Operación Paricutín: El despliegue federal que redefine la estrategia contra el crimen en Michoacán

La mañana en la XXI Zona Militar de Morelia inició con un despliegue inusual de coordinación federal y estatal. A bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, arribaron para encabezar la primera reunión en Michoacán dedicada a afinar la ofensiva contra al menos doce cárteles con presencia activa en la entidad. Junto a ellos participó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado de alcaldes y del fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, quienes sumaron diagnósticos locales para delinear la estrategia operativa.

La reunión se desarrolló como parte de la “Operación Paricutín”, integrada al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una iniciativa impulsada desde el gobierno federal como respuesta a la tensión social generada tras el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, el primero de noviembre. El encuentro permitió revisar información actualizada sobre las zonas de influencia criminal y establecer un esquema de intervención articulado entre los tres niveles de gobierno.

Durante la sesión se confirmó que la ofensiva abarcará a todos los grupos identificados en el estado. Entre ellos destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Blancos de Troya, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de Los Reyes, así como organizaciones regionales como el Cártel de Aquila, el de Acahuato, el de Coahuayana, el de Zicuirán o del Migueladas, Pueblos Unidos, Los Correa, el llamado Cártel X y Los Lolos, entre otros. Esta información provino de análisis realizados por el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal, cuyos mapas criminales han permitido trazar rutas de operación y puntos críticos de cada agrupación.

Una vez concluida la reunión en Morelia, García Harfuch y Trevilla Trejo se prepararon para trasladarse nuevamente en helicóptero hacia Uruapan, donde continuaría la agenda con un encuentro junto a Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa sustituta y viuda del edil asesinado. Este paso buscó reforzar la coordinación directa con el municipio, considerado una de las zonas clave dentro del plan de seguridad.

El despliegue militar y de fuerzas federales ya se encuentra en marcha. Más de doce mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido movilizados en Michoacán. La operación utiliza equipos especializados como aeronaves no tripuladas, vehículos tácticos blindados, helicópteros, buques, unidades desminadoras y tecnología antidrones explosivos, permitiendo acciones simultáneas en diversas regiones del estado.

La “Operación Paricutín” quedó definida como una estrategia de intervención coordinada, con presencia permanente y despliegues consecutivos enfocados en recuperar control territorial y estabilizar regiones afectadas por la disputa criminal. La reunión de este jueves consolidó la base operativa para una ofensiva de gran escala que busca restablecer condiciones de seguridad para la población michoacana.

Diputados avalan que Senado ratifique grados de la Guardia Nacional por incongruencia normativa

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 27 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la minuta que faculta al Senado de la República a ratificar los grados de coroneles y mandos superiores de la Guardia Nacional. El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su inclusión en la agenda del pleno.

La propuesta de reforma se centra en armonizar el marco constitucional tras la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024. El documento precisa que la Constitución ya contempla la ratificación de mandos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que dejar fuera a la Guardia Nacional generaría una “incongruencia normativa” al situarla en un régimen excepcional.

El proyecto, enviado previamente por el Senado, incluye ajustes de lenguaje incluyente. En las disposiciones se sustituye la referencia al “presidente de la República” por la “persona titular de la Presidencia de la República”, buscando visibilizar al género femenino en atribuciones como la política exterior, la aprobación de tratados y los nombramientos de funcionarios federales.

Durante la sesión, el priista Alejandro Domínguez señaló un error en el dictamen relacionado con la redacción del artículo 76 en su fracción quinta. Explicó que la versión enviada mencionaba que “esta disposición se regirá por las constituciones de las entidades federativas”, lo que fue atendido como fe de erratas. El diputado morenista Godoy Rangel confirmó que la corrección fue solicitada por legisladores del PRI y se incorporó antes de la votación.

