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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) logró un acuerdo con los productores de maíz del Bajío que busca fortalecer al sector, garantizar precios justos y mejorar la competitividad nacional. El pacto, alcanzado tras una larga jornada de negociaciones que culminó la madrugada de este miércoles, incluye apoyos económicos, créditos preferenciales y un nuevo esquema de comercialización.

El titular de la Sader, Julio Berdegué, informó que se otorgará un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz, medida que beneficiará directamente a 90 mil productores de la región. Este incentivo surge ante la caída del 21 por ciento en el precio internacional del grano, con el objetivo de brindar estabilidad a los agricultores.

En la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, desde Palacio Nacional, Berdegué explicó que el programa “Cosechando Soberanía” será ampliado para ofrecer créditos con una tasa de interés preferencial del 8.5 por ciento anual, dirigidos principalmente a pequeños y medianos productores. Además, se establecerá un sistema nacional de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz, que incluirá precios de referencia previos a la siembra, acuerdos directos de venta, reglas públicas y acceso a información oficial.

El funcionario subrayó que la prioridad será la cosecha nacional y confirmó que los liderazgos locales se comprometieron a liberar los cortes de carretera que habían afectado la distribución del grano.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que los apoyos se entregarán sin intermediarios, para evitar prácticas del pasado donde los recursos quedaban en manos de organizaciones y no llegaban a los productores. “Antes de la transformación, había organizaciones que recibían miles de millones de pesos. Nunca se sabía si llegaban o no al productor. Eso no va a regresar”, afirmó.

Sheinbaum destacó que la estrategia busca fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, considerando al maíz como un cultivo estratégico para el país. “En la medida de lo posible, siempre se va a apoyar a los pequeños productores”, sostuvo.

En la misma reunión, la Sader y los gobiernos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán acordaron aumentar 100 pesos adicionales al apoyo gubernamental por tonelada. Durante la negociación, que se extendió por casi cinco horas, se determinó eliminar el precio de garantía de 5 mil 200 pesos, permitiendo a los agricultores vender su producto de forma libre a los industriales.

El productor Mauricio Pérez, de Pénjamo, explicó que esta medida permitirá a los campesinos buscar mejores oportunidades de mercado. “Dejando una base abierta le permite al agricultor buscar una mejor oportunidad de precio; con una base fija ya se tasa y es difícil que repunte”, señaló.

Los agricultores continuarán este medio día las mesas de diálogo con autoridades federales para definir las reglas de operación de los nuevos apoyos, que pasarán de 850 a 950 pesos por tonelada. Con el impulso de estos recursos y el libre mercado, se estima que el precio final de la tonelada de maíz alcance hasta 6 mil 700 pesos, fortaleciendo al campo mexicano y generando un nuevo horizonte de estabilidad para los productores.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones claras y eliminar vacíos legales en la materia. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 474 votos a favor y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Con esta modificación al artículo 73 de la Constitución Política, se facultará al Congreso a homologar las sanciones y tipificaciones relacionadas con la extorsión y sus agravantes, además de garantizar la persecución de oficio de este ilícito. La propuesta busca prevenir, investigar y castigar de manera uniforme este delito, considerado de alto impacto.

En tribuna, el morenista Leonel Godoy presentó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y advirtió que la incidencia del delito de extorsión aumentó 58 por ciento en los últimos seis años, pasando de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025. Subrayó que “las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”.

Desde la bancada del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez detalló que durante los primeros diez meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos de extorsión, una cifra superior a los 7 mil 249 reportados en el mismo periodo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, a los 6 mil 792 de Enrique Peña Nieto y a los 2 mil 599 de Felipe Calderón. “La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo”, señaló.

Los registros muestran que entre 2018 y 2025, el Estado de México concentró 23 mil 563 carpetas de investigación por extorsión, seguido por Veracruz con 6 mil 12; Nuevo León con 5 mil 013; Jalisco con 4 mil 866; y la Ciudad de México con 4 mil 428.

