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La contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno de Sinaloa incorporó este sábado a uno de los perfiles más cercanos al grupo político que ha gobernado la entidad en los últimos años. Omar Alejandro López Campos formalizó su registro después de renunciar a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable del estado.

El ahora aspirante no sólo formó parte del gabinete estatal. También fue suplente del senador Enrique Inzunza cuando éste solicitó licencia por dos días en mayo. Inzunza ha sido acusado por Estados Unidos de narcotráfico y de mantener vínculos con Los Chapitos.

López Campos es identificado además como ahijado político de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien también ha sido acusado en Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Su trayectoria en el servicio público se ha desarrollado de la mano de ambos políticos.

Antes de buscar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, el exfuncionario presentó su renuncia al gabinete estatal el viernes. Un día después se registró para competir en el proceso interno de Morena, PT y PVEM, donde al menos otros 15 morenistas buscan convertirse en el perfil que eventualmente dispute la gubernatura en 2027.

Arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, López Campos inició una parte de su carrera en el ISSSTE entre 2013 y 2017, cuando Rocha Moya ocupaba la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí encabezó un área de integración, evaluación y desarrollo educativo.

En 2024 volvió al gobierno estatal como subsecretario de Normatividad e Información Registral. Meses después, en octubre de 2025, Rocha Moya lo nombró secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, cargo que dejó para incorporarse a la disputa interna de Morena. El aspirante también es hijo de Eligio López Portillo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa.

Su registro se realizó durante el quinto día del proceso interno de la coalición Morena-PT-PVEM, correspondiente a Sinaloa y Tlaxcala. Entre los participantes también figuran la senadora con licencia Imelda Castro, el exalcalde de Ahome Gerardo Vargas, la diputada local con licencia Teresa Guerra y el diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos.

La amenaza que recibió la diputada local del PRI, Paola Gárate, escaló al punto de requerir protección de fuerzas federales y estatales. Tras la aparición de una corona fúnebre en su domicilio de Culiacán, la legisladora ya cuenta con medidas de seguridad implementadas por la Guardia Nacional, la Defensa y corporaciones de Sinaloa.

La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, informó que la solicitud de protección realizada por la diputada fue atendida por autoridades federales. Además, la Secretaría de Seguridad Pública estatal desplegó rondines de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda de la legisladora.

“Ella solicitó seguridad federal, esto lo cual ya se le está brindando por parte de Guardia Nacional, Defensa, incluso el día de hoy también reportó la Secretaría de Seguridad Pública del estado que ya se están dando rondines en su domicilio”, declaró la mandataria ante medios locales.

El reforzamiento de la seguridad ocurrió después de que Gárate denunciara públicamente que personas dejaron una corona fúnebre con la leyenda “Familia Gárate” frente a su residencia en la capital sinaloense. Luego de dar a conocer el hecho, la diputada exigió que la Fiscalía de Sinaloa realice una investigación seria y responsable para identificar a quienes colocaron el arreglo fúnebre.

Bonilla condenó las amenazas dirigidas contra la legisladora y respaldó la presentación de la denuncia ante las autoridades ministeriales. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el nivel de riesgo que enfrenta la diputada, al señalar que esa evaluación corresponde a las instancias encargadas de seguridad.

La gobernadora interina también precisó que no ha tenido comunicación directa con Gárate desde que ocurrieron los hechos, aunque afirmó que contará con el apoyo de su administración para que el caso sea esclarecido.

La amenaza ocurrió en un contexto en el que la diputada priista mantiene una postura crítica desde el Congreso de Sinaloa respecto a la situación de inseguridad y violencia que afecta al estado.

“Estoy en lucha. Mi miedo es el mismo que sienten todos los sinaloenses por los graves problemas de inseguridad que vivimos y que ninguna autoridad ha querido o sabido detener”, expresó la legisladora al denunciar públicamente el incidente.

La primera concentración multitudinaria encabezada por Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa se desarrolló en una jornada marcada por hechos violentos en Culiacán, donde horas antes se registró una riña en el penal de Aguaruto y posteriormente fueron reportadas quemas de vehículos en distintos puntos de la ciudad.

