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Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) realizaron una manifestación frente a las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la Ciudad de México, para exigir un aumento salarial equivalente al otorgado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). La protesta se extendió durante varias horas y expuso una serie de inconformidades acumuladas por este sindicato minoritario.

El secretario general de la sección 8 de la UNTyPP, Francisco Zamora Salazar, explicó que, pese a que su organización está registrada desde 2008, no se les ha aplicado el incremento salarial reciente porque se les clasifica como “trabajadores de confianza”. Según detalló, esa categoría los deja fuera del contrato colectivo y del reglamento que sí se aplica a los empleados sindicalizados del organismo. En entrevista, Zamora atribuyó esta situación a decisiones políticas vinculadas al esquema de austeridad impulsado por el actual gobierno federal.

El líder sindical afirmó que, además de la falta de actualización salarial, la UNTyPP enfrenta liquidaciones y despidos injustificados. Indicó que los recortes comenzaron en el primer trimestre de 2025 y afectan principalmente a trabajadores de confianza con más de dos décadas de antigüedad. “Ha habido muchos despidos injustificados. Bueno, sabemos que van a ser más de tres mil despidos, y ahorita llevan el 80%”, señaló. Añadió que los ajustes se mantendrán hasta el 31 de diciembre, según les ha informado la empresa.

Entre los casos expuestos durante la protesta destaca el de Rigoberto Laredo, trabajador con 34 años de servicio en el área de compras de la Sección 9 en Coatzacoalcos, Veracruz, quien afirmó haber sido despedido hace año y medio tras una acusación de acoso sexual que, según dijo, no ha sido comprobada. 

Laredo aseguró que existen alrededor de 100 personas señaladas bajo acusaciones similares en distintas áreas de Pemex, y que en algunos casos ya se ha demostrado la falsedad de las imputaciones. “Tiene un año o siete meses que yo no tengo salario, no tengo servicio médico”, expuso al denunciar que los despidos se están utilizando para remover personal con puestos sensibles.

Además de las demandas laborales, la UNTyPP señaló deficiencias en instalaciones y servicios básicos dentro de Pemex. Indicaron que persisten fallas en oficinas, elevadores y sanitarios del centro administrativo, donde incluso falta papel higiénico y jabón líquido. 

A estas condiciones se suma el deterioro en la atención médica: el sindicato denunció que el servicio subrogado fue cancelado en varias regiones, obligando a trabajadores de lugares como Topolobampo, Sinaloa, y Hermosillo, Sonora, a trasladarse hasta Salamanca, Guanajuato, o a la Ciudad de México para recibir atención, aun en casos de padecimientos menores.

Las exigencias de la UNTyPP colocan sobre la mesa un conjunto de reclamos que combinan salario, estabilidad laboral y condiciones de trabajo, y que mantienen en tensión la relación entre este sindicato y la empresa estatal.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva ofensiva legal para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas en México. El anuncio se dio tras revelarse una investigación federal que detectó 13 establecimientos con operaciones irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

La medida busca actualizar un marco legal que ha quedado rebasado por el auge de las apuestas en línea. En los últimos años, las plataformas digitales de juego se han multiplicado y, al no estar sujetas a una regulación clara, muchas han operado al margen de la supervisión financiera y tributaria. Este vacío legal ha facilitado movimientos económicos difíciles de rastrear y el uso de flujos internacionales sin justificación formal.

El plan de reformas incluirá ajustes para que tanto los casinos físicos como los digitales cumplan con reglas similares en materia de transparencia, control financiero y prevención de lavado de dinero. Con ello, se busca cerrar los huecos legales que permiten que operen sin una supervisión estricta y con riesgos para los usuarios y para el sistema financiero nacional.

La investigación que detonó esta decisión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas dependencias detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales sin respaldo y el uso de plataformas no registradas ante la autoridad mexicana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos bajo investigación operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Algunos de estos lugares, además de las casas de apuestas tradicionales, contaban con vínculos directos con sitios digitales que manejaban apuestas y transferencias desde el extranjero.