Por parte del PRI, el diputado Alejandro Domínguez calificó la extorsión como “un flagelo nacional” que ha crecido de forma sostenida y que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión. Citó datos del INEGI que revelan que la cifra negra del delito alcanzaba en 2023 el 97.2 por ciento, lo que significa que apenas uno de cada diez víctimas denuncia.

La iniciativa presidencial advierte que una de las principales dificultades en el combate a este delito es la falta de homologación de penas entre entidades federativas. Mientras el Código Penal Federal establece sanciones de dos a ocho años, en Oaxaca van de uno a tres años, y en Chihuahua de cinco a treinta años. Actualmente, los códigos federal y locales establecen un rango promedio de cuatro años con seis meses a doce años, con discrepancias significativas entre estados.

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión es cometida por “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

En la exposición de motivos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que ocho estados concentran más de la mitad de las extorsiones del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

Entre el 1 de octubre, fecha en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, y el 31 de agosto, se registraron 13 mil 219 personas desaparecidas y no localizadas en el país. La cifra representa 5 mil 145 casos más que los reportados durante los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En su primer informe de gobierno, la presidenta se refirió al tema de desapariciones en una sola ocasión, mencionando únicamente reformas en materia de justicia y atención a víctimas. No ofreció resultados ni cifras sobre las acciones emprendidas para atender la crisis que incluye identificación de cuerpos, labores de búsqueda o datos actualizados sobre fosas clandestinas. Según cifras de 2021 de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, existen al menos mil 749 fosas clandestinas en el país.

La Ley General establece la obligación de contar con un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). La institución reconoce su existencia, pero el documento no es público.

En el balance estatal, la Ciudad de México, gobernada previamente por Sheinbaum, se posicionó como la entidad con mayor número de personas desaparecidas en el periodo, con mil 986 casos. Le sigue el Estado de México, donde la morenista Delfina Gómez es gobernadora, con mil 857 reportes. En tercer lugar está Sinaloa, escenario de enfrentamientos entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” tras la detención en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López y de Ismael “El Mayo” Zambada.

El impacto de la crisis ha alcanzado directamente a las familias buscadoras. A finales de agosto, fue asesinada Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas. Ella buscaba a su hija, Goretty Guadalupe, desaparecida en junio.

El hallazgo en marzo pasado del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron localizados restos humanos, intensificó las demandas de colectivos para que los gobiernos implementen acciones efectivas en búsqueda e identificación.

La presión social derivó en la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, en julio, después de un año y 11 meses en el cargo. Actualmente, 27 personas participan en el proceso de entrevistas para encabezar la institución. La Secretaría de Gobernación prevé presentar los perfiles más idóneos a la presidenta el 10 de septiembre.

Entre los pendientes más señalados está la apertura del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, que concentra información forense sobre localización, recuperación e identificación de restos. 

También se mantiene la exigencia de transparentar los datos del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, que debe incluir información de cementerios y panteones municipales, así como de sitios clandestinos detectados en todo el país.

Una posible vuelta a los escenarios sin limitaciones se vislumbra para Los Alegres del Barranco, luego de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunciara que está considerando eliminar las restricciones legales impuestas a la agrupación. Actualmente, los músicos tienen prohibido salir del estado, salvo para cumplir con fechas previamente pactadas, debido a la polémica generada por su participación en “narcocorridos”.

El mandatario declaró que sostendrá una reunión con el fiscal estatal para evaluar a fondo el tema, argumentando que la situación podría estar afectando el desarrollo profesional del grupo. Durante una conferencia, Lemus expresó que “sería de la idea, pero tengo que hablarlo con el fiscal, de quitar este tipo de restricciones y ya dejar trabajar libremente”.

El debate resurgió tras el lanzamiento de su nuevo tema musical titulado El consejo, el cual fue presentado el pasado domingo por la agrupación. En esta ocasión, el mensaje de la canción marca un cambio significativo respecto a sus trabajos anteriores. De acuerdo con el gobernador, el sencillo tiene un contenido positivo dirigido a las juventudes, en el que se promueve alejarse del camino del crimen.