Pese a los incidentes, miles de personas se congregaron este domingo en la explanada del Palacio de Gobierno para participar en la convocatoria realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó un mensaje desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

De acuerdo con cifras del gobierno estatal, al encuentro asistieron 45 mil personas. Familias, jóvenes, militantes y simpatizantes acudieron al lugar para seguir el informe presidencial, en lo que representó el primer evento masivo de Bonilla desde que asumió la gubernatura de manera interina.

La actividad política ocurrió después de una mañana de tensión en la capital sinaloense. En el Centro Penitenciario de Aguaruto se registró una riña que dejó un saldo de una persona muerta y al menos siete lesionadas, según los reportes difundidos durante el día.

Más tarde, medios locales informaron sobre la quema de al menos dos vehículos. Uno de los casos fue reportado en el bulevar Rolando Arjona y otro frente a la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Las mismas versiones señalaron que un establecimiento comercial también habría resultado afectado en uno de estos hechos. Hasta el cierre de la jornada, las autoridades no habían proporcionado detalles sobre los incendios ni información adicional sobre las circunstancias en que ocurrieron.

La presencia de Bonilla en el acto público se produjo casi un mes después de haber sido nombrada gobernadora interina de Sinaloa. Su llegada al cargo ocurrió tras la solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya.

El mandatario con licencia es señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, situación que derivó en su separación temporal del gobierno estatal y en la designación de Bonilla al frente de la administración sinaloense.

Más de 20 días después de que Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa tras las acusaciones de narcotráfico lanzadas por Estados Unidos, la titular del DIF estatal, Eneyda Rocha Ruiz, dejó de aparecer públicamente en los eventos de la dependencia que encabeza.

La ausencia volvió a quedar expuesta este jueves durante el arranque del programa “Aquatón”, una de las actividades más representativas del Sistema DIF en Sinaloa, enfocada en recolectar agua potable para familias de colonias vulnerables afectadas por la escasez del recurso.

El evento se llevó a cabo en un centro de acopio instalado junto al Palacio de Gobierno y fue encabezado por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde. La directora del DIF no asistió.

Desde el 1 de mayo, fecha en que Rocha Moya pidió licencia al cargo en medio de los señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, Eneyda Rocha no ha participado en actos públicos ni ha realizado publicaciones en redes sociales relacionadas con las actividades del organismo.

La última vez que apareció en un evento oficial fue el 30 de abril, durante la celebración del Día del Niño organizada por el DIF en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

Hasta antes de la crisis política que rodea a su padre, Rocha Ruiz mantenía presencia constante en las actividades de asistencia social y acostumbraba difundir fotografías con beneficiarios de programas oficiales en su cuenta de Facebook. Pese a su ausencia, la gobernadora interina aseguró días atrás que Eneyda Rocha permanecerá al frente del DIF estatal.

El contexto ocurre mientras continúan las repercusiones por las acusaciones contra Rocha Moya. Además de los señalamientos hechos por Estados Unidos, el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, declaró a Latinus que José Jesús Rocha Ruiz y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del exmandatario, forman parte de una estructura que, según afirmó, opera mediante empresas beneficiadas con recursos públicos y contratos entregados sin licitación.

La familia Rocha ya había estado bajo atención pública desde septiembre de 2025, cuando la hija de Eneyda Rocha sobrevivió a un ataque armado en Culiacán, en medio de la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

“En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, declaró entonces Rocha Moya.

En medio de las investigaciones y acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa contra funcionarios estatales, la Novena Zona Militar tendrá un relevo en su estructura de mando. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde confirmó que el general de brigada Julio César Islas Sánchez asumirá la comandancia en sustitución de Santos Gerardo Soto.

El anuncio ocurre días después de que los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa se entregaran a autoridades de Estados Unidos, tras los señalamientos por narcotráfico realizados por el gobierno de Donald Trump. En ese mismo contexto también fue mencionado el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Aunque el nombramiento ya fue confirmado, Bonilla Valverde explicó que el nuevo jefe militar todavía no entra en funciones porque aún no se define la fecha de la toma de protesta.

“¿A qué se debió el cambio?: No nos informaron cuál es el cambio, pero regularmente el Ejército es de la manera en que ellos trabajan, permanecen unos meses aquí y hacen movimientos después en los mandos”, declaró la mandataria en entrevista con medios locales.