La discusión estuvo marcada por las posturas en contra del PAN y del PRI, que coincidieron en advertir sobre la militarización del país. La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá adelantó el voto en contra de su bancada al considerar que el proceso se llevó con prisas y sin análisis previo. “No vamos a avalar una reforma que parece sencilla, pero que sigue lastimando gravemente a nuestro país”, expresó. Subrayó además que el artículo 21 constitucional establece a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, aunque actualmente depende de la Sedena.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, también se pronunció contra la reforma. Acusó al oficialismo de un “falso feminismo” al priorizar cambios de redacción por género en lugar de atender recortes presupuestales en áreas clave. “Han corrompido una institución que tenía el respeto de las y los mexicanos”, declaró, al tiempo que señaló violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de la Guardia Nacional en diversas regiones del país.

Desde el PRI, Alejandro Domínguez reiteró: “Esta no es la ruta, la militarización no es la vía, vamos a tener resultados fatales como los que tenemos ahora”. Citó como ejemplo las recientes polémicas relacionadas con elementos de la Marina y el combate al huachicol, advirtiendo que estas decisiones restan credibilidad a instituciones en las que la sociedad había depositado confianza.

La reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca dar coherencia jurídica a la ratificación de mandos militares y civiles en el marco de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pero abrió un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la militarización del país.

Refuerzan seguridad en Sinaloa: Sedena despliega 90 elementos de Fuerzas Especiales

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó este domingo a 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en la ciudad de Culiacán. El operativo responde a los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal ante el conflicto entre grupos criminales que operan en la entidad.

Los militares partieron a las 11:35 horas desde la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Su destino: integrarse a las acciones de seguridad en el territorio sinaloense bajo el mando de la Novena Zona Militar.

Este nuevo contingente se suma a las unidades de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas que llegaron a Sinaloa el pasado 22 de julio, como parte de una estrategia de contención y combate a la criminalidad en puntos clave del estado.

En un comunicado, la Sedena explicó que la misión de los elementos enviados es colaborar con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer el Estado de derecho e inhibir actividades delictivas en la región. La movilización se enmarca dentro del despliegue nacional permanente que mantiene el Ejército en apoyo a las tareas de seguridad pública.

La llegada de estos refuerzos coincide con la visita del Gabinete de Seguridad al estado, realizada también el domingo. Durante la jornada, los titulares de las principales instituciones de seguridad federal presentaron un informe detallado sobre los resultados recientes de las operaciones implementadas.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que, en los últimos nueve meses, las autoridades han logrado la detención de casi mil 500 personas vinculadas a actividades delictivas en la entidad. Además, se han asegurado más de tres mil armas de fuego, lo que representa uno de los mayores decomisos a nivel nacional en el mismo periodo.

Las medidas forman parte de un plan integral de respuesta ante la disputa entre grupos criminales, que ha generado episodios de violencia en distintas zonas del estado. Con esta nueva fase de despliegue, el gobierno federal busca restablecer la seguridad y confianza ciudadana, así como garantizar el desarrollo normal de la vida pública en Sinaloa.

El operativo militar en Culiacán es reflejo de la estrategia nacional que prioriza la presencia territorial, inteligencia táctica y cooperación interinstitucional como ejes centrales en el combate a la inseguridad.

Hernán Bermúdez, exjefe de Seguridad en Tabasco, bajo investigación por presuntos nexos con el CJNG

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que desde 2024 el gobierno federal tenía indicios sobre los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con organizaciones criminales. La información se basaba en notas periodísticas e informes recabados a nivel local.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Tabasco inició una carpeta de investigación formal y, en febrero de 2025, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Bermúdez Requena, también identificado como “El Comandante H”, está acusado de liderar una célula criminal conocida como “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 fue realizado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, en representación del partido Morena. De acuerdo con información de inteligencia, los presuntos vínculos del exfuncionario con actividades criminales se remontan a 1999. Incluso, habría sido arrestado en 2006 en relación con la ejecución de un ganadero, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre ese episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha mantenido una colaboración activa con las autoridades del estado para avanzar en las investigaciones en torno a Bermúdez. Subrayó que cualquier procedimiento judicial debe sustentarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”, expresó.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia: “No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

 En contraste, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, desestimó los informes divulgados en el marco del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en octubre de 2022. Los documentos filtrados incluían menciones sobre la presunta relación de Bermúdez con el crimen organizado. No obstante, Trevilla subrayó que esta información no puede considerarse oficial. “No se puede informar algo que no está comprobado”, aclaró, en respuesta a si dichos datos llegaron al conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación continúa en curso, mientras los vínculos del exjefe policiaco con organizaciones criminales mantienen bajo la lupa la operación de las instituciones de seguridad en el estado y reavivan el debate sobre el acceso y uso de la inteligencia en procesos judiciales.

