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La posibilidad de que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentre fuera del país ha intensificado las acciones de búsqueda en su contra, luego de que autoridades estatales y federales señalaran que el exmandatario habría escapado con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación durante un operativo realizado a inicios de marzo de 2025.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Aureoles fue localizado en el estado de Jalisco, pero logró evadir la acción desplegada entre el 1 y 2 de marzo de 2025. Según explicó, integrantes del grupo criminal facilitaron su traslado hacia el norte del país, lo que habría permitido su salida del territorio nacional.

En paralelo, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que solicitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, iniciar gestiones internacionales para ubicar al exmandatario, incluyendo la emisión de una ficha roja ante la Interpol y la colaboración con otros países.

Aureoles, quien gobernó Michoacán entre 2014 y 2021 bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, enfrenta dos órdenes de aprehensión. La primera corresponde al presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles de la Policía Michoacán, actualmente denominada Guardia Civil.

La segunda orden judicial está relacionada con la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas durante un operativo realizado en 2017 en la comunidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen. En este caso también enfrenta cargos por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad.

Por los mismos hechos, el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como 14 exfuncionarios y policías, también cuentan con órdenes de aprehensión.

El operativo en Arantepacua ocurrió el 5 de abril de 2017, cuando elementos de la Policía Michoacán intentaban recuperar cerca de cien vehículos retenidos por habitantes de la comunidad, en medio de un conflicto agrario con la población de Capácuaro, en el municipio de Uruapan. Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado que dejó un policía muerto, cuatro indígenas fallecidos —uno de ellos menor de edad—, además de 35 personas lesionadas y 38 detenidos que posteriormente fueron liberados.

En su momento, la administración estatal sostuvo que el tiroteo fue iniciado por un grupo armado vinculado a Benito Morales Jiménez, alias “El Beny”, identificado como jefe de plaza del cártel de Los Viagras y exintegrante de Los Caballeros Templarios. El presunto líder criminal no fue detenido y su paradero continúa sin esclarecerse.

La Fiscalía General de la República informó al Senado de la República que realizará un mapeo nacional para identificar zonas de riesgo delictivo, detectar patrones criminales y analizar posibles vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas en el país.

El anuncio fue presentado en su informe de labores y se basa en el uso del denominado “análisis de contexto”, una herramienta metodológica que permite estudiar las condiciones sociales, políticas, económicas y criminales que rodean un delito para comprender su origen y forma de operación.

De acuerdo con la institución encabezada por Ernestina Godoy, esta metodología incluye la recopilación de datos, revisión de investigaciones previas, testimonios y bases de datos institucionales. Con esta información se elaboran mapas que ubican zonas críticas de criminalidad, rutas de operación de grupos delictivos, domicilios relacionados con delitos y posibles fosas clandestinas.

La fiscalía explicó que este tipo de análisis permite visualizar patrones delictivos y facilitar el trabajo del Ministerio Público para identificar relaciones entre delitos, presuntos responsables y contextos en los que ocurren los hechos. El informe señala que durante 2025 se recibieron 139 solicitudes de análisis de contexto por parte de agentes del Ministerio Público para distintos casos; de ese total, 109 estudios continúan en proceso.

La elaboración de estos análisis ocurre en medio de investigaciones recientes sobre presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Entre los casos mencionados está la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de participar en secuestros y extorsiones en presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, la fiscalía mantiene abiertas indagatorias por contrabando fiscal de hidrocarburos en las que se señala la presunta participación de los hermanos Manuel Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contraalmirante de la Marina, respectivamente, quienes son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Para elaborar estos estudios, la fiscalía utiliza diversas fuentes de información, entre ellas la Plataforma México, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Detenciones, así como bases de datos internacionales. También se incorporan análisis de fuentes abiertas en internet, incluidas redes sociales como Facebook, X, Instagram y YouTube.