La gobernadora interina insistió en que desconoce las razones específicas detrás de la sustitución en la Novena Zona Militar, una de las principales estructuras operativas del Ejército en el estado.

Mientras se concreta el relevo, el gobierno estatal aseguró que mantendrá coordinación con la Federación y reforzará las acciones de seguridad en Sinaloa.

El ajuste militar se suma a la presión política y de seguridad que enfrenta la administración estatal desde que autoridades estadounidenses vincularon a funcionarios sinaloenses con actividades relacionadas con el narcotráfico.

En días previos, Bonilla Valverde también se deslindó del nombramiento del general Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública estatal. La mandataria afirmó que la designación no correspondió a Rubén Rocha Moya, sino directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Debe aclararse que el general Mérida no fue una decisión del exgobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, que lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública del estado”, afirmó. El Gabinete de Seguridad confirmó el viernes que el general en retiro se entregó a autoridades estadounidenses el lunes 11 de mayo.

En Palacio Nacional se registró este jueves la presencia de mandatarios estatales de Morena y partidos aliados en una reunión encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que participaron gobernadores en funciones y la representación interina de Sinaloa.

Entre los asistentes estuvieron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el de Puebla, Alejandro Armenta; el de Sonora, Alfonso Durazo; el de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; la de Quintana Roo, Mara Lezama; la de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el de Tabasco, Javier May; y el de Tamaulipas, Américo Villarreal.

A ellos se sumó Yeraldine Bonilla, quien actualmente ocupa el cargo de gobernadora interina de Sinaloa tras la solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya ante el Congreso local hace unos días.

La reunión se produjo en un contexto marcado por la difusión, en días recientes, de una acusación formal presentada en un tribunal federal de Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de Sinaloa. Los señalamientos los vinculan con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción identificada como “Los Chapitos”.

Según la fiscalía estadounidense, dicha facción habría intervenido en la contienda electoral de junio de 2021 mediante acciones como el secuestro e intimidación de rivales políticos, además del robo de urnas durante la jornada de votación, con el objetivo de favorecer a Rocha Moya en su triunfo para la gubernatura.

En este mismo escenario, funcionarios de Estados Unidos han advertido que podrían continuar las acusaciones contra autoridades mexicanas. El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, junto con el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, han planteado la posibilidad de nuevas denuncias en los próximos meses.

Durante una audiencia en el Senado estadounidense, Terrance Cole afirmó: “Ellos son igual de responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y llegue a nuestro país. Puedo asegurar que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”.

Por separado, algunos de los gobernadores que asistieron a la reunión señalaron que el encuentro tuvo como objetivo la revisión de avances en materia de salud pública y del sistema IMSS Bienestar, sin que se detallaran otros puntos de la agenda tratada en Palacio Nacional.

La Fiscalía General de la República informó que la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa activa y negó que las líneas abiertas en México tengan relación con el proceso iniciado en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la dependencia federal señaló que las indagatorias sobre el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa permanecen bajo responsabilidad de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

La institución precisó que el expediente no ha sido archivado ni suspendido, y sostuvo que la integración del caso sigue en curso a casi dos años de los hechos ocurridos en 2024.

“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune”, indicó la fiscalía.

El caso tomó relevancia nacional luego de que en octubre de 2024 la FGR confirmara que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en una finca ubicada en Huertos del Pedregal. La conclusión federal contradijo la versión inicial presentada por la fiscalía de Sinaloa, que había sostenido que el ataque ocurrió en una gasolinera.

La investigación federal se apoyó en el hallazgo de restos de sangre dentro de la propiedad y en el análisis temporal de un video grabado en una estación de servicio y difundido localmente, el cual, según la FGR, fue registrado horas después del homicidio.

Previo a ello, Ismael “El Mayo” Zambada había asegurado en una carta que el exrector fue asesinado en la finca señalada por las autoridades federales. La misiva fue difundida el 10 de agosto de 2024, semanas después de la captura del líder criminal en Estados Unidos.

En el documento, Zambada afirmó que fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien supuestamente lo convocó a una reunión en la que participarían Rubén Rocha Moya y el entonces diputado electo Héctor Melesio Cuén.

