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La Fiscalía General de la República informó que el proceso penal derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido a finales de 2025, quedó concluido después de que las personas afectadas aceptaran un mecanismo de reparación integral del daño. De acuerdo con la institución, esta decisión implicó la extinción de la acción penal relacionada con el caso.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, detalló que el acuerdo fue aceptado por 145 víctimas, quienes recibieron compensaciones de manera inmediata. El grupo está conformado por 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes. La funcionaria explicó que este tipo de mecanismos están contemplados en el marco constitucional y legal, y permiten ofrecer una salida que prioriza la reparación para quienes resultaron afectados.

“Estos acuerdos contemplados en la Constitución y en la ley ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada”, dijo.

La fiscal también reiteró que, tras las investigaciones, la causa del accidente fue el exceso de velocidad del convoy. Asimismo, subrayó que la institución empleó sus capacidades para esclarecer los hechos y atender a las víctimas. “Tengan la certeza que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”, agregó.

El descarrilamiento ocurrió la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, cuando el Tren Interoceánico circulaba por la Línea Z, a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca. La Secretaría de Marina informó que en el momento del accidente viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación. El convoy estaba conformado por dos locomotoras y cuatro vagones.

Tras el incidente, las autoridades confirmaron que 13 personas murieron en el lugar, mientras que 93 resultaron heridas. Días después, se reportó el fallecimiento de una persona más que había sido trasladada para recibir atención médica, con lo que el número total de víctimas mortales ascendió a 14.

Con la aceptación del acuerdo por parte de las personas afectadas, la Fiscalía señaló que se formalizó la conclusión del procedimiento penal, al considerarse cumplidas las condiciones para la reparación integral del daño derivado del accidente ferroviario.

Con miras al arranque del Mundial 2026, las fuerzas armadas mexicanas reforzaron su preparación mediante una estrategia de capacitación especializada dirigida a miles de elementos que participarán en la seguridad del torneo. De acuerdo con información oficial, cerca de 7 mil soldados y miembros de la Guardia Nacional recibieron entrenamiento enfocado en la prevención y respuesta ante distintos escenarios de riesgo durante la justa deportiva.

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que hasta febrero se impartieron al menos doce cursos enfocados en la preparación del personal que será desplegado en instalaciones clave del evento. Estos entrenamientos incluyeron el manejo de sistemas antidrón, la detección de artefactos explosivos improvisados y la actuación frente a amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

El dispositivo contempla la participación de 2 mil 100 militares y 4 mil 700 integrantes de la Guardia Nacional con formación especializada, quienes serán asignados a estadios, aeropuertos y otros puntos estratégicos en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estas sedes albergarán los encuentros del torneo, incluido el partido inaugural programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Dentro del programa de preparación también se contemplaron ejercicios para agrupamientos montados, enfocados en patrullaje y control de zonas. A ello se sumó la capacitación de 188 células de binomios caninos del Ejército, entrenadas para la detección de explosivos y drogas, con el objetivo de fortalecer las labores preventivas antes y durante el evento.

Por su parte, los elementos de la Guardia Nacional recibieron instrucción específica en control de personas, implementación de dispositivos de seguridad y atención de primeros auxilios en situaciones de combate. Estas habilidades forman parte del esquema integral de seguridad diseñado para responder ante posibles incidentes durante la competencia internacional.

Los efectivos capacitados integran la Fuerza Operativa que será responsable de la seguridad del Mundial. Este despliegue estará conformado por casi 21 mil integrantes de las fuerzas armadas, además de 58 mil policías y 20 mil guardias privados, según lo informado por las autoridades.

El 6 de marzo, el jefe del Centro de Coordinación para el Mundial 2026, Román Villalvazo, explicó que los especialistas del Ejército realizarán inspecciones previas al despliegue de seguridad en las instalaciones.

Las acciones de preparación no son recientes. Desde 2023, el Ejército ha realizado ejercicios de ensayo ante “eventos de alto impacto”, incluyendo escenarios de amenazas terroristas, con el fin de anticipar posibles riesgos durante el torneo.

México será sede de 13 partidos del Mundial 2026 y recibirá al menos a 12 selecciones nacionales, incluida la mexicana, lo que ha motivado el despliegue de un esquema de seguridad de gran escala en las tres ciudades anfitrionas.

