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Un campamento utilizado para la producción de drogas sintéticas fue desmantelado en el municipio de Petatlán, Guerrero, como parte de un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. La acción se llevó a cabo este jueves y derivó en el aseguramiento de una importante cantidad de precursores y sustancias químicas, así como en la inhabilitación total del sitio, el cual estaría presuntamente vinculado a Inés Omar Coronel Aispuro, hermano mayor de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la información oficial, en este campamento operado por la delincuencia organizada se producía de manera simultánea metanfetaminas, la droga conocida como “Tusi” y opioides sintéticos. Las autoridades señalaron que el lugar funcionaba como un punto estratégico para la elaboración de distintos tipos de estupefacientes, lo que evidencia un alto nivel de capacidad operativa y logística.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante el operativo no solo se logró desmantelar el campamento, sino que también fue asegurada una bodega donde se almacenaban aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas. Este aseguramiento representa uno de los decomisos más relevantes en la región en materia de precursores químicos.

En las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad se observan tambos de color azul y costales que contendrían “sosa en escamas”, insumo comúnmente empleado en la elaboración de drogas sintéticas. El material gráfico permitió dimensionar la magnitud de las operaciones que se realizaban en el sitio, así como el volumen de sustancias almacenadas.

Las autoridades federales vinculan este campamento con Inés Omar Coronel Aispuro, conocido como “Coronel”, quien es identificado como integrante del Cártel del Pacífico, específicamente de la facción denominada “Los Chapitos”. De acuerdo con los antecedentes oficiales, Coronel Aispuro está señalado por haber participado en la segunda fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015, uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del narcotráfico en México.

Además, se informó que Inés Omar Coronel Aispuro cuenta con antecedentes penales registrados entre 2013 y 2015, relacionados con delitos como la producción de marihuana y la portación de arma de fuego. Estos datos forman parte de los registros oficiales de las autoridades de seguridad.

Con este operativo, el Gobierno federal busca debilitar las capacidades de producción de drogas sintéticas de los grupos delictivos que operan en Guerrero, así como reducir el flujo de estupefacientes mediante la destrucción de infraestructura y el aseguramiento de insumos clave utilizados en su fabricación.

Autoridades federales desmantelaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, como parte de acciones diferenciadas que derivaron en el aseguramiento de más de 700 kilogramos de droga terminada, así como 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos. Las intervenciones fueron informadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se desarrollaron en puntos distintos del territorio nacional.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó en redes sociales que estas operaciones “debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población”,con énfasis en la protección de jóvenes. La dependencia federal precisó que los aseguramientos ocurrieron en eventos independientes, cada uno con resultados específicos.

La primera acción se realizó en la localidad de Carricitos, en el estado de Durango, durante recorridos terrestres de vigilancia. En el sitio se localizaron instalaciones con amplias áreas de operación destinadas a la producción de drogas sintéticas. Las autoridades incautaron mil 150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos, además de diverso material y accesorios empleados en los procesos de elaboración. Todo el equipo fue inhabilitado para impedir su reutilización.

En una segunda intervención, en el poblado de Los Cedros, Sinaloa, fuerzas federales desmantelaron otro laboratorio clandestino. En ese punto se aseguró aproximadamente 750 kilogramos de producto terminado, así como mil 150 litros y 695 kilogramos de sustancias químicas utilizadas como precursores, junto con insumos vinculados a la fabricación de narcóticos sintéticos.

El tercer laboratorio fue localizado en la comunidad de La Escondida, Michoacán, en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del estado. En este lugar se decomisaron 9 mil 700 litros y 500 kilogramos de precursores químicos, además de equipo y herramientas empleadas en la producción de drogas. Las instalaciones también fueron desmanteladas para evitar que volvieran a operar.

En los operativos participaron de manera conjunta la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México; la Secretaría de la Defensa Nacional; la SSPC; la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, como parte de un esquema de coordinación interinstitucional para combatir la fabricación y distribución de estupefacientes.

Estas acciones se enmarcan en la operación “Frontera Norte”, iniciada el pasado 5 de febrero, tras un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientado a frenar el flujo de migrantes y drogas, y a evitar la imposición de aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos. Desde el arranque de esta estrategia, las autoridades reportan la detención de 10 mil 627 personas y el aseguramiento de 7 mil 766 armas de fuego, como parte de los resultados acumulados.

