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La eliminación de vehículos utilizados presuntamente por grupos delictivos marcó una nueva acción de autoridades federales en la frontera norte del país. La Fiscalía General de la República informó que fueron destruidas 18 unidades con blindaje artesanal, conocidas como “monstruos”, las cuales estaban vinculadas a diversas investigaciones abiertas por delitos federales.

La destrucción se llevó a cabo en instalaciones de la propia fiscalía ubicadas en Reynosa, en el estado de Tamaulipas, zona fronteriza con Estados Unidos que ha sido escenario recurrente de operativos de seguridad. Las unidades eliminadas formaban parte de 16 carpetas de investigación relacionadas con actividades criminales, de acuerdo con lo informado por la institución.

Las autoridades señalaron que estas unidades fueron aseguradas durante operativos realizados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. Las acciones se desarrollaron con la participación coordinada de autoridades municipales, estatales y federales, bajo la estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La destrucción de los vehículos se realizó como parte del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, mecanismo que contempla la eliminación de instrumentos utilizados en la comisión de delitos. Esta disposición permite a las autoridades disponer de objetos asegurados que no pueden ser reutilizados o que representan un riesgo.

De acuerdo con las investigaciones, “probablemente los vehículos eran utilizados por integrantes de grupos delictivos y estaban relacionados con 16 carpetas de investigación”, indicó la FGR. Las unidades, comúnmente llamadas “monstruos”, son adaptaciones construidas de forma artesanal sobre estructuras de camiones, reforzadas con gruesas capas metálicas que funcionan como blindaje.

Este tipo de vehículos ha sido identificado en distintos enfrentamientos entre organizaciones criminales, así como en choques con fuerzas de seguridad. Debido a su resistencia y dimensiones, son empleados por grupos delictivos para movilizarse en zonas de alto riesgo o durante confrontaciones armadas.

Las autoridades destacaron que el aseguramiento de estos vehículos se realizó mediante diversas acciones coordinadas en distintos puntos del estado, como parte de operativos dirigidos a reducir la capacidad operativa de grupos criminales. Tras su aseguramiento, las unidades quedaron bajo resguardo ministerial hasta que se autorizó su destrucción.

Con esta acción, la Fiscalía dio destino final a los vehículos asegurados durante los operativos realizados en el periodo señalado, al tiempo que se avanza en las investigaciones vinculadas con las 16 carpetas abiertas relacionadas con estas unidades.

Con miras al arranque del Mundial 2026, las fuerzas armadas mexicanas reforzaron su preparación mediante una estrategia de capacitación especializada dirigida a miles de elementos que participarán en la seguridad del torneo. De acuerdo con información oficial, cerca de 7 mil soldados y miembros de la Guardia Nacional recibieron entrenamiento enfocado en la prevención y respuesta ante distintos escenarios de riesgo durante la justa deportiva.

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que hasta febrero se impartieron al menos doce cursos enfocados en la preparación del personal que será desplegado en instalaciones clave del evento. Estos entrenamientos incluyeron el manejo de sistemas antidrón, la detección de artefactos explosivos improvisados y la actuación frente a amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

El dispositivo contempla la participación de 2 mil 100 militares y 4 mil 700 integrantes de la Guardia Nacional con formación especializada, quienes serán asignados a estadios, aeropuertos y otros puntos estratégicos en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estas sedes albergarán los encuentros del torneo, incluido el partido inaugural programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Dentro del programa de preparación también se contemplaron ejercicios para agrupamientos montados, enfocados en patrullaje y control de zonas. A ello se sumó la capacitación de 188 células de binomios caninos del Ejército, entrenadas para la detección de explosivos y drogas, con el objetivo de fortalecer las labores preventivas antes y durante el evento.

Por su parte, los elementos de la Guardia Nacional recibieron instrucción específica en control de personas, implementación de dispositivos de seguridad y atención de primeros auxilios en situaciones de combate. Estas habilidades forman parte del esquema integral de seguridad diseñado para responder ante posibles incidentes durante la competencia internacional.

Los efectivos capacitados integran la Fuerza Operativa que será responsable de la seguridad del Mundial. Este despliegue estará conformado por casi 21 mil integrantes de las fuerzas armadas, además de 58 mil policías y 20 mil guardias privados, según lo informado por las autoridades.