Las autoridades de Sonora ampliaron la investigación relacionada con la aplicación de sueros vitaminados por vía intravenosa, luego de confirmarse dos nuevas muertes vinculadas al mismo tratamiento, con lo que el número total de víctimas ascendió a cuatro. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que los casos comparten un antecedente común: todos los pacientes recibieron soluciones administradas y recetadas por el mismo médico en Hermosillo.

El avance más reciente de la indagatoria se dio este jueves, cuando la fiscalía confirmó el fallecimiento de dos personas adicionales, sumándose a los dos casos reportados previamente. El 1 de abril, la institución había anunciado la apertura formal de la investigación tras la muerte de dos hombres, padre e hijo, quienes presuntamente se sometieron a este tipo de tratamiento intravenoso.

Con la actualización del caso, la fiscalía indicó que se han recibido cuatro denuncias formales relacionadas con la muerte de dos hombres y dos mujeres. Según las autoridades, todas las víctimas coincidían en haber recibido sueros vitaminados mezclados y administrados bajo indicación del mismo profesional de la salud.

Como parte de las diligencias ministeriales, las autoridades realizaron un cateo en un inmueble vinculado con el caso. Durante esta acción, se aseguraron diversos materiales, entre ellos expedientes clínicos, soluciones médicas embotelladas, medicamentos inyectables y otros insumos que ahora forman parte de la evidencia bajo análisis.

La Fiscalía detalló que estos objetos serán examinados con el fin de determinar las circunstancias en las que fueron administrados los sueros y establecer si existió una posible mala práctica médica. En ese sentido, también se informó que se realizarán estudios especializados a las víctimas.

“Las muestras de tejidos de las personas fallecidas serán sometidas a los análisis histopatológicos correspondientes por parte del servicio especializado de patología del sector público en el estado de Sonora, para determinar el posible daño celular ocasionado por la administración de los mencionados sueros”, señaló la FGJES.

Las autoridades sanitarias del estado activaron un sistema de vigilancia para detectar posibles casos adicionales. No obstante, la fiscalía precisó que, hasta el momento, “no existen más personas afectadas” relacionadas con el suministro de estos sueros.

Además, la institución confirmó que ya se tiene identificada a una persona presuntamente involucrada en los hechos. Sin embargo, la identidad no fue revelada debido a que las investigaciones continúan en curso.

La indagatoria sigue abierta mientras las autoridades analizan la evidencia asegurada y esperan los resultados de los estudios especializados que permitirán esclarecer las causas de los fallecimientos y determinar posibles responsabilidades.

La Fiscalía General de la República informó al Senado de la República que realizará un mapeo nacional para identificar zonas de riesgo delictivo, detectar patrones criminales y analizar posibles vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas en el país.

El anuncio fue presentado en su informe de labores y se basa en el uso del denominado “análisis de contexto”, una herramienta metodológica que permite estudiar las condiciones sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito para comprender su origen y forma de operación.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy, esta metodología incluye la recopilación de datos, revisión de investigaciones previas, testimonios y bases de datos institucionales. Con esta información se elaboran mapas que ubican zonas críticas de criminalidad, rutas de operación de grupos delictivos, domicilios relacionados con delitos y posibles fosas clandestinas.

La fiscalía explicó que este tipo de análisis permite visualizar patrones delictivos y facilitar el trabajo del Ministerio Público para identificar relaciones entre delitos, presuntos responsables y contextos en los que ocurren los hechos. El informe señala que durante 2025 se recibieron 139 solicitudes de análisis de contexto por parte de agentes del Ministerio Público para distintos casos; de ese total, 109 estudios continúan en proceso.

La elaboración de estos análisis ocurre en medio de investigaciones recientes sobre presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Entre los casos mencionados está la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de participar en secuestros y extorsiones en presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, la fiscalía mantiene abiertas indagatorias por contrabando fiscal de hidrocarburos en las que se señala la presunta participación de los hermanos Manuel Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Marina, respectivamente, quienes son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Para elaborar estos estudios, la fiscalía utiliza diversas fuentes de información, entre ellas la Plataforma México, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Detenciones, así como bases de datos internacionales. También se incorporan análisis de fuentes abiertas en internet, incluidas redes sociales como Facebook, X, Instagram y YouTube.

Según el reporte presentado al Senado, esta información permite generar productos de inteligencia para apoyar investigaciones relacionadas con desaparición de personas, delitos contra migrantes, tortura, centros clandestinos y ataques a la libertad de expresión, además de fortalecer la identificación de tendencias y riesgos delictivos en el país.