México endurece reglas: Cárcel por explosivos caseros y armas modificadas

El Senado de la República cerró su periodo ordinario con un golpe firme al crimen. Con 105 votos a favor y el respaldo de todas las bancadas, aprobó reformas clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, enfocadas en fortalecer el control de armas, explosivos y sustancias relacionadas en todo el país. El dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación oficial en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva reforma marca un antes y un después en la legislación mexicana. Se fija una pena de prisión de 20 años a toda persona que fabrique, transporte, posea, porte, comercialice, transfiera o use artefactos explosivos improvisados, como bombas caseras o drones explosivos. Si el delito se comete con fines de delincuencia organizada, la condena podría escalar hasta los 50 años de prisión.

El endurecimiento de las penas no se detiene ahí. Cualquier alteración o modificación de un arma también será castigada con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, buscando frenar la tendencia de adaptar armas para incrementar su letalidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional apoyó esta iniciativa, resaltando su importancia para fortalecer las tareas de seguridad pública que llevan a cabo sus elementos en las calles del país.

La reforma también toca a quienes ejercen actividades legales relacionadas con armas. Ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán poseer varias armas en sus domicilios, específicamente escopetas de cualquier calibre, con excepción de aquellas con cañones de longitud inferior a .635 milímetros o de calibre superior a 18.5 milímetros. Además, los practicantes de tiro o cacería debidamente acreditados ante la Sedena podrán tener hasta 10 armas de fuego en sus hogares.

El dictamen establece seis objetivos fundamentales: consolidar el carácter de orden público e interés social de la ley; extender su observancia a todo el territorio nacional; reforzar el control estatal sobre actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas; actualizar la tipología de armamento y accesorios; precisar las condiciones de posesión y portación; y obligar a los tres niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de desarme y promoción de la cultura de paz.

Con esta reforma, México busca blindarse frente a los nuevos desafíos de seguridad, cerrando la puerta a las amenazas que representan los explosivos improvisados y las armas ilegales, mientras impulsa una cultura de responsabilidad y paz.

Terror en el sector limonero: Productores cierran oficinas de trabajo por amenazas

Los productores de limón en Apatzingán, Michoacán, han anunciado el cierre temporal de sus oficinas debido a amenazas de grupos criminales. La decisión fue tomada para salvaguardar su seguridad, según informó la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en un comunicado oficial. 

Bernardo Bravo, productor limonero, denunció a través de redes sociales que las amenazas han sido recurrentes en el Tianguis Limonero de Apatzingán, lo que ha generado preocupación en el sector. Como medida preventiva, la asociación ha determinado mantener cerradas sus oficinas administrativas durante la última semana de febrero.

 

“Esta decisión se toma con el objetivo de proteger nuestra integridad y, sobre todo, nuestro bien más valioso: la vida”, declaró Bravo. Pese a la preocupación por la seguridad, los productores continuarán operando en las instalaciones del tianguis limonero, las cuales se encuentran resguardadas por las autoridades.

 

En un esfuerzo por combatir la extorsión en la región, los citricultores han solicitado a las autoridades mayores avances en materia de seguridad. “Continuaremos exigiendo acciones concretas para erradicar la extorsión al limón”, aseguró la asociación.

 

Cabe recordar que en diciembre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó un operativo de seguridad en la zona limonera de Michoacán para proteger a los productores y mantener estable el precio del producto. “Gracias a estas acciones, las empacadoras y los tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica continúan operando con normalidad”, señaló el gobierno federal en su momento.