Los integrantes de la agrupación aseguraron que esta canción fue desarrollada a partir de una propuesta directa del propio Lemus, quien además manifestó públicamente su reconocimiento a la disposición del grupo para enviar un mensaje diferente. “Trae un mensaje positivo hacia las juventudes de no tomar el camino fácil”, afirmó el gobernador.

Además de mostrar respaldo al nuevo rumbo musical del grupo, el titular del ejecutivo estatal también extendió una invitación a Los Alegres del Barranco para que participen en actividades con menores internados en centros de reclusión juvenil. La intención es que la agrupación interprete su nuevo sencillo en estos espacios y motive a los jóvenes a seguir un camino distinto, a través de la música.

Lemus comentó que si el grupo mantiene esta línea de acción, su aporte podría representar un impacto favorable no solo en Jalisco, sino en otras partes del país. “Si ellos siguen haciendo este tipo de actividades, pues la verdad es que nos ayudan mucho en Jalisco y en todo México”, declaró.

La decisión final sobre las restricciones legales que enfrentan Los Alegres del Barranco dependerá del diálogo entre el gobernador y el fiscal, aunque el tono de las declaraciones apunta a una posible resolución favorable para la agrupación. Mientras tanto, El consejo comienza a posicionarse como un corrido atípico que busca alejar del narco y abrir nuevas posibilidades para los jóvenes a través de la música.

Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, se convirtió en centro de atención internacional luego de que Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, ordenara cancelar su visa tras la difusión de un mensaje en redes sociales relacionado con las protestas contra las redadas migratorias en California.

El 9 de junio, Cornejo publicó en la plataforma X una imagen de una manifestación con la bandera de México y escribió: “‘Van a quitar visas a quienes compart…’ Viva la raza y métanse mi visa por el cu…”. El contenido generó reacciones inmediatas y fue borrado posteriormente.

Horas más tarde, el diplomático estadounidense respondió directamente en la misma red social. “Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar”, escribió Landau.

En su publicación, el subsecretario añadió: “Qué fácil hablar de tu desprecio hacia ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia, el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (‘FU** ICE’) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”.

Minutos después del intercambio, Melissa Cornejo restringió el acceso a su cuenta de X y también a su perfil en Instagram, dejando sus publicaciones disponibles únicamente para seguidores aprobados. No realizó declaraciones públicas adicionales y no ha confirmado ni desmentido la información compartida por Landau.

En sus redes sociales, Cornejo se presenta como psicóloga, columnista y creadora de análisis político. Su participación dentro de Morena ha incluido labores como consejera estatal en Jalisco y, según reportes de medios locales, en 2023 habría buscado la candidatura a una diputación por el Distrito 10 en el municipio de Zapopan.

El incidente ocurre en medio de un contexto de tensión binacional, marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el despliegue de operativos por parte del ICE en ciudades como Los Ángeles. Las protestas en territorio estadounidense han estado acompañadas de expresiones de solidaridad desde México, algunas de las cuales han generado controversia en redes sociales.

La orden de cancelación emitida por Landau no se concretó, según indicó el propio funcionario, debido a que la visa de Cornejo ya no se encontraba vigente. El hecho, sin embargo, encendió el debate en plataformas digitales y medios de comunicación sobre la libertad de expresión, la diplomacia y las implicaciones legales en torno al uso de redes sociales por figuras públicas.

La agrupación de música regional mexicana Los Alegres del Barranco ha sido vinculada a proceso por presunta apología del delito, tras ser señalada por proyectar imágenes de líderes del narcotráfico durante sus presentaciones en Jalisco. La decisión fue tomada en una audiencia celebrada en Puente Grande, donde se definieron las medidas cautelares a seguir durante el proceso judicial.

