Etiqueta: Ismael “El Mayo” Zambada

Una investigación de The New York Times documentó que organizaciones criminales mexicanas han utilizado municiones calibre .50 fabricadas en una planta estadounidense propiedad del gobierno de Estados Unidos, destinada originalmente al abastecimiento del Ejército de ese país. De acuerdo con el reportaje, estas municiones provienen de la planta Lake City Army Ammunition, ubicada en el estado de Missouri, una de las principales instalaciones productoras de cartuchos militares en territorio estadounidense.

El artículo, elaborado por los periodistas Ben Dooley, Isabella Cota y Emiliano Rodríguez, detalla que, aunque la planta opera bajo control gubernamental, distintos acuerdos comerciales han permitido que parte de su producción llegue al mercado minorista. Este esquema ha facilitado que las municiones crucen hacia la frontera y, posteriormente, sean adquiridas por grupos delictivos en México.

Las municiones calibre .50 son utilizadas en armas de alto poder, como el fusil Barret M8, diseñado para disparos de largo alcance y con capacidad para perforar blindajes. De acuerdo con el reportaje, este tipo de cartuchos ha sido asegurado por autoridades federales mexicanas en el estado de Sinaloa, en el contexto de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, intensificada tras el traslado a Estados Unidos y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

Según documentos revisados por The New York Times, los acuerdos entre el Ejército estadounidense y contratistas privados han permitido que las municiones calibre .50 puedan ser comercializadas, lo que ha convertido a la planta de Lake City en una fuente relevante de este tipo de cartuchos para los cárteles mexicanos. El reportaje también señala que el propio gobierno de México ha adquirido municiones a esta instalación, en operaciones distintas a las detectadas en el mercado ilegal.

El texto destaca que el mercado civil para rifles calibre .50 en Estados Unidos es limitado, por lo que este tipo de munición no suele ser adquirida con frecuencia por compradores particulares. Aun así, los cartuchos han sido rastreados hasta escenarios de violencia en México, donde, según el artículo, han sido utilizados por organizaciones criminales en ataques armados, incluidos derribos de helicópteros y homicidios cometidos con rifles de este calibre.

En este contexto, el pasado 24 de enero se llevó a cabo la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS). De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese encuentro ambos gobiernos acordaron reforzar las acciones conjuntas para combatir el tráfico de armas, uno de los factores clave en el fortalecimiento del poder de fuego de los cárteles en territorio mexicano.

Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló este lunes una serie de detalles sobre el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, hechos que quedaron asentados en su declaración de culpabilidad ante autoridades estadounidenses. La información, contenida en documentos judiciales consultados por Latinus, describe paso a paso cómo ocurrió la retención del líder histórico del Cártel de Sinaloa el 25 de julio de 2024.

Según el testimonio, Guzmán López citó a “El Mayo” para una reunión en una sala privada en Sinaloa. Una vez dentro, lo invitó a conversar a solas y cerró la puerta con llave. Previamente, el hijo de “El Chapo” había retirado el vidrio de una ventana, lo que permitió el ingreso de varios de sus hombres, quienes entraron al lugar armados. Los sujetos esposaron a Zambada, le colocaron una bolsa en la cabeza y lo sacaron por esa misma ventana para subirlo a una camioneta que ya esperaba afuera.

De acuerdo con la declaración, el trayecto dentro del vehículo duró aproximadamente 15 minutos hasta llegar a una pista de aterrizaje donde se encontraba lista una avioneta. Allí, los hombres de Guzmán López colocaron a “El Mayo” en el asiento trasero y lo ataron antes de abordar. Junto con ellos subieron “El Güero” y un piloto que, según el testimonio, había sido instruido previamente para volar directamente hacia Estados Unidos.

Durante el vuelo, Guzmán López preparó una bebida con sedantes. Él consumió parte de estos y suministró otra dosis a Zambada mientras avanzaban hacia territorio estadounidense. La aeronave aterrizó en Nuevo México, cumpliendo la ruta que había sido ordenada desde el inicio de la operación.

