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En Palacio Nacional se registró este jueves la presencia de mandatarios estatales de Morena y partidos aliados en una reunión encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que participaron gobernadores en funciones y la representación interina de Sinaloa.

Entre los asistentes estuvieron la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el de Puebla, Alejandro Armenta; el de Sonora, Alfonso Durazo; el de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; la de Quintana Roo, Mara Lezama; la de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el de Tabasco, Javier May; y el de Tamaulipas, Américo Villarreal.

A ellos se sumó Yeraldine Bonilla, quien actualmente ocupa el cargo de gobernadora interina de Sinaloa tras la solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya ante el Congreso local hace unos días.

La reunión se produjo en un contexto marcado por la difusión, en días recientes, de una acusación formal presentada en un tribunal federal de Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios de Sinaloa. Los señalamientos los vinculan con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción identificada como “Los Chapitos”.

Según la fiscalía estadounidense, dicha facción habría intervenido en la contienda electoral de junio de 2021 mediante acciones como el secuestro e intimidación de rivales políticos, además del robo de urnas durante la jornada de votación, con el objetivo de favorecer a Rocha Moya en su triunfo para la gubernatura.

En este mismo escenario, funcionarios de Estados Unidos han advertido que podrían continuar las acusaciones contra autoridades mexicanas. El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, junto con el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, han planteado la posibilidad de nuevas denuncias en los próximos meses.

Durante una audiencia en el Senado estadounidense, Terrance Cole afirmó: “Ellos son igual de responsables de la muerte y destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y llegue a nuestro país. Puedo asegurar que esto es sólo el comienzo de lo que está por venir en México”.

Por separado, algunos de los gobernadores que asistieron a la reunión señalaron que el encuentro tuvo como objetivo la revisión de avances en materia de salud pública y del sistema IMSS Bienestar, sin que se detallaran otros puntos de la agenda tratada en Palacio Nacional.

La Fiscalía General de la República informó que la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa activa y negó que las líneas abiertas en México tengan relación con el proceso iniciado en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la dependencia federal señaló que las indagatorias sobre el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa permanecen bajo responsabilidad de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

La institución precisó que el expediente no ha sido archivado ni suspendido, y sostuvo que la integración del caso sigue en curso a casi dos años de los hechos ocurridos en 2024.

“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune”, indicó la fiscalía.

El caso tomó relevancia nacional luego de que en octubre de 2024 la FGR confirmara que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en una finca ubicada en Huertos del Pedregal. La conclusión federal contradijo la versión inicial presentada por la fiscalía de Sinaloa, que había sostenido que el ataque ocurrió en una gasolinera.

La investigación federal se apoyó en el hallazgo de restos de sangre dentro de la propiedad y en el análisis temporal de un video grabado en una estación de servicio y difundido localmente, el cual, según la FGR, fue registrado horas después del homicidio.

Previo a ello, Ismael “El Mayo” Zambada había asegurado en una carta que el exrector fue asesinado en la finca señalada por las autoridades federales. La misiva fue difundida el 10 de agosto de 2024, semanas después de la captura del líder criminal en Estados Unidos.

En el documento, Zambada afirmó que fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien supuestamente lo convocó a una reunión en la que participarían Rubén Rocha Moya y el entonces diputado electo Héctor Melesio Cuén.

El gobernador sinaloense fue posteriormente señalado junto con otros nueve exfuncionarios por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las acusaciones, podrían enfrentar condenas de hasta 40 años de prisión.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó cambios en cargos clave de la institución luego de la salida de Dámaso Castro Saavedra, quien dejó la Vicefiscalía General tras solicitar licencia en medio de señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

La fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, tomó protesta a José Roberto Quiñónez Coronado como nuevo encargado de la Vicefiscalía General de la entidad, posición que ocupaba Castro Saavedra antes de separarse del cargo.

Ese mismo miércoles también fue nombrada Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro, de acuerdo con un comunicado oficial difundido por la dependencia.

En el documento, la Fiscalía indicó que Sánchez Kondo pidió a los nuevos funcionarios conducirse bajo criterios de legalidad y profesionalismo durante el desempeño de sus funciones.

“La Fiscal General exhortó a las personas designadas a desempeñar sus funciones con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y a realizar, de manera conjunta, el mayor esfuerzo para fortalecer la procuración de justicia en la entidad, contribuyendo al Estado de Derecho y a la seguridad de las y los sinaloenses”, señala el comunicado.