La indagatoria también contó con apoyo de organismos internacionales como FINCEN y la OFAC, ambos de Estados Unidos, que aportaron información sobre movimientos financieros sospechosos hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estos flujos incluían transferencias injustificadas y esquemas de simulación fiscal.

La iniciativa de reforma que prepara el gobierno federal buscará establecer un marco moderno para supervisar los juegos de azar tanto en línea como presenciales. Con esta actualización, las autoridades pretenden evitar que las apuestas digitales se conviertan en canales para operaciones ilícitas y reforzar la vigilancia sobre un sector que ha crecido aceleradamente sin una regulación sólida.

El proyecto será presentado en las próximas semanas y marcará el primer intento integral del país por poner orden en un negocio que, hasta ahora, se movía entre la diversión, la falta de control y el riesgo financiero.

El gobierno de Claudia Sheinbaum reportó que los delitos de alto impacto en México mantienen una tendencia sostenida a la baja, alcanzando su nivel más bajo en los últimos ocho años. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), casi todos los indicadores delictivos muestran reducciones significativas, excepto la extorsión, que continúa siendo el único delito con un incremento respecto a años anteriores.

Durante la presentación del informe mensual, la titular del SNSP, Marcela Figueroa, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos en octubre de 2025 fue de 54.4 casos, lo que representa una disminución del 37% en comparación con septiembre del año anterior, cuando se registraban 86.9 en promedio.

Esta reducción marca un avance importante en uno de los rubros más sensibles para la población, aunque los homicidios continúan concentrándose en siete entidades: Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Guanajuato.

En la comparación con 2019, el informe muestra descensos notables en varios tipos de delitos. Los feminicidios se redujeron un 25%, las lesiones dolosas por arma de fuego bajaron 22.9% y el secuestro extorsivo cayó 59%. 

También se registraron disminuciones importantes en los robos con violencia: 48.6% menos en asaltos generales, 52.3% en robos a casa habitación, 44.3% en robo de vehículos, 49.9% en robo a transportista, 45% en robo a transeúnte y 56.8% en robo a negocio. En promedio, los robos en general con algún tipo de violencia se redujeron cerca del 50% respecto a 2019.

A pesar de la mejora en la mayoría de los indicadores, la extorsión sigue siendo el delito que preocupa a las autoridades. Aunque aumentó 22.9% respecto a 2019, se observó una leve mejora en comparación con 2024, con una reducción diaria del 14% en los reportes registrados. 

El gobierno atribuye esta variación al uso creciente de medios digitales y telefónicos para cometer este delito, lo que representa un reto para las estrategias de prevención y persecución.

En términos generales, el panorama nacional refleja un descenso del 46% en el promedio diario de delitos de alto impacto respecto a 2018, pasando de 969.4 a 522 delitos por día. Esta cifra, según el informe, representa el nivel más bajo de los últimos ocho años y consolida la tendencia descendente que el actual gobierno busca mantener.

El reporte del SNSP forma parte de las evaluaciones periódicas impulsadas por la administración federal para medir el avance de su política de seguridad. Con estos resultados, el gobierno de Sheinbaum busca reforzar la narrativa de una reducción sostenida en los delitos más graves, aunque reconoce que aún enfrenta desafíos importantes, especialmente en materia de extorsión y violencia focalizada en ciertas regiones del país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó este viernes el respaldo del Estado para fortalecer la seguridad en Sinaloa, entidad afectada por la violencia derivada de la lucha entre facciones de Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante su visita al puerto de Mazatlán, dentro de su gira por el primer año de gobierno, subrayó que las instituciones federales seguirán presentes en el estado para combatir la inseguridad.

Sheinbaum enfatizó que el Gabinete de Seguridad continuará realizando visitas constantes a Sinaloa, con la participación de los secretarios de Marina, Defensa y Seguridad. “Apoyando al pueblo de Sinaloa y vamos a seguir así”, afirmó la mandataria al destacar que se mantendrán los elementos de todas las corporaciones.

“Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar. Tiene que ver con atender las causas, también con fortalecer la Guardia Nacional con inteligencia, investigación, judicialización y mucha coordinación”, expresó en su discurso.

En su conferencia matutina del 24 de septiembre, Sheinbaum reconoció que existían condiciones para encabezar su acto público en Mazatlán, pese a la violencia reciente. Esto ocurrió después de que los escoltas de la nieta del gobernador Rubén Rocha fueran atacados a balazos en Culiacán mientras viajaban en una camioneta. Aunque no se refirió directamente al incidente, reiteró que su administración respalda al gobierno estatal y “seguirá construyendo la paz desde abajo y construyendo el bienestar para el pueblo de México”.

La presidenta informó que uno de los principales temas tratados con el gobierno de Estados Unidos fue la seguridad fronteriza. “Si, coordinación, si colaboración, pero no al injerencismo y no a la pérdida de la soberanía”, señaló. “Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Nos hemos ganado el respeto”.

Sheinbaum anunció que el viernes se realizó la primera reunión del comité creado para dar seguimiento a los asuntos de seguridad, derivado de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a inicios de septiembre. Explicó que se logró un acuerdo inédito: “lo prioritario no es lo que va de México a los Estados Unidos, ahora queremos que por primera vez, lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México y ayer logramos un acuerdo de que EU va a reforzar los operativos para controlar el paso de armas a México, nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”.

Durante el acto, el gobernador Rubén Rocha pidió aplausos para la presidenta y la llamó sinaloense. Recordó que el esposo de Sheinbaum es originario de Mazatlán, a lo que la mandataria respondió: “sí, es cierto, soy sinaloense por adopción y por amor, qué le voy a hacer. Arriba Sinaloa, arriba el pueblo de Sinaloa”.

El Senado de la República emitió un llamado a los 32 gobiernos estatales y a la Ciudad de México para identificar y retirar cámaras de videovigilancia colocadas de manera irregular, debido a que estos dispositivos pueden estar siendo utilizados por presuntos grupos criminales para monitorear a las fuerzas de seguridad y a organizaciones rivales.

El dictamen aprobado por los senadores advierte que, aunque algunos equipos podrían haber sido instalados por desconocimiento de las regulaciones locales, existen evidencias de que estas cámaras han sido aprovechadas por la delincuencia organizada. 

“Diversas autoridades encargadas de la seguridad han emprendido acciones para la detección e inhabilitamiento de cámaras de videovigilancia que, si bien algunos podrían haber sido colocadas por desconocimiento de las diversas regulaciones sobre la colocación de estos dispositivos, también son colocados y, presuntamente, utilizadas por grupos delincuenciales para el monitoreo de las autoridades encargadas de la seguridad pública”, señala el documento aprobado.

En distintos estados del país ya se han realizado operativos para retirar este tipo de equipos. En Celaya, Guanajuato, se localizaron aproximadamente mil 400 cámaras irregulares, que según las autoridades locales estaban ligadas a la vigilancia realizada por grupos delictivos.

En Baja California, durante noviembre de 2024, se desmontaron 265 dispositivos distribuidos en tres municipios: 188 en Tecate, 35 en Tijuana y 46 en Mexicali. En Veracruz, se inhabilitaron 50 videocámaras que presuntamente también eran utilizadas por la delincuencia.

En Chiapas, el 19 de febrero de 2025, elementos de la Fiscalía del Estado y policías estatales aseguraron y retiraron diversos equipos de videovigilancia. Un día después, el 20 de febrero, en Culiacán, Sinaloa, las autoridades desinstalaron alrededor de 64 cámaras colocadas de forma irregular.

El dictamen destaca que la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del entonces Distrito Federal otorga a las autoridades facultades para instalar equipos en lugares estratégicos con el fin de prevenir e inhibir delitos. Sin embargo, grupos criminales han replicado este esquema tecnológico con fines contrarios a la seguridad, usándolo como herramienta para sostener actividades ilícitas.