El 6 de marzo, el jefe del Centro de Coordinación para el Mundial 2026, Román Villalvazo, explicó que los especialistas del Ejército realizarán inspecciones previas al despliegue de seguridad en las instalaciones.

Las acciones de preparación no son recientes. Desde 2023, el Ejército ha realizado ejercicios de ensayo ante “eventos de alto impacto”, incluyendo escenarios de amenazas terroristas, con el fin de anticipar posibles riesgos durante el torneo.

México será sede de 13 partidos del Mundial 2026 y recibirá al menos a 12 selecciones nacionales, incluida la mexicana, lo que ha motivado el despliegue de un esquema de seguridad de gran escala en las tres ciudades anfitrionas.

Durante una gira de trabajo por Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, un conjunto de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida, laborales y de acceso a servicios públicos en una de las principales zonas agrícolas del país. En el acto estuvo acompañada por la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, a quien la mandataria expresó públicamente su respaldo.

En su mensaje, Sheinbaum informó que el hospital de la región será transformado en un hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual contará con diversas especialidades médicas. Detalló que la construcción y adecuación del nuevo hospital estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de los proyectos de infraestructura del gobierno federal.

En materia educativa, la presidenta señaló que se realizará la rehabilitación de las escuelas primarias existentes en la zona y anunció la edificación de dos nuevas preparatorias, con el objetivo de ampliar la cobertura educativa para niñas, niños y jóvenes de las comunidades agrícolas. A estas acciones se suma la apertura de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), denominación que el gobierno federal utiliza para referirse a estos espacios, en sustitución de los términos estancias infantiles o guarderías.

Como parte del fortalecimiento de la presencia institucional, Sheinbaum anunció la instalación de un centro integrador del gobierno federal en el predio conocido como Las Escobas, en San Quintín. Este espacio concentrará la realización de trámites federales, con el fin de facilitar el acceso de la población a los servicios públicos sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

En el ámbito laboral y de seguridad social, la mandataria indicó que durante este año se entregará un certificado dirigido a productores agrícolas, principalmente de tomate, fresa, berries y pepino que destinan su producción a la exportación. Este documento acreditará que todos sus trabajadores cuentan con seguridad social, como parte de los compromisos del plan de justicia.

En cuanto a vivienda, Sheinbaum anunció la construcción de 600 casas nuevas a precios accesibles para los trabajadores de la región. Además, informó que se habilitarán opciones de vivienda en renta, también con costos accesibles, destinadas a jornaleros temporales que se desplazan a San Quintín durante las temporadas de cosecha.

La presidenta concluyó su intervención al comprometerse a regresar a San Quintín en un plazo de seis meses, con el objetivo de supervisar y garantizar el cumplimiento de cada una de las acciones anunciadas dentro de este plan integral.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó la presencia militar en Sinaloa con el arribo de mil 600 elementos del Ejército mexicano, como parte de una estrategia para atender el incremento de hechos de violencia registrado en la entidad. Con este nuevo despliegue, el número total de efectivos militares en el estado asciende a aproximadamente tres mil, entre los que se incluyen alrededor de 200 integrantes de Fuerzas Especiales.

El envío de los nuevos contingentes se concretó a menos de 24 horas de un ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, ambos pertenecientes a ese instituto político. Este contexto marcó la urgencia del refuerzo de seguridad en puntos estratégicos del territorio sinaloense.

De acuerdo con la Sedena, entre los elementos movilizados se encuentran 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes fueron trasladados desde distintos estados del país. El despliegue se realizó por vía aérea mediante cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, las cuales arribaron a los municipios de Culiacán y Mazatlán, considerados zonas clave dentro del esquema de seguridad estatal.

La institución castrense informó que estos efectivos se integran al operativo permanente que ya mantienen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en Sinaloa, enfocado en el combate a las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región. El objetivo central del refuerzo es fortalecer las capacidades operativas de la III Región Militar y de la Novena Zona Militar, responsables de la seguridad en la entidad.

Según lo detallado por la Sedena, la misión específica del personal desplegado consiste en actuar de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Las tareas asignadas incluyen acciones de disuasión, prevención del delito y patrullajes en diferentes zonas del estado, con la finalidad de generar condiciones de mayor tranquilidad para la población.