La salida de Dámaso Castro Saavedra ocurre después de que el pasado 28 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos informara sobre el inicio de una investigación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, entre ellos el entonces vicefiscal, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En medio de episodios recientes de violencia en Sinaloa, el gobierno federal confirmó que el exmandatario estatal Rubén Rocha Moya cuenta actualmente con un esquema de protección asignado por autoridades federales, aunque no existen indicios de amenazas en su contra.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló desde Culiacán —durante una conferencia realizada en la Novena Zona Militar con integrantes del Gabinete de Seguridad— que la medida responde a evaluaciones preventivas y no a alertas específicas de riesgo.

“El servicio de protección federal que pertenece a la Secretaría de Seguridad hace evaluaciones de riesgo constantemente algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad no es ningún dispositivo grande son pocos elementos”, explicó.

El funcionario subrayó que Rocha Moya permanece en territorio sinaloense y dejó claro que no hay información de inteligencia que apunte a un posible ataque. “No tenemos ningún indicio, ni ningún dato de qué —Rocha Moya— pueda hacer atacado o siquiera tenga alguna amenaza”, afirmó.

La decisión de asignarle escoltas se tomó en función de su condición como exgobernador y del contexto de violencia que se ha registrado en la entidad. Además, García Harfuch puntualizó que el político no cuenta con fuero.

En el mismo encuentro participaron el titular de Marina, Raymundo Pedro Morales; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.

Respecto a la situación de seguridad en el estado, el secretario reconoció que en las últimas 48 horas se contabilizaron al menos 11 homicidios desde la llegada de Bonilla Valverde al cargo, aunque descartó que exista un repunte sostenido en la violencia a nivel federal.

Detalló que los casos recientes incluyeron nueve asesinatos en un día —entre ellos un doble homicidio en Mazatlán, uno en Navolato y seis en Culiacán— y precisó que la mayoría de los hechos están vinculados con actividades de narcomenudeo. Añadió que estos eventos ya fueron revisados por el gabinete y se atienden en coordinación con la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no procederá con la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni de otros nueve funcionarios señalados por autoridades estadounidenses, al considerar insuficientes las pruebas enviadas para sustentar la solicitud.

De acuerdo con Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió la detención provisional con fines de extradición en el marco de una investigación en curso. 

Sin embargo, la FGR determinó que los elementos proporcionados por el gobierno estadounidense no cumplen con los requisitos necesarios para ejecutar una captura.

En paralelo a este posicionamiento, Rocha Moya anunció este viernes que solicitó licencia temporal al cargo ante el Congreso local. En un mensaje difundido por el gobierno estatal, el mandatario explicó que su decisión busca facilitar las indagatorias en su contra.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador. Mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, señaló.

El gobernador también afirmó que no permitirá que su situación sea utilizada para afectar al movimiento político al que pertenece.

La medida ocurre dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer una acusación formal en su contra por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego. En ese mismo documento, las autoridades estadounidenses vinculan a Rocha Moya con la facción conocida como “Los Chapitos”, a quienes atribuyen acciones para favorecer su llegada al poder.

Según la acusación, dicho grupo habría intervenido en el proceso electoral mediante el robo de urnas con votos de sus opositores, así como la intimidación y el secuestro de rivales políticos.

Tras la solicitud de licencia, el Congreso de Sinaloa fue convocado a una sesión extraordinaria la noche del viernes para dar trámite al documento y definir quién asumirá el Ejecutivo estatal de manera interina. Entre las opciones, se contempla que la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, sea designada para ocupar el cargo temporalmente.

La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que la divulgación de la acusación presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, podría comprometer un eventual proceso de extradición.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, señaló en un mensaje difundido en redes sociales que el señalamiento emitido por el gobierno de Donald Trump carece de elementos probatorios suficientes. Subrayó que hacer pública esa información con fines distintos a los legales puede vulnerar la confidencialidad de los procesos penales en Estados Unidos y contravenir sus normas procesales.

“Solamente se conducirá la extradición si se termina que las pruebas son fuentes conforme a las leyes de la parte requerida en ese caso de nuestro país”, indicó. Más tarde, en conferencia de prensa, reiteró que cualquier procedimiento de extradición dependerá de la existencia de pruebas y de un juicio político previo contra el mandatario estatal.

Las declaraciones de la FGR se dan en el contexto de una investigación abierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluye a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, quienes podrían enfrentar cadena perpetua por los delitos imputados.

De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, el Cártel de Sinaloa —en particular el grupo conocido como Los Chapitos— habría intervenido en el proceso electoral de 2021 mediante el robo de boletas para favorecer al entonces candidato de Morena, hoy gobernador. El documento también sostiene que integrantes del grupo criminal secuestraron e intimidaron a aspirantes de oposición.