Según el reporte presentado al Senado, esta información permite generar productos de inteligencia para apoyar investigaciones relacionadas con desaparición de personas, delitos contra migrantes, tortura, centros clandestinos y ataques a la libertad de expresión, además de fortalecer la identificación de tendencias y riesgos delictivos en el país.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, oficializó una serie de cambios en la estructura territorial de la Fiscalía General de la República al designar a 11 nuevos titulares en delegaciones estatales. Los movimientos abarcan entidades como Baja California, Campeche, Durango, Ciudad de México, Hidalgo y Jalisco, entre otras.

De acuerdo con el comunicado institucional, los perfiles seleccionados cuentan con experiencia previa como Ministerios Públicos y trayectoria dentro de la propia FGR, particularmente en áreas de investigación y litigación.

En Baja California fue nombrada Teófila González Lozada, quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación en Ensenada. En Campeche asumió Margarita Galván Rodríguez, fiscal jefa del equipo de Investigación y Litigación en Guanajuato desde 2021.

Para la Ciudad de México fue designada Laura Gabriela Chang Marroquí, quien encabezaba desde 2022 la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos en la Fecor. En Durango quedó al frente Rosalía Juárez Ramírez, con más de dos décadas de trayectoria como Ministerio Público.

Ana Cristina Maturano Ramos asumió en Hidalgo, con experiencia tanto en funciones ministeriales como en asesoría jurídica. En Jalisco fue nombrado Enrique Landeros Curiel, ex fiscal en jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan.

La lista continúa con Mario Esquivel Ayala en Nayarit, quien era agente del Ministerio Público en la fiscalía federal de esa entidad; José Guadalupe González Guajardo en Nuevo León, ex titular de la mesa primera investigadora de la Unidad del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto en Reynosa; y Damaris Baglietto Hernández en Oaxaca, quien desde marzo de 2023 encabezaba la Unidad de Investigación y Litigación en la fiscalía federal capitalina.

En San Luis Potosí fue designado Gabriel Campos Piña, procedente de la fiscalía federal en Nayarit, mientras que Manuel Eduardo León Torres asumirá en Tamaulipas, tras desempeñarse como agente del Ministerio Público y fiscal en jefe.

La FGR señaló que estos relevos buscan fortalecer la coordinación con autoridades estatales y consolidar el trabajo institucional. En el comunicado se destaca que Godoy Ramos reconoció la trayectoria de las y los nuevos fiscales federales y les deseó éxito en sus responsabilidades.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que los ajustes forman parte del programa de trabajo de la fiscal general. “Ella lo que está haciendo es fortalecer las delegaciones (…) más que limpia es un fortalecimiento”, expresó, al referirse a la revisión interna y al nombramiento de nuevos representantes en las fiscalías estatales. Con estos movimientos, la FGR actualiza su estructura operativa en 11 entidades del país como parte de su reorganización institucional.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, hizo un llamado a implementar una estrategia integral que enfrente directamente la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, al señalar que la respuesta del Estado debe incluir a quienes operan como cómplices o facilitadores desde cargos públicos.

Durante una conferencia de prensa, el legislador afirmó que el combate a la delincuencia no debe limitarse a quienes participan de forma directa en actividades armadas, sino también a quienes colaboran desde el interior de las instituciones. “Me refiero a los delincuentes que forman parte de estructuras gubernamentales que han facilitado información, el tránsito o que son cómplices de aquellos cárteles; a esos que permanecen en las estructuras de gobierno infiltrados, también tienen que tener todo el peso del Estado”, expresó.

El posicionamiento del PAN ocurre tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. En este contexto, Lixa reconoció la actuación de las fuerzas armadas, destacando su desempeño durante el operativo. “Han demostrado valentía, disciplina, ser una fuerza útil para el país y que han combatido de frente a uno de los líderes más peligrosos que haya conocido el planeta”, declaró.

El legislador también expresó solidaridad con las familias de los elementos militares que fallecieron durante la operación, y reiteró el respaldo de su bancada a las fuerzas de seguridad. No obstante, señaló que, además de las acciones operativas, es necesaria una estrategia preventiva más amplia en distintas regiones, incluyendo Jalisco.