En los documentos judiciales, Guzmán López indicó que este secuestro tuvo como propósito llamar la atención del gobierno estadounidense respecto a su caso y al de su hermano, Ovidio Guzmán. Afirmó también que la acción no fue coordinada, solicitada ni aprobada por autoridades de Estados Unidos. “Reconoce que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni condonó el secuestro”, señala el expediente. Además, aclara que ni él ni su hermano recibirán beneficios por esta cooperación.

Guzmán López sostuvo que todo el operativo fue realizado por cuenta propia y con la participación exclusiva de sujetos cercanos a él, sin intervención oficial de ningún gobierno. La declaración ofrece una de las versiones internas más detalladas sobre un episodio que reconfiguró el equilibrio dentro del Cártel de Sinaloa y abrió un nuevo capítulo judicial en torno a Los Chapitos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó este viernes el respaldo del Estado para fortalecer la seguridad en Sinaloa, entidad afectada por la violencia derivada de la lucha entre facciones de Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante su visita al puerto de Mazatlán, dentro de su gira por el primer año de gobierno, subrayó que las instituciones federales seguirán presentes en el estado para combatir la inseguridad.

Sheinbaum enfatizó que el Gabinete de Seguridad continuará realizando visitas constantes a Sinaloa, con la participación de los secretarios de Marina, Defensa y Seguridad. “Apoyando al pueblo de Sinaloa y vamos a seguir así”, afirmó la mandataria al destacar que se mantendrán los elementos de todas las corporaciones.

“Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar. Tiene que ver con atender las causas, también con fortalecer la Guardia Nacional con inteligencia, investigación, judicialización y mucha coordinación”, expresó en su discurso.

En su conferencia matutina del 24 de septiembre, Sheinbaum reconoció que existían condiciones para encabezar su acto público en Mazatlán, pese a la violencia reciente. Esto ocurrió después de que los escoltas de la nieta del gobernador Rubén Rocha fueran atacados a balazos en Culiacán mientras viajaban en una camioneta. Aunque no se refirió directamente al incidente, reiteró que su administración respalda al gobierno estatal y “seguirá construyendo la paz desde abajo y construyendo el bienestar para el pueblo de México”.

La presidenta informó que uno de los principales temas tratados con el gobierno de Estados Unidos fue la seguridad fronteriza. “Si, coordinación, si colaboración, pero no al injerencismo y no a la pérdida de la soberanía”, señaló. “Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Nos hemos ganado el respeto”.

Sheinbaum anunció que el viernes se realizó la primera reunión del comité creado para dar seguimiento a los asuntos de seguridad, derivado de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a inicios de septiembre. Explicó que se logró un acuerdo inédito: “lo prioritario no es lo que va de México a los Estados Unidos, ahora queremos que por primera vez, lo primero que se discuta son las armas que vienen de Estados Unidos a México y ayer logramos un acuerdo de que EU va a reforzar los operativos para controlar el paso de armas a México, nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”.

Durante el acto, el gobernador Rubén Rocha pidió aplausos para la presidenta y la llamó sinaloense. Recordó que el esposo de Sheinbaum es originario de Mazatlán, a lo que la mandataria respondió: “sí, es cierto, soy sinaloense por adopción y por amor, qué le voy a hacer. Arriba Sinaloa, arriba el pueblo de Sinaloa”.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno no descarta solicitar a Estados Unidos los recursos que sean incautados a Ismael “El Mayo” Zambada, tras la orden de pago de 15 mil millones de dólares emitida por el Departamento de Justicia en su contra.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria subrayó que primero se deberán conocer los alcances de la medida impuesta por el gobierno estadounidense. Sin embargo, dejó claro que de concretarse una incautación de bienes se buscará que estos recursos sean devueltos a México y aplicados directamente en beneficio de la población.