La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó cargos con base en cuatro carpetas de investigación, correspondientes a igual número de municipios donde el grupo interpretó el corrido “El dueño del palenque”. Estas localidades son Zapopan, Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila, donde las presentaciones ocurrieron entre el 29 de marzo y el 4 de mayo. En uno de los conciertos más recientes, en Tequila, la canción fue coreada por el público en un mega karaoke colectivo, hecho que forma parte del expediente.

Previo al inicio de la audiencia, el vocalista del grupo, Pável, expresó su deseo de que “triunfe la libertad de expresión”. Pável ha estado en el centro de la polémica por sus publicaciones en redes sociales, en las que ha lanzado críticas directas contra los medios de comunicación, a los que ha calificado como “amarillistas y mentirosos”.

Las medidas cautelares dictadas incluyen una garantía económica de 300 mil pesos por cada uno de los seis integrantes, sumando un total de 1 millón 800 mil pesos. Además, se autorizó que los músicos puedan salir del estado únicamente para presentaciones, con la condición de regresar inmediatamente tras cada evento. El plazo para la investigación complementaria y la vigencia de estas medidas es de tres meses.

La defensa legal solicitó previamente la ampliación del término constitucional, lo que pospuso la resolución, inicialmente prevista para el 6 de mayo. Finalmente, la vinculación fue confirmada por el juez encargado del caso.

El día de la audiencia se vivió con un despliegue discreto pero evidente. El primero en llegar fue el promotor musical, quien evitó a la prensa cubriendo su rostro con lentes oscuros y cubrebocas, además de vestir de manera informal. Luego hicieron su aparición los miembros del grupo: uno de ellos con ropa formal completamente negra, y otro —el más joven— con atuendo casual compuesto por jeans oscuros y playera.

Esta es la tercera ocasión en que la Fiscalía de Jalisco actúa contra artistas por presunta apología del delito. Casos anteriores incluyen a un cantante de corridos en 2016, cuyo video mostraba una agresión contra una mujer, y a un rapero en 2018, vinculado a la desaparición de estudiantes de cine.

Los Alegres del Barranco enfrentan un proceso judicial que coloca en el centro del debate los límites entre el arte, la expresión y la legalidad.

El municipio de Teuchitlán, Jalisco, vive un cambio repentino en su liderazgo. Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros ha sido nombrado presidente municipal interino, luego de que el hasta ahora alcalde, José “N”, fuera vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada por su condición de servidor público.

La decisión se concretó este sábado durante una sesión de cabildo en la que se oficializó el relevo. Los integrantes del cuerpo edilicio respaldaron de forma unánime la propuesta de Rodríguez Ballesteros, destacando su integridad y trayectoria dentro del municipio.

“Todo el tema de la elección fue por unanimidad del Partido Acción Nacional, del Partido Morena y los integrantes de Movimiento Ciudadano. Decidimos, por la calidad moral que tiene el compañero, que él sea el presidente interino”, expresó Osvaldo Anguiano, regidor de Teuchitlán, tras concluir la sesión.

Rodríguez Ballesteros no es ajeno a la vida política local. Participó en la más reciente contienda electoral como parte de la planilla de Movimiento Ciudadano, equipo con el que José Santiago “N” ganó la alcaldía. Ahora, asume la responsabilidad de liderar el municipio en un escenario legal y político complejo.

La vinculación a proceso de José “N” fue determinada durante la audiencia celebrada este viernes en los juzgados federales de oralidad de Puente Grande, Jalisco. La jueza Ana Beatriz Aguilar Jiménez fue la encargada de conducir la audiencia, en la que se estableció prisión preventiva como medida cautelar por un periodo máximo de dos años.

El Ministerio Público solicitó cuatro meses para el cierre de la etapa de investigación, tiempo en el cual buscará integrar el mayor número de elementos provenientes de las víctimas y otros posibles implicados. Durante este tiempo, el ahora exalcalde permanecerá en la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande.