 

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, los productores de limón siguen enfrentando una situación crítica debido a la inseguridad en la región. El cierre de las oficinas administrativas refleja la preocupación del gremio y su determinación de priorizar la seguridad ante la persistente amenaza del crimen organizado.

Estrategia Nacional de Seguridad da golpe al crimen y decomisa drogas, armas y dinero por 400 millones

Un operativo a gran escala ha asestado un golpe contundente contra el crimen organizado en México. Con la participación de las principales fuerzas de seguridad del país, se logró el decomiso de narcóticos, armamento y dinero en efectivo por un valor cercano a los 400 millones de pesos. 

Estas acciones, lideradas por la Estrategia Nacional de Seguridad, involucraron a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y diversas autoridades estatales. La coordinación entre estas instituciones permitió la detención de decenas de personas vinculadas con actividades ilícitas y la confiscación de toneladas de drogas.

 

Uno de los hallazgos más impactantes fue la intercepción de seis kilos de fentanilo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un paquete con destino a Nueva Jersey. Se estima que su valor en el mercado supera los 48.7 millones de pesos. En Sinaloa, el Ejército y la Guardia Nacional incautaron 140 kilos de metanfetamina, armamento y más de 4,000 cartuchos, con un valor de 42 millones de pesos.

 

Además, en Sonora, se aseguraron 10 kilos de metanfetamina junto con vehículos y armas de alto calibre. En los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, fueron destruidas más de 24 hectáreas de cultivos ilícitos, incluyendo plantíos de amapola y marihuana.

 

La lucha contra el tráfico de drogas también incluyó la incineración de más de cinco toneladas de cocaína en distintas localidades, destacando operativos en Culiacán, Michoacán e Isla Mujeres. En paralelo, las fuerzas de seguridad incautaron dinero en efectivo y cheques por millones de pesos en diversos cateos, además de desmantelar una toma clandestina de hidrocarburos en Guanajuato.

 

El impacto de estos decomisos no solo representa pérdidas millonarias para los grupos criminales, sino que también refuerza el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. La operación ha sido un claro mensaje de que la seguridad nacional sigue en pie de lucha para frenar estas actividades ilícitas.

Capturan a ‘El Güerito’, presunto operador del Cártel de Sinaloa informa: García Harfuch

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a José Ángel “N”, alias “El Güerito”, quien es señalado como un alto operador de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa. Se le atribuye la planeación de rutas para el tráfico internacional de drogas y el manejo de recursos financieros de la organización criminal.

De acuerdo con un jurado federal en Chicago, José Ángel enfrenta cargos por su presunta participación en la producción y distribución de narcóticos como fentanilo, cocaína, metanfetamina y marihuana con destino a Estados Unidos. Su captura se considera un golpe significativo contra el narcotráfico en la región.

 

Durante su detención en la colonia Las Quintas, el presunto delincuente portaba armas de uso exclusivo del Ejército, equipo táctico, dinero en efectivo y drogas. En esa misma zona, previamente se había localizado un centro de monitoreo clandestino utilizado por el crimen organizado para vigilar la ciudad.

 

La aprehensión de “El Güerito” ocurre en un contexto de conflictos entre grupos criminales en Sinaloa, los cuales han provocado hechos violentos desde el 9 de septiembre de 2024. Su captura podría representar un reacomodo dentro de la estructura del cártel y posibles represalias por parte de sus integrantes.

 

Se sabe que José Ángel tenía su propia célula delictiva y que participó en diversos operativos tras la captura de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”. Este último fue detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, lo que desató violentos narcobloqueos y la quema de vehículos en la ciudad, obligando a su liberación. Sin embargo, fue recapturado el 5 de enero de 2023 en Jesús María, Sinaloa, lo que generó una nueva ola de disturbios conocida como “Culiacanazo 2.0“.

 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó la detención de “El Güerito”como un avance importante en la lucha contra el narcotráfico. Advirtió que el detenido cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos, por lo que podría ser extraditado para enfrentar la justicia estadounidense.

 

José Ángel y los objetos asegurados serán trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) en la Ciudad de México, donde se definirá su situación legal en los próximos días.

