FGR mapeará zonas de riesgo del crimen y posibles vínculos entre autoridades y cárteles en México

La Fiscalía General de la República informó al Senado de la República que realizará un mapeo nacional para identificar zonas de riesgo delictivo, detectar patrones criminales y analizar posibles vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas en el país.

El anuncio fue presentado en su informe de labores y se basa en el uso del denominado “análisis de contexto”, una herramienta metodológica que permite estudiar las condiciones sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito para comprender su origen y forma de operación.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy, esta metodología incluye la recopilación de datos, revisión de investigaciones previas, testimonios y bases de datos institucionales. Con esta información se elaboran mapas que ubican zonas críticas de criminalidad, rutas de operación de grupos delictivos, domicilios relacionados con delitos y posibles fosas clandestinas.

La fiscalía explicó que este tipo de análisis permite visualizar patrones delictivos y facilitar el trabajo del Ministerio Público para identificar relaciones entre delitos, presuntos responsables y contextos en los que ocurren los hechos. El informe señala que durante 2025 se recibieron 139 solicitudes de análisis de contexto por parte de agentes del Ministerio Público para distintos casos; de ese total, 109 estudios continúan en proceso.

La elaboración de estos análisis ocurre en medio de investigaciones recientes sobre presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Entre los casos mencionados está la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de participar en secuestros y extorsiones en presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, la fiscalía mantiene abiertas indagatorias por contrabando fiscal de hidrocarburos en las que se señala la presunta participación de los hermanos Manuel Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Marina, respectivamente, quienes son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Para elaborar estos estudios, la fiscalía utiliza diversas fuentes de información, entre ellas la Plataforma México, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Detenciones, así como bases de datos internacionales. También se incorporan análisis de fuentes abiertas en internet, incluidas redes sociales como Facebook, X, Instagram y YouTube.

Según el reporte presentado al Senado, esta información permite generar productos de inteligencia para apoyar investigaciones relacionadas con desaparición de personas, delitos contra migrantes, tortura, centros clandestinos y ataques a la libertad de expresión, además de fortalecer la identificación de tendencias y riesgos delictivos en el país.

Sheinbaum depura cifras del “huachicol” fiscal y alista control total de combustibles

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que su gobierno trabaja en un proceso de recopilación y cruce de datos entre varias dependencias federales para determinar con precisión el daño económico causado por el llamado “huachicol” fiscal, una red de contrabando de combustibles que opera desde hace años en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aclaró que la cifra de 600 mil millones de pesos, mencionada la semana pasada por la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, no corresponde a una estimación oficial. Explicó que los cálculos que circularon en días recientes surgieron de un análisis elaborado por un diputado federal, por lo que “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible”.

Sheinbaum detalló que actualmente un grupo de trabajo interinstitucional revisa los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía y Aduanas, con el fin de consolidar una sola fuente de información confiable sobre la producción, importación y venta de combustibles.

“Tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce”, indicó la presidenta.

El objetivo, explicó, es contar antes de que concluya octubre con un sistema que permita tener trazabilidad total de los combustibles en tiempo real, algo que, según reconoció, no existía en administraciones anteriores. Con esta herramienta, el gobierno podrá identificar si se comercializa más combustible del que se produce o importa legalmente, y así determinar el tamaño real del contrabando.

La mandataria precisó que hasta ahora existen querellas por 16 mil millones de pesos relacionadas con el llamado “huachicol fiscal”, una cifra que coincide con la reportada por la Procuraduría Fiscal.

El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara el inicio de un juicio contra 10 marinos y funcionarios aduaneros presuntamente implicados en una red de contrabando que permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustible bajo el argumento de que eran aditivos, para luego venderlos dentro del país y evadir impuestos.

Entre los señalados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con la depuración de cifras y la integración de datos entre dependencias, el gobierno federal busca cerrar el paso a las prácticas que alimentaron durante años el mercado ilícito de combustibles y reforzar el control sobre toda la cadena energética nacional.

Confrontación entre Candidatas Presidenciales por la Secretaría de Marina

Las tensiones políticas se intensifican en la contienda presidencial con un nuevo enfrentamiento entre las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, y la Secretaría de Marina. La chispa se encendió cuando Gálvez, durante su recorrido por Tijuana en busca de apoyo electoral, cuestionó la eficacia de la Marina en el control de aduanas, acusando la persistencia de corrupción y el fracaso en detener el tráfico de armas y fentanilo.

Antes de que Sheinbaum respondiera, Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, desestimó estas acusaciones y desafió a Gálvez a presentar pruebas. En una respuesta contundente, Gálvez reiteró sus críticas y acusó a Ojeda Durán de interferir en el proceso electoral, calificándolo de “presidentito”.

Sheinbaum se unió al coro de críticas, respaldando la posición de la Marina y exigiendo pruebas a Gálvez antes de realizar tales acusaciones. Este intercambio evidencia las tensiones y la polarización en el escenario político rumbo a las elecciones del 2 de junio.