El coordinador parlamentario subrayó que el PAN ha insistido en la necesidad de una política de seguridad que actúe desde el origen del problema y no únicamente mediante operativos. Indicó que contar con información oportuna es un factor clave para lograr la pacificación y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, señaló que la presencia del crimen organizado dentro de las instituciones públicas representa un factor determinante en la expansión de estas organizaciones. “Es urgente realizar una reforma que combata la narcopolítica y que haga que el crimen organizado saque las manos de estructuras gubernamentales”, afirmó.

El legislador agregó que el tamaño y capacidad operativa de los cárteles, así como delitos como la extorsión en distintas entidades, reflejan la posible existencia de funcionarios que actúan como facilitadores o colaboradores. Según explicó, estos vínculos permiten el flujo de información o facilitan operaciones ilícitas.

Lixa también enfatizó que la neutralización de un líder criminal no implica la desaparición de la organización. “Capturar, abatir o neutralizar a una cabeza de un cártel no lo soluciona todo”, señaló, al reiterar la necesidad de una estrategia estructural que incluya acciones contra la infiltración criminal en el aparato gubernamental y fortalezca las instituciones frente a la delincuencia organizada.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó la fuga de 23 personas privadas de la libertad del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) en Puerto Vallarta, durante los disturbios registrados el domingo tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El incidente dejó como saldo la muerte de un elemento de la policía penitenciaria.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, informó en conferencia de prensa que la evasión ocurrió luego de un ataque directo a las instalaciones penitenciarias. De acuerdo con el funcionario, un vehículo impactó uno de los portones de acceso al penal mientras se registraban disparos en el lugar.

Durante la agresión, el personal de custodia respondió para contener la situación. “Los compañeros repelieron la agresión, pero lamentablemente falleció uno de nuestros compañeros de la policía penitenciaria que estaban haciéndole frente a la situación”, explicó el titular de Seguridad.

Tras confirmarse la fuga, las autoridades activaron protocolos de búsqueda y coordinación interinstitucional. Hernández señaló que se emitieron alertamientos a distintas entidades federativas con el objetivo de localizar y recapturar a los internos evadidos. Estas acciones forman parte del despliegue de seguridad implementado en respuesta a los hechos violentos ocurridos en la región.

El funcionario detalló que el gobierno estatal reforzó la presencia de elementos de seguridad en el Ceinjure y sus alrededores para restablecer el control. Indicó que la situación se encuentra bajo supervisión y que personal de derechos humanos permanece en el sitio para dar seguimiento a lo ocurrido.

“Ya está bajo control la situación. Aún sigue personal de derechos humanos en el lugar. Y ya se hizo el pase de lista y ya prácticamente está restablecida la seguridad”, afirmó Hernández al ofrecer el balance preliminar del incidente.

La fuga se produjo en el contexto de una jornada marcada por bloqueos y actos violentos en distintos puntos de Jalisco, derivados del operativo federal en el que fue abatido Oseguera Cervantes. Estos acontecimientos generaron una respuesta inmediata de las autoridades estatales, que desplegaron operativos adicionales y activaron mecanismos de coordinación para contener los disturbios y reforzar la vigilancia en instalaciones estratégicas.

Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda para ubicar a los 23 reos fugados y continúan con las labores de seguridad en la zona, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes sobre el ataque al penal y las circunstancias que permitieron la evasión.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, construyó durante más de tres décadas una trayectoria dentro del narcotráfico que lo llevó a encabezar una de las organizaciones criminales con mayor alcance internacional. Fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), consolidó un grupo con presencia en todo México y operaciones en al menos 40 países, cifra equiparable a la del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el más reciente informe de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, comunidad del municipio de Aguililla, Michoacán, Oseguera pasó más de la mitad de su vida vinculado al tráfico de drogas. Su incursión en el crimen organizado comenzó con el Cártel de los Valencia, también denominado Cártel del Milenio, grupo asentado en Michoacán dedicado a la producción y distribución de drogas sintéticas. Su relación con esta organización marcó también su entorno personal al contraer matrimonio con Rosalinda González Valencia, integrante de ese clan.