La agresión registrada en el bar “Sala de Despecho”, en Puebla, fue preparada con al menos un mes de anticipación y dejó un saldo de tres personas muertas y cuatro más lesionadas. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, que confirmó la detención de cuatro presuntos responsables.

En conferencia de prensa, el titular de la corporación, Francisco Sánchez González, detalló que el ataque fue planeado y que los agresores se instalaron en un inmueble situado a dos cuadras del establecimiento para vigilar los movimientos de una de las posibles víctimas.

“Fue planeado, es muy difícil prevenir este tipo de actividades (…) Tenían un lugar donde estaban viviendo, estaba a dos cuadras de los hechos, contaban con vigilancia”, explicó el funcionario.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado en el establecimiento ubicado en la zona de Islas de Angelópolis. De acuerdo con la información oficial, hombres armados arribaron al lugar y dispararon contra un grupo de personas que salía del bar. Como resultado, dos hombres y una mujer que se encontraban dentro de una camioneta murieron en el sitio. Además, cuatro personas que estaban cerca resultaron heridas.

Tras el ataque, los responsables huyeron hacia el nororiente del bar. Según un mapa presentado por las autoridades, abandonaron las motocicletas utilizadas para escapar en dos puntos distintos: una en la calle Emiliano Zapata y otra detrás de la plaza Solesta. Posteriormente, dos de los sospechosos fueron ubicados y detenidos en el bulevar Atlixco, mientras que los otros dos fueron capturados en la calle Nogal.

El secretario señaló que las detenciones se concretaron poco después de la agresión, resultado de un operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. Añadió que la fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para identificar al autor intelectual del ataque y esclarecer el móvil del crimen.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar responsabilidades y profundizar en los elementos que permitieron la planeación del atentado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que no existen registros de amenazas ni actos de intimidación dirigidos a la empresa minera canadiense Vizsla Silver ni a sus trabajadores antes del secuestro de 10 empleados en el municipio de Concordia, Sinaloa. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los primeros elementos oficiales del caso.

De acuerdo con el funcionario federal, los reportes recabados por las autoridades no muestran antecedentes de amedrentamiento previo contra el personal de la compañía. “En los primeros reportes que tenemos es que no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa”, afirmó García Harfuch al referirse a las condiciones en las que operaba la minera antes del hecho.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad precisó que la zona donde ocurrió la privación de la libertad es un territorio bajo operación de una célula criminal identificada como parte de “Los Chapitos”. Añadió que ya se tiene identificado a uno de los líderes que mantienen actividades en ese sector, dato que forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

El secuestro se registró el 24 de enero. Una vez que se presentó el reporte correspondiente, el Gabinete de Seguridad activó acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional. La empresa Vizsla Silver notificó la desaparición de 10 de sus empleados, quienes se encontraban alojados en una vivienda rentada por la propia compañía dentro del fraccionamiento La Clementina, en Concordia.

Tras cinco días sin que se lograra la localización de los trabajadores, la minera canadiense anunció la suspensión de sus operaciones en el municipio. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, los empleados fueron vistos por última vez alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando un grupo armado arribó al inmueble donde se hospedaban y los privó de la libertad.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa no ha hecho públicas las fichas de búsqueda de los 10 empleados desaparecidos. Entre las personas reportadas como no localizadas se encuentran Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdez, Antonio Jiménez, Antonio de la O y Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien es el único que cuenta con una ficha oficial difundida por las autoridades.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades federales mantienen las acciones de localización en la región, mientras se da seguimiento al contexto de seguridad en el área donde ocurrieron los hechos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera categórica que autoridades de Estados Unidos hayan participado en operativos dentro del territorio nacional tras la detención del exatleta canadiense Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Durante su conferencia de este lunes, la mandataria subrayó que no existen acciones conjuntas con agencias estadounidenses y señaló que será el propio director del FBI, Kash Patel, quien deba explicar por qué afirmó que se trató de una operación bilateral en México.

Sheinbaum aseguró que desconoce el motivo de dicha declaración y reiteró que su gobierno ha sido enfático en marcar límites claros a la actuación de agencias extranjeras. “No hay operaciones conjuntas y se lo hemos planteado varias veces al gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo, al tiempo que insistió en que la decisión de calificar la detención como un esfuerzo conjunto fue exclusivamente del funcionario estadounidense.

La presidenta también indicó que la versión de una operación bilateral ha sido desmentida por diversas instancias. Señaló que la embajada de Estados Unidos en México confirmó que Ryan Wedding se entregó voluntariamente a las autoridades, lo que refuerza la postura del gobierno mexicano. En ese mismo sentido, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que se haya tratado de un operativo conjunto.