Golpe a la inseguridad tras la desmantelación de banda de secuestradores en Acapulco

La lucha contra el crimen en Guerrero alcanzó un nuevo avance con la captura de una banda de secuestradores que operaba en Acapulco. La Fiscalía General del Estado informó que la noche del 10 de enero se detuvo a cuatro personas vinculadas al secuestro de un veterinario en la colonia Costa Azul.

 

Entre los detenidos se encuentran tres hombres, identificados como Moisés “N”, Rodolfo “N” y Roberto “N”, así como una mujer, Abigail “N”. Según las investigaciones, el grupo privaba de la libertad a sus víctimas y exigía pagos monetarios a los familiares a cambio de su liberación.

 

El caso que llevó a estas detenciones ocurrió el 24 de octubre, cuando el veterinario fue secuestrado al salir de su lugar de trabajo. La denuncia inmediata y el trabajo conjunto entre la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y diversas corporaciones de seguridad permitieron identificar a los responsables y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

 

El operativo fue un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de Seguridad de Guerrero. Este trabajo conjunto garantizó la detención de los sospechosos y su presentación ante un juez para definir su situación jurídica.

 

Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que Guerrero reportó 10 casos de secuestro hasta noviembre de 2024, siendo este incidente el único registrado en octubre. Aunque los números reflejan una problemática latente, acciones como esta demuestran el compromiso de las autoridades para combatirla.

 

Este golpe a la delincuencia organizada es un recordatorio de la importancia de la colaboración ciudadana y las estrategias de seguridad en la lucha contra el crimen. La detención de estos cuatro individuos envía un mensaje claro: las autoridades están dispuestas a actuar con firmeza para proteger a la población y devolver la tranquilidad a las calles de Acapulco.

 

El proceso legal continuará mientras se evalúan las pruebas y se dictamina el futuro de los detenidos. Entretanto, este caso se suma a los esfuerzos por fortalecer la justicia en Guerrero y devolver la confianza a quienes habitan la región.

Hallan 15 cuerpos en fosas clandestinas en Chiapas; hay cuatro detenidos

El municipio de La Concordia, Chiapas, se convierte en el epicentro de una realidad estremecedora: 11 fosas clandestinas han sido descubiertas, revelando los restos de 15 personas. Las autoridades continúan trabajando en esta desgarradora investigación que pone en evidencia la violencia que afecta la región.

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, y la Comisión Estatal de Búsqueda, desplegó operativos en las colonias Ignacio Zaragoza y Costa Azul. En estos sitios, utilizando herramientas avanzadas como drones, georradares, y equipo de motoperforación, lograron localizar las fosas y los restos.

 

En el primer operativo, llevado a cabo en un rancho en Ignacio Zaragoza, se encontraron tres fosas que contenían los restos de tres hombres. Más tarde, en Costa Azul, las autoridades descubrieron ocho fosas adicionales con los restos de 12 personas, todas del sexo masculino.

 

Los cuerpos han sido trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán las necropsias legales para intentar identificar a las víctimas y determinar las circunstancias de su muerte. Este proceso será clave para arrojar luz sobre la magnitud de las actividades delictivas en esta área.

 

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar confirmó el hallazgo y destacó que el operativo también logró desbloquear vías de comunicación que habían sido tomadas por grupos criminales. Además, se reportó la detención de cuatro personas vinculadas a los hechos, junto con el aseguramiento de armas, drogas y vehículos.

 

Este descubrimiento, aunque impactante, es un paso crucial para enfrentar la inseguridad que asola a Chiapas. La presencia de fosas clandestinas no solo revela la violencia extrema, sino también la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de búsqueda, justicia y reparación.

 

La FGE asegura que las investigaciones no se detendrán hasta esclarecer por completo estos crímenes. La magnitud del hallazgo no solo sacude a La Concordia, sino que representa un llamado urgente a combatir la impunidad y a garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables.

 

Chiapas enfrenta una lucha contra la violencia y la desaparición, pero este operativo marca un avance en el camino hacia la verdad. La tierra habla y, con cada hallazgo, exige justicia para quienes ya no están.