Conforme fueron detenidos o abatidos los líderes de los Valencia en la década de los 2000, Oseguera escaló posiciones. El punto de inflexión ocurrió tras la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa y socio de los Valencia, en julio de 2010. A partir de entonces, “El Mencho” se separó de los remanentes del grupo y fundó el CJNG, organización que la DEA describe como una de las más poderosas, influyentes y violentas.

Desde 2014 su nombre figura en una corte federal en el Distrito de Columbia por múltiples cargos de narcotráfico. La acusación lo señala por coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y por el tráfico de metanfetaminas hacia Australia y territorio estadounidense. 

Bajo su liderazgo, el CJNG fue identificado como proveedor relevante de fentanilo ilegal hacia Estados Unidos, motivo por el cual Washington lo incluyó desde 2025 en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

En la lista de fugitivos prioritarios de la DEA, Oseguera ocupaba el primer lugar con una recompensa de 15 millones de dólares; en México, la Fiscalía General de la República ofrecía 30 millones de pesos por información que condujera a su captura.

Antes de consolidarse como líder criminal, tuvo antecedentes penales en Estados Unidos: fue detenido en 1986 en San Francisco por portación de arma de fuego y posesión de objetos robados, y años después enfrentó cargos por distribución de heroína. Cumplió tres años de condena y fue deportado a México.

La última ocasión en que estuvo cerca de ser capturado públicamente ocurrió en mayo de 2015, cuando un operativo fue repelido y un helicóptero militar fue derribado. Su detención definitiva se produjo este domingo en Tapalpa, Jalisco, a unos 300 kilómetros de su lugar de origen, en una operación de fuerzas especiales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

Tras su caída, queda una estructura criminal que, según la DEA, dispone de amplios recursos financieros, opera en decenas de países y ha mantenido influencia mediante redes de corrupción y violencia sistemática.

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, detonó una serie de bloqueos y hechos violentos en al menos 14 estados del país, de acuerdo con reportes oficiales difundidos este domingo.

Autoridades federales informaron que las afectaciones incluyeron quema de vehículos y cierres en vías primarias y secundarias. Entre las entidades con incidentes se encuentran Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Aguascalientes y Quintana Roo.

Según la Guardia Nacional, el primer bloqueo fue reportado a las 9:32 horas en Michoacán; minutos después se notificó otro en Jalisco por un vehículo incendiado. En esa entidad, el Gabinete de Seguridad indicó que hasta las 14:00 horas se contabilizaban 21 bloqueos carreteros activos. 

Cinco de ellos habían sido controlados, mientras fuerzas federales y estatales permanecían desplegadas para restablecer la circulación. La autoridad precisó que en los puntos intervenidos se mantenía flujo vehicular lento pero constante.

La Fiscalía del Estado de Jalisco detalló que, derivado de los hechos en la entidad, se registraron seis personas detenidas y un presunto agresor abatido. En avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle fueron aseguradas dos personas y un vehículo; en ese punto, uno de los involucrados murió. 

En la carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, se reportaron cuatro detenciones adicionales y el aseguramiento de otro automóvil. Además, se confiscaron dos vehículos en el cruce de avenida Periférico y avenida Guadalupe.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el abatimiento del líder criminal. Durante una visita a Coahuila, fue abordada por medios de comunicación mientras saludaba a asistentes desde una camioneta. Ante los cuestionamientos, respondió: “Lo va a informar el Gabinete de Seguridad”.

Horas antes, en un acto público en San Pedro, Coahuila, la mandataria centró su mensaje en programas sociales y no hizo referencia a los hechos relacionados con el operativo. Al insistirle la prensa para enviar un mensaje a la ciudadanía tras la muerte de “El Mencho”, reiteró que será el Gabinete de Seguridad el encargado de proporcionar la información oficial.

Hasta el momento, las fuerzas federales no han presentado un informe ampliado sobre el operativo ni sobre el balance total de los incidentes registrados en las distintas entidades.