El ambiente político en Teuchitlán se transforma bajo una nueva dirección, mientras el proceso judicial en curso mantiene la atención pública. La designación de Rodríguez Ballesteros se presenta como un intento por devolver estabilidad al gobierno municipal en medio de una coyuntura legal delicada.

Sin discursos estridentes ni confrontaciones públicas, la transición se llevó a cabo con discreción institucional, aunque no exenta de tensión. El nuevo edil asume el cargo con el respaldo de todas las fracciones representadas en el cabildo y con la expectativa de encaminar nuevamente la gestión local hacia un terreno firme.

Este fin de semana, la tranquilidad del municipio de Teuchitlán, Jalisco, se quebró con la sorpresiva detención de su alcalde, José Murguía Santiago. La acción fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), según confirmaron fuentes federales a un medio de comunicación.

La detención se relaciona directamente con las investigaciones en torno al rancho Izaguirre, señalado por las autoridades como un centro clave en las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A pesar del hermetismo de las autoridades sobre los detalles precisos, los primeros informes apuntan a que Murguía Santiago estaría implicado en actividades delictivas vinculadas a ese lugar.

El rancho Izaguirre, ubicado en el mismo municipio que encabezaba el ahora detenido alcalde, fue identificado por la FGR como un sitio de reclutamiento y adiestramiento del CJNG. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, declaró recientemente que “ya está totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación” del grupo criminal.

Murguía Santiago, integrante del partido Movimiento Ciudadano (MC), fue trasladado a la Ciudad de México tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra. Su nombre ahora se suma a una investigación de alto perfil que mantiene en alerta a diversas instituciones de seguridad del país.

El rancho saltó a la atención pública el pasado 8 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de lo que consideraron un “campo de exterminio”. Entre los restos localizados, se encontraron al menos 400 pares de zapatos. Aunque la FGR ha descartado que en el lugar funcionara un crematorio, las pruebas genéticas en curso buscarán determinar si las pertenencias encontradas están relacionadas con personas reportadas como desaparecidas.

Las labores del colectivo Guerreros Buscadores han sido fundamentales para permitir que las investigaciones sigan avanzando. Apenas este viernes, recibieron autorización para ingresar nuevamente a la zona en compañía de peritos y personal de la Fiscalía.

La situación actual mantiene encendidas las alarmas sobre la posible existencia de más “narcorranchos” en el estado y sus alrededores. La FGR, por su parte, ha trazado una línea de investigación paralela que buscará esclarecer si el caso del rancho Izaguirre es apenas una pieza más en una red mucho más amplia.

El caso de Murguía Santiago marca un giro delicado en la política local de Jalisco y abre un capítulo más en la lucha por desmantelar estructuras criminales infiltradas en el poder público.

La verdad sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha salido a la luz con una crudeza que no deja espacio para dudas. Desde 2021, autoridades locales tenían conocimiento de las actividades ilícitas que ahí se realizaban, según reveló Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había alertado a las instancias municipales sobre los hechos, pero las advertencias fueron ignoradas.

Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero fue contundente: el rancho operaba como un centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las pruebas son sólidas y datan de hace casi cuatro años. A pesar de las evidencias, ninguna autoridad municipal presentó una denuncia federal ante el Ministerio Público, omisión que retrasó cualquier intervención por parte de instancias superiores.

La respuesta llegó tarde. No fue sino hasta septiembre de 2024 cuando un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales terminó en un violento enfrentamiento con individuos armados, ligados directamente al CJNG. La acción dejó como saldo la detención de diez personas, la liberación de dos víctimas y el hallazgo de un hombre asesinado, cuya identidad permanece sin confirmar.

Apenas 35 días antes de la conferencia, la FGR logró atraer la investigación. La tardanza en el proceso expuso una cadena de negligencias locales que, según el fiscal, facilitaron que el rancho operara con absoluta impunidad durante años.