“Si hubiera una incautación de recurso habría que pedir también que estos recursos y así fuera devuelto a México para el beneficio de la gente (…) si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México y que fuera repartido para la gente más humilde”,declaró ante los medios.

Sheinbaum recordó que su administración ha aplicado un esquema similar a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo encargado de comercializar y subastar bienes asegurados a la delincuencia organizada. 

Mencionó que recientemente se vendió una propiedad de un integrante de un grupo criminal y el dinero obtenido se destinó a la compra de equipo médico para clínicas y hospitales del IMSS-Bienestar.

La presidenta recalcó que, en caso de obtenerse los recursos provenientes de la incautación, estos tendrían como destino principal a los sectores más vulnerables del país.

En el mismo encuentro con la prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aclaró que el monto de 15 mil millones de dólares fijado a “El Mayo” Zambada corresponde a un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y no tiene vínculo con las investigaciones que las autoridades mexicanas mantienen abiertas.

El funcionario precisó que se trata de un proceso independiente en el ámbito legal estadounidense, aunque México seguirá atento a sus implicaciones. Sheinbaum insistió en que cualquier recurso recuperado debe regresar al pueblo mexicano, pues se trata de daños ocasionados en el país por las actividades del narcotráfico. La mandataria reiteró que este principio ha guiado su política de recuperación de bienes, con un destino claro hacia programas sociales y servicios de salud.

Con ello, el gobierno federal abre la posibilidad de solicitar la entrega de recursos incautados a uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, en caso de que Estados Unidos concrete la medida judicial en su contra.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su gobierno no tiene preocupación por lo que pueda declarar Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, en el marco del proceso judicial que enfrenta el narcotraficante en una corte de Nueva York.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Seguridad han recibido información oficial por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump respecto al caso.

Al ser cuestionada sobre si existe inquietud en su administración, Sheinbaum respondió: “No, lo que vaya a declarar, y si lo plantea la fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México tiene que pasar por pruebas y por la FGR”.

Este lunes Zambada, de 77 años, se declaró culpable ante la Corte de Nueva York en lo que sería un acuerdo con la fiscalía estadounidense, que desistió de solicitar la pena de muerte en su contra. Posteriormente, la fiscal Pam Bondi ofreció una conferencia de prensa para dar detalles sobre el proceso.

“El Mayo” enfrenta 17 cargos que incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero y narcotráfico. Considerado uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, su comparecencia ante la justicia estadounidense se convierte en un episodio clave en el combate al crimen organizado transnacional.

La presidenta Sheinbaum destacó que, en caso de que surja información relacionada con México, esta deberá ser respaldada con pruebas sólidas y procesada conforme a los canales institucionales. Reiteró que corresponde a la FGR dar seguimiento a cualquier dato que pueda tener implicaciones en el país.

El juicio de Zambada ha despertado atención internacional debido a la relevancia que ha tenido su figura en el narcotráfico durante décadas. Analistas jurídicos señalan que una declaración de culpabilidad abriría la puerta a una posible cooperación con la fiscalía estadounidense, aunque por ahora no hay información oficial compartida con el gobierno mexicano.

La administración de Sheinbaum ha insistido en mantener el respeto a las instituciones de justicia y en que cualquier caso relacionado con actividades ilícitas de ciudadanos mexicanos en el extranjero debe pasar por los mecanismos legales correspondientes en México.

Con el acuerdo judicial en curso, Zambada podría evitar la pena capital, aunque los cargos que enfrenta lo exponen a una condena de cadena perpetua en Estados Unidos. El gobierno mexicano seguirá a la espera de notificaciones oficiales, mientras el caso continúa su curso en la corte neoyorquina.