Wedding enfrenta en Estados Unidos cargos graves por tráfico de cocaína y asesinato, lo que lo colocó durante años entre los prófugos más buscados por el FBI. De acuerdo con Sheinbaum, su entrega fue voluntaria, e incluso un representante del detenido difundió una fotografía en redes sociales tras el hecho.

La mandataria aprovechó el espacio para reiterar que no hay presencia de agentes federales estadounidenses participando en acciones operativas en México. Afirmó que este punto ha sido comunicado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la postura de su administración en materia de soberanía y seguridad.

“No hay operaciones conjuntas en México”, enfatizó, y añadió que los agentes del FBI u otras agencias tienen plenamente definidas sus limitaciones legales. Explicó que la relación bilateral en seguridad se basa en la coordinación y el intercambio de información, no en la intervención directa. Según detalló, su gobierno comparte datos con instancias como el Comando Norte y, a partir de esa información, México es quien ejecuta las acciones correspondientes dentro de su territorio.

Finalmente, Sheinbaum justificó la presencia en México del director del FBI, Kash Patel, al señalar que su visita estaba programada previamente como parte de los mecanismos de entendimiento en materia de seguridad entre ambos países y coincidió con la detención de uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos. La presidenta reiteró que cualquier aclaración sobre las declaraciones del FBI corresponde exclusivamente a su director.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que no respalda ni evalúa el contenido de la iniciativa ciudadana de reforma electoral promovida por la organización “Salvemos la Democracia”, la cual reunió las firmas necesarias para avanzar en el proceso legislativo. El organismo subrayó que su participación se limitó exclusivamente a verificar que los apoyos ciudadanos cumplieran con los requisitos legales de validez.

En un comunicado, el INE precisó que la revisión de firmas no implica pronunciamiento alguno sobre el fondo de la propuesta. Destacó que su labor no incluye la evaluación, aval, rechazo ni análisis de la constitucionalidad, mérito o viabilidad política de las iniciativas ciudadanas. Esa responsabilidad, señaló, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y, en su caso, del Senado de la República, como parte del procedimiento legislativo ordinario.

Como resultado de esta verificación, el instituto envió un oficio a la Cámara de Diputados para notificar que las 136 mil 875 firmas presentadas por “Salvemos la Democracia” cumplen con los criterios de validez establecidos en la ley. Con ello, el INE dio por concluida su intervención en esta etapa del proceso.

La iniciativa ciudadana propone reformas a los artículos 41, 54, 63, 116 y 134 de la Constitución. Entre los planteamientos centrales se encuentra el fortalecimiento del Instituto Nacional Electoral mediante la conservación de una estructura nacional y territorial con presencia en los 300 distritos electorales del país, integrada por un servicio profesional electoral.

En materia de financiamiento político, la propuesta plantea modificar el esquema actual para que la distribución de recursos públicos a los partidos no dependa del porcentaje de votación obtenido, sino que se realice de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas con registro. El mismo criterio se propone para el acceso a los tiempos oficiales en radio y televisión.

Otro de los ejes de la iniciativa es la transparencia en la fiscalización, al establecer que los gastos de precampaña y campaña revisados por el INE sean públicos. Asimismo, se plantea que las candidaturas independientes cuenten con un financiamiento mínimo equivalente al 20 por ciento del tope de gastos autorizado.

La propuesta también busca garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía durante los procesos electorales y evitar la intervención de autoridades, al prohibir que se utilicen los instrumentos de comunicación del Estado para hacer referencia a elecciones. De igual forma, se establece la prohibición de actos anticipados de precampaña y campaña, definidos como expresiones sistemáticas fuera de los periodos legales que soliciten apoyo electoral o manifiesten la intención de contender por un cargo público. La Cámara de Diputados será la encargada de definir el trámite legislativo que se dará a esta iniciativa ciudadana.

Después de un reciente incidente de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal presentó un plan integral para combatir el abuso sexual en México. La estrategia, dada a conocer desde Palacio Nacional, busca transformar la manera en que las autoridades y la sociedad enfrentan este delito, poniendo en el centro a las víctimas y apostando por un cambio cultural profundo.