La dependencia subrayó que las operaciones se realizan conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto irrestricto a los derechos humanos. El despliegue busca beneficiar directamente a la población sinaloense mediante un entorno de mayor seguridad, en un contexto marcado por recientes episodios de violencia que han impactado tanto a actores políticos como a la sociedad en general.

La mañana en la XXI Zona Militar de Morelia inició con un despliegue inusual de coordinación federal y estatal. A bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, arribaron para encabezar la primera reunión en Michoacán dedicada a afinar la ofensiva contra al menos doce cárteles con presencia activa en la entidad. Junto a ellos participó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado de alcaldes y del fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, quienes sumaron diagnósticos locales para delinear la estrategia operativa.

La reunión se desarrolló como parte de la “Operación Paricutín”, integrada al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una iniciativa impulsada desde el gobierno federal como respuesta a la tensión social generada tras el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, el primero de noviembre. El encuentro permitió revisar información actualizada sobre las zonas de influencia criminal y establecer un esquema de intervención articulado entre los tres niveles de gobierno.

Durante la sesión se confirmó que la ofensiva abarcará a todos los grupos identificados en el estado. Entre ellos destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Blancos de Troya, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de Los Reyes, así como organizaciones regionales como el Cártel de Aquila, el de Acahuato, el de Coahuayana, el de Zicuirán o del Migueladas, Pueblos Unidos, Los Correa, el llamado Cártel X y Los Lolos, entre otros. Esta información provino de análisis realizados por el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal, cuyos mapas criminales han permitido trazar rutas de operación y puntos críticos de cada agrupación.

Una vez concluida la reunión en Morelia, García Harfuch y Trevilla Trejo se prepararon para trasladarse nuevamente en helicóptero hacia Uruapan, donde continuaría la agenda con un encuentro junto a Grecia Itzel Quiroz García, alcaldesa sustituta y viuda del edil asesinado. Este paso buscó reforzar la coordinación directa con el municipio, considerado una de las zonas clave dentro del plan de seguridad.

El despliegue militar y de fuerzas federales ya se encuentra en marcha. Más de doce mil elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han sido movilizados en Michoacán. La operación utiliza equipos especializados como aeronaves no tripuladas, vehículos tácticos blindados, helicópteros, buques, unidades desminadoras y tecnología antidrones explosivos, permitiendo acciones simultáneas en diversas regiones del estado.

La “Operación Paricutín” quedó definida como una estrategia de intervención coordinada, con presencia permanente y despliegues consecutivos enfocados en recuperar control territorial y estabilizar regiones afectadas por la disputa criminal. La reunión de este jueves consolidó la base operativa para una ofensiva de gran escala que busca restablecer condiciones de seguridad para la población michoacana.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con 27 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la minuta que faculta al Senado de la República a ratificar los grados de coroneles y mandos superiores de la Guardia Nacional. El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su inclusión en la agenda del pleno.

La propuesta de reforma se centra en armonizar el marco constitucional tras la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en 2024. El documento precisa que la Constitución ya contempla la ratificación de mandos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que dejar fuera a la Guardia Nacional generaría una “incongruencia normativa” al situarla en un régimen excepcional.

El proyecto, enviado previamente por el Senado, incluye ajustes de lenguaje incluyente. En las disposiciones se sustituye la referencia al “presidente de la República” por la “persona titular de la Presidencia de la República”, buscando visibilizar al género femenino en atribuciones como la política exterior, la aprobación de tratados y los nombramientos de funcionarios federales.

Durante la sesión, el priista Alejandro Domínguez señaló un error en el dictamen relacionado con la redacción del artículo 76 en su fracción quinta. Explicó que la versión enviada mencionaba que “esta disposición se regirá por las constituciones de las entidades federativas”, lo que fue atendido como fe de erratas. El diputado morenista Godoy Rangel confirmó que la corrección fue solicitada por legisladores del PRI y se incorporó antes de la votación.