En medio del escándalo, surgieron versiones que señalaban al rancho como un posible “campo de exterminio”. Colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores de Jalisco, encontraron más de 400 pares de zapatos en el lugar, incrementando la sospecha de atrocidades cometidas ahí. Sin embargo, Gertz Manero negó categóricamente esta versión.

“Tenemos estudios periciales que demuestran que en el sitio no hubo cremaciones. No se hallaron restos calcinados, ni temperaturas superiores a 200 grados en la tierra o materiales analizados”, explicó el fiscal. Además, aseguró que fuera del cadáver encontrado el día del operativo, no se han localizado más restos humanos, ni osamentas completas o parciales.

El rancho Izaguirre, que en apariencia era solo una propiedad rural, escondía en su interior una maquinaria de violencia organizada, enraizada en la inacción de quienes debieron actuar desde un inicio. La gravedad del caso obligó a las autoridades federales a abrir nuevas líneas de investigación que ahora apuntan a descubrir si existen otros centros de adiestramiento similares en el estado de Jalisco.

Cada dato confirmado, cada detalle expuesto, dibuja un panorama de alarmante omisión que permitió que un grupo criminal fortaleciera su estructura operativa a plena vista. Lo que parecía un terreno olvidado era, en realidad, una pieza fundamental para una de las organizaciones más peligrosas del país.

El mensaje de Gertz Manero resuena claro: la falta de acción tiene consecuencias. Y ahora, más que nunca, la vigilancia sobre otros puntos del estado será crucial para evitar que la historia se repita.

Una nueva etapa ha comenzado en la música regional mexicana. En medio de un contexto de reformas legales que buscan frenar la apología del delito, varios de los máximos exponentes del género han decidido dejar atrás los narcocorridos, canciones que por años han ocupado un lugar protagónico en la escena musical. La transición no ha sido discreta ni ajena a la polémica. 

Luis R. Conriquez fue uno de los primeros en anunciar este cambio. A través de sus redes sociales, el intérprete de “El Búho” explicó que ya no interpretará temas relacionados con el crimen organizado en sus conciertos. La decisión responde a las nuevas políticas implementadas en recintos de espectáculos y a las recientes legislaciones impulsadas por distintos estados de la República.

Su primer concierto sin narcocorridos se llevó a cabo en el Palenque de Texcoco, donde la respuesta del público fue contundente. Entre abucheos y objetos lanzados desde las gradas, los asistentes hicieron evidente su inconformidad con la decisión del cantante.

Poco después, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, confirmó a través de su cuenta de Instagram que la agrupación también abandonará los corridos. “Los pocos corridos ficticios que tenemos ya no se tocarán a partir de esta semana en adelante”, señaló el cantante, marcando así un antes y un después en el repertorio de la banda originaria de Tijuana.

La fecha no fue elegida al azar. Grupo Firme se presentará el 20 de abril en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, justo después de que el Congreso local aprobara una reforma para prohibir los narcocorridos como parte de una legislación que penaliza la apología del delito.

Mientras tanto, el futuro de otros exponentes del género aún no es claro. Gabito Ballesteros, Natanael Cano y Junior H, quienes también figuran en el cartel de la Feria de San Marcos, no han emitido declaraciones oficiales sobre si seguirán interpretando estos temas. Junior H, sin embargo, sorprendió durante su presentación en el festival Coachella al no cantar ningún corrido, pese a contar con invitados como Peso Pluma y Tito Double P, con quienes comparte canciones del género.

En días recientes, Junior H avivó las especulaciones al comentar en una publicación de Peso Pluma que “la gente no está lista con lo que les estaremos preparando”, generando incertidumbre entre los fanáticos sobre el rumbo musical que tomará próximamente.

Mientras tanto, los gobiernos de Aguascalientes, Michoacán y Jalisco ya han tomado cartas en el asunto, aprobando o promoviendo leyes que buscan frenar la normalización del crimen organizado en la cultura popular a través de la música. La polémica sigue creciendo, y con ella, la transformación del regional mexicano parece inevitable.