En una alianza estratégica que marca un nuevo capítulo en la cooperación internacional, México y Francia firmaron un acuerdo para reforzar la lucha conjunta contra el crimen organizado y sus redes transnacionales. El pacto busca blindar los puertos, fortalecer el control de precursores químicos y mejorar la vigilancia en el transporte marítimo de carga, donde suelen ocultarse operaciones ilícitas.

El convenio fue suscrito por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y por Jean Noël Barrot, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia. Ambos gobiernos coincidieron en la urgencia de coordinar acciones frente a amenazas globales que cruzan fronteras con rapidez, aprovechando rutas comerciales y lagunas de control.

La llamada Carta de Intención establece una cooperación bilateral enfocada en frenar la fabricación y tráfico de drogas sintéticas, así como el contrabando y otros delitos que atentan contra la seguridad y la economía de ambas naciones. Uno de los puntos centrales será la detección y control de los precursores químicos que se utilizan para elaborar narcóticos, un tema clave en el combate al crimen organizado a nivel internacional.

El acuerdo también prevé reforzar los sistemas de inspección en contenedores que llegan a los puertos mexicanos, con la participación de la Secretaría de Marina. A través de las aduanas marítimas, se impulsará el intercambio de información e inteligencia con autoridades francesas para identificar las estructuras y métodos de operación de las organizaciones delictivas. 

Todo este proceso se realizará bajo el respeto estricto a las leyes nacionales y los tratados internacionales, especialmente en lo referente a la protección de datos personales y confidencialidad. Además, el compromiso no se limita al intercambio de información: México y Francia acordaron fortalecer sus capacidades institucionales mediante seminarios, talleres, conferencias e intercambios de expertos. 

Estas acciones buscan profesionalizar y actualizar al personal involucrado en temas de seguridad, logística y análisis de inteligencia, generando una red de cooperación más sólida y técnica.

Con esta alianza, ambos países envían un mensaje claro sobre la importancia de la colaboración internacional frente a los retos del crimen organizado moderno. La cooperación no solo busca contener el tráfico de sustancias ilegales, sino también prevenir su expansión mediante inteligencia compartida, innovación tecnológica y formación conjunta.

En un contexto global donde las rutas marítimas son el punto de partida y llegada de gran parte del comercio internacional, este acuerdo se convierte en una pieza clave para fortalecer la seguridad en el intercambio comercial y proteger las fronteras desde el mar.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que marca un cambio significativo en la política de salud local: la prohibición de la venta y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en la capital. La medida se enmarca en una estrategia más amplia que también sanciona la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.

El proyecto, avalado por mayoría, modifica los artículos 9, “Ciudad Solidaria”, y 10, “Ciudad Productiva”, de la Constitución Política de la Ciudad de México. En el dictamen se establece con claridad: “La ley de la materia y demás aplicables, sancionarán toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley”.

Durante la discusión en el Congreso capitalino, el diputado de Morena, Alberto Vanegas Arenas, explicó que la iniciativa busca fortalecer el derecho humano a la salud. Argumentó que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores no representan una alternativa segura, especialmente porque los principales consumidores en el país son adolescentes. “Llegan a fumar casi el doble que un consumidor adulto”, aseguró el legislador.

Desde otra perspectiva, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, propuso que en lugar de prohibir se regulara el mercado de vapeadores. Afirmó que con controles de calidad estrictos, el Estado podría obtener beneficios económicos. “El mercado de vapeadores podría llegar a significar siete mil millones de pesos anuales en impuestos”, destacó.

El debate también contó con la postura del diputado del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villarreal Cantú, quien respaldó la prohibición señalando que estos dispositivos no contribuyen a disminuir el consumo de tabaco. “Generan la adicción a sustancias más nocivas”, dijo. Además, citó estudios que revelan que casi un millón de adolescentes de entre 12 y 17 años han utilizado vapeadores, lo que evidencia un riesgo de salud pública que requiere medidas urgentes.

La aprobación del dictamen se suma a los esfuerzos del gobierno capitalino por establecer políticas más estrictas contra el consumo de productos nocivos y sustancias ilícitas. El enfoque no se limita al ámbito del tabaquismo, sino que refuerza la lucha contra drogas sintéticas como el fentanilo, considerado una de las amenazas más graves para la salud en el país y en el continente.

Con esta decisión, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia de las restricciones sobre vapeadores en Latinoamérica. La medida abre el camino a nuevos retos en materia de aplicación y fiscalización, así como a un debate nacional que podría extenderse en los próximos meses.