El plan tiene tres ejes principales: agilizar las denuncias, garantizar atención digna a las víctimas y sensibilizar a los hombres sobre las conductas que perpetúan la violencia. La iniciativa responde a la falta de uniformidad legal en el país, donde los códigos penales de las 32 entidades no definen de la misma manera el abuso sexual. Mientras algunos estados tienen criterios amplios o agravantes, otros aún mantienen vacíos legales que dejan a muchas víctimas sin justicia.

El objetivo del gobierno es claro: que el abuso sexual sea reconocido como delito grave en todo el territorio nacional y que las sanciones sean contundentes. Actualmente, el Código Penal Federal contempla penas de seis a diez años de prisión, además de multas, que pueden aumentar cuando la víctima es menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Entre las primeras medidas destaca la creación de mecanismos que reduzcan el tiempo para presentar denuncias, una tarea urgente frente a los procesos largos y revictimizantes que hoy enfrentan miles de mujeres. También se reforzará la línea 079 para ofrecer atención inmediata y acompañamiento especializado, mientras que ministerios públicos, fiscalías y jueces recibirán capacitación en perspectiva de género para mejorar la respuesta institucional.

El plan contempla además acciones en espacios públicos y de transporte, donde las agresiones son frecuentes. Conductores y personal del sistema de movilidad serán capacitados para detectar y prevenir el abuso sexual, promoviendo ambientes más seguros.

La iniciativa no solo busca endurecer las sanciones, sino también transformar la forma en que la sociedad entiende la violencia. Para ello, el gobierno pondrá en marcha una campaña nacional de sensibilización dirigida especialmente a los hombres, con el fin de identificar actitudes y comportamientos normalizados que resultan violentos o invasivos.

El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno presentará los primeros avances del plan y lanzará oficialmente la campaña nacional. Con esta estrategia, la administración federal busca enviar un mensaje contundente: la violencia sexual no será tolerada y cada víctima tendrá el respaldo del Estado para denunciar y acceder a justicia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su gobierno mantiene conversaciones con las autoridades de Estados Unidos para evitar la imposición de un arancel del 25% a los camiones medianos y pesados importados, medida anunciada el lunes por el presidente estadounidense Donald Trump y que entraría en vigor el 1 de noviembre.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que el objetivo es alcanzar un acuerdo antes del primero de noviembre y no descartó un contacto directo con el mandatario estadounidense. “Vamos a buscar un acuerdo antes del primero de noviembre. Estamos buscando eso. Si es necesario, igual una llamada personal con el presidente Trump. Por lo pronto, el secretario de Economía (Marcelo Ebrard) lo está viendo con el secretario de Economía de los Estados Unidos y con el embajador de Tratados Comerciales”, señaló.

El anuncio de Trump impactó de inmediato a la industria automotriz norteamericana, profundamente integrada por cadenas de suministro regionales entre México, Estados Unidos y Canadá, países socios del T-MEC. Los aranceles contemplan a todos los países exportadores de vehículos pesados, no únicamente a México, aunque el país podría verse más afectado por su alto volumen de exportaciones en el sector.

La mandataria subrayó que los gravámenes no son exclusivos para México, pero reconoció la relevancia del tema por el peso que tiene el comercio automotriz en la economía nacional. “Lo que se anunció ayer no es a México, es a todo el mundo. El arancel de los vehículos pesados no es para México. Obviamente, a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados”, puntualizó.

Sheinbaum adelantó que su administración dialogará con representantes de la industria mexicana para garantizarles que el gobierno federal tomará todas las medidas necesarias para proteger al sector. “Haremos todo lo que esté de nuestra parte para evitar que se impongan estos aranceles y proteger las exportaciones del país”, afirmó. Actualmente, las exportaciones mexicanas de vehículos pesados superan los 40 mil millones de dólares anuales, lo que convierte al ramo en un eje clave de la economía manufacturera nacional.

En la misma conferencia, la presidenta abordó también la relación bilateral en materia de seguridad, destacando los avances tras la visita reciente del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a México. Según explicó, el encuentro permitió consolidar un nuevo marco de entendimiento entre ambos gobiernos enfocado en la cooperación en inteligencia y combate al crimen organizado.

“Hoy llegamos a un acuerdo que tiene cuatro ejes muy importantes, que son los principios de las fuerzas armadas en la cooperación con respeto a la soberanía y a la actuación de cada uno de nosotros en nuestros territorios”, precisó la mandataria.

Con estos esfuerzos diplomáticos y de coordinación bilateral, el gobierno mexicano busca mantener la estabilidad comercial con Estados Unidos y preservar uno de los sectores más estratégicos para su economía: la industria automotriz pesada.