El conflicto entre el gobierno mexicano y Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, continúa escalando. El litigante volvió a lanzar fuertes críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que esta asegurara que su administración seguirá exigiendo a Estados Unidos toda la información disponible sobre el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

A través de su cuenta de X, Lichtman ironizó la postura de la mandataria: “Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para de pedir su regreso”. Con esta declaración, el abogado del también hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a poner sobre la mesa sus cuestionamientos al actuar del gobierno mexicano en temas de narcotráfico.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron durante su gira por el estado de Sinaloa, una de las regiones más golpeadas por la presencia del Cártel de Sinaloa, liderado históricamente por “El Mayo”. Desde ahí, la presidenta calificó como “irrespetuosas” las declaraciones previas de Lichtman, quien ha acusado públicamente a su gobierno de actuar bajo intereses poco claros.

El pasado 11 de julio, Ovidio Guzmán López, apodado “El Ratón”, se declaró culpable en la Corte de Chicago, Illinois, como parte de un acuerdo que lo libró de cargos en la Corte de Nueva York. A raíz de ese movimiento judicial, el abogado Lichtman ha sostenido una serie de acusaciones contra autoridades mexicanas, sugiriendo incluso que Sheinbaum actúa como “vocera de relaciones públicas de una organización narcotraficante”.

En respuesta, la presidenta informó que su administración presentó formalmente una demanda por difamación contra el abogado estadounidense. Este recurso legal fue interpuesto en México por la Consejería Jurídica de Presidencia y, según señaló Sheinbaum, no ofrecerá más detalles al respecto: “Para mí ya no es tema”.

La mandataria evitó profundizar en las posibles medidas de resarcimiento que su gobierno espera obtener con esta demanda. No obstante, su equipo legal continúa adelante con el proceso en tribunales nacionales.

Lichtman, por su parte, ha insinuado que podría revelar más información si las críticas y acciones legales en su contra continúan. “Al parecer, la presidenta de México Claudia Sheinbaum está disgustada con mis sinceros comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos”, escribió en sus redes sociales.

Con esta nueva ofensiva del abogado defensor de Ovidio Guzmán, el enfrentamiento con la Presidencia de México se intensifica y refuerza la tensión entre el ámbito judicial estadounidense y el discurso político mexicano en torno al narcotráfico y sus protagonistas históricos.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, ha dado un giro inesperado a su historia al declararse culpable ante la Corte de Chicago por cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y delincuencia organizada. En una audiencia encabezada por la jueza Sharon Coleman, el hijo menor de Joaquín “El Chapo” Guzmán reconoció haber liderado una organización criminal dedicada al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Esta confesión lo convierte en el primer miembro de los Guzmán en aceptar su responsabilidad penal ante un tribunal estadounidense.

La declaración de culpabilidad forma parte de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Estados Unidos, mediante el cual se busca reducir su condena a cambio de asistencia sustancial a las autoridades. Aunque aún no se ha detallado el alcance de la información que ofrecerá, el pacto ya incluye el compromiso de pagar 80 millones de dólares. Vestido con el clásico uniforme naranja de prisión y encadenado de pies y manos, Guzmán también reconoció sufrir depresión, aunque aseguró a la jueza que la medicación que recibe no interfiere con su testimonio.

A principios de julio, Guzmán López solicitó el traslado de su caso desde la Corte de Nueva York a la Corte de Illinois, donde actualmente se encuentra procesado. En ese momento ya había firmado su aceptación de culpa por seis cargos. A ellos se suman otros cinco en Chicago y uno más en el Distrito de Columbia, que inicialmente lo enfrentaban a una posible cadena perpetua.

Este cambio de estrategia ocurre en un contexto judicial cada vez más tenso para los herederos del Cártel de Sinaloa. La presión sobre Ovidio ha sido constante desde su detención en enero de 2023 en Jesús María, Sinaloa, tras un operativo que dejó un saldo trágico de diez militares muertos. Su captura fue un episodio clave en la historia del narcotráfico en México, especialmente tras el fallido intento de arresto en 2019, conocido como el “Culiacanazo”.

