan Kipper, Subsecretario de Turismo Sostenible, resaltaron la importancia de atraer eventos internacionales que posicionen a la región como un referente en entretenimiento. “Eventos como Nitro Circus refuerzan el posicionamiento de nuestro estado como un referente en turismo deportivo y entretenimiento. Seguimos trabajando para atraer experiencias que fortalezcan la oferta turística, impulsen la economía local y proyecten a Nuevo León como un destino vibrante y dinámico.”

Con una producción de primer nivel, Nitro Circus llega a México por primera vez, con presentaciones exclusivas en Guadalajara y Monterrey. Motocicletas voladoras, bicicletas BMX y vehículos extremos desafiando rampas gigantes serán el sello de este espectáculo que promete dejar huella en el público y consolidar a Monterrey como un destino imperdible para los amantes de la adrenalina y reafirmando su compromiso con la atracción de espectáculos de talla mundial.