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que un juez de control así lo determinara tras una audiencia celebrada en las salas de juicios del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Altiplano. La misma medida fue impuesta a Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública del municipio, y a Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial, quienes enfrentan acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la diligencia judicial, el Ministerio Público federal expuso diversos datos de prueba relacionados con delitos de alto impacto. En el caso del alcalde Diego “N” y del titular de Catastro y Predial, la FGR los señala por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro, así como por secuestro agravado. Para el director de Seguridad Pública, la imputación corresponde únicamente al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

Las acusaciones se sustentan en las investigaciones derivadas del secuestro de Guillermo Cordero García, entonces candidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez. Los hechos ocurrieron el 24 de marzo de 2021, en el contexto del proceso electoral local en Jalisco.

De acuerdo con el expediente integrado por el Ministerio Público, Diego “N” y Juan Gabriel “N” habrían participado directamente en la privación ilegal de la libertad de ambos candidatos. El documento ministerial señala que las víctimas fueron interceptadas por un grupo armado, trasladadas a una casa de seguridad y mantenidas bajo coacción. Durante ese tiempo, se les habría obligado a firmar su renuncia como candidato y suplente a la presidencia municipal de Tequila por el partido Morena.

“Fueron secuestrados por Diego ‘N’ y Juan Gabriel ‘N’ y como un comando armado participó en su privación utilizando armas de fuego y como fueron trasladados a una casa de seguridad hasta que firmaron coaccionados la renuncia”, se establece en el documento presentado ante el juez.

Durante la audiencia, la FGR argumentó que el presidente municipal cuenta con recursos económicos suficientes que podrían facilitar una eventual evasión de la justicia, motivo por el cual solicitó la imposición de la prisión preventiva justificada, petición que fue concedida por el juez de control.

Será el próximo martes cuando la autoridad judicial determine si los tres imputados son vinculados a proceso o si, en su caso, se ordena su libertad por insuficiencia de pruebas, una vez analizados los elementos presentados por la Fiscalía.

El municipio de Tequila, Jalisco, fue reforzado con un operativo de seguridad estatal luego de la detención de su alcalde, Diego Rivera Navarro, y de otros tres funcionarios municipales, todos señalados por su presunta participación en actividades delictivas. La medida fue confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien informó el envío inmediato de 50 elementos de la Policía Estatal con el objetivo de mantener el orden, garantizar la seguridad pública y brindar tranquilidad a la población.

De acuerdo con la información difundida por el propio gobernador en su cuenta oficial de X, el despliegue de los policías se realizó desde las primeras horas del día, como respuesta directa a la aprehensión de las autoridades municipales y al impacto que este hecho generó entre los habitantes de Tequila. El mandatario estatal subrayó que la prioridad es preservar la gobernabilidad del municipio en un momento clave.

En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación en Querétaro, donde participaba en los actos conmemorativos por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, Lemus Navarro respaldó lo señalado previamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ambos coincidieron en que la detención del alcalde fue consecuencia de múltiples denuncias ciudadanas que se habían presentado de manera reiterada en su contra.

“Esta detención se debe a diversas denuncias que se habían presentado. Lo que estamos haciendo ahora es tener un diálogo con la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad del municipio”, expresó el gobernador, quien también afirmó que se respetará la mayoría política que mantiene Morena en el ayuntamiento de Tequila.

Diego Rivera Navarro enfrenta acusaciones por el delito de extorsión y por presuntos vínculos con el crimen organizado. Su captura se llevó a cabo como parte del operativo denominado “Enjambre”, una acción coordinada de las autoridades para desarticular redes de corrupción en gobiernos locales. Junto con el alcalde fueron detenidos el director de Seguridad Pública municipal, el titular de Catastro y Predial, y el responsable del área de Obras Públicas, todos funcionarios del mismo municipio.

Autoridades federales detallaron que el operativo incluyó la ejecución de cinco cateos simultáneos. Según los señalamientos, el alcalde encabezaba una red de corrupción dedicada a extorsionar a empresas tequileras y cerveceras que operan en la región, además de mantener presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En cuanto al futuro administrativo del municipio, el gobernador de Jalisco indicó que la definición sobre quién asumirá el control de la comisaría municipal se tomará de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad federal, como parte de las acciones para asegurar la estabilidad institucional en Tequila.