“A cambio (de estas acciones) en múltiples ocasiones, antes y después de asumir el cargo de gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros dirigentes del cártel”, señala el escrito. En esos encuentros, añade, el mandatario se habría comprometido a respaldar operaciones relacionadas con el narcotráfico como parte de un supuesto acuerdo.

“Tal como prometió, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de Los Chapitos, Rocha Moya ha permitido que estos operen con impunidad en el estado”, afirma el documento. Además, se le atribuye haber facilitado la colocación de funcionarios afines al grupo criminal en cargos dentro del gobierno estatal y corporaciones policiales.

Entre los señalados por las autoridades estadounidenses figuran también el senador Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, todos vinculados al partido Morena.

La solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios ya está en manos de autoridades mexicanas, aunque sin respaldo probatorio, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la Cancillería, los documentos enviados por la Embajada estadounidense fueron recibidos el martes a las 18:00 horas y analizados bajo el marco del Tratado de Extradición bilateral. Tras la revisión jurídica, la dependencia concluyó que la petición carece de elementos de prueba que sustenten las acusaciones.

“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la SRE en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba”, señaló la Secretaría en un comunicado oficial.

Pese a ello, el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, instancia que determinará si existen indicios que permitan avanzar en el caso contra los señalados, todos vinculados políticamente a Morena.

El posicionamiento de la SRE se da después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública la acusación formal contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros actores políticos del estado.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los implicados mantienen presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.

En paralelo, la Cancillería mexicana anunció que enviará un extrañamiento diplomático al gobierno encabezado por el presidente Donald Trump, debido a la forma en que se difundió públicamente la acusación antes de concluir los procesos correspondientes entre ambas naciones.

El caso se encuentra ahora en etapa de revisión por parte de la FGR, que deberá definir si hay bases legales y probatorias para dar curso a la solicitud internacional.

En entrevista con medios locales, el morenista informó que ya sostuvo comunicación con la presidenta Claudia Sheinbuam y le mostró su apoyo tras las acusaciones por parte del gobierno de Trump.

“¿Hay apoyo de parte de ella a su Sí, claro, persona por supuesto. ¿Va va a permanecer aquí en Sinaloa, gobernador?, sí, por supuesto, trabajando aquí, entrando y saliendo acá y yendo al a a desempeñar mi trabajo”, dijo el morenista.

Además dijo que no estaba enterado de las acusaciones en su contra y fue por el comunicado del Departamento de Justicia que tuvo conocimiento del tema.

A más de un año de las elecciones intermedias de 2027, el Movimiento Regeneración Nacional puso en marcha una estrategia de reorganización territorial a nivel nacional con la instalación de 2 mil 53 Consejos Municipales, una estructura que busca reforzar la coordinación interna del partido y consolidar su presencia en todo el país.

El arranque de este despliegue comenzó este sábado con la instalación inicial de 260 Consejos Municipales distribuidos en 5 mil 839 secciones electorales. La operación forma parte de un plan que se extenderá hasta el 31 de mayo, con excepción de los fines de semana del 4 y 5 de abril, así como del 9 y 10 de mayo, fechas en las que se suspenderán temporalmente las actividades.

La dirigencia nacional del partido explicó que estos nuevos órganos estarán integrados por las Presidencias y Secretarías de los 71 mil 541 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación. Entre sus principales funciones se encuentran la promoción de los principios del movimiento, la defensa del voto durante los procesos electorales, la distribución del periódico Regeneración, la organización de actividades de formación política y el impulso a la afiliación partidista.

Este movimiento organizativo ocurre meses antes del inicio formal del proceso electoral, previsto para septiembre de 2026, cuando el Instituto Nacional Electoral comience la preparación de los comicios federales y locales programados para 2027.

Como parte del arranque, la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, encabezó la instalación del Consejo Municipal en Chalco, Estado de México. De manera paralela, la secretaria general, Carolina Rangel Gracida, participó en la conformación del órgano correspondiente en Sahuayo, Michoacán.

La creación de estos Consejos Municipales se deriva del acuerdo aprobado durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del partido, celebrada el pasado 7 de marzo, donde se definió el inicio de esta etapa organizativa con el objetivo de consolidar lo que la dirigencia denomina como “Partido-Movimiento”.

El despliegue territorial se enfoca en la preparación de los comicios en 17 entidades donde se renovarán cargos de elección popular. Los estados contemplados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Además, en Veracruz se renovarán únicamente el Congreso local y los ayuntamientos, mientras que en Durango solo se elegirá el Congreso estatal, debido a que los procesos municipales se realizaron previamente en 2025.