El Senado subrayó la importancia de que los gobiernos estatales fortalezcan la vigilancia sobre la instalación de estos sistemas, con el objetivo de erradicar la colocación de dispositivos que, en manos de la delincuencia, representan un riesgo para las operaciones de las fuerzas de seguridad.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respondió de manera inmediata a la denuncia pública realizada por la influencer y cantante Yeri Mua, quien afirmó haber recibido amenazas de muerte por parte de seguidores de un creador de contenido originario de Sinaloa.

Durante un encuentro con medios, la mandataria estatal fue cuestionada sobre la petición de la joven artista para contar con protección oficial. Sin dudarlo, Nahle expresó: “Se la damos, sí, sí, por supuesto. Es una gran artista”. Con ello confirmó que el gobierno veracruzano activará medidas de resguardo para garantizar su seguridad.

El señalamiento surgió luego de que Mua hiciera públicas en sus redes sociales una serie de amenazas dirigidas a ella. De acuerdo con su testimonio, las intimidaciones provendrían de un grupo de fanáticos autodenominado “F.E.S”, seguidores del streamer conocido como Lonche. La veracruzana indicó que dicho colectivo estaría presuntamente vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico.

El motivo de las amenazas estaría ligado a una controversia personal que escaló al terreno público. La intérprete de “Chupón” relató que, tras exponer una supuesta infidelidad del influencer hacia su pareja, con una persona cercana a ella, comenzó a recibir mensajes de advertencia que ponían en riesgo su vida.

Uno de los puntos centrales de la intimidación es la presentación que Yeri Mua tiene programada en Tijuana el próximo 14 de septiembre. En ese evento se presentará junto al cantante urbano “El Malilla”. Los mensajes hostiles buscarían impedir que la veracruzana se suba al escenario en la ciudad fronteriza.

La joven utilizó la red social X para dar a conocer su postura frente a lo ocurrido. “Vengo a evidenciar cómo la ‘narcocultura’ vino a invadir a los influencers, la comunidad de ‘Lonch de huevito’ amenazando con matarme, no lo había vivido antes porque no ando en cosas malas, pero aparentemente ¿se creen asesinos o lo son?, igual procederé legalmente”, escribió en su perfil.

Con esta declaración, Mua dejó claro que no solo denunciará en el ámbito mediático, sino también en instancias legales, a quienes resulten responsables de las intimidaciones.

El caso ha generado amplia atención en la opinión pública, tanto por el alcance de Yeri Mua en plataformas digitales como por el reconocimiento inmediato de las autoridades estatales para brindarle seguridad. La acción de la gobernadora Nahle se suma a la expectativa que rodea la próxima presentación de la veracruzana en Tijuana, en medio de la polémica que involucra a comunidades digitales y figuras del entretenimiento en México.

A tan solo días de que Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, enfrente su próxima audiencia en la Corte del Distrito Norte de Illinois, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló públicamente que el gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de compartir con la Fiscalía General de la República (FGR) los detalles del acuerdo de culpabilidad que habría aceptado el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó que México fue parte clave del proceso, ya que entregó en extradición a Ovidio Guzmán en septiembre de 2023, luego de su captura en Culiacán, Sinaloa. En ese contexto, subrayó que es una obligación de Washington trabajar de manera coordinada con las instituciones mexicanas, tal como establecen los acuerdos internacionales entre ambos países.

“Pues, no conocemos el acuerdo, tenemos conocimiento de que se va a declarar culpable, pero no es público ningún trato al que hayan llegado”, declaró Sheinbaum, evidenciando la falta de transparencia en el proceso judicial estadounidense.

La presidenta también recordó que en el operativo de captura de “El Ratón” murieron soldados mexicanos, por lo que calificó como necesario y urgente conocer los términos del acuerdo que podría beneficiar al líder del llamado Nuevo Cártel de Sinaloa.

Otro de los puntos que generó crítica fue la aparente contradicción de la política exterior estadounidense. La mandataria mencionó que mientras se ha clasificado al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista, el país norteamericano parecería haber negociado con uno de sus líderes, lo cual, según dijo, rompe con la doctrina histórica de no establecer tratos con organizaciones criminales. “No se entiende muy bien, el gobierno estadounidense, por un lado, nombran como terroristas a organizaciones delictivas, y tiene una política de no negociar con los criminales”, señaló.