La discusión estuvo marcada por las posturas en contra del PAN y del PRI, que coincidieron en advertir sobre la militarización del país. La diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá adelantó el voto en contra de su bancada al considerar que el proceso se llevó con prisas y sin análisis previo. “No vamos a avalar una reforma que parece sencilla, pero que sigue lastimando gravemente a nuestro país”, expresó. Subrayó además que el artículo 21 constitucional establece a la Guardia Nacional como un cuerpo civil, aunque actualmente depende de la Sedena.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna Ayala, también se pronunció contra la reforma. Acusó al oficialismo de un “falso feminismo” al priorizar cambios de redacción por género en lugar de atender recortes presupuestales en áreas clave. “Han corrompido una institución que tenía el respeto de las y los mexicanos”, declaró, al tiempo que señaló violaciones a derechos humanos atribuidas a elementos de la Guardia Nacional en diversas regiones del país.

Desde el PRI, Alejandro Domínguez reiteró: “Esta no es la ruta, la militarización no es la vía, vamos a tener resultados fatales como los que tenemos ahora”. Citó como ejemplo las recientes polémicas relacionadas con elementos de la Marina y el combate al huachicol, advirtiendo que estas decisiones restan credibilidad a instituciones en las que la sociedad había depositado confianza.

La reforma a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca dar coherencia jurídica a la ratificación de mandos militares y civiles en el marco de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pero abrió un nuevo capítulo en el debate legislativo sobre la militarización del país.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó este domingo a 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales en la ciudad de Culiacán. El operativo responde a los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal ante el conflicto entre grupos criminales que operan en la entidad.

Los militares partieron a las 11:35 horas desde la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana. Su destino: integrarse a las acciones de seguridad en el territorio sinaloense bajo el mando de la Novena Zona Militar.

Este nuevo contingente se suma a las unidades de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas que llegaron a Sinaloa el pasado 22 de julio, como parte de una estrategia de contención y combate a la criminalidad en puntos clave del estado.

En un comunicado, la Sedena explicó que la misión de los elementos enviados es colaborar con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer el Estado de derecho e inhibir actividades delictivas en la región. La movilización se enmarca dentro del despliegue nacional permanente que mantiene el Ejército en apoyo a las tareas de seguridad pública.

La llegada de estos refuerzos coincide con la visita del Gabinete de Seguridad al estado, realizada también el domingo. Durante la jornada, los titulares de las principales instituciones de seguridad federal presentaron un informe detallado sobre los resultados recientes de las operaciones implementadas.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que, en los últimos nueve meses, las autoridades han logrado la detención de casi mil 500 personas vinculadas a actividades delictivas en la entidad. Además, se han asegurado más de tres mil armas de fuego, lo que representa uno de los mayores decomisos a nivel nacional en el mismo periodo.

Las medidas forman parte de un plan integral de respuesta ante la disputa entre grupos criminales, que ha generado episodios de violencia en distintas zonas del estado. Con esta nueva fase de despliegue, el gobierno federal busca restablecer la seguridad y confianza ciudadana, así como garantizar el desarrollo normal de la vida pública en Sinaloa.

El operativo militar en Culiacán es reflejo de la estrategia nacional que prioriza la presencia territorial, inteligencia táctica y cooperación interinstitucional como ejes centrales en el combate a la inseguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que desde 2024 el gobierno federal tenía indicios sobre los presuntos vínculos de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, con organizaciones criminales. La información se basaba en notas periodísticas e informes recabados a nivel local.

Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General de Tabasco inició una carpeta de investigación formal y, en febrero de 2025, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario. Bermúdez Requena, también identificado como “El Comandante H”, está acusado de liderar una célula criminal conocida como “La Barredora”, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombramiento como secretario de Seguridad en Tabasco en 2019 fue realizado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, en representación del partido Morena. De acuerdo con información de inteligencia, los presuntos vínculos del exfuncionario con actividades criminales se remontan a 1999. Incluso, habría sido arrestado en 2006 en relación con la ejecución de un ganadero, aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre ese episodio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, desde octubre de 2024, el gobierno federal ha mantenido una colaboración activa con las autoridades del estado para avanzar en las investigaciones en torno a Bermúdez. Subrayó que cualquier procedimiento judicial debe sustentarse en pruebas sólidas. “Tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”, expresó.

Sheinbaum enfatizó el compromiso de su administración con la legalidad y la transparencia: “No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”.