La familia Guzmán enfrenta múltiples procesos judiciales en Estados Unidos. Sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín también están en la mira del gobierno estadounidense por su presunta implicación en el tráfico de fentanilo. A esta presión legal se suma la reciente entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades, organizada por Joaquín Guzmán, alias “El Güero”, quien supuestamente lo secuestró y lo trasladó en avión a territorio estadounidense. Ambos permanecen bajo custodia.

Este movimiento desató una guerra interna entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, dos facciones del narcotráfico con profundo arraigo en Sinaloa. En medio de esta lucha, los tribunales estadounidenses se convierten en un nuevo campo de batalla. Se espera que Joaquín Guzmán comparezca el 15 de septiembre, en una audiencia clave que podría confirmar su cooperación con la justicia, al igual que su hermano Ovidio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su inconformidad ante la postura de Estados Unidos, cuestionando la aparente contradicción entre declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y, al mismo tiempo, negociar con sus líderes. También ha recordado el sacrificio de los soldados que murieron en el operativo que capturó a Guzmán López, y ha solicitado mayor coordinación bilateral: “Es importante para nuestro país”.

Mientras se definen los acuerdos judiciales, el destino de los principales líderes del narcotráfico mexicano se juega en las cortes estadounidenses. Las alianzas, traiciones y confesiones configuran un escenario en el que las decisiones legales ya tienen consecuencias más allá de los juzgados, afectando directamente la estructura del crimen organizado en México.

La audiencia de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” y señalado como uno de los líderes de Los Chapitos, fue aplazada nuevamente por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Originalmente programada para el 15 de julio en la Corte Federal de Chicago, Illinois, la comparecencia fue reprogramada para el próximo 15 de septiembre como parte de los procesos penales en su contra por cargos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico.

Este no es el primer cambio en la agenda judicial del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La audiencia inicial estaba prevista para el 2 de junio, pero fue cancelada y luego reagendada para mediados de julio. Sin embargo, se tomó la decisión de posponerla una vez más. El movimiento dentro de los tribunales coincide con las negociaciones que mantiene la defensa de Joaquín con la fiscalía estadounidense.

Joaquín Guzmán López enfrenta cinco cargos graves: tráfico de drogas, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Cargos similares recaen sobre su hermano Ovidio Guzmán, mejor conocido como “El Ratón”, con quien ha compartido responsabilidades dentro del grupo criminal que lideran junto a sus medios hermanos Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

El proceso de Guzmán López cobra especial relevancia tras el reciente giro en el caso de Ovidio, quien se declarará culpable de al menos uno de los cargos que pesan sobre él. La audiencia de Joaquín estaba prevista para desarrollarse cuatro días después de esa declaración. Ambos han seguido una línea similar de defensa: buscar acuerdos de culpabilidad con las autoridades estadounidenses a cambio de una sentencia reducida, evitando así un juicio.

Dentro de estas negociaciones, “El Güero” habría obtenido puntos a favor al haber participado en la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, figura histórica del Cártel de Sinaloa. Según versiones judiciales, dicha entrega habría ocurrido en julio de 2024, como parte de un elaborado engaño en el que el propio Joaquín Guzmán también se habría entregado en Washington.

Joaquín fue capturado en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Desde entonces, las autoridades han trabajado en la integración del caso en su contra. La declaración de Zambada García, en la que asegura que fue entregado por la fuerza por parte de Los Chapitos, ha sido clave en la narrativa legal, incluso motivando que su defensa solicitara la intervención del gobierno mexicano ante lo que calificaron como una entrega irregular.

Mientras avanzan las investigaciones y negociaciones en la Corte de Chicago, la atención se mantiene sobre lo que podría convertirse en un importante acuerdo judicial, no solo para Joaquín Guzmán López, sino también para el futuro de Los Chapitos dentro del entramado del crimen organizado internacional.