La audiencia en la que se prevé que Ovidio Guzmán se declare culpable está programada para el próximo 9 de julio a las 11:00 horas en la Corte de Chicago. Está acusado de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego.

Ovidio fue arrestado el 5 de enero de 2023 en un fuerte operativo militar en Sinaloa y su traslado a Estados Unidos fue uno de los momentos más delicados de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Su hermano, Joaquín Guzmán López, fue detenido el 25 de julio de 2023 al ingresar a Estados Unidos por El Paso, Texas. Enfrenta 17 cargos criminales y, a diferencia de Ovidio, se declaró no culpable en la audiencia realizada el 30 de septiembre.

Sheinbaum ha reiterado que, más allá del proceso judicial en Estados Unidos, México merece claridad en el caso, sobre todo por el alto costo humano que implicó su detención.

Una emboscada a fuerzas de seguridad en la comunidad de El Naranjo, Badiraguato, Sinaloa, terminó en tragedia. Dos niñas perdieron la vida en medio del fuego cruzado entre un grupo armado y elementos del Ejército mexicano. La escena dejó también a un niño de 12 años y sus padres gravemente heridos.

El ataque ocurrió mientras autoridades federales y estatales realizaban un operativo. Al ser agredidos por sujetos fuertemente armados, se desató un enfrentamiento. En ese preciso instante, una familia transitaba por la zona. Las menores murieron tras ser alcanzadas por los disparos. Gael, Saúl y Anabel, los tres sobrevivientes de la familia, fueron trasladados vía aérea a una clínica de Culiacán.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunció públicamente. “Nos indigna”, expresó en una declaración que dejó clara su postura de cero tolerancia. “Expreso mi profunda indignación y repruebo terminantemente los dolorosos hechos de violencia que padece Sinaloa, sobre todo cuando las víctimas son inocentes”, afirmó. Subrayó que no habrá impunidad y que se actuará hasta las últimas consecuencias.

Las fuerzas de seguridad lograron detener a cuatro personas presuntamente involucradas en el ataque. El operativo es parte de una serie de acciones que buscan frenar los recientes brotes de violencia que afectan distintas zonas del estado, marcadas por enfrentamientos, bloqueos y ejecuciones.

Durante una conferencia en el Palacio de Gobierno, Rocha Moya defendió la estrategia estatal de seguridad. Indicó que más de mil personas han sido detenidas en lo que va del año, con decomisos de armas, drogas y la desarticulación de laboratorios clandestinos.

Sinaloa sigue siendo escenario de una lucha interna entre facciones del crimen organizado. Desde el inicio del conflicto entre “La Chapiza” y “La Mayiza”, el número de menores de edad fallecidos en hechos violentos asciende a 39. Las cifras estremecen.

En sus palabras finales, el mandatario estatal reafirmó su compromiso: “No bajaremos la guardia, seguiremos firmes, como todos los días, en el combate sin tregua a la violencia”.

La tragedia de El Naranjo no solo deja una familia rota, también suma una dolorosa página más en la historia reciente del estado. Las vidas perdidas de las dos niñas resuenan como una alarma que exige atención urgente, justicia contundente y acciones que vayan más allá de las palabras. El dolor permanece. La indignación crece.

En un panorama que exige atención y acción inmediata, México enfrenta una ola de incendios forestales con 123 siniestros activos distribuidos en 28 de los 32 estados del país. De acuerdo con el más reciente reporte emitido por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la superficie afectada ya supera las 52 mil hectáreas 

El esfuerzo por contener los incendios ha movilizado a un ejército de 4 mil 315 combatientes. Estos brigadistas, provenientes de la Conafor y de diversas instituciones, trabajan sin descanso para mitigar el avance del fuego y proteger tanto la biodiversidad como a las comunidades cercanas.

Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Durango y Sinaloa encabezan la lista de los estados más afectados. Cada día representa un reto para los equipos que luchan contra las llamas en terrenos escarpados, bajo altas temperaturas y condiciones que cambian rápidamente.

La Conafor ha logrado avances importantes en algunos puntos críticos. En Tepoztlán, Morelos, dentro del área natural protegida “El Tepozteco”, el incendio forestal que afecta al predio Santo Domingo Ocotitlán se encuentra con un 85% de liquidación, tras impactar preliminarmente 1,200 hectáreas. En la Autopista México-Cuernavaca, otro incendio ya se encuentra completamente controlado, con un 90% de liquidación sobre una superficie de 35 hectáreas.

Otro punto relevante se ubica entre Tlalnepantla, Morelos, y Milpa Alta, Ciudad de México, donde las Áreas Nacionales Protegidas Corredor Biológico Chichinautzin y El Tepozteco registran un control total y un 90% de liquidación, tras haber sido afectadas 240 hectáreas.

En Aramberri, Nuevo León, el predio Cañón de Vacas reporta un 95% de control y 90% de liquidación, con mil hectáreas afectadas. En Xilitla, San Luis Potosí, el avance del incendio ha sido contenido en un 85% y presenta un 70% de liquidación.

En el estado de Puebla, el municipio de Libres enfrenta un incendio con 900 hectáreas afectadas, y un progreso del 90% en el control del fuego. Por su parte, en los límites de Puebla y Tlaxcala, el área del Pico de Orizaba muestra avances, con un 80% de control y 60% de liquidación en una zona de mil 500 hectáreas.

La Conafor ha lanzado un llamado contundente a la población: evitar el uso del fuego en áreas forestales, no dejar basura y, especialmente, no arrojar colillas encendidas. También hizo hincapié en que la participación voluntaria en el combate a los incendios debe realizarse únicamente bajo condiciones seguras, con capacitación, equipo adecuado y dentro de brigadas organizadas.

En México, la temporada más crítica de incendios se extiende de enero a junio, especialmente en las regiones centro, norte, noreste, sur y sureste. En el noroeste del país, el riesgo se eleva de mayo a septiembre. La situación actual exige responsabilidad ciudadana y coordinación constante para evitar una mayor catástrofe ambiental.

Un operativo a gran escala ha asestado un golpe contundente contra el crimen organizado en México. Con la participación de las principales fuerzas de seguridad del país, se logró el decomiso de narcóticos, armamento y dinero en efectivo por un valor cercano a los 400 millones de pesos. 

Estas acciones, lideradas por la Estrategia Nacional de Seguridad, involucraron a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y diversas autoridades estatales. La coordinación entre estas instituciones permitió la detención de decenas de personas vinculadas con actividades ilícitas y la confiscación de toneladas de drogas.

Uno de los hallazgos más impactantes fue la intercepción de seis kilos de fentanilo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un paquete con destino a Nueva Jersey. Se estima que su valor en el mercado supera los 48.7 millones de pesos. En Sinaloa, el Ejército y la Guardia Nacional incautaron 140 kilos de metanfetamina, armamento y más de 4,000 cartuchos, con un valor de 42 millones de pesos.

Además, en Sonora, se aseguraron 10 kilos de metanfetamina junto con vehículos y armas de alto calibre. En los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, fueron destruidas más de 24 hectáreas de cultivos ilícitos, incluyendo plantíos de amapola y marihuana.

La lucha contra el tráfico de drogas también incluyó la incineración de más de cinco toneladas de cocaína en distintas localidades, destacando operativos en Culiacán, Michoacán e Isla Mujeres. En paralelo, las fuerzas de seguridad incautaron dinero en efectivo y cheques por millones de pesos en diversos cateos, además de desmantelar una toma clandestina de hidrocarburos en Guanajuato.

El impacto de estos decomisos no solo representa pérdidas millonarias para los grupos criminales, sino que también refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. La operación ha sido un claro mensaje de que la seguridad nacional sigue en pie de lucha para frenar estas actividades ilícitas.