 En contraste, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla, desestimó los informes divulgados en el marco del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, ocurrido en octubre de 2022. Los documentos filtrados incluían menciones sobre la presunta relación de Bermúdez con el crimen organizado. No obstante, Trevilla subrayó que esta información no puede considerarse oficial. “No se puede informar algo que no está comprobado”, aclaró, en respuesta a si dichos datos llegaron al conocimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación continúa en curso, mientras los vínculos del exjefe policiaco con organizaciones criminales mantienen bajo la lupa la operación de las instituciones de seguridad en el estado y reavivan el debate sobre el acceso y uso de la inteligencia en procesos judiciales.

El Senado de la República cerró su periodo ordinario con un golpe firme al crimen. Con 105 votos a favor y el respaldo de todas las bancadas, aprobó reformas clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, enfocadas en fortalecer el control de armas, explosivos y sustancias relacionadas en todo el país. El dictamen fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación oficial en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva reforma marca un antes y un después en la legislación mexicana. Se fija una pena de prisión de 20 años a toda persona que fabrique, transporte, posea, porte, comercialice, transfiera o use artefactos explosivos improvisados, como bombas caseras o drones explosivos. Si el delito se comete con fines de delincuencia organizada, la condena podría escalar hasta los 50 años de prisión.

El endurecimiento de las penas no se detiene ahí. Cualquier alteración o modificación de un arma también será castigada con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, buscando frenar la tendencia de adaptar armas para incrementar su letalidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional apoyó esta iniciativa, resaltando su importancia para fortalecer las tareas de seguridad pública que llevan a cabo sus elementos en las calles del país.

La reforma también toca a quienes ejercen actividades legales relacionadas con armas. Ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán poseer varias armas en sus domicilios, específicamente escopetas de cualquier calibre, con excepción de aquellas con cañones de longitud inferior a .635 milímetros o de calibre superior a 18.5 milímetros. Además, los practicantes de tiro o cacería debidamente acreditados ante la Sedena podrán tener hasta 10 armas de fuego en sus hogares.

El dictamen establece seis objetivos fundamentales: consolidar el carácter de orden público e interés social de la ley; extender su observancia a todo el territorio nacional; reforzar el control estatal sobre actividades conexas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas relacionadas; actualizar la tipología de armamento y accesorios; precisar las condiciones de posesión y portación; y obligar a los tres niveles de gobierno a implementar campañas permanentes de desarme y promoción de la cultura de paz.

Con esta reforma, México busca blindarse frente a los nuevos desafíos de seguridad, cerrando la puerta a las amenazas que representan los explosivos improvisados y las armas ilegales, mientras impulsa una cultura de responsabilidad y paz.

Los productores de limón en Apatzingán, Michoacán, han anunciado el cierre temporal de sus oficinas debido a amenazas de grupos criminales. La decisión fue tomada para salvaguardar su seguridad, según informó la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en un comunicado oficial. 

Bernardo Bravo, productor limonero, denunció a través de redes sociales que las amenazas han sido recurrentes en el Tianguis Limonero de Apatzingán, lo que ha generado preocupación en el sector. Como medida preventiva, la asociación ha determinado mantener cerradas sus oficinas administrativas durante la última semana de febrero.

“Esta decisión se toma con el objetivo de proteger nuestra integridad y, sobre todo, nuestro bien más valioso: la vida”, declaró Bravo. Pese a la preocupación por la seguridad, los productores continuarán operando en las instalaciones del tianguis limonero, las cuales se encuentran resguardadas por las autoridades.

En un esfuerzo por combatir la extorsión en la región, los citricultores han solicitado a las autoridades mayores avances en materia de seguridad. “Continuaremos exigiendo acciones concretas para erradicar la extorsión al limón”, aseguró la asociación.

Cabe recordar que en diciembre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó un operativo de seguridad en la zona limonera de Michoacán para proteger a los productores y mantener estable el precio del producto. “Gracias a estas acciones, las empacadoras y los tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica continúan operando con normalidad”, señaló el gobierno federal en su momento.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, los productores de limón siguen enfrentando una situación crítica debido a la inseguridad en la región. El cierre de las oficinas administrativas refleja la preocupación del gremio y su determinación de priorizar la seguridad ante la persistente amenaza del crimen organizado.