La instalación escalonada de los Consejos Municipales representa la primera movilización territorial del partido rumbo a los comicios intermedios, con el objetivo de reforzar su estructura organizativa y coordinar a sus comités seccionales en todo el país.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa formalizó este lunes un cambio en su estructura al tomar protesta a un nuevo titular, marcando así un nuevo relevo dentro del área encargada de la seguridad en la entidad. Con este movimiento, el gobierno estatal suma un cuarto nombramiento en esa dependencia durante la actual administración encabezada por Rubén Rocha Moya.

El acto protocolario se llevó a cabo con la participación de mandos militares y autoridades de seguridad, quienes atestiguaron la designación del nuevo responsable. La dependencia estatal confirmó que el cambio se realizó de manera oficial a través de un comunicado, en el que se detalló la entrada en funciones inmediata del nuevo secretario.

El cargo ahora es ocupado por el general brigadier Sinuhé Téllez López, un militar activo con una trayectoria prolongada dentro de las fuerzas armadas. Antes de asumir esta responsabilidad, se desempeñaba como comandante del 110 Batallón de Infantería, unidad con sede en el municipio de San Ignacio, desde donde coordinaba operaciones y labores estratégicas propias del ámbito militar.

Como parte de sus funciones previas, Téllez López tenía bajo su mando la conducción operativa de personal militar, así como la ejecución de tareas relacionadas con la seguridad y vigilancia en su zona de adscripción. Su experiencia en estructuras castrenses es el perfil con el que ahora asume la titularidad de la secretaría estatal.

La toma de protesta contó con la presencia del comandante de la Tercera Región Militar, el general de División Héctor Ávila Alcolcer, así como del general Óscar Rentería Schazarino, quien deja el cargo tras permanecer un año y dos meses al frente de la dependencia y se reincorpora a sus actividades dentro del Ejército.

También asistieron el comandante de la Novena Zona Militar, el general de brigada Santos Gerardo Soto; el capitán de Navío Francisco Baltazar Aragón, en representación de la Cuarta Región Naval; y el general Julices Julián Tadeo González Calzada, coordinador de la Guardia Nacional en la entidad.

Este relevo se suma a una serie de cambios en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal durante el actual gobierno. Antes de Rentería Schazarino, el puesto fue ocupado por Gerardo Mérida Sánchez, quien renunció tras poco más de un año en funciones, luego de haber sustituido a Cristóbal Castañeda Camarillo.

Con este nombramiento, el gobierno estatal concreta un nuevo ajuste en la conducción de la seguridad pública, colocando a un perfil militar al frente de la estrategia en Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, a un año y siete meses de la detención de Ismael Zambada García, autoridades de Estados Unidos no han esclarecido completamente las circunstancias en las que ocurrió su arresto en Nuevo México. Durante una conferencia en Sinaloa, la mandataria señaló que la falta de claridad sobre ese hecho coincide con el incremento de la violencia en la entidad.

“Nunca quedó claro qué fue lo que pasó y a partir de ahí se incrementa la violencia”, expresó la presidenta, al referirse al traslado del líder criminal a territorio estadounidense. Añadió que el enfoque del gobierno federal se mantiene en la protección de la población y en la implementación de estrategias orientadas a reducir la impunidad y atender las causas estructurales de la violencia.

En el mismo acto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que los homicidios en Sinaloa han disminuido 50% desde junio de 2025. No obstante, en contraste con esa reducción, las lesiones provocadas por arma de fuego registraron un incremento de 36.1% en el estado. Las autoridades federales no presentaron cifras actualizadas sobre desapariciones, pese a que este delito ha tenido presencia relevante en la entidad en meses recientes.

Sheinbaum también destacó indicadores relacionados con la actividad económica y turística, particularmente en Mazatlán, donde señaló que el desarrollo de eventos como el carnaval impulsó la ocupación hotelera. Indicó que el hotel donde se hospedó reportó prácticamente lleno, con presencia significativa de visitantes internacionales.

Ismael Zambada, de 77 años, es identificado como cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera. Fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, en Estados Unidos. Posteriormente, el propio Zambada aseguró mediante una carta que fue engañado y llevado a ese país en contra de su voluntad.

Según esa versión, Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio, lo citó a una reunión en Sinaloa en la que presuntamente estarían presentes el gobernador Rubén Rocha Moya y el exfuncionario Héctor Melesio Cuén para abordar un conflicto político. Sin embargo, al encontrarse en privado, hombres armados ingresaron al sitio, lo sometieron y lo trasladaron a una pista aérea, donde fue obligado a abordar una avioneta con destino a Estados Unidos.

El traslado incluyó el uso de sedantes, de acuerdo con el relato difundido posteriormente. La detención del líder criminal marcó un punto relevante en el contexto de seguridad regional, mientras autoridades mexicanas continúan señalando la necesidad de esclarecer plenamente el proceso que derivó en su captura y traslado internacional.