El gobernador sinaloense fue posteriormente señalado junto con otros nueve exfuncionarios por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las acusaciones, podrían enfrentar condenas de hasta 40 años de prisión.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó cambios en cargos clave de la institución luego de la salida de Dámaso Castro Saavedra, quien dejó la Vicefiscalía General tras solicitar licencia en medio de señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

La fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, tomó protesta a José Roberto Quiñónez Coronado como nuevo encargado de la Vicefiscalía General de la entidad, posición que ocupaba Castro Saavedra antes de separarse del cargo.

Ese mismo miércoles también fue nombrada Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro, de acuerdo con un comunicado oficial difundido por la dependencia.

En el documento, la Fiscalía indicó que Sánchez Kondo pidió a los nuevos funcionarios conducirse bajo criterios de legalidad y profesionalismo durante el desempeño de sus funciones.

“La Fiscal General exhortó a las personas designadas a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a realizar, de manera conjunta, el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia en la entidad, contribuyendo al Estado de Derecho y a la seguridad de las y los sinaloenses”, señala el comunicado.

La salida de Dámaso Castro Saavedra ocurre después de que el pasado 28 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara sobre el inicio de una investigación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el entonces vicefiscal, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En medio de episodios recientes de violencia en Sinaloa, el gobierno federal confirmó que el exmandatario estatal Rubén Rocha Moya cuenta actualmente con un esquema de protección asignado por autoridades federales, aunque no existen indicios de amenazas en su contra.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló desde Culiacán —durante una conferencia realizada en la Novena Zona Militar con integrantes del Gabinete de Seguridad— que la medida responde a evaluaciones preventivas y no a alertas específicas de riesgo.

“El servicio de protección federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad hace evaluaciones de riesgo constantemente algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad no es ningún dispositivo grande son pocos elementos”, explicó.

El funcionario subrayó que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense y dejó claro que no hay información de inteligencia que apunte a un posible ataque. “No tenemos ningún indicio, ni ningún dato de qué —Rocha Moya— pueda hacer atacado o siquiera tenga alguna amenaza”, afirmó.

La decisión de asignarle escoltas se tomó en función de su condición como exgobernador y del contexto de violencia que se ha registrado en la entidad. Además, García Harfuch puntualizó que el político no cuenta con fuero.

En el mismo encuentro participaron el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

Respecto a la situación de seguridad en el estado, el secretario reconoció que en las últimas 48 horas se contabilizaron al menos 11 homicidios desde la llegada de Bonilla Valverde al cargo, aunque descartó que exista un repunte sostenido en la violencia a nivel federal.

Detalló que los casos recientes incluyeron nueve asesinatos en un día —entre ellos un doble homicidio en Mazatlán, uno en Navolato y seis en Culiacán— y precisó que la mayoría de los hechos están vinculados con actividades de narcomenudeo. Añadió que estos eventos ya fueron revisados por el gabinete y se atienden en coordinación con la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no procederá con la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de otros nueve funcionarios señalados por autoridades estadounidenses, al considerar insuficientes las pruebas enviadas para sustentar la solicitud.

De acuerdo con Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió la detención provisional con fines de extradición en el marco de una investigación en curso. 

Sin embargo, la FGR determinó que los elementos proporcionados por el gobierno estadounidense no cumplen con los requisitos necesarios para ejecutar una captura.

En paralelo a este posicionamiento, Rocha Moya anunció este viernes que solicitó licencia temporal al cargo ante el Congreso local. En un mensaje difundido por el gobierno estatal, el mandatario explicó que su decisión busca facilitar las indagatorias en su contra.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador. Mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, señaló.

El gobernador también afirmó que no permitirá que su situación sea utilizada para afectar al movimiento político al que pertenece.

La medida ocurre dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer una acusación formal en su contra por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego. En ese mismo documento, las autoridades estadounidenses vinculan a Rocha Moya con la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes atribuyen acciones para favorecer su llegada al poder.

Según la acusación, dicho grupo habría intervenido en el proceso electoral mediante el robo de urnas con votos de sus opositores, así como la intimidación y el secuestro de rivales políticos.

Tras la solicitud de licencia, el Congreso de Sinaloa fue convocado a una sesión extraordinaria la noche del viernes para dar trámite al documento y definir quién asumirá el Ejecutivo estatal de manera interina. Entre las opciones, se contempla que la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, sea designada para ocupar el cargo temporalmente.